¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Derecho tiene el objetivo de medir el entorno de seguridad pública y jurídica en las ciudades del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, pues previene y elimina aquello que pone en riesgo las libertades, el orden y la paz pública, salvaguardando así la integridad física y los derechos de las personas. Un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento en las ciudades.
¿QUÉ SE ENCONTRÓ?
El puntaje promedio final de las ciudades de más de un millón de habitantes en Derecho empeoró respecto al ICU 2020. Este mismo fenómeno se observó en el grupo de ciudades de menos de 250 mil habitantes, que además es el grupo que sostiene la tasa de homicidios más alta de los grupos de zonas urbanas, con una tasa promedio de 58.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, al tomar los promedios de todas las ciudades evaluadas, se puede observar una mejora en todos los indicadores del subíndice desde el ICU 2018.
- Las ciudades con las tasas de homicidio más altas fueron Salamanca (149.0), Juárez (141.4) y Celaya (140.1).
- Las ciudades con las tasas de homicidio más bajas fueron Saltillo (3.1), Campeche (3.5) y Mérida (3.6).
- Mérida presentó el mayor porcentaje de encuestados que reportan sentirse seguros en la calle (73%), mientras que en Cuernavaca solo 14% reportaron sentirse seguros.
- Solo en 13 de las 69 ciudades más de la mitad de los encuestados dijeron sentirse seguros en la calle: Aguascalientes, La Paz, Los Cabos, Campeche, Monclova-Frontera, Piedras Negras, Saltillo, Durango, Tepic, Monterrey, Querétaro, Tampico y Mérida.
Resultados del subíndice derecho por tamaño de ciudad y grupo de competitividad
Mejores ciudades en el subíndice Derecho por indicador y categoría de población
IMCO Propone
Desarrollar políticas públicas enfocadas en la prevención social de la violencia y el delito. Esto a partir de la multidisciplinariedad y la coordinación entre instituciones gubernamentales, sociedad civil y sector privado.
Desarrollar instituciones policiales con proximidad a la ciudadanía. Superar el abordaje tradicional de tipo coercitivo y reactivo de la actuación policial por otro que, sin descuidar lo anterior, fortalezca las acciones preventivas, proactivas y de colaboración con otros actores sociales.