Mes: abril 2021

¿Qué mide?

El subíndice de Innovación y sofisticación en los sectores económicos (Innovación) mide la capacidad de los estados para competir con éxito en la economía, particularmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta. Se considera la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo, por lo que se incluyen indicadores relacionados con las características de las empresas, el contexto de investigación y la generación de patentes. Un estado que cuenta con sectores económicos más innovadores es capaz de atraer y retener más inversión y talento.

Resultados del subíndice

Gráfica X.1 Ranking del subíndice Innovación

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa X.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Innovación

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla X.1 Resultados generales del subíndice Innovación por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

El futuro y la prosperidad de las y los mexicanos no está en los recursos naturales que tiene el territorio nacional ni en nuestra capacidad de transformarlos. El futuro estará definido por la capacidad de desarrollar y adoptar tecnologías que aumenten la productividad en sectores de alto valor agregado. Para que México sea capaz de tener un papel relevante en los mercados internacionales de producción tecnológica e innovación, será necesario tomar ambiciosas medidas que construyan un ecosistema nacional de investigación e innovación.

A continuación, se presentan algunas propuestas para alinear los incentivos de actores públicos y privados hacia esa misión.

GASTO PÚBLICO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA ENFOCADA EN INNOVACIÓN

• Blindar por 7 años al menos el 1% del presupuesto estatal para que sea destinado a investigación y desarrollo. Los congresos estatales serían los responsables de condicionar esta fracción de recursos para que sean dirigidos a universidades y centros de investigación.
• Diseñar mecanismos de financiamiento, a través de fondos públicos, que permitan a los emprendedores de base científica tecnológica obtener recursos en las distintas etapas de desarrollo. La legislación local puede servir como un instrumento para delimitar los alcances y condicionamientos de este tipo de inversión del presupuesto. En este sentido, los centros de investigación públicos y las universidades deben competir por recursos para la investigación aplicada y accionable en sectores innovadores estratégicos. La investigación aplicada de centros y universidades financiados con estos recursos debe estar orientada a proyectos que tengan el potencial de generar un valor al mercado (que cuenten con viabilidad comercial y en su caso, técnica).
• Integrar programas de cooperación con empresas y otras instituciones de investigación en materia de ciencia aplicada. En otros países del mundo esa capacidad cooperativa ha sido la clave para el desarrollo económico y la competitividad. Destacan los casos del Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán (ITRI) y el Instituto de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones (ETRI) de Corea del Sur que, junto a empresas privadas, han logrado posicionarse como líderes en tecnologías optoelectrónicas y de semiconductores[1]^,[2]. México también es un importante jugador en esos mercados. Somos el segundo exportador mundial de computadoras y de televisiones en el Mundo, productos que representan el 9.4% de nuestras exportaciones, más del doble que las de petróleo crudo. Sin embargo, la diferencia es que mientras los tigres asiáticos producen tecnología en estos productos, México solo los manufactura.
• Digitalización de empresas por parte de subsecretarías estatales de transformación digital. Durante la pandemia los estados han realizado una serie de esfuerzos descoordinados para dar asesoría y consultoría a empresas locales para integrarse a mercados digitales nacionales e internacionales para la venta de bienes y servicios. Esto es positivo ya que la exposición de empresas locales a mercados cada vez más amplios genera un gran incentivo a la innovación. Estos esfuerzos se podrían focalizar y consolidar de manera más eficiente a través de subsecretarías estatales de transformación digital a cargo las Secretarías de Desarrollo Económico Estatales, para que sean un ente encargado de proactivamente realizar la transferencia de tecnología, la bancarización y la transformación digital de empresas locales.
• Acompañar a empresas locales para acceder a mercados digitales nacionales e internacionales.
• Las innovaciones no son solamente científicas y tecnológicas. Es necesario aplicar innovaciones a ámbitos de nuestra economía como el sistema de pagos. Un estado innovador puede impulsar la eliminación del uso de efectivo, en especial en micro y pequeñas empresas, creando una política y un fondo especial para la transferencia tecnológica de terminales punto de venta y sistemas de pagos digitales para MiPyMEs.
• Dar asesoría a empresas para la exportación de sus productos en mercados digitales internacionales (Amazon, Mercado Libre, entre otras) en las regiones y países con las que México tiene acuerdos de libre comercio, en especial con Estados Unidos y Canadá.

POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADA

• Transformar a las universidades estatales y a los centros públicos de investigación Conacyt (CPI) en verdaderas incubadoras de empresas y desarrollos tecnológicos:
  • Configurar y utilizar fideicomisos público-privados para universidades y CPI, con la participación de financiamiento con capital ángel y capital semilla, para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada en sectores productivos de alto valor agregado. Estos fondos deben contar con recursos autogenerados y esquemas que les permitan ser copropietarios de patentes y empresas.

• • Modificar el esquema de incentivos a la invención y desarrollo aplicada para investigadores. Los científicos mexicanos no tienen incentivos para desarrollar innovaciones con potencial de convertirse en productos exitosos debido a que los costos burocráticos son demasiado altos para que puedan obtener ganancias de los proyectos de desarrollo tecnológico y empresarial. Las y los investigadores académicos de universidades públicas y privadas deben obtener un margen de las ganancias o un porcentaje de la propiedad de las empresas y patentes por trabajos o descubrimientos que tengan viabilidad comercial, como ocurre en las universidades más exitosas a nivel mundial. Es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo en el artículo 163, fracción II y III, de manera que las innovaciones realizadas en el centro de trabajo sean propiedad en partes iguales para el centro de investigación y para quien las desarrolla. Las leyes estatales de innovación pueden establecer contrapesos a la regulación federal laboral, que es contraria a los spin-off tecnológicos entre los intraemprendedores y las empresas. De acuerdo con lo establecido en la LFT reformada en 2008, las innovaciones en el centro de trabajo son propiedad de la empresa, lo cual desmotiva a los trabajadores a desarrollar ideas con potencial comercial.

• • Crear Sistemas Estatal de Innovadores (SEI) que sea el contraejemplo de la concepción y operación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) federal. Los SEI darían una mayor ponderación a la producción de investigación aplicada y menos a la investigación puramente académica. El objetivo de una política de este tipo es favorecer el desarrollo de patentes, modelos de utilidad, registros de marca y métodos de negocio, así como de derechos de autor de invenciones con potencial comercial. Los SEI deberían de estar enfocados en premiar y facilitar la innovación y el desarrollo tecnológico, deberían de eliminar que las y los investigadores pierdan tiempo en trámites administrativos. Las becas deberían de ser entregadas exclusivamente a investigadores que participen en el desarrollo de tecnologías, modelos de negocios o métodos de utilidad que tengan viabilidad comercial y aplicación en empresas nacionales. Además, se debería de otorgar incentivos económicos adicionales para aquellos investigadores que prueben que sus tecnologías e innovaciones están siendo utilizadas y producen ganancias sostenibles para empresas nacionales.

• • Modificar el esquema de incentivos a la incubación de proyectos productivos de innovación.Los recursos aplicados a universidades y centros de investigación deben responder a los resultados obtenidos por sus proyectos. Es decir, el financiamiento debe premiar la creación de empresas, su tasa de sobrevivencia, el número de patentes y marcas registradas, así como modelos de utilidad generados bajo el modelo de incubación adoptado. Es necesario cambiar los indicadores utilizados para medir el desempeño de la investigación y desarrollo migrando del actual indicador basado en publicaciones, a licenciamientos y spinoffs que permitan un retorno de la inversión.
  • Flexibilizar los montos asignados a los centros de investigación o a las universidades públicas para investigación y desarrollo. Esta flexibilización permitiría destinar un porcentaje de dichos fondos (entre el 5% y el 8%) a un concurso internacional para encontrar e implementar soluciones a problemas nacionales, como el estrés del agua para la agricultura o el aprovechamiento de la energía solar en los hogares de interés social, entre otros. Esta idea abreva de la idea de implementar agendas de ciencia y tecnología aplicadas a la innovación orientada a misiones (mission-oriented innovation). Esta idea ha sido difundida por economistas como Mariana Mazzucatto para la implementación de políticas modernas de innovación en países como Estados Unidos y Reino Unido[3].

 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

• Promoción y vinculación de empresas locales con universidades y centros de investigación. Es necesario concentrar las políticas de educación superior estatal y de los consejos locales de tecnología e innovación en secretarías estatales con el propósito de hacer más fácil esta vinculación. Estados como Guanajuato y Yucatán han experimentado con estos modelos para facilitar la coordinación de actores públicos y privados en la formación de capital humano y el desarrollo tecnológico en sus estados.
• • Las universidades estatales deberían de contar con programas de aprendizaje dual para todas sus carreras, inspiradas en el sistema Dual VET alemán[4], en el cual los estudiantes puedan decidir pasar la mayor parte de su carrera adquiriendo experiencia práctica en empresas locales y trayendo observaciones y propuestas a las universidades para su mejora. La experiencia práctica permite a los estudiantes conocer el verdadero funcionamiento de las empresas locales y su tiempo en la universidad les permite pensar en mejoras e innovaciones que beneficien a las empresas locales.

• Vincular a las universidades estatales a las empresas locales y capacitar a la fuerza laboral estatal para facilitar la instalación de empresas de alto valor agregado creando carreras o centros de capacitación especializados.
  • Diseñar o actualizar los planes de estudio de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y las tendencias sociales y tecnológicas regionales. Este objetivo necesita de la coordinación de los gobiernos locales, las empresas y academia a través de diálogos continuos que permitan debatir sobre las necesidades del mercado laboral, la sociedad y las tendencias a corto y mediano plazo para diseñar planes de estudio enfocados en necesidades actuales que permitan a los estudiantes prepararse con los conocimientos y capacidades de vanguardia. Se deben reforzar los planes de estudio para fortalecer las habilidades en ciencias, ingenierías matemáticas, tecnologías de la información e inglés, así como competencias blandas (resiliencia, resolución de problemas complejos, trabajo en equipo, creatividad, etc.)

• • Incentivar a las empresas y gobiernos locales a invertir en certificaciones que permitan a los trabajadores seguir preparándose para aumentar sus competencias, productividad y niveles de ingreso. Es de vital importancia que estas certificaciones sean otorgadas por instituciones públicas y privadas que realmente puedan desarrollar y validar las capacidades de la gente, de manera que las personas puedan encontrar mejores oportunidades en el mercado laboral a partir de sus certificados. Cuando la certificación es interna de una empresa, no hay movilidad laboral. Las experiencias de implementación de políticas de certificación a nivel federal, a través del conocer, deben dar aprendizajes importantes a los gobiernos estatales.

• • Desarrollar programas de incentivos que permitan formar, atraer y retener talento específico en industrias intensivas en conocimiento. Se requiere la participación del gobierno, academia (universidades y centros de investigación) y sector productivo para diseñar iniciativas que pongan en marcha programas como el otorgamiento de becas en carreras STEM (especialmente atrayendo a mujeres), así como colaboraciones academia-sector productivo para aumentar las estancias y prácticas profesionales que fortalezcan habilidades y conocimientos específicos. Asimismo, aumentar las becas y vinculaciones para cursar periodos en el extranjero, así como atraer estudiantes extranjeros a que cursen estancias en instituciones mexicanas y motivar el interés social en materia de ciencia, ingenierías, tecnología e innovación.

• • Conexión con recursos de libre acceso o de costo reducido para la educación La sociedad civil de la Gran Bretaña, a través de la Raspberry Pi Foundation[5], provee equipos de cómputo y kits de aprendizaje de programación, ciencias e ingenierías a estudiantes desde la primaria. La Raspberry Pi es un equipo de cómputo cuya placa base es del tamaño de una tarjeta de visita, diseñada especialmente para la construcción de prototipos electrónicos, programación en lenguajes como Python, y aplicaciones de entorno científico como Mathematica, a un costo aproximado de 120 dólares. El gobierno de Brasil tiene una política de acceso abierto a la literatura científica sin costo para cualquier dirección de protocolo de internet (IP) originada en su país. En ella se publica alrededor del 97% de la producción científica brasileña y solamente el 2.7% de la global[6].

 

 

[1] Mathews, J., & Cho, D. (2000). Tiger Technology: The Creation of a Semiconductor Industry in East Asia (Cambridge Asia-Pacific Studies). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511552229

[2] Dedrick, Jason, and Kenneth L. Kraemer. Asia’s computer challenge: Threat or opportunity for the United States and the world?. Oxford University Press, 1998.

[3] Mazzucato, Mariana. Mission Economy a Moonshot Guide to Changing Capitalism. London: Allen Lane, 2021.

[4] Bliem, Wolfgang, Alexander Petanovitsch, and Kurt Schmid. «Success factors for the Dual VET System.» Update (2015).

[5] Raspberry Pi Foundation, “About Us”. Disponible electrónicamente en www.raspberrypi.org/about, (2021). Fecha de último acceso: 5 de abril de 2021.

Organización Educativa, Cultural y Científica de las Naciones Unidas (UNESCO), “Global Open Access Portal: Brazil”. Disponible electrónicamente en http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/latin-america-and-the-caribbean/brazil/  (2017. Fecha de último acceso: 31 de marzo de 2021.

 

GENERALES

El principal objetivo del Índice de Competitividad Estatal (ICE) es dar información para diseñar, priorizar y dar seguimiento a políticas públicas que promuevan la competitividad de los estados. Esto se logra a partir de una definición clara de competitividad y de la identificación de los factores que contribuyen a ella.

Se define competitividad como la capacidad de las ciudades, estados o países de generar, atraer y retener talento e inversiones. Tanto el talento como la inversión tienden a ir hacia los lugares donde es posible obtener mejores retornos económicos y sociales. Así, en un estado atractivo para el talento y la inversión podemos esperar un alto nivel de productividad en las empresas y en las personas, y por su estrecho vínculo también podemos esperar altos niveles de prosperidad y bienestar.

Una vez definido el concepto de competitividad, se identificaron 10 diferentes factores asociados a ella. Estos factores surgen de la teoría económica, la experiencia internacional y el sentido común. Cada factor da origen a un conjunto de indicadores que agrupados forman subíndices, a partir de los cuales se caracteriza la relación de cada factor con la definición de competitividad.

 

¿QUÉ HACE EL ÍNDICE? 

• Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad.
• Otorga una calificación de 0 a 100 para cada entidad, tanto a nivel indicador como a nivel general y por subíndice, con el fin de conocer su desempeño.
• Permite hacer conjeturas razonables del efecto de un aumento en la posición competitiva de los estados sobre la inversión y el talento.
• Permite comparar el desempeño de los diferentes estados en distintos indicadores, temas y a nivel general.

 

¿QUÉ NO HACE EL ÍNDICE?

• No pretende ser un modelo de equilibrio general ni parcial.
• No permite realizar predicciones ni determinar causalidad en relación con la inversión ni el talento de los estados.
• No hace explícitas las interacciones entre los indicadores considerados.

 

GRUPOS DE COMPETITIVIDAD 

Para cada uno de los 10 subíndices que conforman el ICE 2020 se agrupó a las 32 entidades federativas en seis diferentes categorías de competitividad. Estas pretenden identificar grupos de estados con base en la posición que ocupan alrededor de la calificación media de cada subíndice. Las categorías son las siguientes:

• Competitividad alta: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra a dos o más desviaciones estándar por encima de la media.
• Competitividad adecuada: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media.
• Competitividad media-alta: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra hasta una desviación estándar por encima de la media.
• Competitividad media-baja: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra hasta una desviación estándar por debajo de la media.
• Competitividad baja: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la media.
• Competitividad muy baja: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra dos o más desviaciones estándar por debajo de la media.

 

CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES ANCLA

La base del índice son los indicadores de inversión y talento. El resto de los indicadores pertenecientes a los 10 subíndices son comparados contra los primeros para poder establecer relaciones que permitan orientar el diseño de políticas públicas. La construcción del índice está en función y gira en torno a los primeros, y por lo mismo, los llamamos variables ancla.

A continuación, se explica el método de construcción de las variables de talento y de inversión.

Inversión

 Para calcular la inversión, y a falta de estadísticas desagregadas con respecto a esta, suponemos que en los estados la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB es igual a la tasa nacional (de un 20 a un 23% según el año). Posteriormente, se toma la estimación del PIB de cada estado y a ésta se le aplica el porcentaje anterior, para así obtener una estimación de la inversión. El indicador final se mide en pesos por persona económicamente activa.

Talento

 En el ICE el talento se mide como el porcentaje de personas de 25 años o más, con educación superior. Esta metodología está alineada con la que se ha utilizado en pasados índices internacionales y de estados, permitiendo mayor consistencia entre los productos intelectuales del instituto.

 

SUBÍNDICES E INDICADORES

La lista de indicadores del ICE 2021 toma como base la lista de indicadores del ICE 2020, la cual se complementó con otros indicadores que no estaban incluidos. En parte, esto se logró gracias a mejores fuentes de información y a nuevas tecnologías que permitieron el uso de fuentes no convencionales.

Los 72 indicadores agrupados en los 10 subíndices de competitividad cumplen con las siguientes condiciones:

• Se publican regularmente.
• Provienen de una fuente neutral de prestigio.
• Son de fácil interpretación y sus metodologías de cálculo son transparentes y accesibles para cualquier usuario.
• No son redundantes, pues cada variable aporta información adicional (se eliminan aquellas variables que están estrechamente correlacionadas dentro de un mismo subíndice).

A continuación, se describe qué mide cada subíndice, así como los indicadores que los conforman.

I. Sistema de derecho confiable y objetivo

El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en los estados. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y entre otros.

II. Manejo sustentable de medio ambiente

El subíndice de Manejo sustentable de medio ambiente (Medio ambiente) mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y uso eficiente de los recursos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en los estados en el mediano y largo plazo.

III. Sociedad incluyente, preparada y sana