¿Qué mide?
El subíndice de Mercado de factores eficiente (Mercado de factores) mide la eficiencia del principal factor de producción: el trabajo. En específico, se consideran características que son esenciales para el adecuado desempeño de trabajadores y empleadores puesto que esto es determinante para establecer condiciones de competitividad de cada una de las entidades federativas. Aquellas entidades en las que los trabajadores están más y mejor capacitados y los salarios son mejores, son más atractivas para el talento y la inversión.
Resultados del subíndice
Gráfica VI.1 Ranking del subíndice Mercado de factores
*Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa VI.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Mercado de factores
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador
Tabla VI.1 Resultados generales del subíndice Mercado de factores por indicador
*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
IMCO Propone
Los factores productivos (trabajo y capital) están regulados a nivel federal. Sin embargo, los gobiernos estatales no están exentos de responsabilidades en hacer que los mercados para ellos funcionen adecuadamente. La Ley Federal del Trabajo es un ordenamiento federal cuya aplicación es de naturaleza local. La rentabilidad de las inversiones (capital) depende en buena medida de que los gobiernos estatales generen las condiciones propicias de seguridad y justicia para que las controversias entre empresarios y entre ellos y el Estado se diriman adecuadamente. El papel del gobierno local en hacer que los contratos se cumplan es indispensable para la adecuada reproducción del capital. En el caso de la energía, también la regulación es federal, pero sin la participación de los gobiernos estatales, el despliegue de las redes de energía es imposible.
MERCADO LABORAL
El buen funcionamiento del mercado laboral es uno de los temas que normalmente tienen la atención de los gobiernos estatales. Normalmente las políticas públicas están enfocadas a la creación de empleos. Es importante que la creación de empleos en el corto plazo no destruya las posibilidades de educación, el desarrollo tecnológico, ni impidan la movilidad laboral. Para ello, las políticas públicas más exitosas en el largo plazo se enfocan en crear capacidades en las personas, más que oportunidades de empleo. Algunos ejemplos son los siguientes:
APOYO A LA CAPACITACIÓN LABORAL, EMPLEABILIDAD Y VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
El gobierno estatal puede ayudar a que quien necesita un empleo encuentre a las empresas que necesitan contratarlo. Asimismo, el elemento más importante para que esos empleos estén bien remunerados depende de la productividad de las personas, y esta a su vez depende de los conocimientos útiles y la experiencia de las personas. Por ello, la vinculación y capacitación laboral son los instrumentos de política pública más comunes para incrementar la empleabilidad formal y los prospectos salariales de la fuerza laboral.
Durante abril del 2020, el primer mes de confinamiento en México, se perdieron poco más de 12 millones de empleos, es decir cerca del 22% de los puestos de trabajo registrados en el primer trimestre de ese año. De mayo a diciembre se generaron poco más de 10 millones de empleos. De modo que aún hay una brecha de alrededor de 2 millones de empleos pendientes por recuperar[1].
El ingreso laboral real cayó 2.5% entre 2019 y 2020.[2] Como consecuencia, el porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores a la canasta alimentaria pasó de 37% a 41% durante el mismo periodo. La vinculación y capacitación laboral son instrumentos de política pública relevantes para incrementar la empleabilidad formal y los prospectos salariales de la fuerza laboral.
El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) a nivel federal se ha quedado sin recursos pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redireccionó el presupuesto asignado a este proyecto hacia el Plan de Reactivación Económica. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 asignó al PAE 55.5 millones de pesos mientras que en 2020 su presupuesto fue de 700 millones.
Las secretarías estatales de trabajo, desarrollo económico y finanzas deben coordinar esfuerzos para fortalecer presupuestalmente programas locales de apoyo al empleo. Por otra parte, las secretarías de educación y los consejos estatales de ciencia y tecnología, de la mano con las autoridades en materia de trabajo podrían diseñar mejores programas de vinculación entre la currícula de la educación media superior y superior y el sector empresarial. Esto con el objetivo de dar más dinamismo al mercado laboral y al empleo a nivel local, para una recuperación económica más rápida en el mediano plazo.
A nivel local las autoridades del trabajo y desarrollo económico pueden retomar el diseño del Servicio Nacional de Empleo (SNE)[3] para implementarlo o fortalecerlo en los estados. Estas instituciones sirven como un vínculo entre oferentes y demandantes de empleo y orienta a personas en la generación de alternativas para regresar al mercado laboral. El SNE, por ejemplo, ofrece servicios de apoyo para el acceso a programas como el PAE y el subprograma de Fomento al Autoempleo.[4]
Las crisis gemelas de inversión productiva y de pandemia ofrecen la oportunidad de que los trabajadores se muevan a actividades más productivas que las que realizaban antes.
- Implementar y fortalecer programas locales de apoyo al empleo que nutran la política de atracción de inversiones. Estos programas deberán tener como objetivo la vinculación laboral y la capacitación de trabajadores en los estados, al igual que el PAE. Sin embargo, ante el recorte de los recursos federales de este programa, será necesario que los gobiernos estatales encuentren mecanismos de vinculación y capacitación eficientes y costo-efectivos. A las poblaciones urbanas, es importante guiarlas a recursos de capacitación y vinculación laboral disponibles a través de internet. En el caso de la gente sin acceso a las redes digitales o en zonas rurales, los gobiernos estatales tendrán que invertir recursos financieros y humanos en la capacitación y vinculación de estas personas a empleos. En ambos casos, los gobiernos estatales pueden usar tecnologías de información para dar seguimiento a las características de los empleos recuperados, con el fin de establecer si los nuevos empleos son más precarios, informales o improductivos que los que los trabajadores tenían antes. Esta información debe nutrir la política de atracción de inversiones, de manera que tanto las empresas como los trabajadores puedan alcanzar su máximo potencial.
- Implementar programas de autoempleo, empleo temporal y designación de fondos para proyectos productivos. Una medida para revertir el incremento en desocupación registrado durante 2020 es el diseño e implementación de programas complementarios de autoempleo y ocupación temporal, o bien, un aumento en el otorgamiento de recursos a proyectos que surjan desde el sector privado con el mismo fin. El objetivo es dar oportunidad a las personas desempleadas de generar un ingreso, a partir de la realización de actividades productivas temporales. Adicionalmente, se deberá fomentar la reinserción laboral de las personas a través de capacitación y bolsa de trabajo. Es importante que los programas de empleo temporal se realicen en coordinación con el sector privado, que no se conviertan en nóminas paralelas del sector público estatal, y que las actividades realizadas aporten valor a la economía y sociedad del estado. Inducir retrocesos tecnológicos (como construir carreteras a mano) solamente con el fin de mantener a la gente ocupada, tiene efectos muy nocivos para la recuperación económica, porque el downgrade tecnológico destruye la productividad. Una economía eficiente es aquella que usa la menor cantidad de trabajo, capital y energía para generar alto valor económico. Hacer lo contrario es una receta segura para el desastre.
- Vincular la educación técnica y superior con las necesidades del sector productivo. Además de los programas de empleo, es necesario diseñar estrategias para incrementar la pertinencia de los planes de educación técnica y superior. Esto es fundamental para elevar los prospectos laborales y de empleabilidad de los jóvenes. Esta estrategia necesita de la colaboración institucional tripartita entre autoridades educativas, secretarías del trabajo y sector empresarial para actualizar los planes de estudio de manera que se asegure que los egresados técnicos y universitarios adquieran las habilidades que buscan los empleadores de su sector. Los sistemas de capacitación estatales, bachilleratos técnicos, escuelas de artes y oficios, escuelas tecnológicas y universidades deben abrir programas con una visión a futuro que esté nutrida por los empresarios locales. En cada sector productivo del Estado, los empresarios en conjunto con los académicos pueden detectar las oportunidades de eficiencia en su industria, y realizar planes de corto, mediano y largo plazo para mejorar la competitividad global de su sector.
- Evaluar la continuidad de sectores improductivos o poco competitivos. El gobierno estatal puede tomar un papel de financiamiento de consultorías y conocimiento experto para que las empresas transformen su actividad, incluso cambiando de actividad, en caso de que la productividad y competitividad de los mismos sea baja. En Australia, durante los primeros años del siglo, los gobiernos estatales y federal de ese país ayudaron a productores de commodities como la caña de azúcar a evaluar qué predios se mantenían en esa actividad y cuáles podrían cambiar de actividad a cultivos con mayor riesgo-rendimiento. En esos años, la liberalización comercial de la agricultura de ese país creó una crisis que obligó a reevaluar las actividades productivas. En Nueva Zelanda en los años 80 se eliminaron los subsidios agrícolas ante la imposibilidad gubernamental de seguir financiándolos, y ello mejoró la productividad de las cadenas productivas que sobrevivieron.
INCENTIVOS FISCALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE GRUPOS VULNERABLES
La recuperación de empleo entre los jóvenes y adultos mayores ha sido más lenta que en otros grupos poblacionales. De acuerdo con datos de la ENOE, al cuarto trimestre de 2020 las personas de 65 años y más se encontraban 9% por debajo del nivel de ocupación registrado en el primer trimestre del mismo año.[5] Para las personas de menos de 25 años el rezago respecto de inicios de 2020 es de más de 5%. Durante la pandemia otros grupos vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por el desempleo. Las mujeres, los trabajadores informales y de menores ingresos han salido también del mercado laboral en mayores proporciones y han tenido más dificultad en la recuperación de sus puestos de trabajo respecto de otros grupos de población. En enero de 2021 los hombres se ubicaban en niveles de empleo 4% menores respecto de marzo de 2020, mientras que las mujeres tienen un rezago de 11%. Por otra parte, cerca de 8 de cada 10 personas que perdieron su empleo durante abril de 2020 fueron trabajadores informales. Adicionalmente, de los trabajadores formales que han perdido su empleo, los que más han sido afectados han sido aquellos que ganaban hasta 1 salario mínimo y no han logrado recuperar los niveles de ocupación registrados antes de la pandemia.
- Generar incentivos para la contratación de jóvenes y apoyo al emprendimiento juvenil. La crisis por la pandemia ha impactado los niveles de ocupación e ingresos de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, particularmente a los jóvenes. Este grupo de trabajadores es altamente proclive a encontrarse en situación de subempleo, desempleo y en horarios laborales reducidos, frente a una disminución de la demanda de mano de obra. Este grupo de trabajadores es el que ha mostrado el ritmo de recuperación más lento y, a finales del 2020, su nivel de ocupación aún se encontraba 5% por debajo del observado en el primer trimestre del año. De manera que se requiere generar incentivos para su contratación, a partir de acciones como, por ejemplo, la realización de transferencias a las empresas condicionadas a la contratación de personas menores de 30 años. También se deberá destinar recursos para apoyar el emprendimiento realizado particularmente por jóvenes, para ayudarles en el proceso de formalización de su actividad.
- Otorgar estímulos e incentivos fiscales para la contratación de personal perteneciente a poblaciones vulnerables. Estos incentivos pueden otorgarse como facilidades o reducciones en el pago de impuesto sobre la nómina de empresas que contraten a personas en condición de vulnerabilidad y que se encuentren desempleadas. Otro mecanismo para impulsar estos estímulos es a través de la legislación de desarrollo y promoción económica local, en las cuales se pueden establecer condicionamientos a incentivos económicos de acuerdo con variables como el número de contrataciones o puestos de trabajo reservados para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y mujeres.
REDUCCIÓN DE COSTOS LABORALES FORMALES
Es posible incrementar la participación laboral formal y el ingreso disponible de trabajadores formales de bajos ingresos mediante la modificación de la legislación en materia de impuestos al trabajo a nivel estatal.
- Otorgar subsidios adicionales al empleo para personas que ganan menos de 10 mil 500 pesos al mes, por el monto equivalente a lo que deben pagar de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Un subsidio local para personas que tengan un salario de cotización por debajo de este umbral les permitiría reducir de manera efectiva el pago de impuestos e incrementar su ingreso disponible. Los estados tienen que encontrar fuentes de fondeo para estos subsidios. La recuperación de costos en los servicios públicos, así como la eliminación de los subsidios a las tenencias vehiculares, pueden ser fuentes de financiamiento para estos subsidios.
- Consolidar el presupuesto estatal de salud para otorgar la seguridad social obligatoria en el empleo. El sistema de seguridad social nacional tiene una historia de fragmentación entre los trabajadores formales e informales. Los gobiernos estatales tienen una oportunidad para mejorar el acceso al IMSS e ISSSTE de todos los habitantes de los estados mediante convenios con esas instituciones que amplíen la cobertura de los servicios que prestan localmente. Etiquetar impuestos específicos, como los de nómina, para el pago de las cuotas de seguridad social creará incentivos tanto en empresas como en trabajadores a la afiliación a la seguridad social. Asimismo, estados y municipios deben coordinar el cobro de impuestos específicos para salud a los trabajadores informales, buscando su afiliación al IMSS a través de las uniones y asociaciones que los representan.
- Crear fondos de garantía para préstamos de liquidez a las empresas. El gobierno estatal puede usar el patrimonio público para garantizar créditos comerciales que den liquidez de corto plazo a las empresas. A las empresas se les debe apoyar con liquidez, con el objetivo de recontratar y mantener puestos de trabajo formal, lo cual implica hacer transferencias y apoyos fiscales directamente a las nóminas (dispersión desde el banco comercial al trabajador de manera directa). Esta medida debe contemplar principalmente a las actividades productivas que están teniendo mayores dificultades para recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia, como es el caso de los restaurantes y servicios de alojamiento, cuya población ocupada al cuarto trimestre del 2020 se encuentra 17% por debajo de la registrada a principios de ese año, de acuerdo con lo reportado por el Inegi.[6]
- Reducir temporalmente o diferir el impuesto sobre nómina. Deben generalizarse las medidas centradas en la conservación del empleo formal, de lo contrario el proceso de recuperación podría ser más lento y complicado. La reducción del impuesto sobre nómina es una forma de disminuir el costo laboral, lo que permitiría incentivar la continuidad laboral en condición de formalidad. Esta medida debe destinarse principalmente a las pequeñas empresas, que han tenido que parar sus actividades, y a establecimientos medianos. De acuerdo con los datos del IMSS, alrededor del 60% de los puestos de trabajo perdidos durante 2020 pertenecían a empresas con entre 6 y 250 trabajadores. Durante el periodo de contingencia en 2020, al menos 17 estados han implementado programas de condonación o prórroga del pago de impuesto estatal a las nóminas de empresas en distintas modalidades.[7]
MERCADO DE CAPITAL
México tiene un problema de intermediación bancaria hacia las actividades productivas. Los empresarios que tienen garantías crediticias son financiables en lo personal, pero los proyectos empresariales no son financiables porque en casos de quiebra, el fisco y los trabajadores se quedan con la masa de activos de la empresa, y los acreedores y socios tienen una probabilidad baja de recuperación de lo prestado.
Hay algunas cosas que los gobiernos estatales pueden hacer para mejorar la productividad del capital localmente:
- Impulsar los mercados de capital semilla, capital ángel y capital emprendedor. Antes de la Revolución mexicana, las lonjas locales servían como el mecanismo de inversión entre los capitales de una región. Las hostilidades de la revolución y el nuevo Estado mexicano que surgió de ese proceso, suprimieron a las lonjas y el Estado ocupó el lugar de la banca y las lonjas para el financiamiento de proyectos productivos. Los gobiernos estatales tienen una oportunidad para hacer versiones del S. XXI de estas lonjas, promoviendo la información transparente para los socios de los negocios, la protección a accionistas minoritarios, la calificación crediticia y de solvencia financiera y moral de las empresas, y la protección de contratos para que los negocios locales puedan financiarse a través de asociaciones y alianzas estratégicas, no solamente con subsidios o créditos bancarios.
- Dinamizar el mercado de tierra y otros activos inmobiliarios para financiar la actividad productiva. La tierra en México no puede utilizarse siempre como garantía crediticia, por existir conflictos y definiciones imperfectas de la propiedad de la misma. Los gobiernos estatales pueden modernizar sus catastros y registros públicos de la propiedad. El uso de suelo autorizado para un predio debe ser transparente y público, con el fin de evitar especulación y corrupción en los precios de la tierra.
- Impulsar la modernización en el sistema de pagos. El dinero en efectivo favorece la informalidad, el crimen y la corrupción. Los gobiernos estatales pueden jugar un papel fundamental para reducir el uso de papel moneda y favorecer el uso de pagos electrónicos. Esto ayudará a formalizar la economía, elevar la productividad local (al no necesitarse los mecanismos usuales para transportar y cuidar el dinero), reduce la inseguridad pública y ayuda a establecer historial crediticio a personas y empresas, lo cual facilita su acceso futuro al crédito.
[1] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados
[2] CONEVAL, “EL CONEVAL PRESENTA INFORMACIÓN REFERENTE AL ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA (ITLP) AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020”, 16 de febrero de 2021, https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_02_ITLP_4to_TRIMESTRE_2020.pdf?platform=hootsuiteP_4to_TRIMESTRE_2020.pdf?platform=hootsuite
[3] Gobierno de México, Servicio Nacional de Empleo, https://www.empleo.gob.mx/SNE
[5] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados
[6] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados
[7] CIDE, “Medidas económicas Covid-19”, https://lnppmicrositio.shinyapps.io/PoliticasEconomicasCovid19/