Son aquellas que decreta la autoridad jurisdiccional, de oficio o a petición del Ministerio Público, cuyo fin es garantizar la eficacia del proceso y neutralizar los riesgos procesales que podría representar el inculpado, al asegurar la presencia del imputado en el proceso, evitar la obstaculización del proceso y garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y de los testigos.