Ciudad de México, 4 de octubre de 2018.- La información oficial disponible sobre seguridad y justicia es insuficiente para diagnosticar los problemas de fondo, sin embargo, permite dimensionar las crisis en ambos rubros.

A continuación se presentan algunos datos relevantes de seguridad y justicia obtenidos de distintas fuentes oficiales y que muestran la magnitud del problema en las 32 entidades de la República.

Percepción de inseguridad ciudadana

Las mediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) reflejan un aumento constante en el porcentaje de mexicanos que percibe a su estado como inseguro, al pasar de 66.6% en 2012 a 79.4% en 2018. 

Las entidades en las que sus habitantes se sienten más inseguros son Tabasco (91.9%), Estado de México (91.8%) y Zacatecas (89.5%), mientras que los estados en donde la población se percibe menos insegura son Durango (60.4%), Campeche (57.8%) y Yucatán (32.5%).

Ese incremento también ocurre en el número de delitos: la Envipe estima que durante 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos, 2.5 millones más que el año previo. Sin embargo, 93 de cada 100 delitos no fueron investigados por el Ministerio Público debido a que las víctimas decidieron no acudir a denunciar.

Incidencia de homicidios dolosos

2017 ha sido el año más violento en México en las últimas dos décadas. En ese periodo, el promedio nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes superó los 20 homicidios y el fenómeno se disparó en estados como Colima (93), Baja California Sur (69), Guerrero (64), Baja California (58) y Sinaloa (43).

Adicionalmente, en 2018 los brotes de violencia permanecen sin control: en lo que va del año algunos estados han rebasado ya la tasa de homicidios que alcanzaron para 2017. Este es el caso de Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Quintana Roo.

Carga de trabajo en las procuradurías estatales

Uno de los retos más significativos en el desempeño de las instituciones encargadas de la procuración de justicia es la falta de recursos humanos para hacer frente a la investigación criminal de los delitos. De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017, en promedio, un agente del Ministerio Público debe hacerse cargo de 249 expedientes criminales. Esta carga de trabajo resulta ser tres veces mayor a la del año previo (75 expedientes por Ministerio Público), lo que muestra el encarecimiento generalizado de la capacidad de actuación de las procuradurías y fiscalías a nivel estatal.

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