De 2015 a 2017 el indicador en el que más se agravó México
fue en la confianza en la policía, perdiendo 6 lugares.
El
promedio de todos los países dentro del índice empeoró en el subíndice de
Derecho.
Finlandia es el país con mayores fortalezas en el subíndice
de Derecho.
El subíndice Derecho tiene el objetivo de medir el estado de la seguridad pública y jurídica de un país. La existencia de reglas claras e instituciones sólidas es indispensable para garantizar a los individuos un alto nivel de calidad de vida y un ambiente de negocios confiable para recibir sus inversiones. La tasa de homicidios, la confianza en la policía, la protección a los derechos de propiedad y el tiempo para resolver quiebras son algunos de los indicadores que se consideraron en la evaluación de este subíndice.
Tabla I.1 Indicadores que conforman el subíndice Derecho
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL
MUNDO
1° Finlandia
Finlandia se colocó en el primer
lugar debido a que en siete de los 13 indicadores se ha mantenido como el país
con mejor desempeño. Es la región con mayor percepción de confianza en la aplicación
de la ley, al obtener la calificación más alta en el Índice de Estado de
Derecho. Adicionalmente, avanzó un lugar de 2015 a 2017 en el índice de
protección de derechos de propiedad, con una calificación de 9.3 de 10, así
como en imparcialidad de las cortes, con 7.9 de 10 puntos.
2° Noruega
Noruega se encuentra en segundo
lugar debido a que se ubicó entre las primeras 3 posiciones en siete de los 13
indicadores que componen a este subíndice, fue el país que obtuvo la mayor
calificación en el índice de protección a derechos humanos. Fue el segundo país
con mayor confianza en su policía, solo después de Finlandia, mientras que la
media exhibida por los países evaluados fue de 4.6 en este indicador, Noruega
presentó 6.6 puntos. La solidez de sus instituciones provocó que obtuviera la
segunda posición en el índice de independencia del poder judicial.
3° Suiza
A pesar de no colocarse como el
país número uno en ningún indicador, Suiza mantuvo esta posición al mejorar su
calificación en seis de los 13 indicadores y colocándose entre los primeros
tres puntajes en cinco de ellos: Fue el segundo país con la mayor eficacia en
sus leyes para proteger la propiedad privada, al alcanzar 9.3 de 10 puntos, así
como en imparcialidad de las cortes, con un puntaje de 7.7. de 10.
Adicionalmente, la fortaleza de sus instituciones le permitió obtener el tercer
puesto en el índice de confianza en la policía, con 6.5 puntos de siete.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES (MÉXICO)
FORTALEZAS
Cumplimiento de contratos (326 días)
En promedio, a los países evaluados les toma 648 días hacer
cumplir un contrato, mientras que a México le toma casi la mitad de días, con
tan solo 326. Nuestro país se encuentra 31 días por encima del país con el
mejor resultado, Corea del Sur.
Protección a acreedores (10 de 12 puntos)
México, junto con Costa Rica, Hungría y Nigeria se encuentra
en la cuarta posición en este indicador, al tener 10 puntos de 12. Su calificación
es superior en cuatro puntos al promedio observado en los países evaluados.
DEBILIDADES
Confianza en la policía (2.9 de siete puntos)
De acuerdo con el Foro Económico
Mundial, los niveles de confianza en la policía en México se han mantenido muy bajos.
En 2017, el país obtuvo solo 2.9 puntos de siete disponibles. Dicho valor es
considerablemente inferior al promedio de 4.8 puntos de los países evaluados.
Lo anterior ubicó a nuestro país en la posición 42 de 43.
Independencia del poder judicial (3.2 de 10)
El grado de independencia del
sistema judicial en México disminuyó hasta ocupar el lugar 42 de 43 posiciones.
Dicho valor es casi la mitad del promedio de 6.3 puntos de los países
evaluados.
Protección de derechos humanos (-1.21 puntos)
El grado de protección de derechos humanos en México fue
inferior al promedio (0.56). El país se mantuvo en la posición número 42, como en
2015.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE DERECHO
IMCO PROPONE
1. Seguridad
Ciudadana
Continuar impulsando el fortalecimiento del
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para definir las políticas
públicas necesarias que incluyan la participación de los tres órdenes de
gobierno: federal, estatal y municipal. Principalmente en materia de
coordinación interinstitucional, consolidación del modelo nacional de policía y
en la implementación de la justicia cívica e itinerante.
La aprobación de la ley general de justicia
cívica, como una cadena de valor de prevención y mejora en la convivencia
social. Tiene como principales objetivos:
Prevenir que los conflictos escalen a
conductas delictivas o actos de violencia;
Dar solución de manera ágil, transparente y
eficiente a conflictos comunitarios;
Mejorar la convivencia cotidiana y el respeto
por el entorno;
Promover la cultura de la legalidad;
Mejorar la percepción del orden público y de
la seguridad; y
Disminuir la reincidencia en faltas
administrativas.
Implementar metodologías que incluyan el
desarrollo de indicadores cuantitativos y cualitativos de medición sobre la
eficacia y calidad de los resultados en las políticas de seguridad pública
implementadas por el Estado. Lo anterior, con una visión incluyente, donde el
gobierno, la sociedad civil, la academia y la sociedad puedan participar
activamente, teniendo como principal enfoque los siguientes ejes:
Transparencia
y rendición de cuentas;
Evaluación
del gasto público en seguridad;
Prevención
social de la violencia y delincuencia;
Participación
ciudadana;
Denuncias
de delitos;
Servicio
civil de carrera;
Certificación
policial;
Certificación
y acreditación de los centros de evaluación y control de confianza;
Certificación
de las unidades de medidas cautelares;
Sistema
de justicia penal;
Certificación
de centros penitenciarios;
informes
policiales homologados (IPH);
Inteligencia
policial;
Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias (MASC);
Justicia
cívica;
Mecanismos
de vigilancia, supervisión y sanción de servidores públicos;
Medición
de las bases de datos criminalísticas (incidencia delictiva, registro nacional
vehicular, etc.);
Acciones
para prevenir la violencia generada por la utilización de armas de fuego;
Otorgamiento
de los Subsidios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); y
Administración
de recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales en materia de
seguridad ciudadana.
Para alinear las capacidades de las policías del
país a las demandas que exige el contexto actual en materia de seguridad es
fundamental que se les garantice lo siguiente:
Servicio
civil de carrera funcional;
Condiciones
laborales dignas que contemplen salarios competitivos, permanencia en su
empleo, vivienda, seguro de salud y vida, becas para sus hijos;
Un
área de defensa de los derechos de la policía que contemple asistencia,
psicológica, médica y legal (ombudsman policial);
Esquemas
de sanciones claros y justos (unidades de asuntos internos);
Oportunidades
de certificaciones o estudios especializados con agencias nacionales o
internacionales en temas de manejo del uso de la fuerza, técnicas de
investigación;
Infraestructura
de trabajos eficientes y modernos;
Monitoreo
y supervisión permanente de su desempeño;
La
adopción de mecanismos de proximidad social como eje de solución de conflictos
sociales de manera pacífica (justicia cívica);
Centros
de investigación en criminalística (inteligencia policial); y
Canales
eficientes y confiables de interacción con los distintos cuerpos policiales del
país a fin de colaborar en labores de prevención e investigación de delitos
(mecanismos de comunicación efectiva).
2.- Sistema de
Justicia Penal.
Analizar la calidad del desempeño de
instituciones involucradas en el funcionamiento del sistema de justicia penal
mexicana considerando las distintas etapas en el proceso penal en donde están
involucrados: policías, ministerios públicos, peritos, jueces, defensores
públicos y asesores victímales. Actualmente persisten los retos en la
generación de información para entender qué es necesario para lograr el
correcto funcionamiento del sistema de justicia penal mexicano. Ante ello se
recomienda:
Contar
con metodologías innovadoras que permitan evaluar la calidad con la que se está
procurando e impartiendo justicia en el país;
Coordinarse
con los distintos actores involucrados, ya sea la academia, la sociedad civil,
instancias especialistas de carácter internacional y con la propia autoridad,
para concentrar esfuerzos con visión de futuro en la definición de políticas
públicas que mejoren el sistema de justicia penal mexicano;
Crear
un observatorio multinstitucional para evaluar y dar seguimiento permanente a las
políticas públicas implementadas en materia de seguridad.
Evitar la elaboración y aprobación de reformas
legales que no estén fundamentadas en análisis previos que sean el resultado de
información cuantitativa y cualitativa y que además permitan la medición de
objetivos a futuro.
Incentivar la articulación coordinada de
políticas de prevención, investigación y sanción del delito. Lo anterior
mediante estrategias de persecución penal en delitos de alto impacto, de
priorización de expedientes o denuncias, el uso efectivo de mecanismos de
solución de conflictos (MASC), así como estrategias de reinserción
delincuencial.
Impulsar y consolidar el servicio civil de
carrera para policías, ministerios públicos, peritos, asesores victímales,
defensores públicos, personal penitenciario, jueces, magistrados. Esto con el
objeto de garantizar que su ingreso, desarrollo y permanencia estén asegurados
con base en la meritocracia.
Impulsar, desde los tribunales locales, la
generación de precedentes o criterios judiciales que ayuden a mejorar la
interpretación y operación del sistema penal.
Mejorar las condiciones de funcionamiento del
sistema penitenciario nacional y del sistema de ejecución de sanciones penales.
Actualización o, en su caso, construcción de los
institutos de ciencias forenses.
Efectuar un diagnóstico de calidad del desempeño
a la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso a nivel
federal y estatal.
México se
encuentra entre los 15 países con menor uso de fertilizantes y pesticidas por
hectárea cultivable.
Las áreas
naturales protegidas en el mundo han aumentado en promedio pasando de 6.8% del
territorio de un país en 2015 a 19.1% en 2017
Costa
Rica fue el país que mayor retroceso presentó en el subíndice de medio
ambiente, cayendo cinco posiciones respecto a 2015.
El subíndice Medio ambiente mide la capacidad de los sectores productivos y de la población para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Éste provee información sobre la situación del agua, el aire y el suelo, así como sobre las capacidades para enfrentar las consecuencias del cambio climático y generar energía más limpia. El subíndice refleja la sustentabilidad ambiental como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo en el largo plazo.
Tabla II.1 Indicadores que conforman el subíndice Medio ambiente
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL
MUNDO
1° Noruega
Noruega obtiene el primer lugar
debido a que en 8 de los 11 indicadores se ubicó dentro de los 10 mejores. En
términos de vulnerabilidad a efectos del cambio climático, fue el país menos
vulnerable. La gestión del agua representa una fortaleza, debido a que fue el
segundo país con mayores recursos hídricos renovables (71 mil 798 metros
cúbicos por persona) y el quinto con menor estrés hídrico. Finalmente fue el
tercer país con mayor porcentaje de consumo de energía proveniente de fuentes
no contaminantes.
2° Canadá
Canadá se colocó en el segundo
lugar dentro de este subíndice debido a que fue el país con mayor cantidad de
recursos hídricos renovables (77 mil 560 metros cúbicos por persona), el
tercero con menor contaminación del aire y el séptimo con mayor proporción de consumo
de energía proveniente de fuentes no contaminantes (23.5 % de la energía
consumida).
3° Suecia
Suecia alcanzó en la tercera
posición debido a que fue el país con mayor número de empresas certificadas
como limpias con 908 certificados ISO 14001 por millón de la PEA. En términos
de calidad del aire, fue la segunda con menores emisiones de CO2 (73 toneladas por millón de dólares de PIB) y
menor contaminación del aire debido a su baja exposición promedio a partículas
PM2.5 por año.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Uso de fertilizantes en la agricultura (110 kilogramos por hectárea
cultivable)
México, es uno de los 10 países con menor uso de
fertilizantes en la agricultura. El promedio de los 43 países de la muestra es
de 241 kilogramos, mientras que México tiene un valor de 110 kilogramos por
hectárea cultivable.
Uso de pesticidas (2.2 kilogramos por hectárea cultivable)
En promedio, el uso de pesticidas de los países evaluados se
encuentra en 8.9 kilogramos de pesticidas por hectárea de cultivo, mientras que
en México únicamente se utilizan 2.2 kilogramos. Esto lo lleva a colocarse en
la posición 13 dentro de este indicador.
Áreas naturales protegidas (19.1% del territorio total)
El país se sitúa en la posición
14, debido a que el 19.1% del territorio nacional es considerado área natural
protegida. México se encuentra ligeramente por arriba del promedio de los 43
países considerados, el cual se sitúa en 15.6%
De acuerdo con World Resources
Institute, México es el quinto país con mayor estrés hídrico. Su valor se encuentra 1.5 puntos por
arriba del promedio de los países (2.1 puntos). El nivel de estrés del país se
encuentra en niveles similares a los de Grecia que muestra un estrés de (3.57
puntos).
Índice de vulnerabilidad a efectos del cambio climático (51 puntos de
100)
México es el octavo país con
mayor vulnerabilidad a efectos del cambio climático con valores similares a
Panamá, Perú y Colombia. En promedio los países tienen un índice de 60 puntos
de 100, mientras que México se sitúa en 51 puntos.
Empresas certificadas como limpias (29 empresas con certificado por
millón de PEA)
El país se situó dentro de los 9 países con menor cantidad
de empresas con ISO 14001 por millón de PEA. El promedio de los países
evaluados fue de 244 empresas, mientras que México tan sólo tuvo 29.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE
IMCO PROPONE
1.
Fortalecer la función de medio ambiente.
A través del presupuesto y mejor normatividad. El IMCO propone
algunas acciones para ello:
Replantear los recortes
presupuestales al medio ambiente. Entre 2018 y 2019, el presupuesto para la función Protección al ambiente cayó un 23% en
términos nominales. Sin embargo, los recortes se hicieron de forma pareja
poniendo en riesgo la operación de algunas instituciones clave. Un ejemplo es
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), cuyo presupuesto disminuyó un 50% y
afectó el pago de brigadas para prevenir siniestros[2].
Meses después, en mayo de 2019, esta decisión se asoció con una ola de
incendios a lo largo del país[3]
que provocaron una crisis de contaminación atmosférica en el Valle de México y
otros estados aledaños.
Fortalecer a las agencias de
protección del ambiente. Instituciones
como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia
de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) son cruciales para que la actividad
económica no se logre a costa del medio ambiente. Por ello, deben estar al
margen de las coyunturas políticas y los cambios de administración, lo que se
podría alcanzar con autonomía de presupuesto y gestión. Esto también implica
que sus titulares deberían ser nombrados por el Congreso y su vigencia debería
ir más allá del sexenio. Por otro lado, sus decisiones deberían tener un
carácter vinculatorio, por ejemplo, al revisar el otorgamiento de permisos con
posibilidad de revocación temporal o de forma permanente, así como denunciar
ante la Procuraduría General de la República cualquier actividad que pudiera
constituir un delito.
Incluir a las externalidades como
criterio esencial en los proyectos para determinar la asignación de obra
pública y precios de venta al mercado. El costo de las externalidades de cualquier actividad, como
explotación de hidrocarburos, obras de infraestructura, desarrollos turísticos
o subastas en el sector
eléctrico, debe incluirse como un componente adicional. Para determinar el
costo que los proveedores del bien o servicio deberán pagar a la sociedad, las
externalidades deberán estimarse a partir de metodologías avaladas
internacionalmente a través de una institución como la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Transformar el marco regulatorio
para incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Los trámites para obtener permisos
de aprovechamiento forestal son complejos, tardados, costosos y poco
eficientes, por lo que se propone simplificar el proceso para que más
productores accedan al mercado. Esto contribuirá al fortalecimiento de la
actividad formal en el sector, así como a reducir la tala ilegal, la cual
representa entre un 30[4] y un
50%[5] de
la madera que se produce en México.
Mejorar el sistema de inspección y
certificación de la madera. Hoy
existe una norma voluntaria (NMX-AA-143-SCFI) que certifica las buenas
prácticas durante la tala de árboles. Sin embargo, es necesario crear un
sistema de monitoreo apoyado en el uso de imágenes satelitales, acompañado de
incentivos para la autoevaluación de los propios productores. La inspección
debe realizarse en toda la cadena de producción de la madera, por lo que es
indispensable implementar una Norma Oficial Mexicana (con observancia
obligatoria) que certifique la procedencia lícita del recurso natural, desde su
recolección a través del aprovechamiento forestal sustentable, hasta la
producción final con valor agregado.
2.
Revertir el deterioro de los acuíferos y mejorar los servicios de agua. Cerca del 18% de los acuíferos del
país se encuentran sobrexplotados[6],
debido al uso excesivo de agua en el sector agrícola y urbano. Para revertirlo,
el IMCO propone las siguientes acciones:
Mejorar el mecanismo de cobranza por
el servicio de agua.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se estima
que la eficiencia comercial (monto cobrado entre monto facturado) promedio a
nivel nacional es apenas del 72.7%.[7] Es
necesario contar con mecanismos efectivos de cobranza para mejorar la
eficiencia comercial de los Organismos Operadores de agua.
Establecer precios adecuados del
agua en las ciudades y generar incentivos para la optimización del recurso. Para ello, la Federación puede
generar incentivos para que los precios pagados por el consumidor integren los
costos por remediación ambiental, la creación de infraestructura pública y los
costos sociales de escasez. Además, las legislaturas estales deben establecer
un órgano técnico, independiente del ciclo político, para que calcule la tarifa
y recomiende los criterios de funcionamiento con base en las características de
la región.
Formalizar el mercado de intercambio
de los derechos de extracción entre usuarios. El 76% del volumen total
concesionado para usos agrupados consuntivos[8] es
del sector agrícola.[9]
Aunado a la disparidad de concesiones, al impedirse la transferencia de los
derechos de extracción entre los distintos sectores, se genera escasez para
realizar las demás actividades económicas, lo que genera incentivos para la
venta ilegal de las concesiones agrícolas para ser utilizadas por otros
sectores, como el industrial. Si se establece un mercado formal de intercambio
de derechos de extracción, quien quiera utilizar más agua podrá pagar a otro
que utilice menos agua de la asignada. Estas transacciones ocurrirán a precios
más competitivos y dentro de la economía formal. Incluso, se pueden establecer
tasas de impuesto para ciertos intercambios, a fin de recaudar recursos que
puedan invertirse en la infraestructura pública de provisión del líquido.
Dotar a los Organismos de Cuenca con
autonomía técnica, ejecutiva y administrativa para regular el otorgamiento de
los permisos, así como sus transacciones entre concesionarios. Asimismo, se debe fortalecer la
capacidad institucional y transparencia de los Organismos para garantizar el
buen manejo del mercado y evitar prácticas de corrupción.
Fortalecer la regulación de los
servicios desde el marco jurídico federal. A partir de la reforma constitucional de 2012, se instruyó al
Congreso para que se elabore una Ley General de Aguas para abordar la
distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, normar el
contenido mínimo que deben tener la legislación estatal y municipal en materia
de aguas y establecer los criterios generales para la prestación del servicio
público. No obstante, en 2019, México no cuenta con dicha Ley, lo que abre la
oportunidad para que en ella se incluya la autonomía de los organismos
operadores de agua para la prestación del servicio estableciendo sus
obligaciones mínimas, la descripción de mecanismos de vigilancia y control, e
incentivos para la innovación tecnológica para un uso más eficiente del agua,
entre otros.
3.
Sustituir incentivos contradictorios por políticas de mercado.
Uno de los problemas de la política
actual son los objetivos encontrados en las distintas medidas de materia
ambiental. Para lograr una mayor efectividad de las mismas se sugiere:
Cambiar el esquema del subsidio
eléctrico actual para instalar paneles solares en hogares de ingreso medio y
bajo. En México, lo
que un usuario promedio paga en su recibo de luz no refleja el verdadero costo
de la electricidad ni beneficia a los que más lo necesitan. El IMCO encontró que
subsidiar la inversión en paneles fotovoltaicos en hogares de ingresos medios y
bajos es una manera más rentable de focalizar el subsidio eléctrico. Para ello,
es necesario diseñar un programa con reglas de operación para su implementación
gradual, beneficiando en primer lugar a los hogares con escasos recursos.
Además, se debe diseñar y definir un esquema de financiamiento para la
instalación de los equipos.[10]
Crear mercados ambientales como
mercados de carbono o de agua. Estos sistemas aún no están presentes en México, pero
representan una opción atractiva por ser los más efectivos para establecer un
límite (para la extracción de agua, emisión de carbono u otros contaminantes),
y conseguir financiamiento.
Dar incentivos fiscales por
eficiencia en el uso de agua, energía y manejo de residuos a
empresas que inviertan en tecnologías limpias. Un caso de éxito es el documentado
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
donde, al condonar el IVA a inversiones ambientales en el sector manufacturero
colombiano, se tuvo un impacto significativo en la reducción de la
contaminación del aire y del agua en ese país.[11]
4.
Revertir la pérdida de biodiversidad de manera más efectiva.
México es uno de los 10 países con
mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, el cambio de uso de suelo y la
ingobernabilidad en algunas zonas del país están devastando gran parte de este
patrimonio natural. Para revertir esta tendencia se sugiere:
Planificar con base en el
territorio. A
través del uso de información georreferenciada con la clasificación de la
vocación del suelo forestal, ya sea productiva, de conservación o restauración,
así como otras características del entorno, se debe establecer un plan de
acción para mantener e incrementar los recursos forestales del país. Para esto
es necesaria la creación de un catastro rural que permita ordenar el uso de
suelo. Para acelerar la creación de este se propone que el registro por parte
de ejidos, comunidades u otros propietarios, sea un requisito para acceder a
cualquier apoyo federal, como los programas forestales. La creación de esta
base de datos ayudaría a tomar decisiones más informadas, con lo que se
promovería el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las
zonas con potencial productivo, así como la restauración de los suelos para su
posterior conversión a otras actividades productivas con mayor potencial o para
convertirse en suelo de conservación.
Uso intensivo de nuevas tecnologías
para preservar las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas deben ser un ejemplo de la
presencia del Estado y del cumplimiento de la ley. En este sentido, tecnologías
como drones, radares e imágenes satelitales son esenciales para el monitoreo
del patrimonio natural del país. Es necesario reorganizar las facultades de las
autoridades involucradas para evitar concurrencias y vacíos legales e
institucionales. En última instancia, es deseable que solo exista una autoridad
responsable.
5.
Incrementar los recursos para mejorar la movilidad urbana y reducir los
incentivos al uso del vehículo privado.
México necesita ciudades densas,
orientadas al crecimiento vertical y que favorezcan los tipos de movilidad más
sustentables. El gobierno federal puede incidir en la movilidad y el desarrollo
urbano por medio de:
Fomentar el crecimiento de ciudades
más compactas. Esto
se puede llevar a cabo con usos de suelo mixto, incentivos fiscales para la
construcción de vivienda social en el centro de las ciudades y bancos de tierra
públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte (DOT). Asimismo,
es necesario dotar a los Institutos de Planeación (Implanes) con atribuciones
necesarias para sancionar, a fin de que se cumplan los Planes de Ordenamiento
Territorial.
Crear una política de
estacionamientos máximos en lugar de mínimos. La regulación mexicana está diseñada
para obligar a las viviendas, establecimientos mercantiles, e instituciones de
salud y educativas, a contar con un mínimo de estacionamientos sin importar qué
tan bien conectada esté la zona donde se ubican. Las normas de construcción
deben establecer topes de estacionamiento a las nuevas construcciones en zonas
con acceso a transporte público masivo, y cobrar por el exceso de
estacionamiento que se construya ahí. Los recursos recaudados deberán
utilizarse para invertir en transporte público eficiente, suficiente y seguro
en las zonas que lo necesiten.
Priorizar el gasto público orientado
a infraestructura de transporte público y no motorizado. De acuerdo con un estudio del
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), la mayor
parte de los recursos públicos de movilidad se destinan a mejorar y construir
nuevas vialidades, lo que se traduce en transporte público descuidado e
insuficiente, y a mayores incentivos para el uso del vehículo privado. La
inversión en infraestructura de transporte público deberá ser una prioridad
para el gobierno federal, por medio de apoyos a los presupuestos de proyectos
locales que mejoren la calidad, seguridad y cobertura del transporte público
masivo. Una forma de lograr este objetivo es modificar las reglas del Fondo
Metropolitano, de tal forma que se les asigne primero, y con mayores recursos,
a aquellos proyectos para transporte público y no motorizado, así como aquellos
que busquen integrar a los municipios conurbados con los centros urbanos.
Explorar el cobro y usos
estratégicos de la tenencia vehicular, siguiendo reglas que desincentiven el uso del automóvil,
promuevan el uso de tecnologías más limpias y se etiqueten los recursos para
proyectos que aumenten la calidad y cobertura del transporte público.
6. Incentivar el uso de mejor
tecnología, tanto para el transporte ligero como el pesado.
Puesto
que el uso del transporte motorizado es necesario, se debe garantizar que éste
sea de la mejor calidad disponible. Algunas medidas para ello:
Actualizar la Norma Oficial Mexicana
(NOM 042). Nuestro país tiene dos generaciones de retraso
tecnológico en el tipo de tecnología de los nuevos vehículos ligeros que se
comercializan. La tecnología obsoleta emite más contaminantes, por lo que vale
la pena actualizar la norma y diseñar programas para la modernización de la
flota.
Garantizar el abasto de combustibles
UBA en todo el territorio nacional. Pemex todavía produce un 17% de
diesel convencional[12].
Para aprovechar los beneficios de la actualización de la NOM 044, con la que se
dio un salto generacional en tecnología para vehículos pesados nuevos, es
necesario producir solo diésel ultra bajo azufre (DUBA) para que esté
disponible en todo el país.
Mejorar las estadísticas de
transporte pesado e identificar mecanismos para incentivar la modernización del
transporte de carga con placas estatales. Es fundamental que el
Gobierno federal incentive el levantamiento de un censo nacional de transporte
pesado para conocer la edad y características de la flota con placas estatales.
Asimismo, es necesario atender las necesidades de crédito de los hombres-camión,
quienes poseen una parte de la flota pesada. Esto implica formalizar su
operación, fortalecer sus capacidades administrativas, atender sus necesidades
de crédito y diseñar estrategias para que modernicen su flota.
Transitar al uso de vehículos que
utilicen energías alternativas a los hidrocarburos. Las tecnologías híbridas,
eléctricas y motores a gas tendrán un rol fundamental en la calidad del aire de
las ciudades del futuro. El gobierno federal debe incentivar el uso de estos
vehículos por medio de incentivos fiscales, pero también propiciando la
ampliación de la red de estaciones de carga para vehículos eléctricos y a gas.
[1]
Mayores valores en este indicador son menos deseables. Mayor valor en el índice
implica mayor estrés hídrico experimentado por el país
[10] Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), “Energía solar para los hogares de México”, 2019, https://imco.org.mx/blog/?s=solar
(Consultado el 31/07/2019).
[11] Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Investment Policy Reviews:
Colombia 2012 (París: OECD Publishing, 2012), http://dx.doi.org/10.1787/9789264167742-en
(Consultado el 31/07/2019).
En México
menos de la mitad de la población (43%) tiene acceso a alguna fuente de
abastecimiento de agua.
La
esperanza de vida promedio de los 43 países evaluados es de 78 años.
Corea del
sur, Bélgica y Japón son los únicos en los que toda su población tiene acceso a
viviendas conectadas al sistema de drenaje cerrado.
El subíndice Sociedad mide la calidad de vida de los habitantes de un país a través de tres áreas: inclusión, educación y salud. Éstas dan un indicio de los esfuerzos de un Estado para proveer a sus ciudadanos de servicios públicos básicos que les permitan desarrollar su capital humano. En la era del conocimiento, dicho capital representa el principal componente de una sociedad competitiva y atractiva para el talento y la inversión
Tabla III.1 Indicadores que conforman el subíndice Sociedad
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL
MUNDO
1° Noruega
Noruega obtuvo el primer lugar
debido a que en el Índice Global de Brecha de Género fue el país con mejor
desempeño. Además, se encontró dentro de los cinco primeros lugares en 8 de los
21 indicadores. Fue el país con la menor brecha de género (0.83 puntos de uno
como máximo) y ocupó el segundo lugar con la menor tasa de mortalidad infantil
(2.6 muertes de menores de cinco años por cada mil nacidos vivos). Su baja
desigualdad en el ingreso (índice de Gini de 27.5) y su esperanza de vida
elevada (82.8 años) ayudaron a consolidarlo en el primer lugar.
2° Irlanda
Irlanda, alcanzó el segundo lugar
debido a que, se posicionó entre los cinco primeros lugares en 6 de los 21
indicadores. En la línea de educación, obtuvo 512 puntos en la prueba PISA y ha
erradicado casi por completo el analfabetismo (1% de la población de 15 años o
más es analfabeta). En la rama de salud, fue el segundo país con el menor
porcentaje de población con diabetes tipo 1 o 2. Adicionalmente, el 99.9% de su
población cuenta con alguna fuente de abastecimiento de agua.
3° Suecia
Suecia fue el tercer país con una
sociedad incluyente, preparada y sana. Se posicionó entre los primeros tres
lugares en el Índice Global de Brecha de Género (0.82 puntos de uno como
máximo), tuvo una de las menores tasas de mortalidad infantil (2.8 muertes de
menores de cinco años por cada mil nacidos vivos) y un gasto en salud por
habitante de 6,091 dólares. En la línea educativa, fue el quinto lugar en
analfabetismo (1% de la población de 15 años o más es analfabeta) y ocupó el
séptimo lugar en nivel de inglés (71 puntos de cien como máximo).
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Suicidios
5.1 suicidios por cada 100 mil
habitantes
México se encuentra en la sexta
posición en este indicador, por debajo de países como Guatemala, Indonesia y
Panamá (promedio de 3.5 suicidios). La media de los 43 países evaluados fue 7
puntos porcentuales superior.
Cobertura de vacunación
97% de bebés vacunados contra
sarampión y DTP
En promedio, en los países
evaluados el 92% de los bebés se encontraron vacunados contra sarampión y DTP, en
México la cobertura aumenta a 97%. Sin embargo, nuestro país se encuentra dos
puntos porcentuales por debajo del promedio de los tres primeros lugares
(China, Tailandia y Hungría).
DEBILIDADES
Prevalencia de diabetes
13% de la población entre 20 y 79
años que tiene diabetes tipo 1 o 2
De acuerdo con datos del World
Development Indicator 2017, en nuestro país el 13% de la población, entre 20 y
79 años, presentó algún tipo de diabetes. Se encuentra muy por arriba de la
media de los 43 países evaluados (7%) y con una diferencia de casi 10 puntos
porcentuales respecto al promedio de los tres países con menores tasas
(Nigeria, Irlanda, Reino Unido)
Acceso a agua
43% de la población total
En promedio, el 91% de la
población de los países evaluados contó con alguna fuente de abastecimiento de
agua. De acuerdo con el Banco Mundial, en México menos de la mitad de la población
tuvo acceso a agua. Nuestro país se encontró en la penúltima posición, seguido
únicamente por Nigeria. Australia y Turquía fueron los únicos países que lograron
eliminar por completo el desabastecimiento de este servicio.
Gasto en salud por cuenta propia
40% del gasto total en salud
México se posicionó en el lugar
39 en este indicador. Mientras que en países como Francia, Sudáfrica y
Tailandia gastaron únicamente el 8% de los ingresos familiares a adquirir
bienes y servicios de salud, las familias mexicanas dedicaron más de una
tercera parte. Esta alta proporción se encuentra únicamente por abajo de Indonesia
(49%), Guatemala (55%) India (64%) y Nigeria (72%). El gasto promedio en salud
de los 43 países es del 25%.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE SOCIEDAD INCLUYENTE, PREPARADA Y SANA
IMCO PROPONE
1. Atacar la pobreza de
forma coordinada y centrada en el ciudadano
Adoptar
una visión integral del crecimiento económico, en
la cual se desarrollen políticas laborales como estrategias para el combate a
la pobreza. Para ello, es necesario articular los esfuerzos entre las
distintas secretarías a nivel federal y entre sus delegaciones estatales, para
evitar duplicidades en los programas implementados y uso ineficiente de
recursos públicos.
Garantizar
que los programas para reducir desigualdades ofrezcan protección de los riesgos
sociales (por ejemplo, desempleo o discapacidad) y no
solo redistribución de ingreso. Este es uno de los principios de la mayoría de
los Estados de Bienestar en la Unión Europea[1],
que permite que las personas tengan condiciones más parejas para competir y un
nivel de ingreso mínimo ante cualquier adversidad.
Evaluar
la efectividad de los nuevos programas, con metodologías bien definidas y
transparentes. En ese sentido, el trabajo del Coneval y la
Auditoría Superior de la Federación ha sido muy importante. Se podrían explorar
formas de vinculación formal entre ambas instituciones, más allá de la
aprobación de indicadores de resultados, gestión y servicios para medir la
calidad, cobertura e impacto de los programas.[2]
Continuar
los esfuerzos del Sistema de Información Social Integral (SISI) para tener un
padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo social federales y
estatales. Lo ideal es reformar la Ley General de
Desarrollo Social para que las dependencias tengan la obligación, o al menos
los incentivos correctos, para reportar sus datos en este sistema. Asimismo, se
debería considerar la evolución para asociar la clave de identidad a registros
biométricos. En un contexto de austeridad, este esfuerzo institucional es clave
para focalizar mejor el gasto social y obtener mayores rendimientos en
bienestar social. Asimismo, a diferencia del Censo de Bienestar, es un esfuerzo
en el que han contribuido varias dependencias, ya está en operación y podría
ayudar a legitimar las decisiones que se tomen en esta materia.
2. Reducir la
desigualdad a través de políticas que favorezcan la integración vida-trabajo
Generar interés en la
implementación de prácticas de integración vida-trabajo en puestos operativos. La flexibilidad es un
concepto que se ha adoptado en varios corporativos mexicanos. Sin embargo, ha
tardado en permear a los trabajos más operativos. Si bien la naturaleza de los
empleos es diferente, la flexibilidad puede tener muchas dimensiones que podría
implicar pequeños cambios para los empleadores, pero un impacto social muy
grande. Con la entrada en vigor de la Norma 035 de Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, se abre una oportunidad para que las empresas aprendan de los
pioneros y adopten prácticas que podrían transformar la vida de sus trabajadores
con menores ingresos. Las autoridades podrían generar espacios de discusión y
campañas de sensibilización para apoyar este fin.
Generar información
sobre la oferta y demanda de estancias infantiles. En la actualidad es
difícil identificar cuántos niños acuden a una guardería y en cuál están
registrados. Asimismo, no se cuenta con un directorio completo sobre la oferta
de servicios.
Garantizar la calidad y
seguridad de las guarderías. Para ello, es necesario crear mecanismos de monitoreo y verificación
de los establecimientos. Una opción sería crear un comité encargado de vigilar
que las reglas de operación de la Ley General de Prestación de Servicios para
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se cumplan.
Modificar la Ley del
Seguro Social para que el acceso a guarderías sea más incluyente y útil. Es necesario ampliar
la cobertura para que los hombres a cargo de un menor accedan a este servicio,
no sólo por viudez o por tener exclusivamente patria potestad de un menor.
Asimismo, se debe homologar la edad de asistencia.
3. Implementar políticas específicas para
incrementar la equidad del sistema de educación
Priorizar el desarrollo de los niveles escolares donde el impacto de
las inversiones es mayor en eficiencia y equidad, como la educación
inicial y el preescolar, para lo cual se requiere garantizar la calidad de los
servicios para todos los alumnos, especialmente los que provienen de grupos
desaventajados, de manera que los niños y niñas desarrollen las habilidades
cognitivas y socioemocionales que los preparen para su trayectoria escolar, con
el fin de reducir las brechas de aprendizajes entre alumnos en etapas
posteriores del sistema educativo.
Revisar las fórmulas de distribución de los recursos de educación, de
manera que las escuelas con mayores rezagos reciban más atención y capacitaciones,
cuenten con todos los insumos necesarios y sepan aprovecharlos, hasta que sus
condiciones de infraestructura, presupuesto y personal les permitan brindar un
servicio de calidad equiparable con el resto de los centros educativos. Solo
así pueden contribuir a compensar las limitaciones de oportunidades de origen
que sus alumnos cargan.
Diseñar programas de estímulos salariales y de desarrollo profesional, que incentiven a
los maestros con mayor preparación para prestar sus servicios en las escuelas
que atienden a los estudiantes más vulnerables.
4. Garantizar que la formación, selección,
reconocimiento y promoción de maestros, directores, asesores y supervisores
contribuya a que todas las escuelas y alumnos cuenten con personal efectivo
Garantizar la calidad de las instituciones de educación superior que
forman docentes, especialmente a las escuelas normales, a través del
establecimiento de marcos mínimos curriculares en sus planes de estudio y de la
vigilancia del cumplimiento por parte de las autoridades estatales de los
lineamientos para el ingreso y egreso a los programas formadores de maestros.
Esto con el fin de que sus egresados cuenten con experiencias y entrenamiento
útiles y pertinentes con las necesidades de aula.
Fortalecer y vigilar la implementación que las autoridades educativas
de las entidades hacen de los procesos de selección y promoción de maestros,
directores y supervisores, para cuidar su carácter público, transparente, equitativo e
imparcial, de manera que se limite la influencia de factores fuera del
desempeño profesional de los docentes, para lo cual, incluso, se deben
considerar sanciones para las entidades que incumplan con las características y
etapas de los procesos que marca la ley.
Acompañar a los docentes, especialmente a aquellos de recién ingreso
al sistema educativo durante sus primeros años de trayectoria, a través de programas y
estrategias con impacto probado, como los esquemas de mentoraje, para lo cual
es necesario identificar a maestros experimentados que puedan servir de tutores
y brindar suficientes recursos para su compensación.
5.
Fortalecer la pertinencia de la educación superior, para aumentar sus
beneficios individuales y sociales sobre el empleo y la productividad
Publicar
estadísticas de seguimiento de egresados de todas las instituciones de
educación técnica y superior, los cuales deben de
recabarse de manera periódica, por medio de un sistema integral, homologado y
transparente, y difundirse entre estudiantes, instituciones escolares y
autoridades educativas.
Estrechar los
mecanismos de vinculación con el sector productivo, para promover una mayor pertinencia de una oferta de educativa técnica
y superior, que responda a las necesidades particulares de los empleadores de
cada región.
Priorizar el
desarrollo de planes de estudio en educación técnica, superior y capacitación
para el trabajo y la ampliación de la matrícula, con base en las habilidades
productivas y sociales más demandadas por el mercado laboral.
6. Impulsar
un enfoque de política educativa basada en evidencia, a través de incrementar
los insumos de información pertinente y oportuna, y mejorar su difusión y su
uso por parte de todos los actores del sistema escolar
Crear mecanismos
efectivos para transparentar y monitorear el gasto público en materia
educativa, por medio de la información de
los padrones de escuelas que recibirán transferencias monetarias directas y las
beneficiadas por distintos programas de gobiernos federal y estatal, de manera
que permitan transparentar la cifra exacta de recursos destinados a cada
plantel, para incrementar la capacidad de la comunidad educativa de monitorear
el gasto y comprobar su uso efectivo.
Coordinar una plataforma federal de información y datos del sistema
educativo, que
consolide los sistemas estatales de información, para que operen de manera
oportuna y centralicen los procesos de recolección de información, de manera
que reduzcan la carga administrativa de los maestros, directores y
supervisores. Los datos que estos sistemas generen son un insumo crucial para
la planeación, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas y
deben ser publicados en formato abierto.
Reforzar las políticas de evaluación de aprendizaje de los alumnos, a través de
ajustar su diseño y difusión, de manera que se incremente su utilidad como
evidencia en la planeación del sistema educativo, especialmente para medir el
avance en aprendizajes básicos universales y las brechas que persisten entre
entidades, subsistemas escolares y otros grupos desaventajados de la
población.
7.
Coordinar la corresponsabilidad de los gobiernos estatales en materia educativa
A través de una definición clara de las
responsabilidades de los gobiernos estatales y la publicación de indicadores
que permitan dar seguimiento a esfuerzos y compromisos de cada estado. La falta
de transparencia, el mal manejo de procesos de evaluación o asignación de
plazas, el uso indebido de recursos educativos o las fallas para reportar
situaciones que corresponde al gobierno federal sancionar, como el ausentismo
docente o la corrupción en el uso de recursos públicos en las escuelas, deben
tener sanciones claras y públicas.
8. El
acceso a la salud es un derecho de todos los mexicanos y un detonador para la
competitividad del país
En
este sector, la falta de presupuesto y las ineficiencias ponen en riesgo la
vida de las personas y su bienestar. Por eso, es necesario que el gobierno federal
destine más recursos y mejore las estrategias para lidiar con la crisis de
salud pública que nos acecha. Algunas acciones encaminadas a incrementar
este derecho son:
Reflejar en el presupuesto que el acceso universal a la salud es
prioritario. Los ahorros en salud pública se
deben traducir en más vidas salvadas, mayor tasa de sobrevida y mayor acceso a
medicamentos para tratamientos. Por ello, a pesar de la austeridad, la función
salud debería ser de las pocas del presupuesto en que presente un incremento
real, sin caer en subejercicios a lo largo del año.
Evaluar las implicaciones de usar el
Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos como el presupuesto inicial del
Instituto de Salud para el Bienestar y presentarle a la ciudadanía un plan
financiero para cubrir en el largo plazo el tratamiento de las enfermedades más
costosas que sufre la población sin seguridad social. Si se aprueba la
iniciativa de reforma a la Ley General de Salud del 3 de julio, esto incluiría
transparentar “los criterios de regionalización y escalonamiento de los
servicios para alcanzar progresivamente la universalización”[3],
así como presentar proyecciones actuariales sobre la capacidad del mecanismo
financiero.
Diseñar un plan concreto para
garantizar la seguridad de médicos y enfermeras en zonas rurales y entidades con
mayor inseguridad. Desde hace varios años se han documentado las amenazas y el
riesgo para los pasantes de medicina.[4]
Este plan, que debería incluir autoridades responsables e indicadores de
monitoreo, podría incrementar los incentivos para que más personal de salud
quiera trabajar en las zonas alejadas.
Generar estadísticas que permitan
medir las prevalencias, al menos de las enfermedades crónicas que más afectan a
los mexicanos, así como el tratamiento y la sobrevida de estos casos. Actualmente, no existe una cifra
nacional sobre la prevalencia de diabetes, enfermedades cardiovasculares o
cáncer. Tampoco es posible encontrar datos con respecto a los tratamientos que
reciben estos pacientes o sus periodos de sobrevida. En 2019, al Registro
Nacional del Cáncer, creado en 2017, se le dotó de presupuesto (35 millones de
pesos). Con él se concentra la historia clínica de los pacientes de cáncer. Sin
embargo, no se han observado esfuerzos de esta magnitud para otras
enfermedades. La falta de estadísticas no solo limita la capacidad de toma de
decisiones, sino también evita dimensionar si la costo-eficiencia de las
acciones en el sector ha aumentado. Por ello, es fundamental invertir una parte
del presupuesto de salud para superar las barreras técnicas y políticas que
impiden generar mejores estadísticas de salud.
Incrementar las capacidades del
personal de salud y los recursos para la detección temprana y la educación del
paciente. De
acuerdo con la OCDE, los sistemas de salud con mayor calidad, como el de
Inglaterra, tienen un primer nivel muy desarrollado. Esto abarca a todo el
personal de salud,
incluyendo a enfermeras y promotores, quienes deben estar capacitados y tener
recursos suficientes para dar seguimiento de largo plazo, fomentar el
autocuidado y realizar pruebas de laboratorio para detectar padecimientos
crónicos desde sus primeras etapas.
[2] Título Quinto, Capítulo I de la Ley General de
Desarrollo Social.
[3] Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de las Leyes General de Salud, de Coordinación Fiscal, y de los
Institutos Nacionales de Salud, presentada por el diputado Mario Delgado
Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión
Permanente del miércoles 3 de julio de 2019.
México es
percibido como uno de los países más corruptos según su población.
Más de la
mitad de la población global registrada para votar (66%) participó en las
elecciones.
Turquía y
Nigeria son los gobiernos con mayor probabilidad de ser desestabilizados o
derrocados.
El subíndice Sistema político califica la calidad del sistema político a partir de su legitimidad democrática, representatividad, estabilidad y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Se incluyen indicadores sobre participación en los procesos electorales, acceso a información pública, libertades de religión o expresión, interferencia militar y corrupción.
Tabla IV.1 Indicadores que conforman el subíndice Sistema político
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL
MUNDO
1° Dinamarca
Dinamarca se encuentra en el
primer lugar debido a que en cinco de los ocho indicadores fue el país con
mejor desempeño. Es uno de los países con mayor respeto a los derechos
políticos y a las libertades civiles de sus ciudadanos. También fue el país donde
sus expertos, sector empresarial y población lo percibieron como menos corrupto
(88 puntos de cien como máximo). Por último, de acuerdo con Open Data Watch,
Dinamarca fue el país con la mayor cobertura y apertura de las estadísticas
oficiales.
2° Suecia
Suecia, al igual que Dinamarca,
obtuvo el primer lugar en derechos políticos y libertades civiles, índices que
registran las elecciones libres y justas del país, así como las libertades de
expresión o de religión de sus ciudadanos. Ocupó el tercer lugar en
participación electoral (87.2% de su población registrada participó en
elecciones pasadas) y en la disponibilidad de información pública (77 puntos de
cien como máximo).
3° Noruega
Noruega se encuentra en tercer
lugar debido a que ocupa la primera posición en la mitad de los indicadores.
Comparte el primer lugar con Suecia y Dinamarca en el respeto de los derechos
políticos y de las libertades civiles. Es el país que menos presión ejerce a
sus periodistas y se encuentra dentro de la lista de países con menor
intervención militar en el Estado de derecho.
Adicionalmente, ocupa la segunda posición en la estabilidad de su
gobierno.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Disponibilidad de información pública* (71 puntos de cien)
México se encuentra dentro de los
10 países con mayor cobertura y apertura de estadísticas oficiales. Dinamarca, Países
Bajos y Suecia son los tres primeros lugares en este indicador, con un promedio
de 78 puntos. Nuestro país se encuentra únicamente 7 puntos por debajo. Por
otro lado, el promedio de los 43 países evaluados es de 56 puntos, es decir,
una diferencia positiva para México de 15 puntos.
*Es su única fortaleza.
DEBILIDADES
Índice de Percepción de Corrupción (29 puntos de cien)
De acuerdo con Transparency
International, México es el cuarto país con la mayor percepción de corrupción
por parte de su población. Se encuentra por debajo de países como Nigeria (27),
Guatemala (28) y Rusia (29). Por el lado contrario, Dinamarca, Suiza y Noruega
tienen en promedio 86 puntos en este índice, siendo considerados como los
países menos corruptos.
Libertad de prensa (66 puntos de cien)
México es considerado como uno de
los países donde mayor presión se ejerce en la emisión de información por los
medios de comunicación, así como a los periodistas para operar libremente y sin
temor a las repercusiones. Países como China, Rusia, Tailandia, Turquía y
Malasia acompañan a México en esta lista. Mientras que los medios de
comunicación en Noruega, Países Bajos y Suecia son considerados con mayor
libertad.
Interferencia militar en el Estado de derecho o en el proceso político (5 puntos de 10)
Los 43 países evaluados tienen un
promedio de 8 puntos. Los países con un menor grado de intervención de las
fuerzas armadas en asuntos políticos alcanzan los 10 puntos (18 países de los
evaluados). Dentro de este indicador, México ocupa la posición 37. Se encuentra
por arriba de Colombia (4.2), Indonesia (4.2), Israel (4.1), Nigeria (3.3),
Turquía (3.2) y Tailandia (3.2).
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE SISTEMA POLÍTICO
IMCO PROPONE
1. Modificar las reglas para el financiamiento público de los
partidos políticos
Disminuir los recursos públicos a partidos políticos
es una exigencia ciudadana. La confianza en los partidos políticos es baja y
existe un costo excesivo de las campañas electorales. De igual forma hay una
percepción de enriquecimiento, corrupción y derroche por parte de los partidos
políticos.
Para el sostenimiento de actividades ordinarias, los
partidos políticos reciben financiamiento público anualmente de conformidad con
la siguiente fórmula: se multiplica el número total de ciudadanos inscritos en
el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA). Adicionalmente, reciben recursos
públicos para las actividades de gastos de campaña (entre el 30 y el 50% del
financiamiento público que les corresponde para sus actividades ordinarias permanentes).
Existen diversas propuestas para modificar las
reglas a través de las cuales los partidos obtienen recursos públicos. Por
ejemplo, se promovió[1]la
reducción del porcentaje del valor diario de la UMA, mientras que en otros
países la fórmula para el financiamiento público toma en cuenta el voto emitido
en lugar del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Con
propuestas como estas, los recursos públicos destinados a los partidos se
reducirían en más de la mitad.
En 2020 el financiamiento público federal para
actividades ordinarias de los partidos políticos será de 4.9 mmdp[2], reducir
el porcentaje de valor diario de la UMA, a partir de iniciativas ya
presentadas, equivaldría un ahorro de más de 2.5 mmdp, un monto superior al
presupuesto aprobado a la Auditoría Superior de la Federación en 2019.
Modificar las reglas para la obtención de
financiamiento público podría mejorar la eficiencia del gasto por parte de los
partidos políticos. En este sentido, es recomendable contemplar la posibilidad
de replantear los porcentajes de recursos públicos que se les asignan.
Con la finalidad de garantizar la independencia de
los partidos políticos de los intereses privados, el porcentaje del
financiamiento público debe ser mayor y fortalecer el sistema de control de los
recursos[3]; es
decir, diseñar e implementar mecanismos de transparencia en el manejo de los
recursos privados, estableciendo límites a las aportaciones privadas, e
imponiendo obligaciones de publicidad de las aportaciones, topes máximos a los
gastos de partidos políticos, redición de informes financieros y
establecimiento de sanciones a los partidos infractores.
2. Centralizar la organización de
elecciones
En México la organización de las elecciones se
encuentra dividida en el Instituto Nacional Electoral (INE) para elecciones
federales y en los Organismos Públicos Locales Electorales para las elecciones
a nivel subnacional; sin embargo, estos últimos siguen demostrando fragilidad y
captura por parte de los gobiernos estatales. Ante ello, el INE debe ser la
institución encargada de organizar todas las elecciones del país.
Generar mayor confianza y certeza en las elecciones,
son la razón principal para adoptar esta propuesta en nuestro sistema
electoral, misma que debería acompañarse de un incremento en el presupuesto del
INE por la asunción de más responsabilidades.
3. Establecer la segunda vuelta en
las elecciones
En México, el sistema de elección para presidente
tiene un modelo de mayoría relativa (el ganador es el que tiene más votos). En
contraste, en países de América Latina y de Europa han establecido la segunda
vuelta para la elección de su Jefe de Estado con la finalidad de incrementar la
gobernabilidad y garantizar la certidumbre jurídica en los procesos
político-electorales. En este sentido, establecer la segunda vuelta electoral
permitiría brindar a la ciudadanía la confianza de que su voto se vea reflejado
en la representación política.
De acuerdo con prácticas internacionales, en países
que implementan la segunda vuelta[4],
el proceso generalmente se aplica cuando un candidato presidencial no alcanza
el 50% de los votos. De esta forma, se lleva a cabo una segunda elección entre
los candidatos punteros. Este sistema, creado en Francia y adoptado en países
como Argentina, Brasil o Colombia, permite legitimar la elección, incentivar la
participación ciudadana e incrementar la gobernabilidad del poder público.
4. Facultar a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) a presentar iniciativas relativas a su
organización y funcionamiento
La Constitución reserva la facultad de presentar
iniciativas de ley al presidente, a los legisladores del Congreso de la Unión,
a las legislaturas locales y a los ciudadanos. Asimismo, consagra el principio
de separación de poderes necesario en cualquier democracia y Estado
constitucional.
En este sentido, excluir al Poder Judicial de la
facultad de iniciar leyes sobre su organización y funcionamiento afecta el
sistema de pesos y contrapesos. La SCJN debería estar facultada para presentar
proyectos de ley tendientes a modificar su organización y funcionamiento de la
misma manera que el Poder Legislativo y Ejecutivo lo hacen.
Establecer esta prerrogativa para la SCJN, además de
equilibrar el principio de división de poderes, tiene como finalidad
incrementar la calidad de la legislación en materia judicial, ya que el Poder
Judicial estaría en posibilidad de aportar su experiencia para el eficiente
desempeño de sus funciones, al mismo tiempo que se procura su eficiencia para
la impartición de justicia pronta y expedita.
5. Implementación del voto obligatorio
con sanción
Actualmente, nuestra Constitución Política establece
el voto como un derecho y una obligación de los mexicanos; sin embargo, aunque
ya se contempla el voto como obligatorio, no se especifican sanciones[5]
por su incumplimiento.
En países de América Latina[6]
en donde se establecen sanciones a los ciudadanos por no cumplir con la
obligación de sufragar en comicios, la participación ciudadana es más elevada
que en México. Es necesario atender el abstencionismo que surge, en buena
medida, como consecuencia de la desconfianza en las instituciones públicas y en
los partidos políticos, pues ocasiona que exista una falta de representatividad
lo cual se puede traducir en falta de legitimidad.
Al implementar el voto obligatorio con sanción se
empodera políticamente a los electores, al mismo tiempo que se crea una cultura
cívica que fortalece la democracia. Asimismo, esta práctica se puede fortalecer
con incentivos para la participación ciudadana, mecanismos de votación
electrónica y la segunda vuelta electoral.
6. Facilitar la constitución de
partidos políticos
La democracia requiere que existan los medios para
que las personas puedan acceder del poder político. México tiene un sistema
pluripartidista, en el que los partidos políticos son un espacio que permite la
pluralidad de la representación política.
La competencia electoral es un factor importante en
la formación de nuevos partidos, la cual a su vez depende de las “barreras de
entrada” tales como la dificultad para registrar un nuevo partido y la
probabilidad de que dicho partido mantenga el registro.
Facilitar la constitución de partidos políticos
permite la existencia de mayores ofertas[7]
y una sana competencia política, así como la pluralidad de vías de acceso para
que las personas formen parte del proceso de toma de decisiones. En México
existen importantes barreras para la creación de partidos políticos, como el
hecho de que solo puede iniciarse este proceso cada seis años.
Los partidos políticos, además de incrementar la
participación política, son alternativas para los electores, y permiten la
pluralidad de intereses, valores, doctrinas y principios. Además, impulsan el
cambio en las relaciones de poder al crear un sistema de partidos competitivo
en el que los partidos políticos, idealmente, deberían ofrecer opciones de
representación y participación atractivas para la ciudadanía.
7. Voto electrónico en
México
El uso de
la votación electrónica presenta una serie de ventajas para contribuir el
desarrollo democrático de los países, por lo que en varios ya utilizan este
sistema de votación o tienen previsto hacerlo en breve.
Entre las
principales ventajas de implementar la votación electrónica se encuentra:[8]
Mayor rapidez en la votación, conteo y tabulación,
lo que permite al ciudadano verificar el voto.
Mayor precisión en los resultados, ya que se reduce
la posibilidad del error humano.
Mayor comodidad para el votante, al permitir una
votación ágil, rápida y, en algunos casos a distancia.
Mayor accesibilidad al voto a grupos vulnerables de
personas con discapacidad visual, auditiva y de movilidad.
Reducción del abstencionismo, en particular con el
uso de voto por internet, ya que el voto puede ser registrado a distancia y
favorece el voto de las personas en países extranjeros.
Ahorro de gastos de operación en la elección por la
reducción de las horas trabajadas del personal en las mesas de votación; la
disminución de costos de producción y distribución de boletas; gastos por
conceptos de logística y papelería.
A nivel internacional,
se ha implementado la votación exitosamente en países como la India y Brasil,
en donde la votación electrónica vinculante se ha llevado al 100 por ciento de
la votación de manera gradual.[9]
Brasil es
un caso de éxito porque ha logrado garantizar la seguridad y transparencia, a
través de la participación de partidos políticos y ciudadanos en la observación
y evaluación de las etapas para la preparación del voto electrónico. Por su
parte, en la India se ha logrado implementar un sistema de votación con el
costo por máquina más bajo en el mundo (300 dólares por máquina)[10].
La
implementación del sistema de votación electrónica es factible en México y
puede contribuir a garantizar la certeza en las elecciones al fortalecer los
principios de legalidad y transparencia en el ejercicio del voto y, con ello,
la calidad de las elecciones.
8. Reducción de los periodos de
campaña
México tiene de los periodos de
campaña más largos de América Latina. En países europeos como España y Francia
la duración es aún menor (15 días), esto facilita la reducción de costos por
campañas más cortas, permite tener un mayor control sobre los gastos de los
partidos, e incentiva a que los candidatos se concentren en las propuestas.
Asimismo, existe la percepción de que
la larga duración de las campañas no favorece el debate ni tiene un impacto en
los niveles de participación ciudadana. Por el contrario, puede ocasionar
fastidio electoral. En este sentido, se identifican las siguientes ventajas de
reducir los costos de campaña:[11]
Impacto positivo en el costo y uso efectivo de
medios de comunicación.
Ahorro sustancial de recursos.
Distribución del ahorro del gasto a rubros de
desarrollo social.
Mayor facilidad para fiscalizar el gasto.
Reducción del costo de la democracia.
9.
Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
El combate a la corrupción ha sido uno de los
principales ejes de acción durante el primer año de gobierno de la nueva
administración federal y se mantiene como una de las principales preocupaciones
de los mexicanos. No obstante, la política anticorrupción del gobierno federal
ha sido implementada sin utilizar los espacios de coordinación y recursos
técnicos ofrecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. El cual, además de
haber sido desaprovechado, ha sido debilitado con fuertes recortes
presupuestales.
Una política anticorrupción exitosa debe de
incluir necesariamente la participación del Poder Ejecutivo, pero también de
los Órganos Autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la academia y
sociedad civil. Además, debe de ser acompañada por un diagnóstico claro, un
plan y estrategia concreta, y mecanismos de evaluación y seguimiento. El
Sistema Nacional Anticorrupción ofrece un espacio de coordinación donde las
distintas instituciones encargadas de combatir la corrupción pueden diseñar
acciones conjuntas que tengan un mayor impacto y efectividad en combatir la
corrupción. Dentro del marco de responsabilidades del SNA es necesario:
Fortalecer a las
fiscalías especializadas anticorrupción. La voluntad política, por sí sola, no es
suficiente para terminar con la impunidad imperante en los casos de corrupción.
Ésta debe de ir acompañada de fiscalías capaces de, primero, encontrar la
evidencia necesaria para probar la existencia y operación de redes de
corrupción, y segundo, presentarla a un juez de manera convincente. Lo anterior
requiere de personal especializado y con capacitación constante, acceso
oportuno y sin barreras a sistemas de información y un diseño institucional que
garantice la autonomía de estos órganos de decisiones política.
Implementar el Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de
Conflicto de Interés. A pesar de haber sido una de las principales demandas ciudadanas
de los últimos años la implementación de un sistema claro y eficiente de
evolución patrimonial y detección de conflictos de interés ha sido pospuesto en
más de una ocasión. Además de la aprobación de los formatos de las
declaraciones, es necesario establecer un sistema interconectado que facilite
la revisión en tiempo real de las declaraciones de los servidores públicos.
Robustecer la Plataforma Digital Nacional del SNA. Uno de los principales
componentes del SNA es la creación de una Plataforma Digital Nacional que
permita utilizar herramientas de análisis de datos para detectar riesgos de
corrupción, automatizar procesos y generar indicadores confiables y proveer al
gobierno de los datos y estadísticas necesarias para dar seguimiento a las
políticas anticorrupción implementadas. Si bien esta plataforma podría ser una
de las principales herramientas de inteligencia para diseñar mejores
intervenciones de política pública, los recortes sufridos en el último año han
limitado su funcionalidad y alcance.
10.
Crear una Ley General de Contrataciones Públicas
La mayoría de los
escándalos de corrupción de los últimos años han estado vinculados a esquemas
de desvío de recursos al momento de ejecutar compras públicas. En gran medida,
las redes de corrupción aprovechan la disparidad e inconsistencia en las leyes de
adquisiciones y obras públicas estatales, así como lagunas importantes en las
leyes federales, para extraer recursos del erario. La creación de una Ley
General de Contrataciones Públicas permitiría establecer un mismo proceso y
estándar para los procesos de compra de todos los niveles de gobierno que
favorezcan la libre competencia económica y corrijan las deficiencias que han
propiciado el funcionamiento de esquemas de corrupción como el de la Estafa
Maestra.
11.
Crear una nueva plataforma electrónica de contrataciones públicas.
La plataforma
electrónica de compras públicas actual, COMPRANET, es deficiente y mal
utilizada. Si bien ésta debería de ser utilizada como una plataforma
transaccional donde todo el proceso de contratación sea realizado de manera
electrónica, la realidad es que ha sido utilizada simplemente como un
repositorio de información incompleta y de baja calidad. El diseño y uso
deficiente de la plataforma imposibilita el uso adecuado de los datos
registrados. A pesar de que el gobierno federal anunció un rediseño de la
plataforma, ahora en manos de la Secretaría de Hacienda, éste no ha sido
implementado. La nueva plataforma de contrataciones deberá incorporar el ciclo
completo de contratación: planeación, licitación y ejecución. Además, deberá
ser completamente transaccional, estandarizada, confiable, transparente y
amigable al usuario. Los campos registrados de cada proceso de compra deberán
de ser utilizados para implementar una política de datos para la revisión y
auditoría de procesos de contratación.
12.
Establecer y/o fortalecer los programas de integridad corporativa
El combate a la corrupción debe atender de igual forma los
riesgos y malas prácticas del sector privado. Los programas de ética e
integridad empresarial son un instrumento útil para guiar y proteger las
actividades de las empresas. Es necesario implementar un catálogo de estándares
mínimos de cumplimiento en las empresas, mediante normas o reglas de actuación
en concordancia con los ordenamientos internacionales y nacionales, donde las
empresas puedan acreditar que su programa de cumplimiento está sustentado en un
diagnóstico preliminar, que el personal conoce el programa y que éste es
supervisado por un oficial responsable de su cumplimiento.
[3] Jorge
Kristian Bernal Moreno, El financiamiento de los partidos políticos en el
derecho comparado. Alternativas para México (México: Universidad
Autónoma de México, S/F), https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1968/6.pdf
(Consultado el 14/07/2019).
[4] Claudia Gamboa Montejano, Segunda
Vuelta Electoral: Estudio Teórico Conceptual, de Derecho Comparado y de
Iniciativas presentadas en la materia (México: Cámara de Diputados, 2017) http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15_17.pdf
(Consultado el 14/07/2019).
[9] Agustín Castilla Marroquín, “Análisis Jurídico, Económico y Social para la
Implementación del Voto Electrónico en los Procesos Electorales Federales en
México “, (Tesis de maestría, EGAP-ITESM, 2012).
En la
última década México cayó 7 posiciones en el subíndice de Gobiernos eficientes
y eficaces al pasar de la posición 28 en 2007 a la 35 en 2017
En los
últimos 10 años el promedio de días requeridos para abrir una empresa a nivel
mundial se redujo a la mitad: pasó de 30 a 15 días entre 2007 y 2017
En Brasil,
el tiempo promedio para abrir una empresa en 2017 fue de 83 días. En Canadá fue
de apenas 36 horas
El subíndice Gobiernos considera la
forma en que éstos son capaces de influir positivamente en la competitividad de
sus países. En particular, se mide el impacto de las políticas e instituciones
de gobierno en la competitividad de los mercados mediante tres ejes: 1) el
costo de hacer negocios, asociado a trámites e interacción con autoridades, 2)
la calidad de la regulación sectorial y promoción de la competencia y 3) la
suficiencia y eficiencia del gasto público.
Tabla V.1 Indicadores que conforman el subíndice Gobiernos
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES
MEJORES DEL MUNDO
1° Dinamarca
Por sexto año consecutivo obtuvo el primer
lugar en este subíndice. De los 12 indicadores analizados, Dinamarca se ubicó
dentro de las primeras cuatro posiciones en la mitad de ellos. Sobresale por
ser el país que mayores ingresos fiscales obtuvo como porcentaje de su PIB (34%)
al tiempo que gravó con la segunda menor carga impositiva a las empresas como
porcentaje de sus utilidades (25%). Es también el tercer país en el que menos
días se requirieron para la apertura de una empresa (cuatro días en promedio) y
uno de los cuatro países con mayor nivel de desarrollo del gobierno electrónico
y menor impacto de la informalidad en su economía. También formó parte de la Alianza
para el Gobierno Abierto.
2° Suecia
Tuvo un desempeño relativamente alto en más de la mitad de los
indicadores que componen este subíndice. En siete de ellos se ubicó dentro de los
primeros 10 lugares. La elevada recaudación como porcentaje de su PIB (28%), la
efectividad de su gobierno (1.8 de 2.5 puntos posibles), el grado de
implementación del gobierno electrónico (0.9 de 1 punto posible), el formar
parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, así como el limitado impacto de
la informalidad en su economía explican la posición de este país en el
subíndice.
3° Noruega
Se ubicó en la tercera posición de este
subíndice al tener cuatro indicadores dentro de las primeras tres posiciones.
Ocupó la segunda posición en el índice de efectividad del gobierno (2 puntos de
un máximo de 2.5), es el segundo país con el menor impacto de la informalidad en
el desarrollo de su economía (8 de 100 puntos), y el tercero en el que se
requiere menor tiempo para preparar y pagar impuestos (83 horas frente a un
promedio de 237 horas). Al igual que Dinamarca y Suecia, Noruega formó parte de
la Alianza para el Gobierno Abierto.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS
Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Tiempo de altos ejecutivos a temas burocráticos (6.9 de 10 puntos)
De acuerdo con datos del Fraser Institute, México
se ubicó en la posición 12 de entre los países evaluados en relación al tiempo exigido
a sus ejecutivos para tratar temas burocráticos al obtener 6.9 puntos en este
indicador.
Impuesto sobre el ingreso (14% de un ingreso equivalente al PIB per cápita del país)
México
ocupó el lugar 16 en este indicador con una tasa impositiva de 14% sobre el
ingreso. Esta cifra fue tres puntos porcentuales inferior a la que en promedio presentaron
los 43 países analizados (17.3%).
Deuda total del gobierno central (47% del PIB)
México se ubicó en la posición 19 en este
indicador con una deuda que equivale al 47% de su PIB. Aunque en años recientes
ha habido un crecimiento importante de las obligaciones financieras del
Gobierno mexicano como porcentaje de su producto interno bruto (entre 2001 y
2017 pasó de 22 a 47%), éstas se mantuvieron 18 puntos porcentuales por debajo
del promedio (65%) de los países de la muestra.
DEBILIDADES
Carga impositiva (52% de las utilidades)
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la
carga impositiva que enfrentaron las empresas en México equivale al 52% de sus
utilidades frente a un valor medio de 45% en el resto de los países de la
muestra. Por esta razón nuestro país se ubicó en el lugar 34 de 43 en este
indicador.
Índice de efectividad del gobierno (0 puntos de un rango de -2.5 a 2.5 puntos)
La
efectividad del Gobierno mexicano fue relativamente baja en comparación con la
mayoría de los países evaluados. Mientras que México obtuvo 0 puntos de un
rango que va de -2.5 a 2.5 puntos, los 43 países evaluados obtuvieron en
promedio 0.8 puntos. Lo anterior posicionó a nuestro país en el lugar 37 de 43.
Economía informal (2.1 puntos de cien)
México ocupó la penúltima posición (2.1 puntos
de 100 posibles) en cuanto a la percepción de las empresas sobre el impacto de
la informalidad en el desarrollo de la economía, solamente por delante de
Colombia (1.8 puntos). El promedio de la muestra de países analizados fue de
5.1 puntos.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE GOBIERNOS
IMCO PROPONE
1. Implementar la Ley General de Archivos
Uno de los principales componentes en el combate
eficaz a la corrupción es tener condiciones de transparencia y rendición de
cuentas que generen certidumbre a la ciudadanía. El 15 de junio de 2019
entró en vigor la Ley General de Archivos, que busca establecer los principios
y las bases generales para la organización, conservación y administración
homogénea de los archivos que se encuentren en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades
federativas y los municipios.
A partir de su publicación se cuenta con un año para implementarla y
para ello se requerirá lo siguiente:
Monitorear la armonización del
Sistema Nacional de Archivos.
Este ejercicio exige documentar, a partir de indicadores de seguimiento y
evidencia, los avances en su implementación para atender áreas de mejora.
Asegurar la independencia del
Archivo General de la Nación. Para cumplir con el objeto de la ley, es indispensable que el
órgano encargado de resguardar y administrar la memoria histórica del país
cuente con los recursos presupuestales y humanos necesarios. Además de cumplir
con todas las obligaciones de transparencia que le corresponden.
2. Consolidar un servicio civil de carrera
funcional en áreas clave de las administraciones públicas
Las
últimas administraciones han fracasado en el establecimiento de un servicio
civil de carrera que funcione adecuadamente. Parte fundamental de un buen
gobierno es contar con una administración pública técnica, especializada e
independiente, que permita la implementación de políticas públicas de la forma
más eficiente.
En
este sentido, el servicio civil en México tiene que ser un sistema de
administración y gestión de recursos humanos que:
Cuente con reglas y procedimientos transparentes
que permitan la igualdad de oportunidades en el ingreso al sector público.
Asegure el desarrollo profesional y una carrera
en el sector público, con base en reglas y principios meritocráticos, enfocados
a satisfacer de forma efectiva y especializada las demandas que enfrenta la
administración pública.
Actualmente,
existen modelos exitosos, como el del Banco de México, que podrían servir de
guía para implementar el servicio civil de carrera en áreas clave de las
administraciones públicas como finanzas, fiscalización, control, transparencia,
procuración e impartición de justicia.
3. Crear un
Consejo Fiscal
La responsabilidad hacendaria no es cuestión menor.
La SHCP tiene a su cargo la proyección y estimación de una serie de variables sobre el
comportamiento de la economía. Año con año, se han realizado reajustes y
correcciones a dichas estimaciones. Estos constantes cambios han generado
incertidumbre, con un costo enorme para el país. Por ello, el Fondo Monetario
Internacional recomendó a México para elevar la discusión en materia de
política fiscal y visualizar sus áreas de oportunidad en el corto, mediano y
largo plazo.
Al
respecto, el Congreso de la Unión es el encargado de la autorización y revisión
de los paquetes económicos para cada ejercicio fiscal. Sin embargo, la
discusión se ha limitado a la aprobación de lo que el gobierno presenta. Por
ello, se requiere un órgano técnico e independiente encargado de generar sus
propias proyecciones y estimaciones, que sirvan de contrapeso y mejoren la
certidumbre del país en materia económica. Por ello, es necesario alentar la
conformación de un Consejo Fiscal, técnicamente robusto, que dé sostenibilidad
a las finanzas públicas en sus distintas dimensiones: ingresos, deuda y gasto.
Este
Consejo, tal y como ocurre en más de treinta órganos de su tipo en el mundo,
deberá contar con facultades para:
Asesorar a las comisiones de hacienda y
presupuesto.
Proporcionar información a los
legisladores.
Realizar análisis económico.
Elaborar estudios.
Analizar el paquete económico.
Participar en foros.
4. Consolidar fiscalías generales autónomas
En 2018 comenzó a operar la FGR, dando
pie a una verdadera transformación institucional que pretende mejorar la
calidad de la procuración de justicia mexicana. Para lograrlo se requiere
asegurar el funcionamiento de sus condiciones mínimas de operación a partir de
acciones que garanticen:
Servicio civil de carrera con un
adecuado esquema de incentivos.
Fortalecimiento de la Visitaduría
(Unidad de Asuntos Internos)
Aprovechamiento de las tecnologías de
información y comunicación.
Monitoreo permanente de su desempeño.
Implementar esquemas de colaboración con
fiscalías locales.
Fortalecer mecanismos de participación
ciudadana
5. Sistema Nacional de Mejora
Regulatoria
Uno de los principales retos que
enfrentan las empresas mexicanas es el excesivo catálogo de trámites y
servicios que, además de elevar los costos, abren espacios a discrecionalidad,
opacidad y actos de corrupción.
El 18 de mayo de 2018 se publicó la Ley
General de Mejora Regulatoria que busca perfeccionar regulaciones y simplificar
trámites y servicios para eliminar los retos que las empresas han enfrentado en
los tres órdenes de gobierno. Si bien hay algunos avances por parte del
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), para cumplir cabalmente con
el objetivo de un sistema, se deberá poner énfasis en las acciones encaminadas
a:
Emitir el Reglamento de la Ley General de Mejora Regulatoria.
Instalar el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
Implementar el Registro Federal de Trámites y Servicios.
En 2017, el valor agregado de la industria en México decreció 7.8% respecto a su valor en 2015.
El promedio de la productividad media del trabajo de los países aumentó de 2015 a 2017 pasando de 57 mil 419 dólares por persona económicamente activa a 59 mil 319 dólares.
China aumentó de manera destacable la eficiencia de su mercado de factores, escalando 8 posiciones respecto a 2015, esto debido a que en 3 de los 8 indicadores subió de lugar.
El subíndice Mercado de factores mide la eficiencia de los mercados de factores de producción, principalmente el laboral y de energía. Se incluyen indicadores sobre la productividad del trabajo, el valor agregado de la industria y la agricultura, la flexibilidad de las leyes laborales y la eficiencia energética. Aquellos países donde los trabajadores son más productivos y donde se utiliza la energía de manera más eficiente, son más atractivos para el talento y la inversión.
Tabla VI.1 Indicadores que conforman el subíndice Mercado de factores.
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL
MUNDO
1° Irlanda
Irlanda se coloca en el primer
lugar debido a que en la mitad de los indicadores se ubicó dentro de los 10
mejores países. Su industria fue la que generó mayor valor agregado con 308 mil
401 dólares por trabajador industrial y es también el país que presentó la
mayor eficiencia energética. Además, su productividad laboral fue la segunda
más alta con 158 mil 334 dólares por persona económicamente activa. En términos
de transparencia se colocó como el séptimo con mejor calificación en el índice
de transparencia y regulación de la propiedad privada.
2° Suiza
Suiza ocupa el segundo lugar en
el subíndice ya que en cuatro de los indicadores se encontró dentro de las tres
mejores posiciones. Destaca el segundo lugar en cambio de inventarios. Además del
tercer lugar en eficiencia energética, valor agregado de la industria con 172
mil 743 dólares de 2010 por trabajador y una productividad media del trabajo de
131 mil 634 dólares de 2010 por persona económicamente activa.
3° Noruega
Tres indicadores explican la posición
de Noruega. Al ocupar el primer lugar en la métrica de productividad media del
trabajo con 172 mil 706 dólares por persona económicamente activa y un segundo
lugar tanto en valor agregado de la industria (298 mil 352 dólares de 2010 por
trabajador) como en el valor agregado de la agricultura (130 mil 085 dólares de
2010 por trabajador).
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Edad de retiro (69 años) *
México se coloca en la cuarta
posición del indicador con una edad para el retiro 6 años por arriba del
promedio de los 43 países evaluados.
*única fortaleza
DEBILIDADES
Valor agregado de la agricultura (5 mil 505 dólares por trabajador
agrícola)
México se posicionó en el lugar
37 en este, mientras que el promedio de los países seleccionados es de
aproximadamente 40 mil dólares.
Productividad media del trabajador (22 mil 122 dólares por PEA)
La productividad media de los
trabajadores en México es una de las 12 más bajas. La productividad del país es
menos de la mitad que el promedio de los 43 países.
Valor agregado de la industria (25 mil 874 dólares por trabajador
industrial)
El país se ubica en la posición
31 de este indicador ya que el valor agregado generado por el sector industrial
es casi 50 mil dólares menos que el promedio de los países evaluados.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE MERCADO DE FACTORES
IMCO PROPONE
PRODUCTIVIDAD Y FORMALIDAD LABORAL
1.
Reformar el sistema de seguridad social para trabajadores.
El esquema actual de seguridad social para trabajadores no
incentiva correctamente la generación de empleos formales y productivos.
Durante años, el IMCO ha planteado que la implementación de un sistema de
seguridad social universal desvinculado del estatus ocupacional de las personas
reduciría las disparidades en el costo para contratar personal formal o
informal. Esta propuesta impulsada por Santiago Levy[1] permitiría
corregir las distorsiones del sistema actual, que puede desincentivar en el
largo plazo la creación de nuevas plazas de trabajo formales. La propuesta debe
ir acompañada de un esquema de protección ante el despido, como un seguro de
desempleo. En este sentido, el seguro de desempleo financiado con aportaciones
de empresas y trabajadores es un mecanismo de flexibilización del mercado
laboral, ya que es un precursor de la eliminación del mecanismo de liquidación
laboral.
Según Santiago Levy, destrabar la regulación de despidos y
unificar al sistema social contribuye a generar mejores oportunidades labores
en el sector formal para los trabajadores, así como la posibilidad de ganar
salarios más altos a lo largo de su vida[2].
Quitar la asociación entre estabilidad laboral y seguridad social a través de
implementar una política de seguros de desempleo, en vez del actual mecanismo
de liquidación laboral, lograría dar mayor flexibilidad al mercado laboral.
2.
Reducir la tasa efectiva de ISR para los trabajadores de ingresos más bajos.
La política fiscal que regula las relaciones de trabajo asalariado
en México también contribuye a la falta de generación de empleos formales.
Recientes análisis del IMCO apuntan que la estructura de cobro del Impuesto
sobre la Renta (ISR) de asalariados comienza a imponer tasas nominales y
efectivas muy altas a los trabajadores con salarios bajos, en comparación con
otros países de América Latina.
Una propuesta para mejorar la equidad del cobro de este impuesto
implicaría la reducción de tasas de ISR y cuotas fijas contenidas en la Ley de
ISR, de manera que los trabajadores de los primeros siete deciles pagarán una
tasa sustantivamente menor a la actual.
INVERSIONES DE CAPITAL
1.
Desarrollar capacidades de la fuerza laboral frente a los procesos de
automatización del trabajo.
Un análisis del IMCO, con base en el trabajo de Frey y Osborne[3],
revela que cerca del 35% de la Población Económicamente Activa Ocupada en
México labora en ocupaciones que tienen una probabilidad muy alta de ser
automatizadas en los próximos 10 o 20 años. La automatización de procesos,
tanto en industrias como en servicios, tiene el potencial de elevar la
productividad. Sin embargo, también puede hacer obsoletas las habilidades de
sectores enteros de trabajadores. Las personas con ocupaciones intensivas en
trabajo mecánico o repetitivo son las más vulnerables a estos cambios
tecnológicos. En principio, la política pública debe enfocarse en hacer que las
inversiones en máquinas, robots y programas computacionales sean un complemento
del trabajo y no un sustituto perfecto. Esto se logrará únicamente con
capacitación laboral que permita a los trabajadores adquirir habilidades para
operar nuevas tecnologías. De lo contrario, los mercados laborales podrían experimentar
un desequilibrio importante en las siguientes décadas.
2.
Identificar y corregir disparidades tributarias entre tipos de activos y
fuentes de financiamiento.
De acuerdo con un estudio reciente del Fondo Monetario
Internacional[4],
eliminar las distorsiones de disparidades tributarias que discriminan entre
tipos de bienes capital, fuentes de financiamiento, formalidad de empresas y
tamaño de empresas, puede contribuir un cuarto de punto porcentual al
crecimiento económico de los países en desarrollo.
Estas disparidades se ven reflejadas, por ejemplo, en la
diferencia que existe entre la tasa marginal efectiva impuesta a la compra de
maquinaria y la que corresponde a estructuras y edificios. Esta diferencia
puede orillar a los inversionistas a hacer compras de capital a bienes de
capital menos rentables, pero con ventajas tributarias. De igual manera, las
disparidades se observan entre fuentes de financiamiento. Si las tasas
impositivas sobre la inversión financiada con capital son más altas, en comparación
a la impuesta sobre el financiamiento de deuda, se corre el riesgo de reducir
el incentivo a reducir gasto en inversiones que necesitan de recursos
patrimoniales, como el de Investigación y Desarrollo.
3.
Reducir el ritmo y la magnitud del endeudamiento público para liberar recursos
prestables a la inversión privada.
Con datos del Banco de México, es posible observar que los
Requerimientos Financieros del Sector Público como porcentaje del PIB han pasado
de menos del 30%, en 2007, a mantenerse cerca del 45%, desde 2016 a la fecha.
La razón de deuda pública sobre el PIB se ha incrementado en últimos 10 años,
con efectos directos y poco visibles sobre la economía o el bienestar de las
familias. El endeudamiento público puede actuar en detrimento de la inversión
privada, ya que absorbe recursos prestables de los mercados de crédito que
podrían ser usados por empresas. Es necesario disminuir el riesgo de
desplazamiento de recursos, reduciendo las distorsiones que pueda imponer el
endeudamiento público en los mercados crediticios.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GENERACIÓN ELÉCTRICA LIMPIA
1. Promover la concientización social sobre la
eficiencia energética.
Actualmente
existen 30 NOMs que disponen de criterios de eficiencia energética para motores
industriales, electrodomésticos, sistemas de alumbrado, edificaciones y
vehículos, entre otros. Sin embargo, los beneficios económicos de estas normas
solo se verán reflejados con la sustitución de equipos y aparatos por parte de
los consumidores. Por ejemplo, en el sector doméstico, las acciones de
eficiencia energética permiten reducir el consumo eléctrico hasta en un 34%, lo
que representa un ahorro por hogar entre $mil938 y $19 mil378 pesos al año
(según el tipo de tarifa).
2. Crear normas técnicas obligatorias (NOM) para
la construcción, operación y mantenimiento de equipo para generación
distribuida y redes inteligentes.
La
generación distribuida de producción de electricidad utiliza tecnologías
(usualmente renovables) a pequeña escala y cercana a los usuarios finales. Es
importante contar con estándares, no solo para el equipo, sino para su
instalación tecnológica. Esto se vuelve aún más importante para el mercado de
energía a pequeña escala.
3. Dar incentivos a inversiones en generación
distribuida a través de diferenciar los Certificados de Energía Limpia (CELs)
por escala de producción.
Los CELs
son títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que acredita
la producción de energía eléctrica a partir de energías limpias. La norma debe
permitir a los pequeños productores, menores a 10kW de capacidad instalada
(usuarios residenciales y comerciales), obtener más certificados por la misma
unidad de energía que un gran productor. También se les puede permitir
amortizar los pagos de cada certificado en el futuro desde el primer año para
facilitar su financiamiento.
4. Transitar del subsidio generalizado en el
precio de la electricidad a un subsidio a la inversión.
En 2017, el 99%
de los hogares mexicanos recibió un subsidio eléctrico. Este subsidio provoca
que el verdadero costo de la electricidad no se refleje en el precio pagado por
quien recibe el servicio. Tan solo entre 2004 y 2014, el monto del subsidio
ascendió a poco más de 1 billón 350 mil millones de pesos a precios de 2019.
Según un reciente estudio del IMCO, elaborado en colaboración con el consultor
Javier Gala Palacios, este monto agregado de subsidio es suficiente para
instalar paneles solares en todos los hogares de México.[5]
La propuesta para diseñar e implementar un esquema gradual de transición de un
subsidio generalizado, a través del precio, a un subsidio a la inversión en
paneles solares conlleva muchos beneficios. Para los hogares, se genera una
protección contra cualquier aumento en el precio de la electricidad, el
subsidio se convierte en inversión en el patrimonio de las familias con menos
recursos. Para la sociedad, se transita al uso de energías renovables y
limpias, se reduce la emisión de los gases de efecto invernadero, y el gobierno,
eventualmente, podría quitar el subsidio generalizado en la electricidad
liberando recursos para otros proyectos o programas.
5. Inversión en energía eólica en el Istmo de Tehuantepec.
Hay una necesidad
urgente de generación de energía eléctrica en la zona del sur-sureste del país.
La perspectiva energética de 2017 de la Secretaría de Energía, estimó que para
2030 será necesario ampliar la capacidad instalada de generación en 13,273.5
MWh, aproximadamente, el doble de la capacidad actual. Una inversión de 34
mil millones de dólares aseguraría las necesidades energéticas de la región
hasta 2030. El esquema de inversión prevé que el 63% de la energía sea de
fuentes renovables y el 37% de fuentes convencionales. De esta forma, se
aprovechan los bajos costos de la energía renovable, sin dejar de garantizar la
continuidad del suministro. En términos de energía renovable, el Istmo de Tehuantepec es la mejor zona de
América para este tipo de generación. Chiapas tiene capacidad para generar el
37% de la demanda nacional de electricidad. Mientras que Campeche y Yucatán
tienen el potencial para generar el 50% de la demanda nacional de electricidad.
6. Dar certidumbre a los compromisos
gubernamentales en las inversiones en infraestructura y generación de energía.
La reciente cancelación de los
proyectos de líneas de transmisión, así como de las subastas eléctricas, tiene
efectos adversos en el mercado eléctrico. Primero, cancelar la inversión en infraestructura provoca que la distribución de
electricidad sea ineficiente, ya que no permite la transmisión de energía de
manera ininterrumpida y confiable de los centros de producción a las zonas con
mayores necesidades energéticas. La cancelación de más subastas eléctricas
podría retrasar el desarrollo de capacidad adicional para producir energía
renovable, poniendo presión en los precios para satisfacer la creciente demanda
y generando incertidumbre en el mercado. El capital privado de riesgo ofrece
una fuente alternativa de financiamiento para un Gobierno federal que impone un
esquema de austeridad en el gasto público. Dar certidumbre y cumplir con las
obligaciones derivadas de inversiones en infraestructura, licitaciones y
subastas de electricidad y energías renovables, es la mejor forma de lograr una
transición nacional al abastecimiento de energía a precios estables y con
fuentes renovables.
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA
1. Autorizar y regular la producción comercial de productos
agrícolas genéticamente modificados.
De acuerdo con datos de Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés), entre 1994 y 2016 la productividad agrícola de México ha crecido cerca
de un 2.5% anualmente. México debe instrumentar políticas que permitan la
investigación, siembra, producción y comercialización de organismos
genéticamente modificados, incluso en cultivos sensibles como el maíz, con el
fin de elevar la productividad por hectárea e incentivar innovaciones útiles
para las necesidades específicas del país (por ejemplo, resistencia a sequía, o
investigación en maíz blanco). La introducción de estos productos debe estar
acompañada de una restricción de su venta y siembra en zonas donde pueda verse
afectada la biodiversidad. México debe invertir en que los agricultores
conozcan y usen paquetes tecnológicos de mayor productividad. Una política
pública inteligente en el tema de organismos genéticamente modificados (OGM)
buscaría un equilibrio entre los intereses de los grupos conservacionistas, que
tienen por objetivo preservar la información genética del maíz y otros granos,
y el aumento de la productividad del sector.
En general, los paquetes tecnológicos deberían intensificar la
productividad por hectárea, para que el país pueda dedicar una mayor superficie
a otros fines, como agroproductos con mayor valor agregado, o la conservación
ambiental. Una política pro-OGM podría ser útil para preservar el capital
natural, siempre y cuando los incentivos, zonas y temporadas de veda, así como
usos específicos, estén claramente regulados y sea fácil para la autoridad
hacer cumplir la regulación. El control biológico de plagas es una tecnología
superior al control químico, y el reto de la regulación es administrar los
nuevos riesgos y complicaciones que pueden resultar de su uso.
Las prohibiciones al uso de OGMs pueden propiciar el uso indebido y la
introducción de variedades que no fueron desarrolladas para México. Los
subsidios al agricultor deberían estar en función del uso de tierra, agua e
insumos, premiando a quien adopte tecnologías que faciliten un uso más racional
de estos recursos escasos.
2.
Subsidiar a consumidores, no a productores de alimentos: instrumentar programas
similares a los cupones de comida de Estados Unidos, a través de tarjeta
electrónica, que permitan a los beneficiarios adquirir alimentos en cualquier
establecimiento al mayoreo o menudeo.
De esta forma se estimula el crecimiento de las redes de
distribución privadas, lo cual ayuda a crear infraestructura en zonas de bajo
desarrollo. Esto implica que el papel del Estado se limite a ser un mecanismo
financiero y de supervisión, y desmantelar la red pública de distribución de
alimentos en el mediano y largo plazo, incluyendo Diconsa, Liconsa y otros. En
esta línea, se deben eliminar subsidios a productos de bajo valor agregado,
como el maíz, y aumentar apoyos para administrar riesgos climáticos, de precio
y de mercado en productos de alto valor agregado.
3.
Organizar el sistema de propiedad de la tierra.
Ante las dificultades para que los ejidos
cambien su régimen de propiedad a uno de propiedad privada, México debería
unificar las bases de datos de Registro Público de la Propiedad y catastros con
el Registro Agrario Nacional (RAN), con el fin de dar transparencia al mercado
de tierra y evitar conflictos de régimen jurídico y de propiedad. Por otra
parte, es necesario profesionalizar el derecho ejidal mediante la asesoría del
poder judicial. En este sentido, se debe hacer pública la información de las
decisiones de las asambleas ejidales, así como los procesos de decisión
colectiva para evitar esquemas clientelares como votaciones a mano alzada y
coerción al interior de los ejidos.
Por otra parte, la
prescripción de los asuntos agrarios debería limitarse a un plazo razonable,
por ejemplo de 15 años, con el fin de evitar litigios interminables en materia
agraria. De igual manera, se deben hacer cumplir los contratos en el sector
ejidal, dando las garantías a la
inversión en ese sector, que se establecen en los tratados comerciales
internacionales.
[1] Santiago
Levy, «Seguridad social universal: Un camino para México», Nexos,
(2012), http://www.nexos.com.mx/?p=15047
(Consultado el 01/10/2019).
[2] Santiago
Levy, Esfuerzos mal recompensados: la
elusiva búsqueda de la prosperidad en México (Washington D.C.: BID, 2018).
México
sigue mostrando fortalezas en estabilidad de precios y bajo desempleo, sin embargo,
el crecimiento económico y el sector financiero son nuestras debilidades.
La
economía china logra robarle el primer lugar a Suiza tras años de tasas de
crecimiento por arriba del 6%.
El
crecimiento económico promedio de los países ha disminuido en los últimos años.
El subíndice Economía mide las principales características económicas de los países. Dentro de este subíndice se incluyen indicadores sobre el crecimiento de la economía, la volatilidad de los precios, la situación de la deuda, la riqueza del país en activos financieros y las reservas internacionales. Los países con economías estables y mercados competidos atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, más propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.
Tabla VII.1 Indicadores que conforman el subíndice Economía
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES
MEJORES DEL MUNDO
1°
China
China se mantuvo dentro de las primeras cinco
posiciones en los indicadores de crecimiento económico, deuda externa, activos
depositantes y reservas. Su crecimiento en 2017 fue del 6.9%, cifra por encima
del promedio general de 3.1%. Mientras que la deuda externa emitida por el país
es de 13% del PIB, menor al promedio general de 131% y solo por arriba del 11%
de Nigeria. Los indicadores en los que el país muestra debilidades son los relacionados
con la estabilidad en las tasas de crecimiento y estabilidad en precios. Mientras que, el indicador de
desempleo permaneció aproximadamente en la misma situación que en 2015 pasando
de 4.6 a 4.7%.
2°
Suiza
Suiza obtuvo el segundo lugar debido a que en ocho de
los 12 indicadores que componen este subíndice, se encontró entre los primeros
10 lugares. El país obtuvo la primera
posición en calificación de la deuda con la calificación máxima y en reservas
con 2 mil 196 dólares por cada mil dólares de importación. Además, los
indicadores de activos financieros, activos de los depositantes e inflación
promedio se posicionan entre los tres primeros lugares del ranking. Sin embargo,
en el indicador de crecimiento económico mostró un desempeño menor al promedio
general.
3°
Canadá
Al igual que Suiza y Alemania, Canadá obtuvo el máximo
puntaje en el índice de calificación de la deuda. Asimismo, sigue manteniéndose
en la posición número uno en los indicadores de variabilidad de inflación y
activos de los depositantes. Adicionalmente, subió 21 posiciones en el
indicador de crecimiento económico. Mientras que una de las debilidades
observadas se relaciona con las reservas, las cuáles se ubican por debajo del promedio.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS
Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Variabilidad
de la Inflación (Desviación estándar de 0.8 en los últimos 10 años)
México, obtuvo la tercera posición en este indicador. La estabilidad de
largo plazo que exhiben los precios en México coloca a nuestro país únicamente
por debajo de Canadá y Países Bajos.
Desempleo
(3.4% de la PEA)
La tasa de desempleo ubicó a nuestro país como el sexto con el mejor
resultado.
Deuda
externa (39% del PIB)
México se encuentra en la posición 13 con una deuda externa equivalente
a 39% del PIB. La deuda se sitúo por
debajo del promedio de 131%.
DEBILIDADES
Inflación
(6% anual)
México ocupó la posición 40 de 43 en el indicador de
inflación. El 6% de inflación registrado en 2017 fue casi el doble del promedio
de los demás países analizados.
Activos
de los depositantes (41% del PIB)
De acuerdo con las cifras del Banco
Mundial, los activos de los depositantes en México se mantuvieron en niveles
muy bajos. En 2017, el país presentó activos por solo 41% del PIB, este porcentaje tuvo un incremento
equivalente a 0.8 puntos porcentuales respecto a 2015 y se ubicó por
debajo del promedio general de 99.7%.
Activos
del sector financiero (48% del PIB)
El país se ubicó entre los cinco peores en este
indicador, únicamente por arriba de Nigeria, Argentina, Indonesia y Guatemala.
Respecto a 2015, los activos subieron casi tres puntos porcentuales respecto al
PIB, este aumento fue suficiente para que México subiera de la posición 40 a la
39. Sin embargo, el porcentaje de activos del sector financiero se sigue
ubicando por debajo de promedio de 181%.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE ECONOMÍA
IMCO PROPONE
1. Crear certidumbre alrededor de los proyectos de infraestructura para atraer inversión.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un
proyecto con aproximadamente el 90% de inversión privada, tuvo un impacto
importante sobre diversas variables económicas. El peso registró una pérdida de
más del 3% contra el dólar, así como una pérdida del 4.2% en el valor de los
títulos intercambiados en la Bolsa Mexicana de Valores (la mayor baja desde
noviembre de 2016)[1]. Además, el diferencial de tasas de interés entre el bono de 10 años
americano y el mexicano, que refleja la prima de riesgo país, incrementó 28%
pasando de 4.85 puntos porcentuales con el anuncio de la cancelación (1 de
octubre) a 6.21 días después (5 de octubre).[2] A esto se suma el freno impuesto por la Administración a las
licitaciones para exploración y perforación petrolera, en particular, el caso
mediático de un proceso de arbitraje internacional iniciado por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) para anular ciertas cláusulas del contrato de un
oleoducto entre Texas y Veracruz con la empresa TransCanada[3][4]. Tras la disputa, la infraestructura logró entrar en operación en
septiembre de 2019[5], pero contribuyó a la incertidumbre. También, la cancelación de
programas públicos como las Zonas Económicas Especiales representa un costo de
oportunidad en el corto y mediano plazo que equivale a 8 mil millones de
dólares y 31 mil empleos[6].
La revocación de contratos públicos en infraestructura genera
desconfianza en inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales retiran la
inversión actual y futura buscando proyectos más seguros. La razón por la cual
no ha habido un deterioro más grave de la cuenta de capital, es el amplio
diferencial de tasas que hay entre México y el resto del mundo, que permite a
capitales especulativos hacer ganancias de corto plazo. La señal que se envía al público
inversionista al cancelar proyectos de inversión rentables, y perseguir
aquellos que no lo son, es que el país perderá viabilidad en el mediano plazo
para solventar sus obligaciones públicas y privadas.
El momento adecuado para cancelar inversiones es antes de iniciar las
obras para ejecutarlas. Cancelarlas cuando las obras ya están en marcha, y más
por razones políticas, es costoso y retrasa el desarrollo del país. Por ello,
es indispensable la continuidad en los proyectos públicos de inversión. Las
decisiones de en qué activos invertir y cómo hacer las inversiones tiene que
ser una decisión técnica, no política, y los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas en todo el ciclo de las inversiones públicas deben
asegurar que se cumpla con los costos y tiempos presupuestados en la obra
pública, de manera que los costos de su ejecución no sean mayores al beneficio
obtenido.
2. Replantear las políticas de austeridad para no poner en riesgo servicios públicos básicos y generar desaceleración en el crecimiento económico.
Desde el inicio de esta Administración se anunció una política de
austeridad a través del recorte al gasto público en todas las dependencias, la
salida de 11 mil 820 servidores públicos y el recorte de los sueldos públicos a
través de la aprobación de una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos. En el primer trimestre de 2019 el gasto público total mostró un
decremento real del 6.1% respecto a 2018.[7] Los recortes han sido tales que el exdirector del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) denunció la falta de recursos para el pago de médicos,
0% de avance en obras y pagos a proveedores y el abasto de medicamentos
comenzaba a pender de un hilo por lo que el servicio a los derechohabientes
estaba en peligro.[8] Además, otras instituciones constitucionalmente autónomas han expresado
la necesidad de recortar estudios, servicios e incluso dejar de operar por los
recortes públicos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).[9] Lo anterior contribuyó a una disminución de 0.2% en términos reales del
producto interno bruto durante el primer trimestre de 2019 respecto al
trimestre anterior.[10] Esta reducción podría empeorar en 2020 dado que el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación prevé una reducción de la inversión
física pública de 36 mil millones de pesos, que equivale a una reducción real
del 5.4% respecto a 2018, así como recortes agudos de más del 20% en funciones
como agricultura, comunicaciones y transportes, economía, desarrollo urbano y
turismo[11].
Por otro lado, la Ley de Austeridad que hasta el momento se encuentra de
regreso en la Cámara de Diputados por las modificaciones llevadas a cabo por el
Senado, contiene aspectos positivos que contribuyen a un verdadero ahorro. Por
ejemplo, el reglamentar que las asignaciones presupuestarias de los entes
públicos destinadas a la difusión de propaganda y publicidad oficial no pueden
ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente. A pesar
de ello, existen puntos preocupantes cuyos efectos podrían afectar la
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. El caso más
relevante es la posibilidad de un uso discrecional de los ahorros generados en
el ejercicio. Con esto, se elimina toda certeza sobre el destino de estos
recursos. Antes de esta modificación la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria establecía que los ahorros se tenían que destinar en
programas sociales acorde con el Plan de Nación. Ahora, no solo podrán ser
programas sociales previamente establecidos, sino por decreto podría ser
cualquier rubro sin fundamento ni motivación. Esto dificulta el monitoreo de
los recursos públicos y mina el balance de poderes entre el Ejecutivo y
Legislativo respecto al presupuesto de egresos de cada ejercicio. Los diputados
deberían contemplar este riesgo cuando revisen esta iniciativa de Ley.
El Gobierno debe replantear la implementación del recorte agresivo y
parejo del gasto público y modificarla por una política de austeridad
construida con base en una mejor planeación, así como la utilización de los
recursos públicos ahorrados en actividades económicas que promuevan crecimiento
y no solo en el saneamiento de las finanzas de Pemex. La apertura de espacios
de discrecionalidad para el uso de recursos públicos, como los ahorros,
dificulta el monitoreo y fiscalización de los recursos públicos, y puede
generar un uso ineficiente e inadecuado de estos. Por lo anterior, es necesario
replantear las modificaciones llevadas a cabo por el Senado de la República en
la Ley de Austeridad por ser aprobada en la Cámara de Diputados.
3. Mantener los objetivos de inflación para proteger el consumo y los ingresos de las familias.
La confianza del consumidor se posicionó en su punto más alto en enero
de 2019 con 42.1%. Esto sumado al aumento del 16% a nivel nacional del salario
mínimo y del 100% en las fronteras es un incentivo para incrementar el consumo
privado a nivel nacional, y con ello generar crecimiento económico. Sin
embargo, se requiere de una política monetaria adecuada para que estos cambios
no se traduzcan en mayor inflación, deteriorando el poder adquisitivo de las
familias.
Además, la presión del tipo de cambio, el aumento en precios de los
productos agropecuarios y energéticos, y el aumento en aranceles alrededor del
mundo son amenazas al objetivo del Banco de México del 3% de inflación. El
respeto a la autonomía del Banco, así como la cooperación y coordinación con
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía es fundamental para
garantizar que las amenazas a los objetivos de inflación no se traduzcan en
menor poder adquisitivo de los mexicanos, ni tampoco en un menor crecimiento
económico.
4.Aumentar la inclusión de mujeres en la economía para incrementar la productividad nacional.
En México, sólo el 44.9% de las mujeres en edad de trabajar están
empleadas[12], que en 2018 representó el 39% de la fuerza laboral[13]. De las mujeres empleadas, el 61% no cuenta con acceso a instituciones
de salud. Estas brechas, no sólo preocupan en términos de desigualdad sino
además generan un impacto económico considerable. De acuerdo con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que
si la brecha de género en la fuerza laboral de México se redujera a la mitad el
PIB per cápita para el periodo 2013-2040 podría crecer a una tasa promedio
anual del 2.46%. Esto implica que, en 2040, el PIB per cápita sería mil 100
dólares mayor, solo por evitar que el capital humano que concentran las mujeres
se pierda.
Hasta ahora, a pesar de que en educación básica y media superior hay más
mujeres graduadas que hombres, no se ha logrado retenerlas en el mercado
laboral o permitir su acceso a empleos formales mejor pagados. En parte esto se
debe a que México es uno de los países en donde más horas se trabaja y donde la
mayoría de las responsabilidades familiares recaen en la mujer.
Por ello, más allá de las cuotas de género en los congresos, es
importante identificar y reducir las barreras de entrada y permanencia que
enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Esto se puede lograr a través de
añadir cierto grado de flexibilidad a los empleos, cambiar los concursos para
ciertas vacantes como lo está haciendo la Suprema Corte de Justicia[14] y respetar e incentivar el uso de los días de paternidad. El Gobierno
puede poner ejemplo con políticas que beneficien a los funcionarios públicos,
así como generar incentivos para que más empresas se sumen a este tipo de
esfuerzos.
Asimismo, los trabajos actuales
de una economía globalizada y construida con base en el avance tecnológico
requieren capital humano capacitado para estos empleos, por lo que, la
incorporación de mujeres en el mercado laboral va más allá de su inclusión en
la formalidad: es necesario cerrar las brechas entre el capital humano
masculino y femenino. A partir de esto, se sugiere priorizar la entrada de más
mujeres a carreras profesionales en ciencias, ingeniería y matemáticas (STEM,
por sus siglas en inglés) a través del fomento a estas profesiones desde la
educación secundaria, los padres a convertirse en defensores en el sistema
escolar de sus hijas jóvenes que muestran interés en la educación STEM. La
capacitación de los maestros para reconocer el interés y abogar por la
inclusión de mujeres jóvenes que muestren interés en estos campos. Mientras que
la industria debe asociarse con escuelas, colegios y universidades para
proporcionar becas, pasantías y otros programas que ayuden a las mujeres
jóvenes a seguir la educación y carreras STEM. El gobierno también tiene un
papel que desempeñar al brindar incentivos a las escuelas que desarrollan
programas para promover la educación STEM para las mujeres jóvenes. Iniciativas
como iniciativas como Girls Who Code
y Black Girls Code han sido exitosas
en crear puentes entre mujeres, sus preocupaciones sociales y campos
científicos.
5. Incrementar la recaudación fiscal con una reforma sobre el ISR y un diagnóstico sobre las condonaciones fiscales.
La recaudación tributaria ha aumentado en
los últimos años. En 2007 era apenas 12.01% del PIB, y en 2017 fue equivalente
al 16.17% del PIB[15]. Sin
embargo, este nivel se encuentra muy por debajo del 34.2% promedio de los
países de la OCDE y del 22.8% promedio de América Latina.[16] El
funcionamiento de un Estado de bienestar que brinde servicios de salud y
educación, programas sociales e infraestructura productiva de largo plazo no es
viable si el Gobierno no recauda más y de forma más eficiente.
La Administración tiene una posición favorable en el Congreso de la
Unión y en congresos locales para impulsar una reforma tributaria progresiva.
Una reforma al ISR de asalariados como la que sugirió IMCO en 2017, que imponga
una tasa cero a las personas físicas formales empleadas que ganen hasta 10 mil
298 pesos, ayudaría a mejorar la distribución del ingreso en el país. Además,
deben mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir las exenciones existentes y
gastos tributarios.
Por el lado del impuesto al valor agregado (IVA), también existen
espacios de mejora. Una de los principales problemas para mejorar la
recaudación son las condonaciones de impuestos que se otorgan a los
contribuyentes. Éstas se refieren a los impuestos que el Estado decidió
anticipadamente no cobrar. Se denominan gastos ya que técnicamente deberían ser
recursos cobrados por el Gobierno pero que se dejan de cobrar con el propósito
que los contribuyentes lo destinen a gastos corrientes, inversión o incentiven
algún sector económico. De 2013 a 2018 el monto que el Gobierno dejó de
recaudar en este rubro asciende a 4 billones de pesos, el equivalente al 70%
del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2019. Es necesario que el Estado
diagnostique la eficiencia de estas condonaciones y, en su caso, cierre las
brechas fiscales que éstas abren en la recaudación tributaria.
El problema de recaudación no corresponde únicamente a nivel federal, de
hecho y, en contraste con los países de la OCDE, México tiene la menor
recaudación a nivel subnacional: la Federación recauda casi el 94% de los
impuestos del país, mientras que los estados recaudan menos del 5% y los municipios
menos del 2%. Una política fiscal más equitativa pasa por una revisión al marco de coordinación
fiscal y redistribución de los ingresos federalizados. El propósito de implementar esquemas más equitativos a través de una
correcta planeación de la política fiscal no es únicamente una mayor
recaudación tributaria, sino tiene como objetivo repercutir en una mejor distribución del ingreso, en
la creación de empleos y el crecimiento de la economía
6. Reducir la informalidad.
La alta informalidad en México sigue siendo un obstáculo para la
productividad. Los trabajadores en el sector informal están atrapados en
círculos viciosos de baja productividad, baja remuneración, bajos salarios,
dificultades para la inversión y economía de subsistencia. La informalidad y su
baja retribución hacen que las desigualdades y la pobreza persistan. El
Gobierno debe mejorar los incentivos a la formalización a través de reducir el
costo de las contribuciones de seguridad social para los trabajadores menos
calificados. Además, se deben de simplificar los sistemas fiscales y
regulatorios para facilitar los costos de cumplimiento de las empresas.
También, es importante cambiar las reglas de afiliación para que un número
mayor de personas en cada familia tenga incentivos a participar en el sector
formal, permitir el trabajo de las mujeres y reducir la dependencia de los
negocios familiares y de la seguridad social asistencial.
7.Eliminar los precios de garantía a alimentos básicos.
A través del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios
Básicos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo
descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno
federal estableció precios de garantía en el campo mexicano.
De acuerdo con los lineamientos de este programa, el Gobierno federal
otorga un subsidio (equivalente a la diferencia entre el valor comercial de su
producto y el precio de garantía –fijado por Segalmex–) a pequeños y medianos
productores de cuatro granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo
panificable) y leche con el objetivo de incrementar sus ingresos, aumentar
su productividad y alcanzar la seguridad alimentaria en el país al reducir las
importaciones de estos productos; en particular de arroz y trigo.
No obstante, se trata de un programa que, aunque pretende beneficiar a
los productores de los cultivos antes mencionados y, en consecuencia, a los
consumidores, tiene implicaciones negativas sobre ambos agentes económicos y
sobre la economía en su conjunto, en detrimento de todos los mexicanos.
Al garantizar un precio mínimo a los productores por encima del precio
de mercado, el Estado mexicano crea distorsiones en las decisiones de oferta y
demanda de productores y consumidores, generando excesos de oferta (excedentes)
o demanda (escasez) de productos agrícolas y con ello espacios para la
corrupción (mercados negros), así como pérdidas en eficiencia.
El programa de precios de garantía del gobierno actual en realidad no es
para todos los productores; lo es solamente para los que están en un padrón.
Esto abre posibilidades a manejo discrecional de los recursos y corrupción. De
expandirse el padrón a todos (o la mayoría) de los productores, las
distorsiones en los precios acabarían por perjudicar a los productores y
consumidores más pobres. Los resultados
de un estudio realizado por el IMCO[17] a inicios de 2018 con el propósito de analizar las implicaciones de una
política de precios agrícolas generalizada[18] son concluyentes. Al modelar un
par de escenarios con precios de garantía superiores en 20% y 50% al precio de
mercado de los cultivos antes mencionados (equivalente al precio internacional
de los mismos más sus costos de transporte), se encontró que:
La producción de arroz y leche se incrementaría (se produciría el doble
de arroz y entre tres y cinco veces más leche).
La producción de maíz se reduciría entre 69% y 78%, y la de trigo entre
33% y 50%.
Se dejarían de producir cultivos más rentables (aguacate, mango,
jitomate, entre otros). La producción de vegetales y frutas disminuiría a
niveles entre una tercera y una quinta parte de los niveles actuales.
Contrario al objetivo de los precios de garantía de alcanzar la
suficiencia alimentaria en el país, las importaciones de maíz aumentarían entre
78% y 180%, las de trigo entre 38% y 85%, y entre 2 y 4 veces más las de
vegetales y frutas.
Habría un incremento promedio de entre 9% y 26% en todos los
precios de la economía.
Bajo el escenario más conservador la economía crecería 0.1%. En el
escenario más agresivo se contraería un 1%.
Es por ello que, ante las numerosas distorsiones y pérdidas de
eficiencia ocasionadas por los precios de garantía, aunado a los costos
fiscales asociados a la instrumentación de programas de esta naturaleza, se
propone eliminar el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios
Básicos y reorientar los recursos asignados[19] a dicho programa hacia acciones que verdaderamente beneficien al campo
mexicano (diseñar instrumentos de mercado específicamente para pequeños
productores, como herramientas para elevar la productividad de los pequeños
productores, así como futuros y coberturas para resolver los altibajos
estacionales de los precios en productos de alto valor agregado pero elevado
riesgo, entre otras).
8.Explorar la implementación de políticas contracíclicas para fomentar el crecimiento económico.
Diversos indicadores económicos muestran que la economía mexicana se
está frenando[20], lo cual puede tener efectos adversos sobre los ingresos de las
familias y el gasto del Gobierno. Por ello, es importante considerar la
creación de un programa contracíclico, para incrementar la inversión pública y
privada en programas y proyectos de infraestructura económica definidos y que
prueben su rentabilidad. Dichos proyectos se deberían concentrar en áreas de
desarrollo como ciencia y tecnología, medio ambiente, desarrollo urbano, salud
y educación.
A su vez, se puede evaluar la creación de un fondo contracíclico[21]. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
-organismo dependiente de la Organización Mundial de las Naciones Unidas-
utilizar una red de seguridad social bien diseñada que proteja a los grupos
vulnerables durante la desaceleración es mejor alternativa a utilizar el gasto
público como medida contracíclica. De hecho, una ventaja esencial de las redes
de seguridad social es que el gasto asociado es intrínsecamente contracíclico,
se recauda cuando la económica aún no se encuentra en crisis. Además, una
dependencia en las políticas contracíclicas basadas en el gasto público —más
que una combinación entre ingresos fiscales y fondos de estabilización— puede
generar desequilibrios entre los suministros de bienes públicos y privados con
efectos distributivos sustanciales, ya que los que reciben los bienes y
servicios públicos no son los mismos agentes que los que se benefician del
gasto privado[22]. Por estas razones, es recomendable la construcción de un fondo
contracíclico con base en criterios a largo plazo.
[2]Ana Thaís Martínez y Jorge Andrés
Castañeda, “La importancia de los bonos del nuevo aeropuerto”, Nexos, (2018), https://www.nexos.com.mx/?p=40378
(Consultado el 25/06/2019).
[3] El Financiero Redacción, México
da señal de no querer respetar contratos: embajador de Canadá, 2019.
[4] Zaga et al, Mexico Economic
Growth to remain slow for rest of the year, 2019.
[5] TC Energía, El Ducto Marino Sur
de Texas-Tuxpan Entra en Operación Comercial, 2019,
https://www.tcenergia.com/noticias/el-ducto-marino-sur-de-texas-tuxpan-entra-en-operacion-comercial/
[6] SHCP, Zonas Económicas Especiales
El Gran Proyecto de Nación, 2017,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287342/Libro_ZEE_2017_web.pdf
[7] Blanco, Government to make more
spending cuts as it seeks to avoid deficit, 2019.
[8] Mejía et al, Germán Martínez
renuncia al IMSS; denuncia política de recortes y despidos, 2019.
[9] Inegi, Inegi en 2019, 2019. Arena
Pública, ¿Cuánto afectará el recorte al poder de investigación de Cofece?,
2019. Hernández, Por una austeridad mejor implementada: CONEVAL, 2019.
[10] Inegi, Producto Interno Bruto de
México Durante el Primer Trimestre de 2019 (Cifras desestacionalizadas), 2019.
[11] Consejo Consultivo Ciudadano
Pensando en México, Ante el programa económico de 2020, 2019.
[12] OCDE, The Pursuit of Gender Equality:
An Uphill Battle, 2017.
[13] Con base en datos de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo, cuarto trimestre 2018 (población ocupada).
[18] Análisis realizado a partir de
un modelo de equilibrio general GTAP (Global Trade Analysis Project).
[19] De acuerdo con el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se estima asignar 19 mil 455
millones de pesos a este programa durante el ejercicio fiscal 2020.
Desde 2001
en México se registran pérdidas promedio anuales de electricidad equivalentes
al 14% de la energía total generada en el país
Entre 2007
y 2017 el porcentaje de la población que usa internet en los países evaluados
pasó del 48 al 75%
En 2017 menos
de una tercera parte (32%) de la población de Indonesia usó internet
El
subíndice Precursores mide la calidad y eficiencia de los sectores
financiero, energético, de telecomunicaciones y de transporte. Estos sectores
son de gran importancia pues se les considera como condiciones necesarias para
impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo
debido a su incidencia directa en muchos otros sectores de la economía. Los
sectores precursores conforman una infraestructura logística, financiera,
energética y de telecomunicaciones que facilita el intercambio comercial, la
provisión de servicios de punta, la innovación y el desarrollo de productos y
empresas. Por ello, su buen funcionamiento es una condición necesaria para
atraer y retener talento e inversión.
Tabla VIII.1 Indicadores que conforman el subíndice Precursores
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES
MEJORES DEL MUNDO
1° Países
Bajos
Países Bajos lidera este subíndice al obtener
el primer lugar en tres indicadores: índice de infraestructura portuaria (6.8
de 7 puntos), índice de calidad de carreteras (6.2 de 7 puntos) y servidores de
internet seguros (70 mil 406 servidores por millón de personas). Asimismo, obtuvo
el tercer lugar en el índice de desempeño logístico (4.1 de 5 puntos), así como
el quinto lugar en cuanto a la penetración del sistema financiero privado
(192%).
2° Japón
Obtuvo la segunda posición como resultado de
su buen desempeño en la mayoría de los indicadores que componen este subíndice.
De los 16 indicadores analizados, Japón se ubicó dentro de las primeras 10
posiciones en 9 de ellos. Destaca al obtener el primer lugar en cuanto a la
penetración del sistema financiero privado (350% frente a un promedio de 125%),
el tercer mayor incremento en el número de empresas listadas en su bolsa de
valores (68 más que el promedio general) durante 2017, así como el quinto lugar
en cuanto a la calidad de sus carreteras (6 de 7 puntos posibles).
3° EUA
Estados Unidos alcanzó el tercer lugar como
resultado principalmente del desarrollo de su sector financiero. Es el país con
la segunda mayor penetración del sistema financiero privado (245% del PIB) y el
tercero con mayor capitalización del mercado de valores (148% del PIB).
Asimismo, ocupó el cuarto lugar en términos del incremento en el número de
empresas listadas en su bolsa de valores (52) y en cuanto a la rotación de
activos bursátiles (133%). Adicionalmente, fue el tercer país que presentó los
menores riesgos de seguridad energética (762 puntos) durante 2017.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS
Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Índice de competencia de Boone (-0.2 puntos)
México fue
el cuarto país con el índice más bajo con un valor de -0.2 puntos. Lo anterior
implica que en nuestro país el sector financiero es relativamente eficiente,
sin que esto implique utilidades desproporcionadas para los intermediarios.
Índice de riesgos de seguridad energética (797 puntos)
México obtuvo el sexto lugar en este índice al
obtener 797 puntos. Esta cifra fue apenas 83 puntos mayor al promedio de los
tres mejores países de la muestra.
Cambio en empresas listadas (4 empresas)
En 2017 aumentó en cuatro el número de
empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En cambio, durante ese
año los países de la muestra tuvieron una reducción promedio de 5 empresas listadas
en sus respectivas bolsas de valores. Por esta razón México ocupó el décimo
cuarto lugar en este indicador.
DEBILIDADES
Pérdidas de electricidad (13.6% de la energía generada)
Las pérdidas de electricidad en México representaron
el 13.6% de la energía total generada durante 2017. Solamente cuatro países
reportaron pérdidas superiores: India (17.8%), Brasil (15.5%), Argentina
(14.4%) y Turquía (14.0%). El promedio de la muestra fue de 8.1%.
Líneas móviles (89 líneas por cada 100 personas)
Aunque en años recientes se ha incrementado de
forma importante el número de líneas móviles en México (entre 2001 y 2017 pasó
de 21 a 89 líneas por 100 personas), nuestro país únicamente se ubicó por
encima de India (87), Canadá (86) y Nigeria (76) en este indicador.
Servidores de internet seguros (179 servidores por millón de personas)
Después de Guatemala (68) e India (123), México
fue el país con menor disponibilidad de servidores seguros. Nuestro país, con 179
servidores de internet seguros por millón de personas, se posicionó muy por
debajo del promedio de 12 mil 316 servidores que por millón de personas tuvieron
los 43 países evaluados.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE PRECURSORES
IMCO PROPONE
1. Inversión pública en infraestructura económica de largo plazo
Los proyectos de infraestructura que requiere
México son incontables y los recursos generados por el trabajo de los
contribuyentes obligan al Gobierno a priorizar el gasto público en este rubro. A la
luz de esto, un proyecto de infraestructura debe demostrar, no solo que
generará más beneficios que costos a la sociedad, sino que esa inversión
dará más beneficios que cualquier otro proyecto de la misma naturaleza.
El actual Gobierno ha establecido como
principales proyectos de infraestructura el Tren Maya, la Refinería de Dos
Bocas, el Tren Transístmico y el Sistema aeroportuario zona metropolitana que
agrupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto
Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional Santa Lucía.
En general, los proyectos de la presente
administración se concentran en el sureste del país y tienen como objetivo
detonar el desarrollo y crecimiento de las poblaciones que habitan esta región.
Los objetivos de desarrollo que se buscan obtener con estos proyectos son
loables. Sin embargo, la literatura y experiencia nacional e internacional
indican que obtener beneficios de estos proyectos es difícil: solo un
megaproyecto de cada mil logra ser exitoso.
Al igual que la decisión de iniciar un
megaproyecto, la decisión de cancelar uno con un 31.5% de avance global y con
más de 60 estudios asociados, debe de analizarse desde la perspectiva técnica
rigurosa. En el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAIM), su cancelación generó incertidumbre y desconfianza en los
inversionistas para futuros proyectos, igualmente conllevó costos de
oportunidad más allá de la cancelación directa. Se perdió la oportunidad de
crear un nodo hemisférico en la red aeroportuaria global (hub) que generara
ingresos suficientes para su operación y mantenimiento, a la par de más empleo,
más turismo y mayores ingresos fiscales para el Gobierno.
La cancelación no sería tan grave si la
construcción del NAIM no hubiera iniciado aún. El hecho de que ya exista un
avance importante, no solamente en la obra, sino en el andamiaje financiero,
administrativo y social para su conclusión, representa una pérdida para la
economía mexicana en la producción de un activo de capital muy costoso que no
podrá utilizarse para el propósito por el cual fue creado.
Las decisiones como el inicio o cancelación de
este tipo de obras deben de llevarse a cabo con estudios con rigor técnico y
revisión de peritos en la materia. Específicamente, el inicio de los proyectos
debe estar ligado estrictamente a que estos prueben ser rentables, es decir,
que generarán más recursos que pérdidas a lo largo de su vida útil y no
acabarán siendo obras públicas subsidiadas que nadie utiliza. Para lograr esto
se recomienda lo siguiente:
Que la evaluación de la rentabilidad de las obras se
lleve a cabo, no solo con lineamientos establecidos por la Secretaría de
Hacienda, sino que también se utilicen los establecidos
del Green Book del Ministerio de Hacienda del Reino Unido, elaborado por
expertos internacionales en infraestructura es una buena práctica.
Despolitizar la toma de decisiones de infraestructura,
esto se puede llevar a cabo a través de la creación de una autoridad a nivel
nacional encargada de la planeación, proyección, supervisión y dirección
efectiva de los proyectos de infraestructura a gran escala.
2. Consolidar los logros de la reforma de Telecom, mediante
El
seguimiento y la adopción oportuna de mejores prácticas regulatorias en materia
de telecomunicaciones y competencia del sector.
La
preservación de la fortaleza técnica, institucional, operativa y presupuestal
del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que logre los objetivos
plasmados en su plan regulatorio 2019-2023.[1]
La
creación de una agenda que vaya más allá de los temas recurrentes de competencia
en el sector, como lo son el acceso a infraestructura y la administración de
insumos esenciales. En este sentido, es necesario incorporar temas de
gobernanza del internet, problemáticas relacionadas con la neutralidad de la
red, así como la regulación del uso, explotación, protección y seguridad de
datos relacionada con la economía digital.
3. Financiar pequeñas y medianas empresas (Pymes)a través del mercado
de capitales
Uno de los
principales obstáculos para el crecimiento de Pymes es la falta de acceso a
fuentes diversificadas de financiamiento. En México la política pública se ha
enfocado en programas de asistencia y particularmente al financiamiento vía
crédito. Sin embargo, es posible que el crédito no sea el vehículo ideal para
financiar Pymes debido a que éstas tienen características particulares de
riesgo, retos de gobierno corporativo y productividad. Tanto en el mundo
desarrollado con mercados financieros profundos y sofisticados, como en países
en desarrollo, existen ejemplos de mercados alternativos bursátiles y
mecanismos innovadores de financiamiento para Pymes por medio del mercado de
capitales. Para trabajar en este sentido sugerimos:
Modificar la regulación para crear
una plataforma en línea que permita a las Pymes levantar capital mediante la
emisión de acciones. Actualmente
no existe una plataforma a través de la cual una Pyme pueda realizar ofertas
públicas ni pueda intercambiar títulos accionarios. Esto genera un vacío entre
mecanismos de fondeo tradicionales como los créditos y la cotización en la
Bolsa Mexicana de Valores. Existen casos de éxito de estos mercados en Estados
Unidos (Nasdaq, por ejemplo, para los valores tecnológicos, pero también
intercambios como Pinksheets y OTCBB para las empresas pequeñas) y también en países
menos desarrollados como Kenia, donde existen plataformas basadas en
dispositivos móviles que permiten a las empresas levantar capital.
Generar un programa gubernamental
que dé calificaciones de riesgo a las Pymes. Un problema usual es la falta de información y preparación de
las Pymes al momento de querer acceder al mercado de capitales. Por un lado,
los inversionistas no cuentan con certeza de la confiabilidad de la inversión y
por el otro, los empresarios no cuentan con información sobre la debilidad en
su estructura de negocios, contable o legal. La creación de un esquema de
calificación de Pymes en aspectos contables, fiscales y legales, podría ayudar
a reducir el problema de riesgo moral y a la vez mejorar la asesoría a las
Pymes.
Fortalecer la eficiencia de los
juicios mercantiles. En
México realizar juicios es caro y tardado. De acuerdo con datos del Banco Mundial, un juicio mercantil en
nuestro país toma en promedio 340 días y su costo es del 33% de la demanda[2].
Una buena justicia mercantil garantiza que los individuos puedan hacer negocio
más allá de su círculo de conocidos, dada la certeza de la protección de su
inversión. Por ello, se requieren acciones en dos rubros: 1) modernizar en todo
el país los sistemas de gestión para contar con expedientes en línea y procesos
virtuales y 2) capacitar a litigantes y servidores públicos en la
implementación de los juicios orales mercantiles que están siendo introducidos
en México.
4. Mejorar la eficiencia logística del país
De acuerdo con la
OCDE, en México el costo de la logística representa cerca de 20% de las ventas,
mientras que en otras partes del mundo representa 9%.[3]
Aunque gran parte de la agenda logística se ha centrado en una mayor inversión
en infraestructura, se requieren acciones de inteligencia y honestidad que van
más allá de elevados presupuestos y grandes obras. Entre las acciones más
importantes se encuentran:
Reconocer la saturación de
carreteras, e invertir en medios alternativos de transporte de carga y
pasajeros, como los trenes. Las
medidas propuestas recientemente para prohibir los dobles remolques o los
proyectos de trenes exclusivamente turísticos no están ayudando a resolver los
graves problemas de saturación de vías, tanto en carga como en pasajeros. Un
ejemplo es el Tren Maya , si el desarrollo de proyectos ferroviarios está
enfocado únicamente para el turismo, el aforo de pasajeros y carga será menor,
lo cual implica una menor rentabilidad de los proyectos.
México
podría privilegiar la inversión al interior de las ciudades para resolver
problemas de última milla, que reduzca el costo promedio de la construcción de
infraestructura mediante acciones enérgicas contra la corrupción en el sector,
y empaquetar varios servicios en un mismo derecho de vía.
Mejorar la inspección aduanera. Existen distintas medidas para lograr esto, entre las que
destacan: 1) establecer una sola inspección en las fronteras para todos los
productos con formatos prellenados, 2) permitir el pase automático para
aquellas mercancías que cumplan con estándares internacionales y que tengan un
historial de riesgo bajo, 3) estandarizar los procesos de verificación e
incluirlos dentro de los estándares de los productos para que los que cumplan
cierto estándar ya no tengan que ser verificados, 4) reconocer los procesos de verificación de
otros países para reducir las barreras sanitarias; y 5) Elevar el valor de la
franquicia de envío libre de impuestos, con un mecanismo de revisión
anual.
Crear un marco regulatorio para la
logística a través de una ley paraguas para
reducir los costos y la incertidumbre de los procesos logísticos en el país. Por ejemplo, para el caso del
cabotaje entre puertos mexicanos, es decir, para transportar mercancía de un
puerto mexicano a otro se necesita conocer las reglas de inspección y de arribo
de cada puerto, lo que hace complejo el proceso. Una ley paraguas que homologue
este tipo de normativas y leyes a nivel nacional podría ser de gran ayuda.
Promover mayor competencia en
servicios logísticos.
La reforma a la ley
financiera ha dado un primer paso para incrementar la competencia entre
almacenes. Sin embargo, aún falta trabajar para acotar el poder monopólico que
pueden imponer transportistas locales, así como generar más información y
sistemas de indicadores para comparar costos, inseguridad y calidad de los
servicios logísticos en distintos mercados y rutas.
Mantener el control civil de puertos y aduanas. Se han presentado iniciativas en el Congreso de la
Unión encaminadas a ceder el control de los puertos y las aduanas a las
autoridades navales y militares. También se están viendo importantes acciones
encaminadas a que el Ejército controle los aeropuertos civiles. Estas
políticas, además de distraer a los soldados y marinos de las labores de
seguridad pública y defensa, pueden implicar
retrocesos en términos de facilitación logística y priorización de las labores de seguridad por encima
de las de comercio exterior.
Consolidar el uso de las TIC en el país.
Profundizar acciones para reducir el
uso de efectivo. La introducción de CODI como medio
de pago es un gran avance en la materia. La penetración de telefonía celular
del país se acerca al 100%, por lo que utilizar estos sistemaspara pagos y
transacciones financieras debería ser una prioridad nacional para reducir los
costos de las transacciones y para reducir los incentivos al crimen, la
corrupción y la economía informal. Otras
medidas posibles para aumentar
la penetración del dinero electrónico en economía esa
sacar de circulación los billetes más grandes, restablecer
impuestos a los depósitos en efectivo, elevar las comisiones por retiro en
cajeros, eliminar las comisiones para pagos con tarjeta y celular, y establecer
la obligación de los comercios de aceptar medios electrónicos de pago a los
consumidores. Es necesaria una reforma al Art. 7º de la ley monetaria, de
manera que dé el mismo estatus legal para solventar obligaciones de pago a las
formas autorizadas de dinero electrónico que a los billetes y monedas emitidos
por el Banco de México.
Concluir el proyecto de conectar al
país no sólo a través de la estrategia de México Conectado, sino a
través de alianzas público privadas utilizando la banda de 700Mhz para proveer
cobertura social.
Liberar el espectro. La creciente demanda de servicios de datos de banda ancha móvil
requiere de una estrategia más eficiente y expedita de liberación de espectro
en el país, a través de licitaciones transparentes, como sucede en la mayoría
de los países de la OCDE. Por ejemplo, la Comisión Europea anima a sus estados
miembros a introducir enfoques con base en mercado para el manejo del espectro.
Sus características son un proceso transparente, resultados explicables y
eficiencia económica, ya que este enfoque permite que los solicitantes que más
valoran el espectro sean quienes lo utilicen. Un siguiente paso para la
liberación de espectro es la transición de las transmisiones de radio FM y AM a
formatos digitales.
5. Asegurar un mercado energético competitivo y transparente
Condicionar
los apoyos propuestos por el Gobierno federal como parte de la estrategia de
rescate de Petróleos Mexicanos a la implementación de una serie de ajustes
estructurales en la empresa que garanticen su viabilidad en el mediano y largo
plazo. Entre ellos:
Reactivar
la participación de la iniciativa privada en la exploración y producción de
hidrocarburos mediante asociaciones estratégicas con Pemex (farmouts).
Focalizar
su inversión en aquellas
etapas dentro de la cadena de valor de los hidrocarburos que generan las
mayores rentas para el gobierno, como las actividades de exploración y
extracción (upstream), frente
a las actividades de refinación (downstream).
Garantizar
que su consejo de administración cuente con perfiles profesionales e
independientes de las decisiones del Gobierno. Un modelo en el cual la voz de los consejeros independientes de Pemex
tenga una mayor influencia sobre su estrategia corporativa le permitirá tomar
mejores decisiones de negocio para hacerla financieramente sustentable y
maximizar las rentas económicas para el Estado mexicano.
Ejecutar
un programa de austeridad al interior de la empresa que le permita liberar recursos para
financiar su gasto en inversión y hacer frente a sus obligaciones financieras y
laborales sin incurrir en mayor deuda.
Implementar un sistema como el
Sistema General de Regalías de Colombia, para dar mayor transparencia a los
ingresos petroleros.
Este sistema reúne
información sobre el pago de regalías al Estado y su transferencia a
departamentos y municipios que identifica reportes periódicos en un mapa,
incluyendo información sobre ingresos, beneficiarios y proyectos financiados
con regalías. De esta forma el público puede analizar los reportes sobre
ingresos petroleros, así como su contribución al presupuesto y al Fondo
Mexicano del Petróleo.
Impulsar la generación distribuida. La segunda ola de transformación de los mercados de electricidad
en el mundo es la democratización de dicha red a través de la generación
distribuida. La producción de electricidad en el centro de consumo es para
muchos el futuro del sector energético. El año pasado, General Electric lo
llamó su nuevo “negocio de 100,000 millones de dólares” .La reforma energética mexicana no
contempla muchas regulaciones para asegurar el buen funcionamiento de este
mercado. Son muchos los factores clave para detonar este segmento de suma
importancia para la competitividad del país, entre los que destacan: la
regulación técnica relacionada con redes inteligentes y protocolos de
comunicación abiertos, esquemas de financiamiento ad hoc diferenciados para pequeños
productores, contratos simplificados para que cualquiera pueda vender energía a
la red, y la normatividad necesaria para la construcción, operación y
mantenimiento de estas nuevas generadoras de energía a pequeña escala.
Diversificar la matriz energética. No sólo importa el costo de la energía en un país, sino la
certidumbre de poder generarla. En este sentido, la alta dependencia de México
al gas de Estados Unidos podría ser preocupante, porque las veces que el país
ha tenido que importar gas de otros países el costo ha sido 10 veces mayor. Por
ello, se requiere trabajar en:
Diferenciar
los certificados de energía limpia por tamaño de productor, dando beneficios
adicionales a los pequeños productores.
Dar
mayor certidumbre sobre la expansión de la red, punto que deberá establecerse
en las reglas de mercado del sector, ya que el Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE) puede celebrar contratos y asociaciones con particulares para
servicios auxiliares.[4]
Incluir
externalidades y pagos por servicios ambientales en el precio de la
electricidad. Por ejemplo, en áreas cercanas a suelo de conservación se puede
aprovechar el uso del biogás para reducir la demanda de madera, lo que evitará
la degradación del suelo y el ecosistema de una forma económicamente viable, lo
que podría generar pagos por servicios ambientales.
6. Flexibilizar las libertades del aire
México, a través de
45 convenios aéreos internacionales, permite cuatro libertades para empresas
extranjeras por lo que aún hay oportunidad de flexibilizar el marco normativo y
permitir la quinta y sexta libertades con países dispuestos a ser recíprocos.
Es decir, otorgar el derecho de embarcar y desembarcar entre dos países
utilizando una aerolínea de un tercer país, con la ruta comenzando o
finalizando en el país bandera. La liberalización de la política aérea puede
proveer mayor conectividad y diversificación de turistas, especialmente para
destinos que viven enteramente del tráfico aéreo como Los Cabos o Huatulco. La
salida de Mexicana de Aviación muestra cómo la competencia que se detonó en
este mercado en los últimos siete años logró mover a más pasajeros con menor
cantidad de aviones y mejores tarifas.
IX. APROVECHAMIENTO
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
De 2015 a 2017 los indicadores en los que avanzo México fueron Acuerdos comerciales y Aranceles manufactureros.
●
La
inversión extranjera directa neta de gran parte de los países disminuyó considerablemente,
pasando de un promedio de -258 dólares a -536 dólares por persona
económicamente activa.
El subíndice Relaciones internacionales califica el grado con el cual los países capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad. Por ello, el subíndice considera indicadores relacionados con las organizaciones internacionales a las que pertenece, los socios comerciales efectivos que tiene, el tamaño de comercio exterior, el tránsito de turistas internacionales y el flujo de capitales.
Tabla IX.1 Indicadores que conforman el subíndice Relaciones internacionales
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL
MUNDO
1° Bélgica
Bélgica se colocó en el primer
lugar dado a que ha mantenido su desempeño en cuatro indicadores y, a su vez,
escaló su posición en otros ocho. Su principal fortaleza se ubica en Inversión extranjera directa (neta), en
donde alcanzó el primer lugar con 6,202 dólares por persona en el flujo neto de
inversión extranjera que recibe en un año.
De igual manera se ubica en el tercer lugar en Apertura comercial, con un valor total de las exportaciones e
importaciones de 185.5% relativo al PIB.
2° Países Bajos
Países Bajos se posiciona en
segundo lugar dado que, a pesar de haber escalado posiciones en cinco
indicadores, también bajó su calificación en el mismo número. Obtuvo el primer
lugar en Acuerdos comerciales, con un
total de 37 mercados potenciales para importación o exportación de mayor
facilidad. Lo hizo de igual manera en Inversión
extranjera directa neta promedio, con 6,013 dólares por persona en el flujo
neto promedio de inversión extranjera que recibe en cinco años.
3° Alemania
Alemania logra avanzar un lugar,
en comparación con el 2015, para posicionarse en el tercer lugar en este
subíndice, al mantener su desempeño en siete indicadores y escalar su posición
en cinco más. Obtuvo el primer lugar en Diversificación
de las exportaciones, con un 8.8% de exportaciones totales provenientes del
principal socio exportador; y el segundo en Diversificación
de las importaciones, con un 10.1%.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Gasto militar (0.5% del PIB)
La principal fortaleza de México fue la disminución en Gasto militar, pasando del 0.7 % del
PIB, en 2015, al 0.5% del PIB en 2017. Tomó fuerza gracias a la posición en que
se ubicó con respecto a los países medidos, en donde el promedio fue de 1.5%.
Variabilidad de la IED (Desviación estándar de 206)[1]*
A pesar de haber perdido un puesto este año, la Variabilidad de la IED sigue siendo una
de las fortalezas de México, al colocarse en el lugar 11. Sin embargo, el
resultado es prometedor, al compararlo con el dato de la media de los países
del índice, el cual es de 1430.
DEBILIDADES
Diversificación de las exportaciones (80% de las exportaciones provienen del principal socio exportador)
La principal debilidad de México
es el alto porcentaje de las exportaciones que provienen del principal socio
exportador, con un 80%. Mientras que para el promedio de todos los países en el
índice es únicamente del 22.9%.
Diversificación de las importaciones (46.4% de las importaciones provienen del principal socio importador)
De igual manera, el alto
porcentaje de las importaciones que provienen del principal socio exportador se
convierten en una debilidad para el país, con un 46.4%. El promedio de los
países dentro del índice es del 22.5%, por lo que México ocupa el lugar número
42.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE RELACIONES INTERNACIONALES
IMCO PROPONE
1.
Implementación del Tratado México – Estados Unidos – Canadá (TMEC)
Se prevé que el TMEC continúe impulsando la
competitividad de la economía mexicana, con un aumento de las exportaciones
hacia Estados Unidos del 3.8% en los próximos seis años. Sin embargo, existen
áreas de oportunidad en las que se debe trabajar para mejorar la competitividad
de nuestro país.
Garantizar
la seguridad energética de Norteamérica. El contexto
energético en la región se ha transformado con la inclusión de las nuevas
tecnologías. Hoy en día, México tiene acceso a precios competitivos del gas de
lutita (shale) estadounidense y al petróleo de arenas bituminosas desde Canadá.
No obstante, para aumentar la seguridad energética de México, es necesario
generar oportunidades de inversión y asociación para promover flujos de
inversión, transferencias tecnológicas y el comercio de hidrocarburos entre los
tres países.
Promover el turismo médico. México
se ha posicionado como uno de los cinco mercados más importantes para el
turismo médico mundial pese a la falta de infraestructura en el sector. En
México, sólo ocho de los más de 3,000 hospitales existentes cuentan con una
certificación de la Joint Commission International, factor fundamental
para detonar el turismo médico. Este tipo de certificaciones permitirán a los
hospitales mexicanos probar ante aseguradoras extranjeras que cumplen con los
estándares internacionales de procesos, higiene, capacitación de sus médicos y
condiciones en general de sus quirófanos.
Optimizar
la seguridad de la región. Se debe integrar los servicios de
inteligencia de las tres naciones para mitigar el riesgo de ataques terroristas
y reducir la violencia del crimen organizado.
Continuar con la incorporación de
temas ambientales y laborales en la implementación del TMEC. Es importante que México defienda los avances recientes, entre
ellos el impulso que se ha dado a las energías renovables y la liberalización
del sector energético, como medidas que están mejorando la eficiencia
energética nacional y que por ende resultan en una menor huella de carbono. Los
objetivos de negociación de los Estados Unidos establecieron también que los
temas laborales estarán incluidos en el cuerpo del TMEC, no en un acuerdo
paralelo. Eso implica que México tendrá que intervenir en sus mercados
laborales, y dicha intervención seguramente tendrá que parecerse al tipo de
políticas que existen en Estados Unidos y Canadá en la materia. Debe existir un
compromiso de adopción en este sentido por parte de nuestro país.
2. Diversificar las exportaciones a otros
mercados
México
es uno de los países con más tratados de libre comercio en el mundo, con un
acceso potencial a más de 1.1 mil millones de consumidores y al 60% del PIB
mundial. Sin embargo, debido a la ubicación geográfica y al tamaño de su
economía, el mercado estadounidense concentra el 80% de las exportaciones mexicanas.
Esta situación ha beneficiado a la economía de ambos países, pero a su vez ha
sido utilizada como moneda de cambio en materia política. Un claro ejemplo fue
en junio de 2019, cuando Estados Unidos propuso la aplicación de una tarifa
arancelaria del 5% a todas las importaciones mexicanas.
Aprovechar
el alto potencial comercial con Centroamérica y América Latina.
Centrar la atención en el comercio de servicios, generar cadenas regionales de
valor y la exportación de bienes con mayor valor agregado, son algunas de las
áreas de oportunidad para expandir el comercio en el mercado latinoamericano.
No obstante, las barreras no arancelarias son el principal obstáculo para el
comercio entre países latinoamericanos, por lo que el gobierno mexicano puede reducir
la carga regulatoria, de trámites y servicios para impulsar el intercambio de
bienes y servicios en la región.
Brindar
financiamiento estratégico enfocado al comercio exterior. Por
parte de la demanda, se debe asesorar y facilitar el acceso a capital a
pequeñas y medianas empresas que buscan exportar sus productos a mercados
extranjeros. En cuanto a la oferta, se requiere una promoción internacional
especializada para exponer las ventajas comparativas de los productos
mexicanos, tal como lo hacía ProMéxico desde las embajadas.
Reforzar
la participación de México en los organismos internacionales más relevantes. Éstos
son de gran influencia en el comercio exterior al vincular las transferencias
comerciales entre los mercados, además de vigilar que se acaten las reglas
comerciales y las buenas prácticas internacionales. Algunos de estos organismos
son: la Organización Mundial de Comercio (WTO), la Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de Comercio
Internacional (ITC).
3. Mejorar la logística de la frontera sur
para controlar el flujo de migrantes y garantizar la protección de sus derechos
Recientemente,
se han incrementado significativamente los índices migratorios irregulares de
personas procedentes de Centroamérica hacia México, quienes ya no sólo
consideran a nuestro país como una vía de tránsito hacia los Estados Unidos,
sino también como país de destino.
Implementar
un registro de los migrantes que transitan y/o permanecen en el país. Es
necesario contar con un monitoreo adecuado del flujo migratorio para
salvaguardar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, proveerles
las condiciones de seguridad necesarias y controlar su tránsito dentro de la
República Mexicana. De este modo, se podrá reducir la extorsión y xenofobia por
parte de autoridades locales y federales, además de mejorar las condiciones de
seguridad social a refugiados y desplazados durante el periodo establecido para
su estadía en México.
Incorporar servicios de inteligencia y
vigilancia tecnológica. Por cada cruce formal en la frontera sur
(cinco con Belice y ocho con Guatemala), se estima que hay al menos 30
informales (cerca de 400) que concentran el 95% del tránsito irregular de
personas. Se podrá vigilar de forma más adecuada una frontera que
hoy carece de controles efectivos a través de una patrulla fronteriza con
tecnología de punta, con radares y drones.
Crear una política explícita, clara y
abierta de migración que
contemple a refugiados y desplazados. Se deben esclarecer las prácticas de
detección de migrantes ilegales por parte del Instituto Nacional de Migración,
además de considerar una política de cuotas para migrantes con ciertos perfiles
de países en conflicto. México debe mejorar el control del flujo migratorio,
pero a su vez ser un ejemplo regional del trato a estos grupos.
4. Promover una
apertura migratoria en el país
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en México,
menos del 0.9% de la población es migrante, lo cual nos pone en una de las
últimas posiciones del mundo en términos de asimilación de migrantes. Por ello,
proponemos:
Reformar la ley de naturalización para
dotar a los mexicanos naturalizados de derechos políticos plenos y brindarles
la posibilidad de acceder a la doble nacionalidad. A pesar de que es relativamente
fácil acceder a la nacionalidad mexicana, ésta es restrictiva para los
naturalizados, quienes no pueden acceder a una segunda nacionalidad o cuentan
con tratos diferenciados dentro de las leyes militares, aeronáuticas, políticas
e incluso de las constitucionales.
Instaurar un sistema de puntos, como
el canadiense, para estimular la migración de
individuos con capital físico y humano necesario en industrias como la
educación, energía, manufactura y servicios. El déficit de maestros de inglés, ingenieros y otros
profesionales puede cubrirse con migrantes talentosos que apoyen al capital
humano nacional.
Generar equivalencias para la
revalidación de estudios técnicos, profesionales y de posgrado con
todos los países con quienes tenemos tratados de libre comercio, y eliminar el
procedimiento de revalidación discrecional de estudios que hoy realiza la
Secretaría de Educación Pública.
5. Crear una frontera
sur digna para erradicar el tráfico ilegal de personas, armas y
mercancías
Para cumplir con este objetivo es necesario:
Construir infraestructura adecuada para
el manejo de la frontera.
En la mayor parte de los cruces fronterizos que no están regulados, se estima
que menos del 5% cuenta con infraestructura adecuada.
Implementar servicios de
inteligencia y vigilancia de clase mundial. A
través de una patrulla fronteriza, con radares y drones, se podrá vigilar de
forma más adecuada una frontera que hoy carece de controles efectivos.
Regularizar el estatus de la
población migrante que se interna para que sea más
sencillo que aquellos trabajadores que cruzan para trabajar en territorio
mexicano puedan ser reconocidos de forma más fácil y puedan ejercer derechos.
6. Instrumentar un
mecanismo anual para revisar la franquicia libre de impuestos tanto para
pasajeros como vía correo y mensajería
La franquicia actual, de 300 USD para pasajeros internacionales
y de 50 USD para paquetes postales, es demasiado baja, y parte de la razón es
que el valor no ha reconocido el valor de la inflación en dólares.
México destinó solo un tercio del promedio
que destinan los países a investigación y desarrollo.
Corea del
Sur sigue siendo líder indiscutido por cuarto año consecutivo en innovación.
La diferencia
de patentes entre Corea del Sur y Japón es suficiente para darle a Corea del
Sur la primera posición en el ranking.
El subíndice Innovación mide la capacidad de los países para competir con éxito en la economía global, particularmente en sectores de alto valor agregado intensivos en conocimiento y tecnología de punta. El subíndice considera la complejidad económica de los países, así como la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo vía investigación y patentes. Un país que cuenta con sectores económicos innovadores es capaz de atraer y retener más inversión y talento.
Tabla X.1 Indicadores que conforman el subíndice Innovación
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL
MUNDO
1° Corea del Sur
Corea del Sur mantuvo la primera
posición por cuarta vez de forma consecutiva desde 2014. Se sitúa dentro de las primeras cinco posiciones
en 5 de los 10 indicadores, en particular, obtiene la primera posición en gasto
en investigación y desarrollo, así como en coeficiente de invención. Corea del
Sur produce 2 mil 553 más de aplicaciones de patentes por cada millón de personas
económicamente activa que la segunda posición en el ranking, Japón.
2° Japón
Japón se posicionó dentro de los primeros cinco lugares en 5 de los 10
indicadores. El país obtuvo la primera posición en el Índice de Complejidad
Económica que evalúa la diversidad de exportaciones que produce un país y el
número de países que pueden producirlas. Asimismo, presentó 51 empresas dentro
de las 500 empresas más grandes del mundo y el 67.3% de su población vive en
ciudades grandes con más de 500 mil habitantes. Por el otro lado, el número de
artículos de investigación equivalente a 1 mil 444 por cada millón de
habitantes se encuentra por debajo del promedio.
3° EUA
El país se ubicó en 3 de 10 indicadores dentro de las
primeras tres posiciones. En particular, ocupó la posición uno en número de
empresas dentro de las 500 más grandes con 132 y el porcentaje de servicios
respecto al PIB con 77.2%. La mayor debilidad identificada se relaciona con el
número de empresas certificadas en sus procesos y estándares de calidad según
el estándar ISO 9001.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Población en grandes ciudades (51% de la población)
México, obtuvo la posición número ocho con el 51% de su población
viviendo en ciudades catalogadas como grandes por su número de habitantes. Este
porcentaje es mayor al promedio general de 34.8%., y se sitúa por debajo de Argentina (52.3%) y por
encima de Colombia (48.4).
Exportaciones de alta
tecnología (14.9% de las exportaciones manufactureras)
Con 14.9%, México, ocupó la posición 18 por encima del
promedio general de 14%. Se sitúa por encima de Australia (14.7%) y por debajo de Dinamarca (15.4%). Este porcentaje subió
en 0.2 puntos porcentuales respecto a 2015.
Índice de Complejidad
Económica (1.1 puntos)
Según el Atlas de Complejidad Económica, México se posicionó
en el lugar 18 en el índice que evalúa el conocimiento de una sociedad a través
de la sofisticación y replicabilidad de los productos que exporta. Por encima de
la media general de los países evaluados.
DEBILIDADES
Empresas ISO 9001
(124 empresas certificadas por millón de PEA)
En México, solo 124 empresas por cada millón de PEA cuentan con la
certificación ISO 9001 en capacitación el procesos y estándares de calidad. Este número se encuentra por debajo
del promedio general de 770 y posición a México en el lugar 36. Se observó un
decremento de 2015, año en el que 132 empresas por cada millón de la PEA
contaban con dicha certificación.
Gasto en Investigación y
Desarrollo (0.59% del PIB)
0.59% del PIB fue lo que México gastó en investigación y desarrollo (I+D).
Este porcentaje ubicó a México en la posición número 36, y por debajo del
promedio general de 1.68% del PIB.
Artículos científicos y
técnicos (255 artículos publicados por cada millón de PEA)
El promedio general de artículos
científicos y técnicos por cada millón de personas económicamente activas
equivale a 1 mil 855, para México
esta cifra equivale a 255. El país obtuvo la posición 34 dentro de los 10
países con menor número de artículos. México se ubicó por encima de Tailandia
(255) y por debajo de Argentina (439).
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE INNOVACIÓN
IMCO PROPONE
1. Enfocar
un porcentaje de la inversión pública de investigación y desarrollo hacia la
demanda
En México los recursos para fomentar la innovación
vienen en su mayor parte del sector público (60%), y están enfocados principalmente
en la investigación académica (se estima que más del 90%). Para democratizar
los esfuerzos por fomentar la innovación y llevarlos a todos los sectores
sugerimos:
Fortalecer
a las agencias de promoción económica para dirigir esfuerzos, establecer
prioridades y coordinarse con otras agencias gubernamentales para dirigir
recursos y fomentar la innovación. El Consejo de Desarrollo Económico de
Singapur (EDB, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor de Inversión
Extranjera de Seúl e Invest in Bogotá, son ejemplos de esto. México necesita un Proméxico. Las
representaciones diplomáticas no pueden hacer esta labor, ya que tiene costos
de oportunidad. La prioridad de los embajadores debe ser la relación política
con otros países.
Complementar los incentivos salariales del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a través de un fondo de incentivos y
de bonos otorgados en función del número de patentes registradas o el número de
empresas creadas con sus estudiantes que generan ventas. Aunque, para el ingreso, reingreso o
prórroga al SNI, se consideran patentes, desarrollos tecnológicos, entre otros
criterios, los incentivos económicos otorgados no son tomados en cuenta
explícitamente. Se debe premiar directamente la investigación aplicada y potencialmente
productiva.
Flexibilizar los fondos de inversión
pública en innovación. Esto significa asignar un porcentaje de estos fondos
(entre el 15% y el 20%) por medio de un concurso internacional para encontrar e
implementar soluciones a problemas nacionales, como el aprovechamiento de
energía solar en los hogares.
Actualmente la inversión pública se asigna a centros de investigación
públicos y universidades públicas con montos inerciales.
2. Cambiar
el modelo de educación terciaria
Implementar un modelo de educación superior
más flexible que incorpore un tronco común en la primera mitad de los años de
la carrera e integre módulos de especialización en la segunda mitad. Este
modelo reduciría los costos asumidos y el estrés generado en jóvenes de 18 años,
que deben decidir sobre su futuro a esa edad, motivándolos además a continuar
su especialización. De acuerdo con la OCDE, hay una fuerte tendencia a buscar
este tipo de modelo educativo entre los jóvenes que deciden buscar mejores
opciones educativas fuera de su país.
Cambiar el modelo educativo. Incentivar
en los estudiantes la búsqueda activa de fuentes de información, soluciones a
problemas prácticos y trabajo en equipo, a través de un nuevo enfoque de los
programas de estudio. De esta forma el profesor no es la fuente última de la
verdad, sino una guía para los proyectos.
Desarrollar nuevas capacidades. Además
de ampliar las materias e infraestructura que permitan a los estudiantes estar
al día en el uso de nuevas tecnologías y herramientas, es necesario incluir
materias técnicas, sociales, ambientales y financieras dentro del tronco común
de los programas educativos.
Obligar a las Universidades a llevar un
seguimiento puntual y a transparentar el posicionamiento de sus egresados en el
mercado laboral.
3. Mejorar esquemas de financiamiento público
para innovación
De acuerdo con los fondos de inversión
especializados en alta tecnología e innovación, sí hay dinero público para
proyectos, sin embargo, hace falta que estos proyectos sean orientados al
mercado. Éste es, ante los ojos de los emprendedores, uno de los problemas más
importantes. Atender la falta de información en el mercado y acercar buenas
ideas con potenciales inversionistas podría lograrse con algunas medidas como:
Incorporar fondos para la recuperación de
la inversión inicial para empresas pequeñas y medianas dependiendo de su
impacto por sector. El Centro Nacional para la Producción de Tecnologías
Limpias y Ambientales es uno de los programas más exitosos de inversión en
tecnologías en Colombia. Esta agenda incentiva la recuperación de hasta un 25%
de la inversión inicial en tecnologías limpias, dependiendo de su impacto
ambiental. El éxito del programa ha atraído la inversión del gobierno suizo.[1]
Verificar que los solicitantes de financiamiento
público no se encuentren en el buró de crédito.
4. Mejorar
el flujo de información entre el sector académico y el sector productivo
Fomentar el acercamiento de la academia y
las empresas privadas a través de una plataforma digital. En otros países
han funcionado programas de internships o
prácticas profesionales que no solo forman parte de la calificación de los
estudiantes, sino que permiten que las empresas incorporen estudiantes que les
ayuden a encontrar mejores soluciones a problemas reales. Otra buena práctica
es que estos problemas se propongan como proyectos prácticos para estudiantes
durante las clases y se otorguen premios económicos a las soluciones.
Crear más programas de estancias para
estudiantes universitarios y de incubación con multinacionales. Ampliar los
programas doctorales de vinculación práctica (académica-industrial, similar al
modelo inglés de doctorados prácticos) enfocados en el desarrollo de
profesionales especializados en industria.
Ofrecer programas de mentorías a
emprendedores que incluyan capacitación financiera, administrativa y fiscal.
5. Promover
mayor protección a los derechos de autor
Reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT)
para fomentar asociaciones entre trabajadores innovadores y empresas. De
acuerdo a lo establecido en la LFT reformada en 2019, las innovaciones en el
centro de trabajo son propiedad de la empresa. Un esquema que permita hacer spin-offs de innovación y que haga
socios a los trabajadores innovadores puede propiciar un mayor crecimiento de
la innovación en el trabajo.
[1] Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Investment Policy Reviews:
Colombia 2012 (París: OECD Publishing, 2012), http://dx.doi.org/10.1787/9789264167742-en
(Consultado el 31/07/2019).
