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La doble crisis, de calidad del aire y de congestión vehicular en el Valle de México, ha sido una enorme oportunidad desperdiciada para transformar las políticas públicas de movilidad y desarrollo urbano, así como de coordinación intergubernamental. Las ocho contingencias ambientales ocurridas en un periodo de 17 semanas hubiera sido el momento político ideal para impulsar ideas innovadoras que den solución a las raíces de la contaminación atmosférica.
Los gobiernos federal y estatales le han apostado a resolver estos dos problemas con tres tipos de acciones: 1) la norma emergente de  verificación vehicular que se basa en tecnología más avanzada para la medición de emisiones y homologa los criterios para toda la megalópolis, 2) el financiamiento para la modernización gradual de las unidades de transporte público ($11 mil millones de pesos a 2018) y para fortalecer la red de monitoreo de la calidad del aire ($150 millones de pesos), y 3) la revisión de las normas de calidad del aire y de emisiones de fuentes fijas.

En 2012, el Congreso de la Unión abrió la puerta para que los ciudadanos pudieran participar en el proceso de iniciación de leyes. La iniciativa ciudadana es un puente para acercar al Congreso y los partidos políticos con la sociedad en el ánimo de contar con mejores leyes para nuestro país.
Hoy, 291,467 ciudadanos demandan al Senado un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y, en suma, combatir de frente la crisis nacional de corrupción. La debilidad del Estado de derecho y el abuso de los cargos públicos para beneficio privado erosiona a las instituciones de la democracia y frena el potencial de nuestra economía.

La iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios contiene una serie de elementos que contribuyen a la sostenibilidad de las finanzas públicas de ambos  niveles de gobierno, sin embargo esta ley permite el otorgamiento de la garantía del gobierno federal para la refinanciación de deudas estatales que de origen pudieron ser inconstitucionales al no haber sido aprobadas por los Congresos locales y no representar las mejores condiciones para el estado. La intervención del gobierno federal debiera ser, en todo caso, para respaldar el refinanciamiento de obligaciones que probadamente se hayan apegado a los principios de los artículos 117° y 134° de la Constitución en cuanto a su aprobación, destino y ejercicio.