¿Qué mide el subíndice?
El subíndice de Sistema político mide el potencial de los sistemas políticos locales para ser estables y funcionales. La buena calidad del sistema político puede incentivar la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia que conduzca a una mayor rendición de cuentas. Se incorporan indicadores sobre la participación ciudadana en la vida política de la ciudad y de ataques contra la prensa. Estos indicadores podrían relacionarse con una ciudad cuyo sistema político enfrenta un mayor escrutinio público y, por tanto, existen incentivos para que sea más funcional en beneficio de sus habitantes. Por último, incluimos un indicador sobre las barreras a las candidaturas independientes bajo la premisa de que a mayor competencia, el sistema político-electoral buscará representar mejor los intereses de la ciudadanía.
Resultados más relevantes
Gráfica IV.1 Resultados del subíndice Sistema político por tamaño de ciudad y grupo de competitividad
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.
Tabla IV.1 Indicadores que conforman el subíndice Sistema político.
Tabla IV.2 Mejor ciudad en Sistema político por indicador y categoría de población, 2018
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.
IMCO Propone
En 2014 se promulgó la reforma política que permite la reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos.[1] En principio, esta reforma tiene el potencial de mejorar el desempeño de los Gobiernos locales ya que, de alguna manera, la gestión del Ayuntamiento estará en manos de funcionarios más experimentados. Además, se generarán mejores condiciones para tener Gobiernos más profesionales, pues deberán mostrar mejores resultados ante el electorado, se diseñarán y ejecutarán programas y proyectos municipales a mayores plazos, y se estrechará el vínculo entre servidores públicos y ciudadanos. En teoría, todo esto podría aumentar la rendición de cuentas.
A pesar de ello, la reforma está limitada a una administración de máximo seis años y la existencia del candado de postularse por el mismo partido… Para que estas modificaciones sean suficientes para cambiar los incentivos al interior de los ayuntamientos, sería necesario que la reelección permita una administración de al menos nueve años y que los candidatos tuvieran la libertad de elegir el partido político por el cual se postularían en cada proceso electoral, incluso pudiendo elegir una candidatura independiente.
No obstante, existen múltiples acciones que podrían emprender las autoridades estatales y municipales para aprovechar los cambios recientes de esta reforma. Estas acciones están orientadas, en teoría, a generar una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana. A continuación, se enlistan las principales recomendaciones:
Sistema electoral
- Establecer la representación proporcional como único principio en la asignación de los regidores de los ayuntamientos. La legislación de varios estados puede otorgar una sobrerrepresentación en la integración de los cabildos a la lista ganadora; en algunos municipios una planilla que obtiene el triunfo con menos del 30% de los votos puede tener una representación superior al 60% en el cabildo. En este sentido, debe mantenerse el principio de mayoría relativa para la elección del presidente municipal (es decir, la alcaldía será gobernada por la candidatura con más votos) y la asignación del resto de integrantes del cabildo debe ser proporcional al número de votos obtenidos por cada lista postulada. Este mecanismo ya se observa en las legislaciones de Guanajuato y Durango.
- Reducir las barreras para las postulaciones a candidaturas independientes en los municipios. Las leyes electorales de cada entidad federativa garantizan que cualquier ciudadana o ciudadano puede solicitar el registro para una candidatura independiente, no obstante, cada congreso local reguló las condiciones y requisitos para otorgar esta solicitud por parte del instituto electoral local, observando auténticas barreras en varias de las leyes electorales. En este sentido, es necesario que a nivel municipal se eliminen o modifiquen aquellas disposiciones que complican el derecho a ser votado a través de esta figura. Un mal ejemplo es la legislación electoral de estados como Chihuahua, Nuevo León o Yucatán, que para algunos municipios se puede solicitar el 10% de las firmas de la lista nominal.
- Promover mecanismos que garanticen la organización y desarrollo de la participación ciudadana en el municipio. Los ayuntamientos constituyen la unidad de gobierno más cercana a la ciudadanía y la interacción que puede generarse en este nivel es la que mejores resultados podría conllevar derivado de esta participación. En los municipios deben existir observatorios o consejos, en donde estén involucrados miembros de organizaciones civiles y el Gobierno, para tomar vigilar y participar en las decisiones que impacten en proyectos de inversión y políticas públicas en el ámbito municipal. De esta manera, vecinos organizados tendrían la oportunidad de influir en el planteamiento de soluciones a problemas que los afectan en su vida diaria.
Gasto público y rendición de cuentas
- Limitar el gasto público en comunicación social a nivel municipal. Un alcalde o alcaldesa que considere reelegirse dispondrá del presupuesto municipal para promocionar acciones y resultados de su gobierno municipal. Es decir, no solo implica ejercer recursos en un concepto cuyos beneficios a la población del municipio pueden resultar invisibles, también convertir la competencia electoral en inequitativa ya que el resto de las planillas arrancaría con una clara desventaja. La normatividad municipal debe restringir el gasto público en comunicación social para materias específicas (protección civil, salud y educación) y hasta ciertos montos.
- Máxima publicidad a evaluaciones de transparencia y rendición de cuentas. Las evaluaciones que hacen los institutos de transparencia deben seguir el principio de máxima publicidad para que faciliten a los ciudadanos calificar el compromiso de las municipalidades en el combate a la opacidad y contar con información para valorar su gestión. Por otro lado, los ayuntamientos deben publicar en tiempo y forma los informes trimestrales del ejercicio del gasto, para dar seguimiento a las acciones en conceptos como salud, educación o seguridad. Lo anterior permitirá a los electores tener herramientas para evaluar objetivamente la administración de los presidentes municipales y premiarlos o castigarlos cuando decidan reelegirse.
[1] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 febrero de 2014.