El proceso penal deberá realizarse de forma ininterrumpida, sucesiva y secuencial, de tal forma que permita su desarrollo objetivo y oportuno.

Las partes pueden conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como los argumentos de su contraparte expuestos durante el proceso a través de un debate ordenado.

Las partes que intervienen en el proceso penal han de recibir el mismo trato sin discriminación, por lo que deberán tener las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.

Las partes deben contar con condiciones de paridad durante el proceso, garantizando el pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen.

El Órgano Jurisdiccional y las partes intervinientes (Ministerio Público e inculpado) deben estar presentes en las audiencias de principio a fin.

Para que una persona pueda ser sancionada penalmente debe ser juzgada ante un órgano jurisdiccional previamente establecido conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, mediante un proceso imparcial, en el que se observen las reglas esenciales del procedimiento y con respeto a los derechos humanos.

Toda persona a quien se le ha dictado una sentencia definitiva, condenándola o absolviéndola, no puede ser sometida a otro procedimiento penal por los mismos hechos.

Establece que el proceso deberá seguirse a través de audiencias públicas, de tal forma que accedan las partes y el público en general.

Medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal. Esta medida cautelar debe aplicarse solo si otras medidas menos […]

Persona que se presume, por los indicios existentes, que cometió un hecho delictivo.