II. MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE

¿QUÉ MIDE?

El subíndice de Medio ambiente mide la capacidad de las ciudades para relacionarse de manera sostenible y responsable con su entorno y los recursos naturales. Este subíndice provee información sobre agua y residuos sólidos, mismos que inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en las ciudades en el mediano y largo plazo.

¿QUÉ SE ENCONTRÓ?

Todos los grupos de ciudades de acuerdo al número de habitantes experimentaron una mejora en su puntaje promedio en el subíndice de Medio ambiente respecto a la edición pasada del índice. Además, las ciudades evaluadas mejoraron su desempeño promedio en el indicador que mide la capacidad para tratar el agua en operación. Sin embargo, también se puede observar que la muestra tuvo un retroceso promedio en el indicador de intensidad energética en la economía; esto significa que la relación entre consumo energético y actividad económica incrementó.

  • En promedio las ciudades generaron un kilogramo de residuos sólidos por persona, pero cinco de las 69 ciudades produjeron más de 5 kilogramos per cápita.
  • En promedio las ciudades consumieron 111 metros cúbicos de agua por habitante. No obstante, existieron casos como los de Campeche y Mazatlán, donde el consumo fue de 314 y 280 metros cúbicos de agua por habitante respectivamente.

Resultados del subíndice Medio ambiente por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Elaborado por el IMCO

Mejores ciudades en el subíndice Medio ambiente por indicador y categoría de población

Elaborado por el IMCO

IMCO Propone

Mejorar la gestión de residuos sólidos mediante un programa de recuperación y reciclaje donde empresas y gobierno sean corresponsables. Los sistemas de recolección y manejo de basura en el país son ineficientes. Esto no solo afecta el entorno urbano y la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente al generar emisiones contaminantes. La gestión municipal de los residuos sólidos en México no cuenta con esquemas donde se comparta la responsabilidad entre las autoridades y el sector privado por los desechos generados. Para ello, se propone un esquema donde las empresas que coloquen un determinado volumen de residuos estén obligadas a recolectar y entregar en centros de reciclaje el mismo volumen de los materiales que colocaron en el mercado, ya sea directamente o a través de empresas intermediarias.[1]

Incentivar la generación eléctrica distribuida en las ciudades mediante la difusión de alternativas y el otorgamiento de incentivos. Las áreas urbanas demandan más de 65% de la energía global y contribuyen con 70% de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con energías. Las ciudades deben actuar para mantener un entorno de vida saludable mientras satisfacen las crecientes necesidades de la población. Si bien las políticas públicas a nivel nacional o regional pueden acelerar el cambio a las energías renovables, un estudio de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena, por sus siglas en inglés)[2] muestra que los alcaldes pueden jugar un papel protagónico en el combate al cambio climático desde sus ciudades a partir de esquemas de financiamiento e incentivos o préstamos para promover la sostenibilidad económica y ambiental en todo el paisaje urbano.[3] De igual forma, los gobiernos municipales pueden llevar a cabo campañas para difundir las alternativas que mejor se ajusten a las necesidades de cada consumidor, desde hogares hasta comercios.

 

[1] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín (2019). La nueva ley alemana de envases y sus exigencias en materia de reciclado, en https://www.icex.es/icex/GetDocumento?dDocName=DAX2019815660&site=icexES (Consultado el 09/09/2021)

[2] «Aumento de las energías renovables en las ciudades: soluciones energéticas para el futuro urbano».

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Oct/IRENA_Renewables_in_cities_2020.pdf (Consultado el 09/09/2021)

[3] «Energía Renovable en las Ciudades» (2016). https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Renewable_Energy_in_Cities_2016.pdf (Consultado el 09/09/2021).

UN PASO ADELANTE EN COMPETITIVIDAD: LOS GANADORES

El Índice de Competitividad Estatal (ICE) mide la capacidad de los estados para forjar, atraer y retener talento e inversiones.

A diferencia de los índices publicados previamente, el ICE 2020 no cuenta con un ranking general a partir de las calificaciones ponderadas de los estados en cada uno de los subíndices analizados. En su lugar, esta edición busca visibilizar las fortalezas y las debilidades relativas de las 32 entidades federativas y reconocer su desempeño mediante medallas de oro, plata y bronce, ganadas a partir de la posición que obtuvieron en las distintas dimensiones de competitividad analizadas[1].

Una entidad competitiva se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Aquellas que cuenten con más fortalezas en estas áreas, tendrán mayor capacidad para resolver problemáticas y situaciones de emergencia en el futuro.


I. SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO

¿Qué mide?

El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. Este factor se encuentra estrechamente ligado a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de Derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en las entidades. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y cumplimiento de contratos.

La mejor entidad (2018)

Yucatán

Yucatán se ubicó en la primera posición de este subíndice al colocarse dentro de los primeros cinco lugares en siete de los nueve indicadores analizados. Cabe destacar que durante 2018 no se registró ningún secuestro en esta entidad, por lo que obtuvo el primer lugar en dicho indicador. Además, tuvo el menor número de homicidios dolosos (2.5 por cada 100 mil habitantes) y robo de vehículos (0.4 por cada mil vehículos registrados).

Fue el quinto estado con la menor incidencia delictiva (5.9 delitos del fuero común por cada mil habitantes), lo cual se reflejó en los bajos costos del delito para la población (alcanzó el tercer lugar en este indicador), así como en la mayor percepción de seguridad a nivel estatal del país: en 2018, el 67% de la población mayor de 18 años de la entidad se sintió segura. De igual manera, se ubicó en la quinta posición en el indicador de competencia en servicios notariales, al tener 5.3 notarios por cada 100 mil habitantes (1.5 más que el promedio).

A pesar de su buen desempeño en este subíndice, Yucatán no está exento de áreas de oportunidad. La entidad se situó por debajo del promedio nacional en dos indicadores (ambos en el lugar 19): porcentaje de delitos denunciados y cumplimiento de contratos.

La peor entidad (2018)

Tabasco

Se encuentra en el último lugar del subíndice tras retroceder un par de posiciones respecto a 2017. La posición de esta entidad en 2018 se explica ya que en siete de los nueve indicadores analizados se ubicó por debajo del promedio nacional. En particular, tuvo un desempeño inadecuado en tres indicadores en los cuales obtuvo el último lugar: secuestros (4.1 por cada 100 mil habitantes), robo de vehículos (11.3 por cada mil vehículos) y percepción de seguridad (solamente el 7% de la población mayor de edad de la entidad se sintió segura). Además, ocupó los lugares 24 y 26 en los indicadores de costos del delito e incidencia delictiva, respectivamente.

El único indicador en el que Tabasco tuvo un desempeño relativamente elevado fue en el de competencia en servicios notariales, al alcanzar el séptimo lugar con cerca de un notario más por cada mil habitantes que el promedio de las entidades del país.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica I.1 Posiciones y cambios del subíndice Derecho

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa I.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Derecho

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla I.1 Resultados generales por indicador del subíndice Derecho

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Homicidios

  • Durante 2018 se cometieron 83 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Colima: cifra tres veces mayor al promedio nacional (26 homicidios por 100 mil habitantes).
  • En los últimos dos años (2016-2018) el promedio de homicidios dolosos en las entidades se incrementó en un 41% al pasar de 18.4 a 26 por cada 100 mil habitantes. En ese periodo solo Durango (-24%), Baja California Sur (-19%) y Campeche (-15%) redujeron su tasa de homicidios.

Costos del delito

  • En 2018 el costo total de la inseguridad y los delitos para los hogares mexicanos fue de 286 mil millones de pesos (1.3% del PIB): 3 mil 275 pesos por habitante mayor de 18 años.

Incidencia delictiva

  • De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 ocurrieron 1.9 millones de delitos del fuero común en el país: un 18% más que en 2008 (1.6 millones de delitos).

Delitos denunciados

  • En promedio, en las entidades federativas del país solo se denunció el 11% de los delitos ocurridos durante 2018 ante el Ministerio Público. En ninguna entidad se denunció más del 19% del total de delitos cometidos en el estado.

Percepción de seguridad

  • En promedio, solamente el 23% de la población de 18 años y más se sintió segura en su entidad federativa durante 2018. Esta cifra es ocho puntos porcentuales menor que la observada en 2016, cuando en promedio el 31% de la población se sintió segura en el estado en que vivía.
  • Entre 2016 y 2018 la percepción de seguridad de la población mayor de 18 años se deterioró en 29 entidades federativas, entre las que destacan Nayarit y Guanajuato al caer 33 y 23 puntos porcentuales su percepción de seguridad, respectivamente.
  • En 31 de las 32 entidades federativas del país más del 50% de la población mayor de edad se sintió insegura en 2018. Mientras que en Yucatán el 67% de la población de 18 años y más se sintió segura, en Tabasco apenas fue el 7%.

IMCO propone

Un Estado de Derecho funcional debe garantizar a la población las condiciones adecuadas para su desarrollo pleno y armónico. Un buen Gobierno proporciona a sus habitantes servicios públicos eficientes, alienta la inclusión social y muestra sustentabilidad política, por medio de instituciones sólidas bajo estándares democráticos de creación e innovación de leyes. Las entidades federativas necesitan conocer los desafíos precisos a los que se enfrentan, así como contar con los datos e información que les permitan dirigir sus acciones en consolidar y garantizar un adecuado y confiable sistema de derecho. Para lograrlo es necesario que los estados de la república trabajen en lo siguiente:

Prevención del delito y mecanismos alternativos de solución de conflictos

  • Implementar y consolidar el MNPJC. Esto contribuirá a contar con una política integral de seguridad ciudadana y un modelo de solución de conflictos sociales. Es necesario fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del escalamiento y comisión de delitos, la mejora de las capacidades de la policía para entender y atender el fenómeno de la criminalidad. Además, se debe involucrar a la población para que pueda participar en las decisiones de las autoridades y con ello mejorar su acceso a la justicia y recobrar su confianza en las instituciones.
  • Evaluar y difundir las ventajas que ofrecen los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) en materias como la familiar, civil, mercantil, laboral o penal. Esto permitirá conocer si se ha logrado reducir la cantidad de trabajo de sus operadores y si ha sido más ágil, menos costosa y con menor deterioro emocional para sus intervinientes.

Sistema de justicia penal y reinserción social

  • Mejorar las funciones de las áreas de coordinación interinstitucionales encargadas de la consolidación del sistema penal. Es necesario desarrollar y definir cambios normativos presupuestarios u operativos de atención (a corto, mediano y largo plazo) que ayuden a consolidar el sistema de justicia penal vigente en México.
  • Implementar un plan de persecución penal bajo estándares transparentes, objetivos y focalizados. Hay que orientar los esfuerzos humanos y presupuestales hacia las instituciones involucradas en determinar qué delitos tienen prioridad para ser resueltos y establecer la ruta estratégica para prevenirlos, combatirlos y erradicarlos.
  • Fortalecer las capacidades de procesamiento e investigación de delitos en las instituciones de seguridad ciudadana. Esto permitirá que cualquier autoridad de seguridad cuente con personal especializado para el procesamiento del lugar del crimen que pueda efectuar una investigación científica de los hechos, sin obstáculos interinstitucionales o competenciales.
  • Contar con herramientas de denuncia de delitos y seguimiento de casos vía remota, ágiles, transparentes y de acceso sencillo y claro. Esto para empoderar a la población al conocer sus derechos y entender los pasos legales a seguir durante todo el proceso penal. Además, estos mecanismos podrán brindar información valiosa a la autoridad para detectar patrones criminales.
  • Fortalecer la infraestructura de los centros de reclusión o carcelarios y mejorar las condiciones de seguridad, educación, salud, trabajo y desarrollo de sus internos y de quienes los supervisan.
  • Generar programas efectivos de autoempleo para los internos en reclusión para contribuir a la reinserción social de los reclusos, sus familias y al mejoramiento de la percepción ciudadana sobre las prisiones y sus operadores en las entidades federativas.
  • Incentivar la inclusión de programas de asistencia y de otorgamiento de empleo a personas reinsertadas socialmente. Lo anterior puede disminuir el estigma que existe sobre esta población y aumentar sus expectativas de vida en lo económico, social, cultural y familiar, lo que puede evitar que sean reincidentes delincuenciales.
  • Evaluar la función de los jueces especializados en ejecución de sentencias. Esto permitirá conocer si la función del juez, encargado de vigilar que se cumplan los derechos humanos de los reclusos, se ejerce de forma adecuada y si realmente es un contrapeso real en contra de las arbitrariedades o abusos de otras autoridades de carácter no jurisdiccional.
  • Evaluar la efectividad del Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos encargados de brindar seguridad, procuración e impartición de justicia en el país. Es fundamental asegurar que el ingreso, capacitación, promoción y permanencia de los servidores públicos se encuentre debidamente reglamentado y sin ningún tipo de obstáculo normativo o político que evite su desarrollo profesional a corto, mediano y largo plazo.

Acceso efectivo a la justicia para las personas con discapacidad

  • Disminuir la desigualdad en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad (PCD). Las PCD enfrentan dificultades para obtener un diagnóstico adecuado de su condición y para que esta sea reconocida debidamente por las autoridades, particularmente en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, intelectual o con trastornos del espectro autista. De igual manera, son vulnerables ante los prejuicios y la falta de ajustes razonables[1] (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas cuando se requieran en un caso particular) que les impiden exigir sus derechos en un plano de igualdad frente a la sociedad. Las personas sordas, ciegas, con alguna discapacidad psicosocial, intelectual, motriz, o bien con algún trastorno del espectro autista, requieren de elementos que faciliten su accesibilidad, tales como infraestructura arquitectónica, herramientas tecnológicas para interactuar con la autoridad y/o asesoramiento técnico especializado, como braille, lectura fácil, o lengua de señas mexicanas.[2] Por ello se propone:
  • Incentivar el desarrollo de protocolos de actuación desde las instituciones y/o comisiones del sector público y privado focalizadas en la plena accesibilidad de grupos vulnerables, a fin de sensibilizar a los actores de justicia, medir su implementación, consolidación y avances.
  • Incentivar al Gobierno para contratar y pagar los honorarios a profesionales independientes y especializados (abogados, conciliadores, mediadores, trabajadores sociales, psicólogos, intérpretes en lengua de señas mexicanas, etc.) que se dediquen a atender los casos de las personas elegibles para recibir asistencia.
  • Crear instancias de conciliación y mediación especializadas (como un método de solución alternativa de conflictos) que cuenten con la tecnología, el personal y las herramientas adecuadas para la atención de estos casos.
  • Reforzar los mecanismos de control, evaluación y sanción de los órganos internos de control, visitadurías, unidades de asuntos internos o consejos dentro de las instituciones de seguridad y justicia, para detectar y sancionar posibles actos discriminatorios e ilegales realizados por los servidores públicos.

Competencia notarial y registro de propiedad

  • Eliminar barreras de acceso al ejercicio de la profesión notarial. En algunas entidades, acceder a una patente notarial depende de la decisión facultativa del gobernador o de la petición del Colegio de Notarios, quienes pueden influir en restringir la entrada a nuevos competidores para el ejercicio de esta profesión y que pueden otorgar ventajas económicas y de calidad para el público usuario.
  • Eliminar la restricción respecto al máximo y mínimo de notarios por un número determinado de habitantes. Se debe permitir a los notarios entrar al mercado de manera libre y que atienda al crecimiento de la demanda del servicio, lo que incentiva la competencia y optimiza la oferta en la prestación profesional notarial.
  • No limitar la capacidad de los notarios para ofrecer precios inferiores al establecido en el máximo del arancel notarial. De esta forma los notarios podrán competir entre sí y brindar condiciones más favorables e innovadoras a los requirentes del servicio. Esta medida también podría incentivar la regularización de las empresas y de la propiedad privada.
  • Modernizar los Registros Públicos de la Propiedad. Acceder a nuevas herramientas tecnológicas permitirá reducir las cargas laborales de sus empleados, incrementará la demanda de sus servicios y la recaudación tributaria, además de otorgar garantías jurídicas a sus usuarios.

[1] Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Artículo 2, definiciones: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf. La definición completa de “ajustes razonables” es esta: Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

[2] Dante Negro, “Pobreza, desigualdad, sectores vulnerables y acceso a la Justicia”, en Desigualdad e Inclusión Social de las Américas. 14 Ensayos. (México: OEA, 2011), 105-108, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4635/16.pdf (Consultado el 04/04/2020).

II. MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE

¿Qué mide?

El subíndice Manejo sustentable del medio ambiente (Medio ambiente) mide qué tan responsables son las entidades federativas en el uso de sus recursos naturales, como el manejo eficiente del agua, la protección de la cobertura forestal y la generación y disposición adecuada de residuos sólidos, entre otros. Estos elementos repercuten directamente en la calidad de vida de la población y en la atracción de talento e inversión por parte de las empresas, ya que no existe una sostenibilidad económica sin sustentabilidad ambiental. El uso adecuado del capital natural y su conservación en el tiempo son fundamentales para impulsar la competitividad a nivel subnacional.


La mejor entidad (2018)

Ciudad de México

En 2018, la CDMX obtuvo el primer lugar en este subíndice, pues ocupó las primeras seis posiciones en seis de los 10 indicadores que lo integran. En tres de ellos obtuvo resultados considerablemente mayores al resto de las entidades del país: eficiencia económica del agua en la agricultura, intensidad energética de la economía y certificados “Industria Limpia” emitidos. El valor de la producción agrícola de la CDMX por hectómetro cúbico (hm3) de agua fue 25 veces mayor que la segunda mejor entidad (Baja California Sur), lo que significa que fue la más eficiente en el consumo de agua en esta actividad. Además, fue la entidad más eficiente en el uso de energía eléctrica, al requerir el menor consumo de electricidad para producir bienes y servicios (un tercio de la energía utilizada en promedio por las demás entidades para generar un millón de pesos de PIB).

También, tuvo el mayor número de empresas certificadas como “Industria Limpia” por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con 87 frente a un promedio de 17. Finalmente, otro aspecto relevante a destacar es que el 99% de las viviendas en la ciudad dispuso adecuadamente de sus residuos sólidos generados, a pesar de ser la entidad que más residuos generó (574 kilogramos por habitante).

La peor entidad (2018)

Oaxaca

Aunque en 2018 fue la entidad que generó menos basura por habitante (257 kilogramos por persona), la segunda que menos energía requirió para generar bienes y servicios (9 megawatts hora por millón de pesos de PIB) y la cuarta con menor morbilidad por enfermedades respiratorias agudas (154 casos por cada mil habitantes), se ubicó en la última posición del subíndice (retrocedió una posición con respecto a 2016) al colocarse en los últimos 10 lugares de la mitad de los indicadores analizados.

En específico, fue el estado con la menor proporción de viviendas que dispusieron adecuadamente de sus residuos sólidos (58%), el segundo que recibió más recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) (906 pesos por habitante) y la quinta entidad con el menor caudal tratado de aguas residuales (0.3 litros por segundo por cada mil habitantes). De igual manera, ocupó la posición 26 en el indicador de pérdida de superficie cubierta por árboles, al reducirse en un año casi un 1% (29 mil 311 hectáreas) la cubierta arbórea de la entidad.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica II.1 Posiciones y cambios del subíndice Medio ambiente

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa II.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Medio ambiente

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla II.1 Resultados generales por indicador del subíndice Medio ambiente

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Caudal tratado de aguas residuales

  • En solo un año, Hidalgo pasó del antepenúltimo lugar al primer sitio en tratamiento de aguas residuales. En 2016, se trató en la entidad un caudal de 0.2 litros por segundo por cada mil habitantes, mismo que se incrementó más de 27 veces para alcanzar los 6.1 litros en 2017.
  • En 2018, las entidades federativas trataron un promedio de 1.3 litros de aguas residuales por segundo por cada mil habitantes: un 44% más que en 2008 (0.9 litros por segundo).

Eficiencia económica del agua en la agricultura

  • En 2018, el valor de la producción agrícola en la CDMX fue de 388 millones de pesos por hectómetro cúbico de agua. Esta cifra fue 22 veces superior al promedio nacional (17.7 mdp/hm3).
  • Entre 2016 y 2018, Quintana Roo registró el mayor incremento en la eficiencia del uso del agua en la agricultura: en un par de años aumentó en un 83% el valor de la producción agrícola utilizando la misma cantidad de agua (pasó de 1.4 a 2.5 millones de pesos por hectómetro cúbico).

Pérdida de superficie cubierta por árboles

  • En 2018, se perdieron poco más de 242 mil hectáreas de superficie cubierta por árboles en el país. Tres entidades contribuyeron con casi la mitad (49%) de las pérdidas: Chiapas (21%), Campeche (16%) y Oaxaca (12%).
  • En 2018, Baja California (1.6%), Tabasco (1.4%), Chiapas (1.3%) y Veracruz (1.2%) fueron los estados que mayor cobertura arbórea perdieron como porcentaje de la superficie de sus respectivos territorios cubierta por árboles en 2010.

Intensidad energética de la economía

  • De 2012 a 2018, las entidades federativas redujeron en un 25% la cantidad media de energía necesaria para producir bienes y servicios, al pasar de 16.6 a 12.5 megawatts hora por millón de pesos de PIB.

Gastos autorizados al Fonden

  • En 2018, Baja California Sur fue la entidad que recibió más recursos del Fonden: mil 99 pesos por habitante, lo que representa un monto cinco veces mayor al promedio nacional (220 pesos).
  • En 2018, solamente seis entidades no requirieron del apoyo del Fonden: Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

IMCO propone

Los gobiernos estatales y el Gobierno federal comparten la responsabilidad de salvaguardar el capital ambiental a través de medidas de protección al medio ambiente. Por lo general, la Federación establece los lineamientos de la agenda ambiental, pero son los estados quienes se encargan de gestionar y ejecutar las políticas de administración de agua potable y saneamiento, calidad del aire, ordenamiento territorial y manejo forestal. Priorizar estas acciones no solo repercute en la sustentabilidad de los recursos naturales, sino que impacta directamente en la vida de las personas. Por ejemplo, el 23% de la población ha sido afectada por desastres geológicos, químicos o hidrometeorológicos en las últimas dos décadas. Además, solo 18 de las 32 entidades federativas tienen un sistema de monitoreo de la calidad del aire, mientras que menos de la mitad (15) cuentan con un programa de verificación vehicular. Respecto al manejo forestal, por cada 10 árboles que se talan, entre tres y cinco entidades lo hacen de manera ilegal. Para mejorar éstas y otras condiciones ambientales, se recomienda que las entidades federativas realicen las siguientes acciones:

Contaminación atmosférica

  • Evaluar los Programas de Gestión de Calidad de Aire (ProAire) y vincularlos a las políticas de cambio climático. Los ProAire son una política pública impulsada desde 1990 con el objetivo de gestionar la calidad del aire en las ciudades, en una región geográfica determinada y en las entidades federativas mediante acciones a corto, mediano y largo plazo. Actualmente existen 37 ProAire vigentes en las regiones de las 32 entidades federativas, con una población potencialmente beneficiada de 122 millones de habitantes, equivalente al 94% de la población total. Sin embargo, los ProAire solo están diseñados con perspectiva de calidad del aire, no como una acción contra el cambio climático. Como lo planteó la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)[1] es necesario que, como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire, se incorporen la contabilización de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como su impacto en la salud de las personas y en los ecosistemas.
  • Incorporar más redes de monitoreo y mejorar los datos del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (Sinaica). El sistema recaba, transmite y publica datos de partículas suspendidas (PM10 y PM2.5), ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) en 18 entidades federativas. Su objetivo es evaluar la calidad del aire con base en la normatividad vigente (NOM-156-SEMARNAT-2012), además de establecer el nivel de riesgo en tiempo real. También, facilita el análisis para inferir si hay un deterioro creciente o una mejoría en un periodo establecido. Sin embargo, el 25% de las estaciones de monitoreo existentes no cuenta con la infraestructura para recabar y sistematizar la información del O3, el 21% para PM10, el 42% para PM2.5, el 29% para CO, el 29% para NO2 y el 33% SO2. Tampoco es posible descargar las bases de datos para hacer investigación o realizar análisis externos.
  • Impulsar la adopción de Programas de Verificación Vehicular (PVV). El transporte es el segundo sector con más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en México, al contar con 174 millones de toneladas de CO2e al año (un 26% del total).[2] Se estima que para el 2030 la cifra se incremente en un 53%, por lo que es fundamental impulsar medidas que contribuyan a controlar, prevenir y reducir las emisiones del sector. Una de ellas es mediante los PVV, pues permiten que el parque vehicular esté en mejores condiciones al incentivar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos con altos niveles de contaminación. Hoy en día existen 15 entidades federativas con un PVV vigente, lo que contribuye a mejorar los niveles de contaminación atmosférica, además de representar un ingreso adicional para las finanzas públicas estatales.
    • En México, el fundamento legal de los PVV está descrito en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 041, 045, 047, 050 y 167 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las cuales regulan diversas especificaciones como los niveles de medición. Sin embargo, las características de los PVV no están homologadas en todas las entidades, pues difieren en la obligatoriedad del programa, el número de vehículos que deben verificarse (según el año del modelo) y el método de prueba (11 estados incorporan pruebas estáticas y dinámicas, mientras que el resto solo utilizan la prueba estática).[3] El objetivo de los programas de verificación es promover la renovación gradual del parque vehicular, por lo que es importante que los PVV estén alineados entre sí, de tal forma que se evite la venta de vehículos contaminantes de estados con un PVV estricto, como en la CDMX, a entidades que no cuentan con este mecanismo.
  • Evaluar el desempeño de los operadores del transporte público concesionado. Es necesario evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la antigüedad de las unidades, emisión de contaminantes, horarios, frecuencias de paso, mantenimiento y limpieza de los vehículos, límite de velocidad permitida y capacidad de carga de usuarios. Este parámetro debe servir para revocar concesiones y esquemas hombre-camión por otros más eficientes como los de empresa-ruta. Entre más eficiente sea el servicio público de transporte, mayor será el incentivo para considerarlo una opción de movilidad, lo que permitiría reducir la afluencia vehicular.

Ordenamiento del territorio

  • Armonizar las leyes estatales para dotar de atribuciones jurídicas a las instancias metropolitanas respecto a la ordenación del territorio. En los últimos años se han implementado diversas disposiciones estatales y locales en materia de desarrollo urbano en las zonas metropolitanas, como sucede en el Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, entre otras. Sin embargo, en la práctica, las disposiciones y acuerdos que emiten se contraponen o no corresponden a lo establecido en los programas estatales y municipales de desarrollo urbano. Es decir, su actividad se considera solo como una referencia y no como un eje rector de las políticas de desarrollo urbano. Por tal motivo, estas instituciones deben contar con instrumentos regulatorios que faciliten su incidencia en la toma de decisiones estatales y municipales.
    • Un ejemplo de buenas prácticas se encuentra en Jalisco, en donde la Ley de Coordinación Metropolitana establece que el IMEPLAN es el encargado de elaborar los planes de ordenamiento y desarrollo con aprobación de la junta metropolitana.
  • Actualizar la localización de asentamientos en zonas de riesgo.Un efecto negativo asociado a la expansión de las zonas urbanas es identificar las potenciales zonas de riesgo. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), se estima que en el periodo 2000-2015, cerca de 1.3 millones de viviendas y 27.5 millones de habitantes fueron afectados por algún desastre geológico, químico o hidrometeorológico. Las autoridades estatales encargadas del ordenamiento territorial pueden coordinar los esfuerzos de mapeo e identificación de zonas de riesgo en la entidad. Para esta labor, es necesario digitalizar los mapas de las localidades de los estados y los registros del catastro, lo cual puede lograrse si se aprovecha la información y datos de digitalización ya obtenidos por las empresas de tecnología.
  • Impulsar la armonización de las legislaciones estatales con la normatividad federal. La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT) 2020-2024 representa uno de los principales instrumentos jurídicos federales para regular y facilitar los asentamientos humanos en México. Uno de sus objetivos es establecer las concurrencias y competencias de los tres órdenes de gobierno en materia de planeación, ordenación y regulación territorial, de tal modo que se estructure una visión a largo plazo con instrumentos articulados entre sí. Además, se debe cumplir cabalmente la implementación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en particular las disposiciones de gobernanza metropolitana, como las comisiones metropolitanas que esta Ley marca como obligatorias.

Recursos forestales

  • Invertir en capacidades productivas y en el desarrollo de mercados para los productos forestales. El sector forestal ha sido uno de los más afectados por el recorte presupuestal de los programas federales, especialmente los subsidios que otorgaba la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Sin embargo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la concurrencia y distribución de competencias en materia forestal recae en los tres órdenes de gobierno. Algunas de las atribuciones de los gobiernos estatales son:
    • Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal nacional, la política forestal en las entidades federativas.
    • Promover esquemas de compensación y apoyo por la provisión de bienes y servicios ambientales.
    • Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos.
    • Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento económico de la entidad.

Por tal motivo, es necesario que los gobiernos estatales adquieran un papel protagónico en la materia y promuevan el desarrollo de las regiones forestales. Por ejemplo: invertir en investigación, infraestructura y transferencia de tecnología para mejorar el proceso productivo de las empresas y comunidades ejidales. Hace falta impulsar el crecimiento sustentable del sector a través de modelos de negocio que sean eficientes y rentables.

  • Crear esquemas de financiamiento para el sector forestal. El acceso de los productores forestales a créditos bancarios es limitado debido a cuatro factores: 1) la falta de seguridad jurídica en los contratos de la propiedad comunal o ejidal, 2) la atomización de los predios forestales, 3) el plazo de las inversiones y 4) algunas limitaciones de los intermediarios financieros. Los gobiernos estatales pueden crear fondos o programas para facilitar que los productores forestales accedan a financiamientos, mediante esquemas para utilizar el activo biológico (los árboles) como garantía. Tailandia es un referente internacional sobre este tipo de esquemas.[4]
  • Promover el modelo de manejo forestal comunitario y el combate a la tala ilegal.Este modelo promueve la conservación de los activos forestales, facilita la producción y contribuye a reducir la marginación y vulnerabilidad de la población local. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (Enaipros), existe el potencial de duplicar las 7.5 millones de hectáreas bajo permisos de aprovechamiento comunitario. Es importante mencionar que las comunidades forestales son las principales promotoras de salvaguardar los bosques y selvas de la región, lo que contribuye a combatir la tala ilegal en México, que representa entre el 30%[5] y el 50%[6] de la producción anual de madera.

Agua potable y saneamiento

  • Generar incentivos desde los gobiernos estatales para la transparencia y rendición de cuentas de los organismos operadores de agua.Para ello es necesario que los organismos cuenten con una estructura de gobierno corporativo, tengan autonomía de gestión, autosuficiencia financiera y eficiencia operativa. A su vez, deben realizar informes de resultados con indicadores acerca de las pérdidas por fugas, los resultados de las auditorías ambientales y los estados financieros, así como estadísticas sobre el tipo de consumidor, el volumen que demandan y el lugar en el que se demanda el recurso hídrico.
    • Una medida para generar dichos incentivos es mediante el diseño de un sistema regulatorio que articule la legislación, planeación, programas y políticas públicas para generar las condiciones de sostenibilidad y calidad en los servicios públicos, pero sobre todo, para proteger al usuario y evitar que el organismo operador pueda ser capturado políticamente. El sistema debe establecer estándares mínimos de calidad que sirvan como parámetro para los organismos.
  • Permitir a los organismos operadores determinar las tarifas de agua. Es necesario que los organismos determinen el precio del agua con base en criterios técnicos y costos de operación, siguiendo los lineamientos que establece la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De este modo, la tarifa estaría desvinculada de la agenda política, ya que actualmente la gran mayoría de los organismos operadores funcionan con tarifas establecidas por el ejecutivo estatal o mediante consenso legislativo.[7]

Generación eléctrica limpia

  • Incentivar la oferta y demanda de electricidad limpia. Cada vez hay mayores incentivos para invertir en plantas de generación limpia debido a la reducción de sus costos nivelados en los últimos años. Sin embargo, uno de los principales retos es el costo de almacenamiento de la energía, ya que las fuentes limpias generan electricidad de forma discontinua. No obstante, mediante la colaboración de la política pública estatal y federal, se puede incentivar la adopción de tecnologías limpias como una estrategia para disminuir el riesgo de desabastecimiento y desaceleración económica, al depender intensivamente de las fuentes fósiles:
  • Crear un programa de asesorías gratuitas y capacitaciones para los nuevos productores, facilitando su incursión en el proceso de acreditación y participación en el Mercado Eléctrico Mayorista.
  • Informar y hacer del conocimiento público los beneficios del mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL) por medio de guías, talleres y conferencias, entre otros medios. Esto permitirá reducir la incertidumbre asociada a este tipo de esquemas y mantener actualizado el estatus del sector. Esta medida es relevante si se consideran las actualizaciones más recientes que ha realizado el Gobierno federal respecto a la oferta y demanda de CEL, lo que impacta directamente en el precio y la estrategia financiera de los nuevos proyectos energéticos.
  • Colaborar con las autoridades federales, en particular con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), para elaborar un esquema de pagos anticipados de los CEL. Los gobiernos locales pueden analizar el flujo de certificados que se generarán en el tiempo y estimar su valor para gestionar y adelantar el pago de esos recursos y que el productor los utilice en la inversión inicial de un proyecto.
  • Establecer que al menos un porcentaje del abastecimiento eléctrico de los bienes inmuebles del estado provenga de tecnologías limpias. Se puede aprovechar el techo de la infraestructura de oficinas, hospitales y escuelas para la instalación de paneles fotovoltaicos.
  • Incluir criterios de eficiencia energética, sustentabilidad y generación eléctrica limpia en licitaciones de compras públicas.
  • Ofrecer estímulos fiscales a través del impuesto sobre la nómina a comercios e industrias que consuman electricidad generada con fuentes limpias, así como trabajar con autoridades municipales para promover el incentivo a través de impuestos como el predial.

[1] Resultados y recomendaciones de la evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, Diario Oficial de la Federación (5/02/2019). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549585&fecha=05/02/2019 (Consultado el 20/03/2020).

[2] Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), “Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero”, Acciones y programas INECC, https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero (Consultado el 11/03/20).

[3] Ibíd.

[4] The Center for People and Forests (RECOFTC), Trees as loan collateral: Valuation methodology for smallholder teak plantations (Bangkok: RECOFTC, 2015), s://www.recoftc.org/sites/default/files/public/publications/resources/recoftc-0000078-0001-en.pdf

[5] Estimaciones de la Profepa en Conafor, 2013, Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) 2013-2018.

[6] Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Nota informativa número 15, 2007, https://www.ccmss.org.mx/acervo/nota-informativa-15-el-combate-a-la-tala-ilegal-en-mexico/ (Consultado el 12/03/20).

[7] Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sistema Nacional de Tarifas, https://portal.conagua.gob.mx/Tarifas/paginas/Principal.aspx (Consultado el 12/03/20).

III. SOCIEDAD INCLUYENTE, PREPARADA Y SANA

¿Qué mide?

El subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana (Sociedad) mide la calidad de vida de los habitantes de cada entidad federativa al analizar el acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud. Estos sectores dan un indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y retener capital humano e inversiones. Por ello, este subíndice considera indicadores de pobreza, desigualdad, rendimiento académico, oferta médica, servicios de salud y condiciones socioeconómicas. Una entidad que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es más justa y competitiva.


LA MEJOR ENTIDAD (2018)

Ciudad de México

Por décimo octavo año consecutivo la CDMX alcanzó la primera posición en este subíndice al colocarse entre los primeros cinco lugares en 15 de los 20 indicadores analizados. En específico, se posicionó en el primer lugar en 11 de ellos.

En relación a los indicadores asociados al sector educativo, la CDMX fue la entidad con la mayor escolaridad promedio (11.4 años), la mayor proporción de escuelas de calidad (48%), el mejor rendimiento académico (el 32% de los alumnos presentaron un desempeño bueno en matemáticas) y la menor tasa de analfabetismo (1%) de entre todas las entidades.

Por otra parte, en los indicadores vinculados al sector salud obtuvo el primer lugar en médicos y enfermeras (9.16 por cada mil habitantes), médicos con especialidad (2.2 por cada mil habitantes), camas de hospital (1.7 por cada mil habitantes) y esperanza de vida (76.4 años), así como la segunda posición en el porcentaje de unidades médicas certificadas (2.8%) por el Consejo de Salubridad General.

Por último, en materia de inclusión tuvo la mayor proporción de mujeres económicamente activas (44%), el menor número de embarazos adolescentes (48.7 por cada mil mujeres entre 15 y 19 años) y además fue la cuarta entidad con la mayor equidad salarial y el cuarto menor índice de informalidad laboral entre hombres y mujeres.

No obstante, a pesar de que la CDMX tuvo la sociedad más incluyente, preparada y sana del país en 2018, también obtuvo el mayor número de muertes por diabetes y enfermedades hipertensivas, al registrarse 14 defunciones por cada 100 mil habitantes. Además, fue la segunda entidad (solo por delante de Guerrero) de la que emigraron más personas en términos netos como porcentaje de su población (-0.6%).

La peor entidad (2018)

Chiapas

Por cuarto año seguido, Chiapas se ubicó en la última posición en este subíndice. Tan solo en tres de los 20 indicadores analizados estuvo por encima del promedio nacional: equidad salarial, mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas, y suicidios. Fue en este último indicador en el que mejor se situó al alcanzar la tercera posición con 2.6 suicidios por cada 100 mil habitantes. Por el contrario, la entidad ocupó los tres últimos lugares en 11 indicadores y en siete de ellos tuvo el desempeño más bajo en comparación al resto de las entidades federativas del país: en 2018 el 76% de su población se encontraba en situación de pobreza, solo el 28% de la población económicamente activa estaba conformada por mujeres, el 13% de la población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir, apenas el 4% de sus escuelas eran de calidad, únicamente el 2% de sus alumnos tuvo un rendimiento académico adecuado y la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años fue de 7.7 años (equivalente a poco más que primero de secundaria). A su vez, la entidad tuvo el menor número de camas de hospital (0.4) y médicos con especialidad (0.5) por cada mil habitantes.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica III.1 Posiciones y cambios del subíndice Sociedad

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa III.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sociedad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla III.1 Resultados generales por indicador del subíndice Sociedad

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Pobreza

  • En 2018 más de dos terceras partes de la población de Chiapas (76%), Guerrero (66%) y Oaxaca (66%) se encontraba en situación de pobreza. Por el contrario, en Nuevo León (15%) y Baja California Sur (18%) menos de una quinta parte de la población se encontró en esa situación.

Mujeres económicamente activas

  • En promedio, en 2018 el 38.2% de la población económicamente activa del país estaba conformada por mujeres.

Equidad salarial

  • En 2018 Chiapas fue la única entidad del país en la que las mujeres que trabajaron tiempo completo tuvieron ingresos promedio mensuales (4 mil 836 pesos) superiores a los de los hombres (4 mil 150 pesos).

Analfabetismo

  • En un plazo de 10 años la tasa de analfabetismo promedio del país se redujo en 3.3 puntos porcentuales al pasar del 7.2% en 2008 al 3.9% en 2018.
  • Mientras que en 2018, en la CDMX menos del 1% de la población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir, en Chiapas fue el 13%.

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas

  • En 2018, la CDMX registró el mayor número de muertes por diabetes y enfermedades hipertensivas: 14 defunciones por cada 10 mil habitantes.

Suicidios

  • En tres entidades la tasa de suicidios observada en 2018 fue mayor o igual a 10 por cada 100 mil habitantes: Aguascalientes (10.0), Chihuahua (10.0) y Yucatán (10.7).

Embarazos adolescentes

  • Durante 2018, en Coahuila se registraron 10 nacimientos por cada 100 mujeres entre 15 y 19 años de edad.

Camas de hospital

  • En 2018 existían 88 mil 821 camas censables en área de hospitalización en el país, de las cuales una tercera parte se concentró en tres entidades federativas: la CDMX (17.7%), el Estado de México (9.4%) y Jalisco (7.3%).

Unidades médicas certificadas

  • Al mes de diciembre de 2019 menos del 1% de las unidades médicas públicas y privadas del país se encontraba certificada por el Consejo de Salubridad General (CSG). A esa fecha de corte solamente 1 de las 2 mil 245 unidades médicas en Oaxaca estaba certificada.

IMCO propone

El combate a la pobreza y la desigualdad requiere más que compensar el ingreso de las familias que lo necesitan. Se requieren servicios públicos de calidad que rompan con los círculos viciosos que impiden a la población en desventaja tener mejores condiciones de vida y ser más próspera. En ese sentido, los gobiernos estatales tienen un rol fundamental en el acceso de sus habitantes a los servicios básicos, de salud y educación, debido a que reciben aportaciones federales para ello. Por ello, tienen una fuerte responsabilidad para lograr una sociedad más incluyente, preparada y sana.

Inclusión social

Para tener entidades más incluyentes y competitivas es necesario lograr los mayores rendimientos del presupuesto que se destina a programas de desarrollo social. También, se deben eliminar las barreras que le impiden a los grupos vulnerables competir en igualdad de circunstancias. A continuación, se presentan algunas propuestas del IMCO para alcanzar estos objetivos:

  • Contar con un padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo social a nivel estatal. Para ello, se puede tomar como ejemplo el Sistema de Información para el Bienestar Social (Sibis) de la Ciudad de México, el cual concentra, en un solo sitio y con un mismo formato, toda la información de la política social de la ciudad. Lo ideal sería que este tipo de padrones evolucionara de modo que utilice registros biométricos y se pueda conciliar con los registros federales. En un contexto de austeridad, este esfuerzo es clave para focalizar mejor el gasto social y obtener los mayores rendimientos en términos de bienestar con esos recursos.
  • Evaluar los impactos del gasto social, federal y estatal, sobre la inclusión de grupos en desventaja. Para garantizar su desempeño adecuado, es necesario diseñar mecanismos de evaluación, retroalimentación y transparencia de los programas que se han implementado en esta materia.
  • Robustecer y mantener las políticas para la protección de la salud de las PCD después de la pandemia de COVID-19. A finales de abril 2020, se presentó una guía para proteger a las PCD en el contexto del COVID-19.[1] En ella se reconoce que esta población tiene formas de comunicación diferentes, según el tipo de discapacidad, lo cual debe tomarse en cuenta para implementar medidas diferenciadas para la prevención y el manejo de esta enfermedad en el hogar, los espacios de internamiento y las instituciones de salud. Esta guía es un primer paso para que el sector salud sea más incluyente. Sin embargo, es un esfuerzo que, más allá de la pandemia, se debería ampliar para otro tipo de enfermedades y fortalecer con herramientas que faciliten la implementación de medidas diferenciadas.
  • Garantizar que la educación de todos los niveles sea cada vez más inclusiva, como lo obliga la modificación del 2019 al Artículo 3o. Constitucional. Hay dos vías fundamentales para avanzar en este aspecto:
  • Destinar más recursos para la capacitación y contratación de maestros de Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER): docentes especializados en inclusión que apoyan a los maestros de las escuelas para que puedan adaptar los materiales o sepan cómo interactuar con los niños, niñas, y adolescentes en las aulas. Asegurarse de que los materiales de las iniciativas de educación a distancia (como todas las diseñadas durante la emergencia del COVID-19 y Prepa en Línea) sean accesibles y cuenten, por ejemplo, con intérpretes en lengua de señas mexicanas. Se debe impulsar que todas las normales del país tengan más de un curso opcional de educación para la inclusión y que sea parte de la formación de todos los maestros y maestras.
  • Utilizar a los organismos estatales de infraestructura educativa para garantizar la inclusión de criterios de accesibilidad en la construcción y mantenimiento de los planteles educativos. Ante la distribución de los recursos para infraestructura directamente a las comunidades escolares, los organismos estatales de infraestructura educativa deben garantizar que su uso considere criterios de accesibilidad para maestros y alumnos. Para ello, pueden emitir directrices que guíen a las comunidades escolares para evaluar la accesibilidad de su plantel e identificar posibles mejoras a las instalaciones o mobiliario. Los organismos locales de infraestructura escolar también deben registrar en fuentes públicas los planteles que cumplan con las condiciones de accesibilidad, para que esta información sirva para la toma de decisiones de madres y padres de niños que se enfrentan con barreras para el aprendizaje.
  • Eliminar barreras para que más mujeres se sumen al mercado laboral.[2]Contar con más mujeres en el mercado laboral tiene múltiples beneficios que van desde un mayor crecimiento del PIB[3] hasta cambios en la percepción de roles que podrían derivar en arreglos institucionales orientados a la igualdad de género. Una propuesta para lograrlo es:
  • Diagnosticar y atender las causas de los embarazos adolescentes. Aunque a nivel nacional se ha reducido este problema en los últimos 20 años, hay entidades como Coahuila, Chiapas y Nayarit en donde las tasas para 2018 son más altas que el promedio nacional en 2001. Los embarazos adolescentes limitan la preparación escolar de las mujeres afectadas, así como su inserción en la vida laboral.
  • Implementar prácticas de integración vida-trabajo en las oficinas de los gobiernos estatales.Estas prácticas pueden ir desde días personales para resolver trámites hasta esquemas de trabajo en casa, además permiten que los colaboradores cumplan con sus responsabilidades laborales sin sacrificar sus necesidades personales.Varios pioneros en diferentes sectores (privado, Gobierno federal y social) han implementado una amplia gama de este tipo de prácticas[4] con buenos resultados en la percepción y permanencia (menores tasas de rotación) de sus empleados.

Salud

La salud es una pieza angular en el camino para alcanzar una mayor competitividad, por sus impactos directos sobre la población, la educación y la productividad.[5] Por ello, el Gobierno federal ha modificado la Ley General de Salud en aras de avanzar hacia la provisión universal de servicios de esta naturaleza. Aunque estas modificaciones implican ciertos cambios en el rol de las entidades en materia de salud, existen varias acciones que se pueden implementar para lograr mejores resultados y reducir inequidades. Por ello, el IMCO propone las siguientes medidas:

  • Diagnosticar inequidades en salud al interior de los estados. Los gobiernos estatales pueden jugar un papel clave para identificar las causas que detonan diferencias en el acceso a los servicios de salud dentro de su territorio. Esto podría servir como base para que el Gobierno federal concrete un diagnóstico regional que permita la toma de decisiones estratégicas en la materia.
  • Capacitar a médicas y enfermeros con base en el perfil epidemiológico y las condiciones que se viven en cada estado. Con ello, podría mejorar la atención, sobre todo primaria, del personal de salud para prevenir y diagnosticar los padecimientos que más afectan a cada entidad. También, se debería incentivar la certificación de médicos generales para elevar la calidad de atención en el primer nivel.
  • Consolidar una política nacional para mejorar los datos en salud. Para ello, los gobiernos estatales deben colaborar con el Gobierno federal, tomando en cuenta los siguientes objetivos:
  • Desarrollar estadísticas confiables de resultados y calidad de los servicios de salud estatales. Las estadísticas deben estar apegadas a criterios internacionales como los del proyecto de indicadores de calidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
  • Homologar formularios de captura de información. Los formularios deben ser iguales para todas las clínicas y hospitales estatales, de manera que se pueda garantizar la comparabilidad de los indicadores.
  • Adoptar expedientes clínicos electrónicos. Éstos permitirán dar un mejor seguimiento y atención de los pacientes, pero también facilitarán la obtención de datos de interés.
  • Fortalecer, desde los estados, la atención primaria del sistema nacional de salud. Los mejores sistemas de salud del mundo (Gran Bretaña, Noruega y Dinamarca) están concentrando sus esfuerzos en la atención primaria para evitar el desarrollo de enfermedades, así como las complicaciones de los padecimientos crónicos.[6] Esto, además de ser costo-efectivo, eleva la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Algunas acciones para que los estados materialicen esta recomendación son:
  • Incrementar esfuerzos para la detección temprana de enfermedades crónicas. Por ejemplo, se pueden implementar módulos de revisión en espacios públicos, que permitan identificar enfermedades como diabetes o hipertensión.
  • Promover estilos de vida más saludables. Las entidades pueden diseñar e implementar campañas de comunicación y eventos especiales relacionados con estilos de vida más sanos, cuyo objetivo final sea prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas.
  • Identificar aquellas escuelas públicas que cuentan con bebederos funcionales. Con base en esta información, se debe contar con un plan para continuar con la instalación y mantenimiento de bebederos.
  • Implementar acciones para fomentar la donación de células, tejidos y órganos en los hospitales estatales. Estas no solo elevan la calidad de vida de los pacientes afectados por padecimientos como falla renal, sino que también optimizan el uso del presupuesto que se destina para el tratamiento de dichas enfermedades. Los gobiernos estatales pueden diseñar acciones al interior de sus unidades médicas, similares a los esfuerzos que ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para aumentar las tasas de donación cadavérica. Entre estas acciones se incluyen la capacitación de personal para solicitar en tiempo óptimo los órganos de pacientes con muerte encefálica, mayor sensibilización a los familiares de posibles candidatos e identificar y corregir barreras para que los órganos lleguen a sus receptores.

Educación

Para lograr una sociedad más incluyente y preparada, es indispensable elevar la calidad de los aprendizajes que el sistema educativo contribuye a desarrollar en niñas, niños y jóvenes. Los retos en materia educativa dependen del cumplimiento coordinado de las responsabilidades de las autoridades federales, estatales y escolares, en sus respectivos ámbitos de competencia. Un área de oportunidad importante para los gobiernos estatales es asumir su responsabilidad como un agente de cambio protagonista en el sistema educativo. Entre las acciones urgentes que requieren del involucramiento específico de las entidades federativas se incluyen:

  • Establecer programas de reconocimientos y estímulos profesionales para los docentes y directores que trabajen en zonas de alta marginación o en áreas rurales. Con el fin de propiciar mayor equidad dentro del sistema educativo, es necesario atraer y retener al personal docente y directivo para atender a las poblaciones más vulnerables social, geográfica y económicamente. Sin un piso más parejo en la calidad de los servicios educativos públicos no habrá manera de cerrar las brechas de aprendizaje que existen entre los sectores de la población.
  • Implementar mecanismos que faciliten y den seguimiento al cumplimiento de la responsabilidad de los directores, supervisores y jefes de zona de registrar oportunamente las plazas vacantes en los centros escolares. Con el objetivo de posibilitar el uso eficaz y transparente del presupuesto de la nómina educativa, todas las plazas vacantes que se generen en las escuelas deben registrarse ante las autoridades estatales, de manera que su asignación pueda realizarse mediante los procesos que marca la ley. Para asegurarse que ninguna plaza se llene mediante otras vías, las entidades deben facilitar a las escuelas el cubrir con su obligación, al tiempo que detecten posibles incumplimientos y tomen medidas correctivas.
  • Realizar eventos públicos de asignación de plazas docentes, directivas y de supervisión. El involucramiento de más sectores de la población es necesario para dar certidumbre a la imparcialidad y justicia de los procesos de ingreso y promoción al servicio docente. Para facilitar la participación social, la asignación de plazas debe realizarse en eventos públicos, transparentes y que presenten información completa, confiable y actualizada sobre las plazas vacantes, los resultados de la valoración de los aspirantes y la asignación resultante. Estos eventos deben contemplar la participación de todos los integrantes de las comunidades escolares, los sistemas anticorrupción, la sociedad civil y otros actores interesados.
  • Cumplir con la responsabilidad estatal de formar y acompañar a los docentes en su trayectoria profesional. La planificación de la oferta de formación inicial y continua debe realizarse usando los resultados de las evaluaciones diagnósticas de los docentes y los alumnos como evidencia, para asegurar su pertinencia y utilidad. Las propuestas de criterios e indicadores que realizan los estados a la federación, respecto a los estándares que los docentes y directivos deben alcanzar, deben estar alineados con la formación y acompañamiento al que tienen acceso efectivo los docentes. No es justo exigir a los docentes en aspectos en los que no se les formó ni se les apoyó para capacitarse.
  • Fortalecer los sistemas estatales de información y datos del sistema educativo. Para que los sistemas estatales de información centralicen los procesos de recolección de información y reduzcan las cargas administrativas es necesario continuar su fortalecimiento técnico y operativo, así como su vinculación con las plataformas federales análogas. Los datos que estos sistemas generan son un insumo crucial para la planeación, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas, por lo que deben ser accesibles al público de manera oportuna y en formatos abiertos.
  • Generar y publicar información oportuna, confiable y sistemática sobre la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los planteles escolares. Contar con diagnósticos del estado real de la infraestructura educativa es fundamental para posibilitar una planeación eficaz, transparente y equitativa de los recursos disponibles. Estos datos también son evidencia necesaria para los procesos de evaluación y rendición de cuentas de las políticas de infraestructura educativa.
  • Establecer sistemas efectivos de comunicación con todos los integrantes de las comunidades escolares. Los mecanismos de comunicación dentro de las comunidades escolares deben hacer uso tanto de innovaciones tecnológicas como de alternativas accesibles para poblaciones con acceso digital restringido. Su diseño debe permitir que los padres de familia y maestros puedan interactuar, presentar y dar seguimiento a comentarios, quejas o denuncias respecto del servicio educativo, así como difundir y facilitar el procesamiento de documentos y trámites escolares.

[1] Gobierno de México-COVID-19, “Documentos de Consulta para el Personal de Salud”, Personal de salud, https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/ (Consultado el 29/04/2020).

[2] Se pueden consultar más propuestas al respecto en la sección IMCO Propone del subíndice de Mercado de factores.

[3] OCDE. 2017. “Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género”. https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf (Consultado 04/03/2020).

[4] En el “Catálogo de Mejores Prácticas Vida-Trabajo” se pueden consultar ejemplos reales de este tipo de prácticas, las cuales no siempre implican costos elevados.

[5] David E. Blomm y David Canning, Commission on Growth and Development, Population Health and Economic Growth (Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2008), https://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_24_Population_Health_Economic_Growth.pdf (Consultado el 05/03/2020).

[6] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Caring for Quality in Health: Lessons learnt from 15 reviews of health care quality. (OCDE, 2017) http://www.oecd.org/els/health-systems/Caring-for-Quality-in-Health-Final-report.pdf (Consultado el 05/03/2020).

IV. SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL

¿Qué mide?

El subíndice Sistema político estable y funcional (Sistema político) mide la calidad de los sistemas políticos estatales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público en sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. En este sentido, el subíndice analizado incorpora indicadores sobre la incidencia y percepción de corrupción, la participación, la competencia electoral y las libertades civiles.


La mejor entidad (2018)

Colima

En 2018, Colima alcanzó el primer lugar en este subíndice ya que se ubicó dentro de las primeras 10 posiciones en seis de los 10 indicadores analizados. Resalta por ser el estado con la menor incidencia de corrupción en 2018, al reportar 12 mil 601 actos de corrupción de servidores públicos por cada 100 mil habitantes (la mitad que el promedio estatal de 25 mil 179 actos). A pesar de que cerca del 83% de la población adulta consideró que las prácticas corruptas en los partidos políticos fueron frecuentes y muy frecuentes, fue el segundo estado con la menor percepción de corrupción en partidos políticos, pues el promedio en el resto del país fue del 89%. Además, fue una de las ocho entidades que reconoció en su legislación el matrimonio igualitario.

Contrario a su buen desempeño en la mayoría de los indicadores de este subíndice, fue una de las 11 entidades del país que impuso las mayores barreras a los candidatos independientes al cargo de gobernador del estado respecto al número de firmas requeridas para poder registrar sus candidaturas (el 3% de la lista nominal): 2.75 puntos porcentuales más que la mejor entidad en este indicador (Chiapas).

La peor entidad (2018)

Sonora

El desempeño de esta entidad durante 2018 la ubicó en la última posición en este subíndice. En términos relativos, obtuvo el peor resultado en cuatro de los 10 indicadores que componen el subíndice. Fue el estado con la mayor incidencia en corrupción al reportar 61 mil 652 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes (2.4 veces más que el promedio) y la menor participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 con una votación del 52% de los ciudadanos registrados en la lista nominal.

Al igual que otras 23 entidades del país, no consideró la figura del matrimonio igualitario en su legislación local. Junto con otros 10 estados, impuso las mayores barreras a candidatos independientes al puesto de gobernador, al requerir para su registro un número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal de la entidad.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica IV.1 Posiciones y cambios del subíndice Sistema político

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa IV.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sistema político

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla IV.1 Resultados generales por indicador del subíndice Sistema político

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Percepción de corrupción estatal

  • En promedio, en 2017 el 89% de la población adulta que habitaba en zonas urbanas del país percibió como frecuentes y muy frecuentes las prácticas corruptas en el gobierno de su estado: nueve puntos porcentuales más que la proporción observada en 2011 (80%).
  • En la CDMX el 96% de la población mayor de edad percibió como frecuentes y muy frecuentes las prácticas de corrupción en la entidad durante 2017. En cambio, en Yucatán la percepción de corrupción en el estado solo la compartió el 75% de las personas de 18 años y más.

Consulta de información de finanzas públicas

  • Durante 2017, menos del 22% de la población adulta en las distintas entidades federativas consultó las páginas de internet del Gobierno (federal, estatal o municipal) para conocer información sobre los programas que realiza o el uso de los recursos y el dinero público.

Barreras a candidatos independientes

  • Mientras que en 11 entidades se requirió un número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal de cada entidad para que los candidatos independientes pudieran registrar sus candidaturas al puesto de gobernador en 2018, en Chiapas únicamente se necesitó del 0.25%.

Matrimonio igualitario 

  • En 2016 solo ocho entidades reconocían en su legislación local el matrimonio igualitario: Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y la CDMX. Desde entonces y hasta 2018 esta cifra no ha aumentado.

Agresiones a periodistas

  • En 2018 se registraron 542 agresiones a periodistas en el país. Las cinco entidades en donde fue más peligroso ejercer la libertad de prensa fueron Veracruz (57), Coahuila (47), Puebla (45), la CDMX (40) y Oaxaca (39) al concentrar el 42% del total de agresiones.
  • Durango fue la única entidad federativa del país que no registró agresiones a periodistas durante 2018.

Imco propone

Un sistema político democrático y con contrapesos es clave para un México competitivo. En el presente subíndice se desarrolla un conjunto de propuestas que buscan impulsar la competitividad y efectividad de los gobiernos estatales, a partir de mecanismos que también inciden en el mejoramiento de la participación y percepción ciudadana. A continuación, se presentan las recomendaciones:

  • Crear oficinas de presupuestos en los congresos. Los poderes legislativos locales cuentan con obligaciones importantes en materia de finanzas públicas. Específicamente, tienen a su cargo funciones presupuestarias, de monitoreo y revisión. Deben autorizar la contratación de deuda pública, previo a un análisis de capacidad de pago, así como la ejecución de proyectos de prestación de servicios; analizar y aprobar las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos, además de establecer y legislar las contribuciones fiscales en su entidad federativa.

A pesar de estas responsabilidades, los legisladores carecen de instrumentos que les permitan llevar a cabo estas funciones de manera correcta. Por ello, los poderes ejecutivos locales en el ciclo de las finanzas públicas han ejercido sus funciones de manera discrecional, sin supervisión y, en la mayoría de los casos, con irresponsabilidad y sin información.

Ante estas deficiencias, es necesaria la creación de oficinas de presupuestos profesionales, independientes, técnicas y apartidistas que supervisen el manejo de las finanzas por parte de los gobiernos estatales y que brinden los insumos necesarios a los legisladores para una toma de decisiones más informada.

  • Robustecer la función presupuestaria de los poderes legislativos locales. A través del IIEG, el IMCO ha documentado la mala planeación de los recursos públicos: una subestimación de ingresos, un sobreejercicio de recursos y variaciones injustificadas entre lo aprobado y lo ejercido.

Esta mala planeación se refleja en una pérdida de credibilidad de los presupuestos de egresos y fomenta la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas por parte de los gobernadores.

Para reducir el uso discrecional e injustificado del gasto público, deben incorporarse límites a las variaciones del gasto en los marcos normativos de las entidades federativas, incluyendo casos específicos en los que se requiera la autorización de la legislatura local. De igual forma, es necesaria la vinculación real entre los resultados de las evaluaciones de impacto y la asignación de recursos en los ejercicios fiscales siguientes.

  • Prohibir el gasto en ayudas sociales en las legislaturas estatales.En los últimos años, el IMCO ha documentado, a través del Informe Legislativo, la mala práctica de los congresos locales de ejercer recursos públicos en funciones que no les corresponden. En tan solo tres años (2016-2018), los órganos legislativos reportaron un gasto en este concepto superior a los 5 mil millones de pesos.[1] Estos recursos fueron ejercidos discrecionalmente por los legisladores y destinados a ayudas sociales y otros conceptos.

El acceder a recursos sin un fin específico o sin reglas de operación es una mala práctica, misma que se agrava cuando genera una competencia electoral inequitativa entre candidatos sin cargos públicos. El riesgo de corrupción se eleva cuando los legisladores buscan la reelección, pues estos últimos disponen de una cantidad de recursos públicos para propósitos sociales que pueden favorecer sustancialmente su candidatura en el proceso electoral.

Para garantizar elecciones justas y equitativas, la legislación estatal debe prohibir expresamente el ejercicio de recursos públicos en lassedesoles legislativas o ayudas sociales de los congresos y de cualquier otro concepto que le permita a los legisladores la entrega a la población de dinero en efectivo o en especie.

  • Establecer la segunda vuelta en las elecciones de gobernador. Desde 2001 han existido 103 comicios en los que se ha elegido al titular del Poder Ejecutivo local. Hasta 2012, en el 42% de las elecciones, el candidato ganador obtuvo más del 50% de los votos emitidos. Sin embargo, desde 2013 se han celebrado 37 elecciones a gobernador, pero en 15 de ellas la candidatura ganadora no superó el 40% de los votos emitidos y solo en cuatro obtuvo más de la mitad de los votos.[2]

Si bien, resulta positivo que en los estados la competencia electoral se haya acentuado, esto tiene como consecuencia que existan gobernadores electos con menos de una tercera parte de los votos.[3]

Establecer la segunda vuelta electoral dotaría de mayor legitimidad al candidato ganador y podría reducir los conflictos post electorales al tener candidatos con el respaldo de la mayoría de los electores. Para esto, es necesario que las legislaturas locales aprueben reformas a sus constituciones locales para que, en el caso de que ningún candidato a gobernador o jefe de gobierno alcance un porcentaje superior al 50% de los votos, se convoque a una nueva elección entre los dos candidatos más votados.

Esto puede encarecer los procesos electorales, pero también pueden establecerse excepciones como sucede en otros sistemas. Por ejemplo, no sería necesario convocar a una segunda vuelta cuando la candidatura más votada obtenga al menos el 40% de los votos y exista una diferencia superior a 10 puntos porcentuales respecto a la candidatura que quede en segundo lugar.

  • Disminuir el financiamiento a los partidos políticos. Además del financiamiento federal que reciben los partidos políticos, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) también les asignan recursos públicos a nivel estatal.

En 2019, el financiamiento público estatal para los partidos políticos fue superior a los 4 mil 500 millones de pesos[4] (a pesar de que solo en cinco estados se celebraron elecciones locales).[5] Esta cifra no es menor si se considera que el gasto en subsidios para el programa federal de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras fue de 3 mil 556 millones de pesos en 2018.[6]

Es necesario que las legislaturas de las entidades federativas reformen sus leyes electorales para cambiar las fórmulas de financiamiento público de los partidos políticos a nivel estatal y redireccionar el gasto público hacia las prioridades del estado. Esta reforma electoral ya sucedió en Jalisco y los cambios son evidentes. Al comparar dos años no electorales, la diferencia presupuestal es notable: en 2016, las prerrogativas a partidos políticos en Jalisco fueron de 260.7 millones de pesos, mientras que en 2019 fueron de 99.6 millones de pesos.[7] Los 161 millones de diferencia podrían cubrir en un 83% el gasto del programa de estancias infantiles en Jalisco.[8]

  • Reducir el porcentaje de firmas para candidaturas independientes en las entidades federativas. Si bien, la legislación electoral de las 32 entidades federativas prevé que los ciudadanos pueden postularse a cargos de elección popular de manera independiente a los partidos políticos, aún persisten disposiciones legales que vuelven imposible ejercer este derecho.

Las reglas de las candidaturas independientes están delegadas a los órganos legislativos locales, por lo que hay una diversidad de criterios según el estado del que se trate. En este sentido, los legisladores locales deben modificar las leyes en esta materia para eliminar o modificar aquellos principios que dificultan el derecho a ser votado a través de esta figura.

Las entidades federativas que, comparadas con el promedio, tengan un periodo reducido de tiempo para la recolección de firmas, exijan determinada cobertura territorial, o sea necesario un porcentaje superior a lo solicitado a nivel federal[9] deberán ajustar su marco normativo para facilitar la participación de ciudadanos apartidistas en los procesos electorales.

  • Prohibir el dinero en efectivo en las campañas electorales. El dinero en efectivo es el mejor vehículo para desarrollar campañas electorales fuera de la legalidad: facilita el desvío de recursos públicos para estos fines, favorece la intromisión de recursos de procedencia ilícita, dificulta su rastreo y fiscalización, y complica comprobar el destino de los gastos de campaña.

Las leyes electorales deben prever que las erogaciones derivadas de cualquier tipo de gasto de campaña, y en general cualquier gasto que ejerzan los partidos políticos, se efectúe únicamente por medio de depósitos o transferencias, lo que permite auditorías más eficaces. Además de reducir enormes espacios de ilegalidad en las campañas electorales, eliminar el uso de efectivo puede propiciar una competencia electoral más equitativa, pues aquellas candidaturas que actualmente se apegan a la ley en términos de gastos de campaña están en desventaja frente aquellas que no lo hacen.


[1] Elaborado por el IMCOcon información del Informe Legislativo (varios años).

[2] Elaborado por el IMCO con información de los institutos electorales locales.

[3] Oaxaca y Tlaxcala en 2016.

[4] Presupuestos de egresos de las entidades federativas, 2019.

[5] Además del financiamiento público estatal que reciben los partidos políticos, cuando hay renovación de poderes en la entidad federativa se les asignan recursos para gastos de campaña equivalente a un 30-50% de su financiamiento ordinario.

[6] SHCP, Cuenta Pública federal 2018, https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018 (Consultado el 12/03/20).

[7] Presupuesto de egresos del estado de Jalisco, 2016 y 2019.

[8] Solicitud de información. En 2018, se devengaron 192.1 millones de pesos en subsidios de este programa en Jalisco.

[9] Para la candidatura independiente para el cargo del Poder Ejecutivo federal es necesario al menos el 1% de la lista nominal, a nivel estatal solo cinco entidades exigen un porcentaje igual o menor.

V. GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES

¿Qué mide?

El subíndice Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) mide la forma en la que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus entidades. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas que fomentan el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera indicadores sobre la capacidad de los gobiernos para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.


La mejor entidad (2018)

Querétaro

Por segundo año consecutivo, Querétaro obtuvo el primer lugar en este subíndice. Se ubicó en las primeras cinco posiciones en tres de los nueve indicadores analizados. Fue la entidad con el mayor acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos, pues el 41% de los adultos interactuó con el Gobierno a través de estos medios (14 puntos porcentuales más que el promedio). Además, fue la segunda entidad con la mayor facilidad para registrar una propiedad y la quinta para abrir una empresa.

Sin embargo, a pesar de su buen desempeño en la mayoría de los indicadores, Querétaro tuvo un rendimiento desfavorable, en comparación al promedio, en dos de ellos: hogares que se surten de agua por pipa y accesibilidad para silla de ruedas. En dichos indicadores se ubicó en las posiciones 22 y 14, respectivamente.

La peor entidad (2018)

Guerrero

Desde 2013, Guerrero presenta el peor desempeño en este subíndice. Su resultado en 2018 se debe a que la entidad ocupó el antepenúltimo o último lugar en siete de los nueve indicadores analizados. Se ubicó en la posición 30 en transparencia presupuestaria, de acuerdo con el IIPE. Asimismo, obtuvo esta misma posición en los indicadores de hogares que se surten de agua por pipa (el 5% de los hogares accedió a agua a través de este mecanismo), informalidad laboral (el 78% de la población ocupada se encontró en esta condición) e interacción con el Gobierno por medios electrónicos (solo el 21% de los adultos interactuó con el Gobierno estatal por esta vía).

A su vez, ocupó la última posición en los indicadores de ingresos propios, al generar por cuenta propia solo el 2.4% de sus ingresos totales, accesibilidad en silla de ruedas (únicamente el 3.2% de las manzanas en zonas urbanas fue accesible para personas en silla de ruedas) y registro de la propiedad.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica V.1 Posiciones y cambios del subíndice Gobiernos

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa V.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Gobiernos

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla V.1 Resultados generales por indicador del subíndice Gobiernos

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Interacción con el Gobierno por medios electrónicos

  • En promedio, en 2017, el 27% de los adultos que habitaba en zonas urbanas interactuó al menos una vez con su Gobierno estatal por medios electrónicos. En Querétaro esta proporción fue del 41%, mientras que en Guanajuato fue de apenas del 18%.

Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE)

  • En 2017 las entidades de Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco y Puebla, obtuvieron el primer lugar en el IIPE al cumplir el total de los criterios evaluados en materia de calidad de la información de sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos.

Ingresos propios

  • En 2018, la CDMX generó por sí misma el 41% de sus ingresos vía impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. Esto representa 22 puntos porcentuales más que la segunda mejor entidad en este indicador: Chihuahua (19%).
  • En 2018, las entidades con mayor dependencia de las transferencias del Gobierno federal y la contratación de deuda al generar por cuenta propia menos del 5% de sus ingresos totales fueron Morelos (4.9%), Veracruz (4.9%), Nayarit (4.7%) y Guerrero (2.4%).

Apertura de una empresa

  • En 2016, Nuevo León fue la entidad con la mayor facilidad para abrir una empresa en términos del número de trámites, tiempos, costos y requisitos de capital mínimo pagado. Por el contrario, Quintana Roo fue el estado con la mayor dificultad para abrir un negocio.

Accesibilidad para silla de ruedas

  • En 2014 solamente el 16% de las manzanas en las zonas urbanas del país tenían rampas en alguna o todas sus vialidades circundantes para permitir el acceso y movilidad de personas en silla de ruedas. En ninguna entidad esta proporción superó el 47%.

Informalidad laboral

  • En 2018 el 81% de la población ocupada en el estado de Oaxaca estaba en condición de informalidad, mientras que en las demás entidades dicha proporción fue del 56%, en promedio.

IMCO Propone

Las actividades económicas de las y los ciudadanos, así como de las empresas, no suceden en un vacío, sino que se ven afectadas por las acciones y regulaciones del Gobierno. La presencia o ausencia de políticas públicas destinadas a fomentar el desarrollo económico influye en la competitividad de los estados, la cual se ve beneficiada cuando el Gobierno es capaz de generar condiciones óptimas para el desarrollo económico al eliminar las barreras en la inversión y hacer negocios, garantizar un entorno libre de corrupción, realizar inversiones públicas de calidad y facilitar la interacción con sus ciudadanos mediante la innovación y uso de tecnologías.

Compras y obras públicas

  • Ligar la planeación de la obra pública estatal a los objetivos y prioridades establecidos en el PED. La obra pública realizada por los gobiernos estatales debe ser independiente del ciclo político, por lo que también debe considerar los Planes Sectoriales y Regionales, así como las necesidades de la ciudadanía a largo plazo.
  • Promover la libre competencia en los procesos de compra y obra pública. Es fundamental asegurar que todos los posibles proveedores se encuentren en igualdad de condiciones para participar y competir. De esta manera, los gobiernos reciben propuestas más solventes y de mayor calidad ya que, al tener que competir con otras empresas, la probabilidad de presentar una propuesta asequible y competitiva es mayor.
  • Identificar y sustentar la necesidad y viabilidad de todas las compras.Es importante reconocer el bien o servicio que se desea adquirir según una evaluación de las carencias de la dependencia de gobierno correspondiente. De igual forma, debe realizarse el análisis de impacto social y ambiental, así como un plan de adquisiciones alineado a las estrategias y acciones que se deben llevar a cabo.
  • Priorizar las licitaciones públicas en las compras del Gobierno. Mejorar los procesos de planeación, monitoreo, seguimiento y contratación de las compras públicas con especial énfasis en la disminución del uso de adjudicaciones directas.
  • Justificar de manera rigurosa el fundamento legal de excepción a una licitación pública. Es importante generar y publicar el dictamen de excepción en el que se explique por qué se realizó un proceso de excepción, adjudicación directa o invitación restringida, en vez de un proceso competido.
  • Uso de plataformas de compras públicas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, el control y la vigilancia en las compras públicas estatales.El desarrollo y aplicación de herramientas para monitorear toda la información pública es fundamental para identificar las etapas, las fallas y las posibles soluciones. Estos medios pueden ser plataformas electrónicas que incluyan la planeación, conducción y monitoreo de las compras públicas de forma abierta y en tiempo real.
  • Transparentar y actualizar los documentos de una compra pública. Para facilitar la detección de riesgos en un proceso de compra pública, es necesario que las dependencias del Gobierno transparenten, al menos, los siguientes documentos:
    • Dictamen de excepción
    • Análisis o investigación de mercado
    • Convocatoria y/o invitación para participar en el proceso
    • Bases y catálogo de conceptos
    • Anexo técnico
    • Acta de apertura de propuestas
    • Dictamen del fallo de adjudicación
    • Contrato
    • Oficio de suficiencia presupuestal
    • Finiquito

Facilidad para invertir y hacer negocios en el entorno estatal

  • Promover el desarrollo y uso de herramientas electrónicas para la simplificación, monitoreo y gestión de procesos estatales y municipales. Esto debe basarse en los principios de Gobierno Abierto: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnología e innovación. Específicamente se propone:
  • Generar y utilizar herramientas electrónicas para reducir espacios de discrecionalidad entre el Gobierno y la ciudadanía. Incorporar el uso de nuevas tecnologías e impulsar el uso de datos y herramientas electrónicas elimina los espacios de interacción entre la ciudadanía y las autoridades, lo que permite minimizar las oportunidades para realizar actos de corrupción como la extorsión o el soborno.
  • Fomentar la apertura y uso de los datos públicos.  El uso de la información pública debe ser accionable y útil. Por lo tanto, es fundamental promover el desarrollo de portales de datos abiertos para la ciudadanía. De igual forma, crear los incentivos adecuados para que las dependencias del gobierno incorporen la información generada en sus estrategias y rutas de acción.
  • Promover la transparencia y simplificación de trámites. Reducir la carga regulatoria que impide el crecimiento económico, la apertura de empresas y la productividad. Para esto, es necesario eliminar los trámites y requisitos excesivos, simplificar el proceso para realizarlos y garantizar que los beneficios de las regulaciones propuestas sean mayores que sus costos.
  • Generar políticas de creación de empleos formales. La simplificación regulatoria a través del pago de impuestos en línea y los incentivos al primer empleo formal son pasos importantes para el desarrollo económico y el impulso a la productividad de las empresas mexicanas.
  • Publicar información sobre las ventajas competitivas del estado para brindar mayor información y certidumbre a potenciales inversionistas. El entorno geográfico, político, económico, regulatorio, social y de seguridad, influye en el costo y flexibilidad para hacer negocios. Por lo tanto, es importante que los gobiernos estatales generen información sobre estos temas, la compilen y publiquen de manera que sea accesible a las personas y socios comerciales.

Interacción con el Gobierno por medios electrónicos

  • Implementar herramientas tecnológicas que promuevan la participación e inclusión ciudadana. Es importante reconocer los esfuerzos de la sociedad civil y los gobiernos estatales que han invertido en tecnologías para el monitoreo de los recursos, compras públicas y proyectos de infraestructura. Sin embargo, estas plataformas electrónicas deben contar con información accionable, útil y de valor público, así como un seguimiento por parte de las autoridades.
  • Eliminar la hoja de papel y generar bases de datos estructuradas. El uso y análisis de los datos estructurados puede ser un gran insumo para el diseño y elaboración de propuestas de política pública, especialmente para aquellas acciones con un enfoque de prevención, detección y sanción de prácticas de corrupción.
  • Promover la transparencia presupuestaria. Es esencial contar con información suficiente que permita conocer los planes y acciones del Gobierno en materia presupuestaria. De esta forma, es posible identificar cómo se elabora el presupuesto, a dónde va el dinero y cómo fue ejercido.

Gobiernos inclusivos

  • Incluir en las administraciones estatales una instancia dedicada a incorporar la perspectiva de discapacidad de forma transversal en la toma de decisiones. A pesar de que a nivel federal se otorga una pensión para las PCD, esto no genera oportunidades (en el mercado laboral, en la planeación de ciudades o en educación, entre otros) para quienes tienen esta condición. Por ello, las entidades deben poseer instancias especializadas para diseñar políticas públicas destinadas a esta población y ofrecer recomendaciones a todas las áreas del Gobierno para que incorporen las necesidades de estos grupos de manera transversal. Además, esta instancia debe contar con el presupuesto suficiente para lograr un impacto y tener continuidad entre administraciones. Un ejemplo a nivel local es el Ingudis, que en 2020 tuvo un presupuesto 168% mayor[1] al del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

[1] En 2020, el presupuesto del Conadis fue de 33,559,804 pesos, mientras que el del Ingudis ascendió a 89,856,744 pesos.

VI. MERCADO DE FACTORES EFICIENTE

¿Qué mide?

El subíndice Mercado de factores eficiente (Mercado de factores) mide la eficiencia del trabajo, uno de los principales factores de la producción. La eficiencia del mercado laboral en México depende de condiciones como la distribución del ingreso y la igualdad salarial, así como del desarrollo de capacidades y conocimientos a través de capacitaciones y el desarrollo del sector educativo. Estos elementos determinan el nivel de competitividad laboral y generan condiciones para la atracción y retención de talento e inversión.


La mejor entidad (2018)

Querétaro

Querétaro obtuvo el primer lugar en este subíndice por cuarto año consecutivo, al colocarse en las primeras 10 posiciones en cinco de los ocho indicadores que lo integran. Destacó particularmente en dos de ellos: población foránea con educación superior y desigualdad salarial. En relación con el primer indicador, Querétaro fue la segunda entidad más atractiva del país para la población con educación superior, pues cuatro de cada 10 personas foráneas que habitaban en la entidad en 2018 contaban con este nivel académico. En cuanto al segundo indicador, fue la segunda entidad con la menor desigualdad salarial: por cada persona que ganó dos o más salarios mínimos al mes hubo 0.45 que ganaron menos de dos salarios mínimos mensuales (0.77 menos que el promedio nacional).

Sin embargo, contrario a su buen desempeño en la mayoría de los indicadores del subíndice, esta entidad ocupó la posición 25 en el indicador de eficiencia terminal en secundaria (84%).

La peor entidad (2018)

Chiapas

Desde 2001 Chiapas ha tenido el desempeño más bajo en este subíndice. En 2018 se ubicó en la última posición en la mitad de los ocho indicadores que lo integran. Fue la entidad en la que los trabajadores de tiempo completo percibieron el menor ingreso promedio: 4 mil 311 pesos al mes (casi 2 mil 500 pesos menos que el promedio nacional). También fue el estado con la mayor desigualdad salarial, pues por cada persona que ganó dos o más salarios mínimos al mes hubo cerca de cuatro que ganaron menos de dos salarios mínimos mensuales.

A su vez, tuvo la menor absorción en educación superior (33%) y la mayor proporción de personas que trabajaron y recibieron ingresos por debajo de la línea de bienestar (22% de su población económicamente activa). Por el contrario, el indicador en el que mejor se posicionó (lugar 11) fue el de población foránea con educación superior (30%).

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica VI.1 Posiciones y cambios del subíndice Mercado de factores

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VI.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Mercado de factores

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla VI.1 Resultados generales por indicador del subíndice Mercado de factores

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo

  • En promedio, el ingreso mensual de los trabajadores de tiempo completo en las entidades federativas aumentó un 10% entre 2016 y 2018, al pasar de 6 mil 202 a 6 mil 806 pesos al mes. En dicho lapso, el ingreso promedio mensual en San Luis Potosí fue el que más creció (16%).
  • Aunque en los últimos 10 años (2008-2018) el ingreso promedio mensual de los trabajadores de tiempo completo en Chiapas creció un 43%, al pasar de 3 mil 13 pesos a 4 mil 311 pesos, en 2018 dicho ingreso fue el menor del país: estuvo un 37% por debajo de la media nacional.

Desigualdad salarial

  • En los últimos 10 años (2008-2018), la desigualdad salarial promedio en México se incrementó. Mientras que en 2008 por cada persona que ganaba dos o más salarios mínimos al mes había un 0.8 que ganaban menos de dos salarios, en 2018 esta proporción aumentó a 1.2 personas.
  • En 15 entidades federativas el número de personas que ganaron dos o más salarios mínimos al mes, durante 2018, fue superior al de las personas que ganaron menos de dos salarios mínimos.
  • Chiapas fue el estado con la mayor desigualdad en 2018: por cada persona que ganó dos o más salarios mínimos al mes hubo casi cuatro que ganaron menos de dos salarios mínimos mensuales.

Personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar

  • En 2018 los estados con el mayor porcentaje de la población económicamente activa con ingresos por debajo de la línea de pobreza fueron Chiapas (22%), Oaxaca (14%), Guerrero (9%) y Campeche (8%).

Eficiencia terminal en secundaria

  • Entre 2014 y 2018 la eficiencia terminal en secundaria se mantuvo prácticamente igual al pasar de un promedio del 85.5% al 86.1%. No obstante, en algunas entidades hubo cambios significativos: en Michoacán cayó 13 puntos porcentuales (del 90% al 77%) y en Morelos creció nueve puntos (del 78% al 87%).

Eficiencia terminal en preparatoria

  • En promedio, desde hace 10 años (2008-2018), la tasa de eficiencia terminal en secundaria (85%) en el país ha sido alrededor de 20 puntos porcentuales superior a la tasa de eficiencia terminal en preparatoria (64%).
  • Entre 2014 y 2018 la eficiencia terminal en preparatoria se redujo al pasar de un promedio del 67% al 65%. Durante este periodo destaca una caída significativa (en puntos porcentuales) en tres entidades: CDMX (-19), Jalisco (-16) y Morelos (-13).

Absorción en educación superior

  • En 2018 las entidades con la mayor absorción en educación superior fueron Aguascalientes (107%), Sonora (103%) y Sinaloa (100%) con tasas superiores al 100%. Dicho fenómeno se explica por la atracción de estudiantes foráneos.
  • En 18 años la absorción en educación superior en Chiapas se redujo significativamente. Mientras que en 2001 el 53% de los estudiantes que terminaron la preparatoria (en ese año) se incorporaron a la educación superior, en 2018 solamente el 33% lo hizo.
  • En el transcurso de 10 años (2008-2018) la tasa promedio de absorción en educación superior en el país se redujo siete puntos porcentuales al pasar del 82%, en 2008, al 75% en 2018. Durante este periodo la tasa de absorción disminuyó en 22 de las 32 entidades federativas.

Población foránea con educación superior

  • Desde 2005, Yucatán y Querétaro han sido las entidades más atractivas para la población foránea con educación superior. En 2018, cuatro de cada 10 personas foráneas que habitaban en dichas entidades contaban con ese nivel educativo.

Capacitación laboral

  • En 2018 los estados con la mayor proporción de trabajadores que recibieron capacitación laboral en ese año (como porcentaje de la PEA) fueron Sinaloa (10.7%), Hidalgo (8.6%) y Campeche (8.5%).

Imco propone

La eficiencia y productividad de la fuerza laboral determina los niveles de competitividad y prosperidad de las sociedades y economías locales. Uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico regional es el desempeño del mercado laboral. La capacitación y el desarrollo del capital humano elevan la productividad e ingresos de las personas que trabajan. La justicia laboral ofrece certeza a las relaciones de trabajo, mientras que una mayor participación de las mujeres en la economía genera inclusión y desarrollo. Con el objetivo de promover un mejor desempeño de los mercados laborales a nivel estatal, el IMCO propone lo siguiente:

Vinculación educativa con el mercado laboral

  • Incrementar la información pública sobre las expectativas de empleabilidad, rentabilidad, formalidad y salarios de ocupaciones y carreras universitarias. Esta información permitirá a los jóvenes conocer las expectativas laborales de las distintas opciones de educación superior. Plataformas como Compara Carreras[1] ayudan a los estudiantes a tomar mejores decisiones sobre los prospectos económicos y laborales de aproximadamente 100 carreras universitarias y técnicas, además de brindar información sobre la oferta educativa existente desde bachillerato hasta licenciatura.
  • Recabar y publicar estadísticas de seguimiento de egresados de todas las instituciones estatales de educación técnica, superior y capacitación para el trabajo. Es necesario elaborar indicadores de empleabilidad de manera anual y obligatoria mediante encuestas. Además, su publicación debe realizarse por medio de un sistema integral, homologado y de acceso público. La falta de indicadores públicos de calidad en el sector de educación técnica y superior dificulta que los estudiantes, las organizaciones educativas y las autoridades tomen mejores decisiones respecto a las inversiones en capital humano y permiten la proliferación de escuelas de baja calidad.
  • Vincular la educación técnica y superior con las necesidades del sector productivo. La oferta de educación técnica debe ser pertinente para elevar los prospectos laborales de los jóvenes y necesita responder a las necesidades particulares de cada región del país. La colaboración institucional tripartita debe actualizar e innovar planes de estudio para asegurar que los egresados técnicos y universitarios adquieran las habilidades que buscan los empleadores de su sector. Para ello, también es necesario definir y priorizar planes de estudio en educación media superior, superior y capacitación para el trabajo con base en las habilidades productivas y sociales más demandadas por el mercado laboral.

Participación laboral de las mujeres[2]

  • Establecer licencias de paternidad irrenunciables y de mayor duración. Actualmente, las madres trabajadoras gozan de un descanso de siete semanas anteriores y siete posteriores al parto, mientras que los padres únicamente tienen derecho a cinco días. Esta disparidad entre los tiempos de descanso envía una señal al mercado laboral: es más costoso emplear a una mujer que a un hombre, en particular, cuando deciden formar una familia. Para eliminar estas diferencias, se propone hacer irrenunciables las licencias de paternidad, que éstas se paguen con recursos públicos y que se amplíe su duración de cinco a 10 días hábiles.
  • Reformar el artículo 201 de la Ley del Seguro Social para permitir que los padres de familia, independientemente de su estado civil, puedan acceder a servicios de guardería. La reforma es necesaria para otorgar el derecho de estancias infantiles a cualquier trabajador afiliado y no solo a mujeres trabajadoras, trabajadores viudos o trabajadores divorciados.
  • Establecer un programa de estancias infantiles gratuitas para hogares monoparentales. Las estancias infantiles ofrecen un servicio integral de cuidado que no puede ser sustituido por transferencias directas a las jefas y jefes de familia. Estos programas son especialmente valiosos para los hogares monoparentales, en los que usualmente la jefa de familia es una mujer. Dado lo anterior, proporcionar estancias infantiles gratuitas para este sector poblacional garantiza que las mujeres tengan más opciones para lograr insertarse en el mercado laboral y permite que la educación inicial de los menores no esté condicionada a la situación laboral de las mujeres.
  • Incentivar la participación laboral femenina en áreas consideradas no tradicionales para ellas. Los programas de capacitación en actividades técnicas, o becas en carreras relacionadas con ciencias duras, ingenierías o matemáticas, son acciones que se mueven en este sentido.
  • Diseñar convocatorias para puestos de dirección y coordinación dirigidas solo a mujeres.Garantizar la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones de una organización asegura que éstas se articulen con enfoque de género e impacten sobre la satisfacción de las trabajadoras y el ambiente laboral.
  • Aplicar políticas de integración vida-trabajo en las organizaciones. Flexibilizar las condiciones de trabajo de las mujeres ayuda a generar incentivos para mejorar su productividad, atribuir mayor valor a su espacio de trabajo y reducir las tasas de rotación.
  • Aplicar políticas de inclusión financiera que incorporen la perspectiva de género en sus análisis de riesgo crediticio. Así, las mujeres tendrán una mayor posibilidad para acceder a un crédito en caso de querer iniciar un negocio.
  • Generar incentivos fiscales que reduzcan los costos de la afiliación al IMSS de segundos y terceros miembros de familia.

Participación laboral de las personas con discapacidad

  • Otorgar estímulos fiscales en el pago del impuesto sobre la nómina (ISN) a las empresas que contraten y realicen inversiones en el lugar de trabajo en beneficio de las PCD. De acuerdo con datos del Inegi, en 2014 solamente cuatro de cada 10 personas (de 15 años y más) con discapacidad participaron en el mercado laboral.[3] Por ello, para impulsar la participación plena y efectiva de las PCD en el mercado laboral formal y reducir su dependencia económica, se propone que los gobiernos estatales ofrezcan estímulos de diversa naturaleza a las empresas que las contraten, así como a aquellas que acondicionen el lugar de trabajo para que éstas puedan desempeñarse adecuadamente. Dichos estímulos serían análogos a los que actualmente ofrece el Gobierno federal para el caso del Impuesto sobre la Renta (ISR):[4]
  • Deducir del pago del ISN un porcentaje del salario de las PCD que sean empleadas por las empresas. Dicho estímulo consiste en poder deducir, de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la nómina (que actualmente recaudan las 32 entidades federativas) por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente a un porcentaje del salario efectivamente pagado a las personas que tengan alguna discapacidad. A finales de 2019, el Congreso del estado de Guanajuato aprobó una modificación a la Ley de Hacienda del estado en este sentido, al permitir la deducción del 100% del ISN determinado a pagar respecto de estos trabajadores.
  • Deducir del pago del ISN el costo de la inversión en activos fijos que realicen las empresas en beneficio de las PCD. Las empresas podrían deducir del pago del ISN el 100% del costo de las adaptaciones que se realicen al lugar de trabajo que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo para que dichas adaptaciones le faciliten a las personas con discapacidad el acceso y el uso de las instalaciones de la empresa.

En ambos casos podría acreditarse la discapacidad del trabajador mediante el Certificado de Discapacidad que actualmente expide el IMSS para la deducción del ISR.[5]

Productividad y pensiones

  • Aumentar la inversión en capital humano y programas de capacitación.Es posible incrementar la productividad de los trabajadores mediante incentivos fiscales y un mayor gasto en programas de capacitación laboral. La acumulación de capital humano en la fuerza laboral es la herramienta más poderosa para aumentar su productividad y, en consecuencia, sus salarios.
  • Cambiar la estructura de financiamiento de los fondos públicos de pensiones. Los estados deben cabildear de manera activa en el Congreso federal para cambiar la estructura de financiamiento de los fondos públicos de pensiones. Una posibilidad es la reducción de recursos de flujo futuro destinados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para reducir los déficits en los sistemas públicos de pensiones.
  • Asegurar el registro actuarial y la sostenibilidad de los fondos de pensiones. Es necesario hacer una revaluación actuarial de los fondos pensionarios estatales, municipales y de universidades públicas, además de una reestructuración de obligaciones para asegurar su sostenibilidad. Cada estado debe tener un mapa claro de sus obligaciones pensionarias no fondeadas.

Justicia laboral

  • Implementar el nuevo modelo de justicia laboral. Es necesario monitorear la implementación del nuevo modelo de justicia laboral enmarcado por las reformas publicadas en la Ley Federal del Trabajo en mayo de 2019 y atendiendo la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017.
  • Evaluar los avances del Consejo de Coordinación para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.  Esto permitiría conocer si esta instancia nacional está llevando a cabo adecuadamente la política y coordinación necesarias para la implementación del modelo a nivel local o si se enfrenta a obstáculos.
  • Evaluar la adecuada implementación de los Centros de Conciliación a nivel estatal. Esta evaluación continua debe centrarse en conocer si cuentan con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión. Efectuar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los Centros de Conciliación en las entidades federativas ayudará a medir la independencia, certeza, legalidad, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad con la que están trabajando sus operadores y si realmente el sistema de conciliación laboral está siendo ágil, menos costoso, de fácil acceso y sin obstáculos como la discrecionalidad y la opacidad.
  • Efectuar un diagnóstico sobre el funcionamiento del procedimiento ordinario laboral bajo el nuevo modelo. El objetivo de este ejercicio es reconocer los retos y bondades del nuevo sistema y si realmente está logrando, en comparación con el anterior, mejores resultados.
  • Establecer el Servicio Profesional de Carrera (SPC) en los Centros de Conciliación. Esto permitirá contar con un sistema de ingreso de servidores públicos a través de criterios claros y objetivos. También posibilitaría la existencia de un sistema de actualización y profesionalización continuos,  de una sana competencia entre organizaciones, estabilidad en el empleo, así como un sistema de incentivos y promociones integral.
  • Fortalecer la aplicación de sanciones de carácter administrativo para aquellas personas que incurran en malas conductas en las juntas de conciliación y arbitraje. Uno de los principales problemas en la impartición de justicia laboral es que se ha convertido en un espacio propicio para la corrupción.
  • Evaluar la calidad en el desempeño de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Esto nos permitirá conocer si realmente están cumpliendo con su trabajo: representar y asesorar a los trabajadores ante cualquier autoridad cuando así lo soliciten.

[1] Puede accederse al sitio a través de esta liga: http://imco.org.mx/comparacarreras/

[2] Se pueden consultar más propuestas al respecto en la sección IMCO Propone del subíndice de Sociedad.

[3] Inegi, La discapacidad en México, datos al 2014: versión 2017 (México: Inegi, 2017), http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf (Consultado el 15/04/2020).

[4] Arts. 34 y 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

[5] Certificado de Discapacidad con fines de Aplicación del Artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

VII. ECONOMÍA ESTABLE

¿Qué mide?

El subíndice Economía estable (Economía) mide las principales características de las economías estatales. Dentro del subíndice se incluyen indicadores que describen la distribución del PIB, el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, la dependencia y la diversificación económicas. Los estados que presentan una economía estable atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.


La mejor entidad (2018)

Ciudad de México

Desde 2001 la CDMX ha obtenido el primer lugar en este subíndice. En 2018 se ubicó dentro de las primeras dos posiciones en cinco de los 11 indicadores analizados. Destacó al ser la entidad con el mayor PIB per cápita (401 mil 601 pesos por habitante), la que generó la mayor proporción de su PIB en sectores de alto crecimiento (69.4%) y la más diversificada del país con el mayor número de sectores presentes en su economía (909 frente a un promedio de 771). Además, se situó en el segundo lugar en los indicadores de participación laboral (48.2%) y costo promedio de la deuda (8.3%).

Sin embargo, a pesar de ser la economía estatal más estable, la CDMX ocupó el último lugar en el indicador de personas con ingresos mayores al promedio estatal: solo el 13.8% de la población ocupada tuvo ingresos mayores al promedio de la entidad.

La peor entidad (2018)

Zacatecas

Desde 2001, Zacatecas tuvo el desempeño más bajo en este subíndice. De los 11 indicadores analizados, solo en uno se desempeñó mejor que el promedio de las demás entidades en 2018  (aunque solo alcanzó la posición 14): plazo promedio de vencimiento de la deuda. En cambio, en el resto de los indicadores se colocó entre las posiciones 22 y 30. Fue la quinta entidad con el menor PIB por habitante y únicamente el 41.9% de su producto interno bruto se generó en sectores de alto crecimiento (frente a un promedio del 54.2%).

Además, la media de su tasa de crecimiento en los últimos tres años fue de un -0.7%, mientras que, en promedio, las demás entidades presentaron una tasa de crecimiento del 2.3%. También fue la antepenúltima entidad con la menor participación laboral pues solamente el 39% de su población se encontraba ocupada en 2018.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica VII.1 Posiciones y cambios del subíndice Economía

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Economía

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla VII.1 Resultados generales por indicador del subíndice Economía

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

PIB per cápita

  • Mientras que en 2018 el PIB por habitante en la CDMX fue de 401 mil 601 pesos, en Chiapas fue de apenas 60 mil 197 pesos: una brecha de 341 mil 404 pesos.

Crecimiento del PIB

  • Desde 2005 y hasta 2018 (salvo 2013) la tasa de crecimiento real anual del PIB de Campeche fue negativa. Entre esos años el PIB de la entidad cayó un 49% en términos reales, al pasar de 1 billón a 529 mil millones de pesos de 2013.
  • En promedio, en los últimos tres años (2016-2018) la tasa de crecimiento real anual del PIB de Baja California Sur fue del 10.4%. Solo en 2018 registró la mayor tasa de crecimiento real observada para cualquier entidad federativa del país desde 1999: un 17.2%.

Deuda estatal y de organismos estatales (participaciones federales)

  • En 2018 los saldos de la deuda de los gobiernos de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo representaron más de dos veces el total de ingresos que les proporcionó el Gobierno federal vía participaciones.

Costo promedio de la deuda

  • Nuevo León fue la entidad con el mayor costo de deuda, con una tasa de interés promedio ponderada del 9.9%: un punto porcentual por encima del promedio que reportaron las demás entidades en 2018.

Personas con ingresos mayores al promedio estatal

  • Durante 2018, Michoacán fue la entidad con la mayor proporción de trabajadores que percibió un salario por encima del promedio en dicho estado: el 34%. En cambio, en la CDMX esta proporción fue apenas del 13.8%.

Diversificación económica

  • Campeche fue el estado con la menor diversificación de su economía en 2018, al contar solo con 633 sectores de actividad económica: 276 sectores menos que la entidad más diversificada del país (CDMX).

Imco propone

Los gobiernos estatales pueden ser un factor fundamental para acelerar el crecimiento del país. En el IMCO se cree que la participación laboral en mercados formales, el desarrollo de los servicios financieros, los vínculos de las empresas locales con cadenas de valor globales, la inversión en capital humano y la promoción económica regional para el desarrollo de proyectos productivos y atracción de inversión son los cimientos del crecimiento a nivel local. En este sentido, para promover tasas de crecimiento más altas en todos los estados se propone lo siguiente:

  • Fortalecer la promoción económica regional. Después de la desaparición de ProMéxico, los estados deben repensar sus estrategias para mantener su competitividad regional. Las agencias de promoción económica locales tienen la oportunidad de convertirse en actores relevantes para la atracción de inversiones y el impuso del comercio internacional. Al incrementar sus capacidades presupuestales y de alcance, estas agencias tienen el potencial de convertirse en aliados de los gobiernos locales para identificar y promover el desarrollo de sectores relevantes a nivel estatal, además de convertirse en un instrumento de ejecución y evaluación de las estrategias regionales de crecimiento.
  • Facilitar el desarrollo de la economía formal e incentivar su crecimiento. Los gobiernos estatales deben impulsar inversiones que no impliquen costos de largo plazo para el erario público, que eleven la productividad de sus regiones y propicien la diversificación productiva de su economía. La política de inversión debe acompañarse con una política de atracción y formación de capital humano, así como de la articulación de sectores que tengan el potencial de estimular el crecimiento del PIB y mejorar el bienestar de la gente. Los gobiernos estatales necesitan encontrar bases fiscales alternativas que permitan eliminar el impuesto sobre la nómina sin descomponer el balance de las finanzas públicas. Reducir y eliminar los gravámenes sobre la nómina tendrá un efecto positivo en la creación de empresas y empleos formales.
  • Lograr una mayor participación laboral formal. Es posible generar esquemas y programas locales que incentiven la participación laboral formal. Para este esfuerzo, es útil reducir la carga regulatoria y fiscal de las empresas formales. De esta forma, las familias pueden optar por incorporarse como un negocio en lugar de operar como personas físicas desde la informalidad. Para la gente que gana menos de 10 mil 500 pesos, la reducción de los impuestos al trabajo es otra manera de estimular su incorporación a la formalidad.
  • Ajustar los balances fiscales estatales al considerarse tanto los plazos como los montos y costos de la deuda. Es necesario que los estados eviten el crecimiento insostenible de la deuda pública a su cargo. La operación con déficit del Gobierno es una hipoteca sobre el bienestar futuro de los habitantes de los estados. Como regla general, un crecimiento de la deuda por encima del crecimiento de la economía, lleva a una situación insostenible. Una menor demanda de crédito debe reducir las tasas en el tiempo y permitir que el endeudamiento público estatal se acerque en costo al endeudamiento soberano de México. Es necesario que los proyectos de inversión incorporen fuentes de ingreso que fortalezcan la capacidad de pago del capital y no comprometan las finanzas públicas estatales por plazos largos.

VIII. SECTORES PRECURSORES DE CLASE MUNDIAL

¿Qué mide?

El subíndice Sectores precursores de clase mundial (Precursores) analiza indicadores relacionados con el sector financiero, de telecomunicaciones y de transporte; es decir, con el acceso a los servicios financieros, el desarrollo de las vías físicas de comunicación (aéreas y terrestres), y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estos sectores son de gran importancia, ya que su correcto funcionamiento es una condición necesaria para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, al incidir directa e indirectamente en muchos otros aspectos de la economía. Es por ello que su desarrollo es fundamental para mejorar la competitividad de las entidades federativas del país.

La mejor entidad (2018)

Ciudad de México

Desde 2001, primer año del que se tiene registro, la CDMX ocupa el primer lugar en este subíndice. En 2018 esta entidad destacó sobre el resto de los estados del país pues se ubicó en las primeras cinco posiciones de ocho de los 11 indicadores analizados. Fue la entidad con el mayor número de contratos de banca móvil y la mayor captación de ahorro, penetración del seguro en la economía y carga aérea transportada. Además, se ubicó en la segunda posición en cuanto a la disponibilidad de cajeros automáticos y en el tercer lugar respecto al acceso a terminales punto de venta y al flujo de pasajeros aéreos. Por otra parte, ocupó el sexto y el décimo lugar en los indicadores de acceso a internet y telefonía móvil, respectivamente.

A pesar de su desempeño sobresaliente en los indicadores antes señalados, la principal debilidad de esta entidad en el subíndice fue el indicador de accidentes por malas condiciones del camino, en el que se colocó en el lugar 26, al tener 23 accidentes por cada 100 mil vehículos (cinco accidentes más –por cada 100 mil vehículos– que el promedio).

La peor entidad (2018)

Oaxaca

De los 11 indicadores analizados en este subíndice, Oaxaca se ubicó mejor que el promedio en únicamente dos de ellos: heridos en accidentes de tránsito terrestre (39 heridos por cada 100 mil habitantes frente a un promedio de 92 heridos) y accidentes por malas condiciones del camino (2.6 accidentes por cada 100 mil vehículos ante un promedio de 17.1 accidentes). En el resto de los indicadores, particularmente en aquellos relacionados con el desarrollo del sector financiero y el acceso y uso de las TIC, la entidad tuvo un desempeño considerablemente bajo, lo cual explica su posición en el subíndice.

Fue el estado con el menor uso de la banca móvil en el país y el segundo estado (solo por delante de Chiapas) con el menor acceso a internet, telefonía móvil y terminales punto de venta. Además, fue la tercera entidad con la menor disponibilidad de cajeros automáticos.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica VIII.1 Posiciones y cambios del subíndice Precursores

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VIII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Precursores

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla VIII.1 Resultados generales por indicador del subíndice Precursores

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Acceso a internet

  • En menos de una década, la proporción promedio de hogares con acceso a internet, a nivel estatal, se incrementó en 31 puntos porcentuales al pasar del 21% en 2010 al 52% en 2018. En este periodo Sonora fue la entidad que registró el mayor crecimiento al pasar del 31% al 81%.
  • En 2018 Sonora fue la entidad con la mayor proporción de hogares con acceso a internet (81%), mientras que Chiapas fue el estado con la menor (25%).

Cajeros automáticos

  • Entre 2010 y 2018 el número promedio de cajeros automáticos por cada 10 mil adultos creció un 28% al pasar de 4.8 a 6.1.
  • En 2018 solamente Quintana Roo (12.7), la CDMX (12.1) y Nuevo León (10.6) superaron los 10 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos.

Uso de banca móvil

  • Entre 2013 y 2018 el número promedio de contratos que usan banca móvil por cada 10 mil adultos creció un 839% al pasar de 291 a 2 mil 732.

Accidentes por malas condiciones del camino

  • Nuevo León registró 218 accidentes debido a malas condiciones del camino por cada 100 mil vehículos en 2018: cifra 13 veces superior al promedio nacional (17.1).

Flujo de pasajeros aéreos

  • En 2017 la CDMX (33%), Quintana Roo (18%) y Jalisco (13%) concentraron el 64% del flujo de pasajeros aéreos nacionales e internacionales en nuestro país.
  • Querétaro fue el estado que registró el mayor incremento (232%) en el flujo de pasajeros nacionales e internacionales entre 2007 y 2017 al pasar de 243 mil a 807 mil pasajeros entre esos años.

Carga aérea

  • En 2017 el 55% de la carga aérea doméstica e internacional que fue transportada en el país lo hizo vía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

IMCO PROPONE

Los estados pueden incidir e impulsar de manera muy importante la mejora de la infraestructura en sus localidades. Los sectores económicos que mejor funcionan en una economía moderna son los que están mejor conectados. Desde la manufactura avanzada hasta las telecomunicaciones, desde el transporte público y red carretera hasta la banca, los estados que impulsan con éxito las economías de red acceden a mayores niveles de desarrollo económico. A continuación se presentan propuestas para mejorar la conectividad de los estados:

Acceso a servicios financieros y educación financiera

  • Fomentar un mercado de seguros más grande. México es un territorio expuesto a diversos riesgos de tipo geológico y climático. Los estados pueden ser una fuerza para que el mercado de seguros sea más grande y más relevante para la población. En la medida en que más mexicanos tengamos pólizas de seguros, sufriremos menos pérdidas catastróficas ante las consecuencias de una epidemia, un terremoto o un huracán. Para ello, es necesario que los estados sean transparentes con su población respecto a la cobertura de los distintos mecanismos de pago frente a desastres de todo tipo.
  • Garantizar un entorno de competencia económica para generar recursos ahorrables. El ahorro es la clave para la inversión y la inversión (en activos físicos o en educación) es la clave para el crecimiento económico. Los mexicanos, ricos y pobres, del sur y del norte, necesitamos ahorrar en mayor medida para invertir y crecer más. La mejor manera para generar recursos ahorrables en los estados es la competencia económica. Mientras más bajos sean los precios de los bienes y servicios en un estado, mayores son las posibilidades de ahorro e inversión de la población, menor es la barrera a la entrada de nuevos participantes en un negocio o industria y mayor es la competitividad del estado. Si un gobernador quiere estimular el ahorro, tiene que adoptar seriamente políticas de competencia económica.
  • Incorporar materias relacionadas con educación financiera en los planes de estudio, tanto a nivel secundaria como a nivel preparatoria. Es necesario que las personas tengan más y mejor información sobre finanzas personales desde su juventud.
  • Generar incentivos selectivos que le garanticen a la población típicamente excluida el acceso a servicios financieros. Los programas de bancarización en comunidades alejadas y la promoción del uso de terminales electrónicas en comunidades rurales para la entrega de apoyos sociales son pasos importantes en este sentido. La bancarización a través de nuevas tecnologías, como los teléfonos móviles, es indispensable para llegar a lugares donde no es rentable poner sucursales o corresponsales bancarios. Hacer más común la inversión en activos bursátiles de deuda y capital, ayudando al público a adquirir información sobre su riesgo y rendimiento, es una gran manera de dinamizar las economías de las regiones.
  • Medir y reducir al mínimo el monto de los pagos que realiza el gobierno estatal en efectivo. Además de limitar la penetración bancaria, el pago en efectivo es un vehículo facilitador de la corrupción. Idealmente, el monto de transacciones en efectivo de cualquier gobierno debería ser cero. Los gobiernos estatales y municipales deberían registrar qué porcentaje de sus pagos se efectúa mediante transferencias bancarias, auditables y fiscalizables, y qué porcentaje se realiza por medio de transacciones en efectivo.

Infraestructura de telecomunicaciones

  • Hacer transparente la regulación del estado y de todos sus municipios en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Esto debe realizarse en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Simplificar la regulación local quitará obstáculos para invertir en el desarrollo de fibra óptica en las ciudades del país.
  • Poner a disposición de las empresas de telecomunicaciones las azoteas de los edificios públicos estatales y municipales, para instalar antenas.
  • Hacer una prioridad estatal el despliegue de las redes de radiofrecuencia, fibra óptica o cualquier otro medio para la conexión de la población. Deben impedirse y castigarse las prácticas de extorsión que sufren las empresas de telecomunicaciones a nivel local por la instalación de infraestructuras como las antenas de celular o cables de fibra óptica.

Infraestructura de transporte

Para obtener mayores beneficios de los proyectos de infraestructura de transporte, los estados deben invertir en estudios costo-beneficio que consideren distintos escenarios de niveles de servicio, aforo vehicular o afluencia de pasajeros (en el caso de proyectos de transporte público), mantenimiento, costos de operación, siniestralidad, vicios ocultos, costos de construcción y tiempo de despliegue, con el fin de evaluar la pertinencia de las obras desde antes de comprar el primer camión de material. Un proyecto deseable a ojos de la clase política del estado no implica que éste será rentable para la sociedad. Dado lo anterior, las entidades podrían beneficiarse enormemente si adoptan los siguientes lineamientos:

  • Contratar de manera transparente, mediante licitación, estudios costo-beneficio. Los estudios deberán ser independientes y deberán medir de manera integral la rentabilidad para la sociedad.
  • Incluir información relevante en los estudios costo-beneficio de obras de transporte. Los estudios costo-beneficio deben incluir el ahorro en tiempo de las personas restando el costo de oportunidad del dinero que pagan en cuotas y peajes; la rentabilidad del operador privado en el caso de asociaciones público-privadas (APP) u operadores privados y, los compromisos permanentes de gasto para todos los niveles de gobierno. Si el operador quiebra, seguramente se requerirá un rescate gubernamental, que acabarán pagando los contribuyentes.
  • Hacer públicos los análisis costo-beneficio. Éstos y los criterios de elección de proyectos deben estar disponibles en los sitios de transparencia estatales.
  • Publicar los costos indicativos y el desempeño de los distintos contratistas en la ejecución de la obra pública.
  • Tomar en cuenta las economías de aglomeración en la construcción de infraestructura. Los municipios son un orden de gobierno que no tiene los recursos ni el tiempo suficiente para la construcción de su propia infraestructura. En las ciudades es en donde la infraestructura genera más externalidades positivas. Las urbes con fuertes intervenciones de sus gobiernos estatales se han convertido en ejes del desarrollo empresarial e industrial de diversos estados en los últimos 20 años (por ejemplo: Guanajuato, Querétaro y Puebla). En contraste, las ciudades en donde el gobierno estatal no interviene virtuosamente, han tenido retrocesos (por ejemplo: Cuernavaca).
  • Coordinar desde el estado la provisión de transporte público en los municipios. Las autoridades locales deben estar involucradas en la planeación, ejecución y operación de los proyectos para garantizar un sistema de transporte público funcional. Además, los proyectos deben contar con una visión metropolitana, por lo que es necesario que el estado promueva la cooperación y comunicación entre las autoridades locales que pertenecen a una misma zona metropolitana.
  • Transparentar los datos sobre la cantidad de usuarios del transporte público, así como las condiciones de operación de los contratos de concesión.
  • Generar y transparentar datos de aforos, recaudación por cuotas, accidentes, y cualquier información que se genere en las carreteras y en la operación de servicios de transporte público. La información del aforo vehicular y los niveles de servicio es clave para entender si la operación de las APP ocurre bajo criterios de rentabilidad pública. Esto es de especial interés en el caso de carreteras dado que muchas APP tienen contratos que mandatan subsidios en caso de aforos bajos.
  • Dar prioridad a la construcción de vías con las especificaciones necesarias para conectar las ciudades y centros de distribución con las autopistas de altas especificaciones.
  • Instrumentar mecanismos de inspección en patio de maniobra, auditoría y auto-regulación para evitar la sobrecarga de transportes pesados. Esto es necesario para evitar accidentes y daños a la infraestructura carretera.
  • Impedir la instalación de comercios en acotamientos o la venta de productos en las autopistas estatales o federales. El riesgo al que se somete a la población que ahí consume y labora es enorme. La construcción y respeto de acotamientos debería ser una prioridad para todas las carreteras del país.
  • Empaquetar, junto con la infraestructura carretera, otro tipo de infraestructuras como las de telecomunicaciones, recolección de agua pluvial, electricidad o ferrocarril. El costo asociado a la construcción de infraestructura carretera es alto y el valor derivado está acotado al transporte. Incluir otro tipo de infraestructura en grandes proyectos de esta índole ofrece la posibilidad de incrementar su valor derivado y expandirlo a otros sectores por un costo marginal bajo, fortaleciendo las distintas redes que operan como precursores fundamentales del desarrollo económico.
  • Evitar la congestión fronteriza mediante la realización de un mayor número de inspecciones de mercancía en las instalaciones de las empresas de origen. Lo anterior implica la implementación de una pre-verificación de cumplimiento de reglas para no realizarlas en la frontera. La constelación de inspectores, desde el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica-Sagarpa) hasta la Marina, el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), deben reconocer los contenedores sellados. Todo lo demás, debe someterse a revisiones no invasivas con base en tecnología de rayos gamma, por ejemplo.
  • Resolver los problemas de supervisión de transportes pesados. En el reporte Evaluación de la Competitividad Regulatoria del Sistema de Autotransporte de Carga y Propuestas de Política Pública, elaborado por el IMCO, se aborda aquello que debe atenderse.[1] Desde la renovación de la flota vehicular, hasta las inspecciones en patio para resolver problemas de condiciones físico-mecánicas de los vehículos, introducción de GPS y tecnología celular de localización, gobernadores de velocidad, frenos ABS y suspensiones neumáticas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe establecer un ecosistema de empresas auditoras y verificadoras de cumplimiento de estándares de carga pesada, con metas de cero accidentes.
  • Intervenir, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, el mercado de trenes. Así, se fomenta la competencia, se atrae más inversión al sector y se asegura que las empresas existentes compitan adecuadamente. Sin mayores niveles de competencia será imposible detonar el potencial de las redes de ferrocarriles en beneficio de los productores y consumidores del país.

Infraestructura y equipamiento urbano

Los municipios son responsables de la infraestructura urbana. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con presupuestos suficientes ni con las capacidades técnicas para garantizar que esta beneficie a los ciudadanos. Por ello, el gasto en infraestructura acaba desaprovechándose como una oportunidad para elevar la productividad de empresas y familias en zonas urbanas densamente pobladas, que es donde se genera mayor valor económico. Los estados pueden invertir más en la infraestructura de las ciudades en cooperación con los municipios. Hay ejemplos recientes y relativamente exitosos, como el de Puebla, donde el gobierno estatal hizo inversiones muy importantes en la ciudad capital. El defecto del modelo poblano es la pertinencia de las obras, el costo y la transparencia en la asignación de las mismas, así como la transparencia en su financiamiento. Sin embargo, es un modelo interesante porque ha permitido a la ciudad de Puebla atraer importantes inversiones y crecer. En este sentido, se propone lo siguiente:

  • Instrumentar, desde el estado, mecanismos de financiamiento de proyectos de infraestructura. Es necesario contar con la participación de la ciudadanía, apalancando los recursos municipales con recursos privados, estatales y de la banca de desarrollo. Se deben realizar estrategias de largo plazo, junto con los institutos de planeación estatales, municipales y metropolitanos, que den prioridad a aquellos proyectos que pueden contribuir en mayor medida a mejorar la productividad de las ciudades. Las decisiones de qué proyectos hacer deben basarse en criterios técnicos y no políticos, y la lista de los proyectos prioritarios debe hacerse pública a toda la ciudadanía.
  • Invertir en redes de agua potable (con énfasis en la palabra “potable”). Esto es un ejemplo de gestión pública donde hay mucho espacio para mejorar. Si un mayor porcentaje de agua para beber se puede distribuir a través de tubos, y no mediante pipas o envases de plástico, se reduce la contaminación por basura plástica y se ahorra tiempo a las empresas y familias. Esto no es tan vistoso como construir autopistas o puentes elevados, pero sí puede ayudar a mejorar las condiciones de las ciudades.
  • Hacer obras de infraestructura para enterrar los cables de electricidad puede ayudar enormemente a mejorar el paisaje urbano y a reducir los robos de electricidad. Los gobiernos municipales no tienen incentivos para realizar este tipo de obras porque son costosas y no pueden capturar el beneficio económico al hacerlas. El Gobierno federal podría premiar, con recursos hoy usados para subsidiar la electricidad, a los estados y municipios que ayuden a reducir las pérdidas de electricidad a partir de enterrar los cables de las redes de distribución.
  • Premiar a los municipios que invierten más en redes de transporte público. La movilidad urbana es otro ejemplo en donde los estados pueden ayudar bastante a mejorar los problemas de congestión en sus ciudades y así evitar las pérdidas importantes en tiempo y recursos para la población y un impacto negativo en el crecimiento económico. Si se premia a los municipios que invierten más en redes de transporte público de gran escala, digno y sustentable, se reduce la necesidad de las familias de invertir en automóviles y de los gobiernos locales de invertir en vías de transporte. Los estados deben ayudar a los municipios a mejorar los índices de caminabilidad de sus ciudades, ya que ello estimula la economía local, fortalece el turismo, mejora la seguridad pública, y reduce las muertes por hechos viales.
  • Permitir que los operadores de los servicios de transporte público determinen la tarifa óptima para asegurar la sostenibilidad financiera y la calidad de los sistemas. Al mismo tiempo, es necesario transitar de subsidios generalizados de la tarifa a subsidios focalizados que permitan optimizar el uso de recursos para que la población más vulnerable goce de un servicio asequible y de mayor calidad.
  • Aumentar la transparencia del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para la Personas con Discapacidad (Fotradis). Este fondo busca adaptar el transporte público y la infraestructura de las ciudades para las personas con discapacidad. Entre 2011 y 2019 destinó 4 mil 450 millones de pesos a los estados para este fin. Sin embargo, no hay información que corrobore su ejercicio ni sus resultados.[2] Por ello, el colectivo #MovilidadSinLímite ha unido fuerzas para conocer en qué se ha invertido el dinero y ha solicitado construir un mapa interactivo de las obras que se han logrado y su estatus. Contar con un inventario completo que muestre los logros del fondo y verifique si las obras son funcionales sería un gran paso de los gobiernos estatales para confirmar un avance hacia ciudades más incluyentes y con oportunidades para los más de siete millones de mexicanos con discapacidad.
  • Conectar a través de una red carretera ágil a las principales ciudades de cada estado. Guanajuato fue muy exitoso en conectar a las principales ciudades de su estado a través de una red carretera bastante ágil. Sin embargo, Guanajuato, la ciudad capital, no se encuentra tan bien conectada y ha tomado una estrategia como lugar turístico. En consecuencia, no ha podido desarrollarse tanto como otras ciudades (por ejemplo, Irapuato, Celaya o León). En la medida en la que la infraestructura se construya en los lugares donde hay mayor densidad de población y actividad económica, más útil será para generar competitividad. Los proyectos que conectan áreas relativamente despobladas acaban haciéndose irrelevantes para generar desarrollo.
  • Desacelerar la demanda de autos mediante la reinstauración de la tenencia vehicular. Los impuestos a la tenencia de vehículos son uno de los principales mecanismos para desestimular la adquisición de automóviles y una de las pocas fuentes de financiamiento que tienen los estados para la construcción de nueva infraestructura. Si los estados quieren desacelerar la demanda de autos, e impulsar la creación de infraestructura para el transporte sustentable, los impuestos a la tenencia son el mecanismo ideal para lograrlo. Un rediseño de este impuesto, que premie la eficiencia energética y el uso de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, puede ser un medio muy efectivo para incentivar la renovación del parque vehicular.

[1] Para mayor información consultar el reporte completo en: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf

[2] El Día Después, “El colectivo #MovilidadSinLímite denuncia mal uso y opacidad en el ejercicio de recursos para personas con discapacidad”, El Día Después, (s/f), https://eldiadespues.mx/noticias/el-colectivo-movilidadsinlimite-denuncia-mal-uso-y-opacidad-en-el-ejercicio-de-recursos-para-personas-con-discapacidad/ (Consultado el 06/05/2020).