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La Administración Pública Federal está conformada por más de 260 instituciones que realizan compras públicas que representan, en promedio, 300 mil millones de pesos gastados en 150 mil contratos al año. Monitorear y detectar los riesgos de corrupción en cada una de ellas no es una tarea fácil.

Las instituciones federales no priorizan la licitación pública y destinan miles de millones de pesos a las adjudicaciones directas. Esto implica mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas. Como parte de la investigación del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó instituciones federales que, en 2020, favorecieron los procesos de excepción sobre la licitación pública.5 instituciones que usan las adjudicaciones directas como la regla de contratación

A través de la “Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo”, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de julio de 2021, la Secretaría de Energía (Sener) exhorta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a establecer una política de precios máximos de venta de gas LP (GLP) con el propósito de reducir su precio de venta al público.

El IMCO es un centro de investigación apartidista, sin fines de lucro, con independencia intelectual y autonomía en sus estudios. Busca enriquecer con evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México más justo, incluyente y competitivo. ​​Su consejo directivo funge como un órgano de administración y no tiene intervención en la operación ni ejecución de los proyectos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias incurren en subsidios cruzados mediante los cuales las subsidiarias que presentan utilidades compensan a aquellas que tienen pérdidas, en contra del espíritu de los Términos para la Estricta Separación Legal (TESL) publicados en 2016. Además, distorsionan los resultados financieros y operativos de la CFE y sus subsidiarias.

La informalidad afecta la competitividad de México, ya que tiende a estar relacionada con menos productividad y menores salarios a los trabajadores, además de limitar la capacidad de los negocios para crecer.