VII. ECONOMÍA ESTABLE

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Resultados por indicador

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**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA A NIVEL LOCAL

A nivel federal, los estímulos económicos para contener la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19 han sido relativamente bajos. De acuerdo con datos del monitor[1] de paquetes fiscales para la recuperación desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta octubre del 2020, el Gobierno de México ha destinado 1.1% de su producto interno bruto (PIB) en medidas fiscales para acelerar el gasto público y ofrecer apoyo a empresas y familias. En contraste, países como Brasil, Turquía, Chile y Perú han destinado más recursos como porcentaje del PIB para la recuperación de sus economías (14.6%, 13.8%, 10.7% y 15.7%, respectivamente).

Durante 2020, de acuerdo con datos de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) únicamente entre 6% y 8% recibieron algún tipo de apoyo durante la contingencia sanitaria.[2] Ante esta situación y el deterioro de las finanzas públicas federales, las entidades tendrán que idear maneras de financiar y ejecutar medidas de apoyo para la reactivación de sus economías en el corto y mediano plazo. Los gobiernos locales necesitan empujar el dinamismo de las actividades económicas locales acelerando el gasto público con el objetivo de evitar un estancamiento prolongado que tenga repercusiones sobre el empleo, el ingreso y finalmente la recaudación en el largo plazo.

• Diseñar y ofrecer esquemas de apoyo a las empresas para la reactivación de sus actividades productivas. La base de datos de medidas económicas estatales para enfrentar la crisis por Covid-19 del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)[3] muestra que las medidas de reactivación anunciadas por los gobiernos estatales se han concentrado en tres ejes. Primero, apoyo alimentario (despensas y vales) para población vulnerable. Segundo, créditos subsidiados para pequeñas y medianas empresas. Y tercero, condonación temporal de pago de impuestos para la población en general, emprendedores, pequeñas empresas y sectores estratégicos.

Sin embargo, es necesario incrementar los programas y montos asignados a transferencias directas con condicionamientos mínimos para empresas y personas desempleadas. Además, la temporalidad de todos los esquemas de apoyo a las actividades productivas debería extenderse de manera que las empresas tengan un plazo mayor para el repago de los créditos y prórrogas de pago de impuestos.

Las transferencias condicionadas a la adquisición de insumos de trabajo, así como al pago de nóminas con requerimientos de reducción de despidos de personal podrían dar un impulso a los ingresos de las empresas para mantener operaciones y retener empleos.

Por último, la inversión pública en infraestructura o la intensificación de contratos de proveeduría de bienes y servicios con pequeñas y medianas empresas podría ser un motor de reactivación de negocios vinculados con el gobierno.

Los estados tienen importantes retos de mediano y largo plazo si intentan implementar una política fiscal expansiva con el fin de reactivar sus economías. Sus finanzas públicas e ingresos dependen de cerca del 80% de las aportaciones y participaciones federales. Ocho de cada 10 pesos de ingresos por impuestos estatales provienen del impuesto a la nómina o sobre la tenencia de vehículos.[4] Una estrategia inmediata de reactivación del empleo y la economía se contrapone al financiamiento de estímulos con impuestos a empresas. Los gobiernos locales tendrán que hacer esfuerzos adicionales por diversificar y administrar en el tiempo sus ingresos propios.

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA LOCAL Y REGIONAL

De acuerdo con datos del Banco de Información Económica del Inegi, la inversión en México ha caído en promedio 1.8% durante los dos años previos a la pandemia. En los tres primeros trimestres del 2020, la caída promedio de la inversión fue de 20 puntos porcentuales. Sin confianza ni certidumbre, la inversión cae, y sin ella, no hay competitividad. A nivel local, los estados tendrán que crear nuevas estrategias para competir a nivel regional y global por inversiones con buenas tasas de retorno. Los estados necesitan negocios sanos, con utilidades brutas que puedan remunerar adecuadamente los factores de la producción, y que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

• Desarrollar y fortalecer agencias y estrategias de promoción económica locales. Ante la desaparición de la agencia de promoción económica nacional ProMéxico los gobiernos estatales deben tomar liderazgo en el diseño de nuevas políticas de atracción de inversión nacional y extranjera, así como de impulso del comercio internacional. Las secretarías de desarrollo económico estatales necesitan incrementar sus capacidades y diseñar políticas que aborden el tema de promoción económica local.

Este pilar del desarrollo regional implica la coordinación regional de fondos y fideicomisos para financiar el funcionamiento de dichas agencias. Por un lado, su trabajo debe centrarse en la identificación de sectores estratégicos, el análisis y mejoramiento de cadenas productivas, la promoción internacional de las ventajas competitivas y comparativas de los estados, así como el desarrollo de políticas industriales y clústeres regionales. Por el otro se necesitan aprovechar tratados de comercio e inversión, y generar vínculos con cadenas internacionales de valor. Por último, una agenda de promoción económica necesita que los gobiernos estatales hagan inversiones que eleven la productividad y conectividad de sus regiones, y propicien la diversificación productiva de su economía.

Algunos estados han comenzado con el proceso de creación de agencias regionales de promoción económica. Sin embargo, es necesario que esta práctica se materialice en otras regiones del país y existan mecanismos de coordinación desde lo local para aprovechar las oportunidades de alcance conjunto.

MEJORA REGULATORIA

Durante el 2020 más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar operaciones derivado de la crisis económica[5]. En esta materia es posible adoptar reformas que impulsen la creación y expansión de empresas y empleos formales mediante la simplificación de trámites.

Algunas herramientas básicas de la mejora regulatoria son los registros públicos de tramites, los análisis de impacto regulatorio y los programas de mejora de regulaciones locales. En 2019, de acuerdo con el Indicador Subnacional del Observatorio de Mejora Regulatoria, los estados registraron una calificación promedio de 2.6 sobre 5 en el avance de este tipo de políticas.[6] Esto indica que existen áreas de oportunidad para la mayoría de los estados en temas como mejoramiento del marco normativo de las regulaciones locales, la fortaleza institucional de las autoridades responsables de estas políticas y optimización de instrumentos para la presentación de trámites y mejora de regulaciones.

• Simplificar y agilizar los trámites de apertura de empresas. En el contexto actual de crisis económica, los gobiernos y las comisiones estatales de mejora regulatoria deben impulsar reformas y estrategias que permitan lograr la apertura y reapertura rápida de empresas que generen empleos formales. Para ello, la simplificación de trámites es una herramienta ideal.

Algunos componentes de estas estrategias deben ser, por ejemplo, la prórroga de requisitos para el inicio de actividades. El otorgamiento de permisos y licencias debería ofrecer periodos de gracia sin sanciones para su cumplimiento sin frenar las operaciones de empresas que necesitan abrir o reabrir de manera inmediata. Adicionalmente, se deben reducir los plazos de atención de solicitudes y los requisitos, al menos de manera temporal, para la apertura de empresas en sectores de bajo riesgo.

CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA

En el reporte de deuda subnacional realizado al tercer trimestre de 2019, el IMCO documentó que entre 2008 y 2018, el saldo de la deuda de entidades federativas y sus respectivos organismos creció 208%. Sin embargo, se ha identificado que los gobiernos no han informado de manera oportuna, transparente y consistente sobre la deuda adquirida durante la pandemia.[7] A pesar de que no existe un problema generalizado y sistémico de la deuda subnacional, los estados deben atender las amenazas inherentes a su crecimiento insostenible. Los gobiernos estatales deben ajustar sus balances fiscales tomando en cuenta los plazos, montos y costos de deuda adquirida, especialmente durante una crisis que incrementa la necesidad de acelerar el gasto público.

• Asociar a la deuda con inversión productiva. Los gobiernos subnacionales aún son opacos. En muchos casos, no es posible conocer el uso de la deuda adquirida. Sin embargo, esta debe fungir como un instrumento de financiamiento que detone proyectos de inversión y gasto público rentables para el gobierno estatal y que a su vez, impulsen el crecimiento económico. Además, estos deben incorporar fuentes de ingreso que fortalezcan la capacidad de pago del capital y que no comprometan las finanzas públicas estatales por plazos largos.
• Hacer una apuesta firme por la innovación y el incremento de la productividad. En lugar de continuar los esfuerzos eternos por crear empleos, los gobiernos estatales tienen que encontrar la manera de que todos los factores de la producción, en especial el capital y el trabajo, estén asignados a su fin más productivo. La gente más joven que no tiene suficientes capacidades para el trabajo podría regresar al sistema educativo; la gente que está a la mitad de su vida productiva, necesita ayuda para construir nuevas capacidades y habilidades sin dejar de trabajar, mientras que los adultos mayores deben estar en programas sociales que no solamente les ayuden con los ingresos necesarios para vivir: también necesitan reconocimiento y dignidad. En todos estos rubros, es posible mejorar los ingresos de las personas y de las empresas de todos los tamaños propiciando la digitalización de la economía y el gobierno y creando políticas públicas que liberen tiempo de los ciudadanos.

En 2020, el IMCO construyó una herramienta llamada Índice de Recuperación Económica de los Estados (IREE), a través de la cual se mide de manera adelantada a la estadística oficial la recuperación económica en las entidades federativas. De este análisis, hay algunas recomendaciones:

• Recuperar los niveles de inversión previos a la crisis, mediante políticas de promoción. En números gruesos, México en promedio tiene que encontrar inversiones anuales en un monto equivalente a la quinta parte de su producto interno bruto para crecer. Algunos estados estarán por encima de ese promedio; algunos otros por debajo. Dicho esto, las inversiones no pueden dirigirse desde el gobierno estatal. Los emprendedores nacionales y extranjeros son los principales inversionistas, y quienes pueden asegurar un adecuado retorno de la inversión, lo cual es importante para no desembocar en una nueva crisis. Los gobiernos pueden hacer mucho por reducir la carga regulatoria y reducir los obstáculos que enfrentan los emprendedores que quieren establecerse en el Estado. Los gobiernos estatales deben encontrar y darles seguimiento a las inversiones privadas de todos los tamaños en todos los municipios, y asegurarse que las empresas empiecen a operar lo antes posible.
• Reasignar activos. En las crisis las empresas quiebran. Si los activos de las empresas se quedan atrapados en litigios prolongados, la reactivación económica toma más tiempo. El gobierno estatal debe ayudar a los negocios quebrados a tener procesos de quiebra lo más expeditos posibles, negociando con sus acreedores quitas y descuentos del monto adeudado, con el fin de que no haya muchos casos que acaben en concurso mercantil o litigio civil. En todos los casos, es importante que los asuntos civiles se diriman en esa esfera, y que no se use el aparato de justicia penal para resolver las negociaciones entre partes en conflicto. Los adeudos y las quiebras son asuntos entre particulares, pero si no se resuelven, la recuperación económica puede tomar mucho más tiempo del esperado.

• Cambiar actividades. Las palabras “crisis” y “criba” comparten una raíz común. En las crisis, es posible seleccionar lo que sirve de lo que no. Las actividades donde no hay oportunidades para incrementar la productividad son una trampa de pobreza. Hay que aprovechar la crisis para hacer reingeniería de esas actividades, o al menos aprovechar el tiempo que dure la depresión económica para incidir cambios en las actividades de las personas, con el fin de elevar la productividad, reducir riesgos y crear oportunidades a partir de las circunstancias adversas.

• Abandonar la noción de vocaciones productivas. Las regiones tienen ventajas comparativas que pueden convertirse en ventajas competitivas si se desarrollan adecuadamente. Muchos mexicanos se han quedado en ocupaciones que son poco rentables para ellos y sus familias, y a través de los planes de subsidio a los sectores tradicionales, estamos agravando esta circunstancia. Las regiones pueden cambiar de actividad preponderante; su “vocación” no es permanente. La planeación económica de los estados implica que hagan una visión de futuro de qué se puede lograr en la economía del S. XXI con los recursos materiales y humanos de los que está dotado cada estado. Si el presidente Juárez hubiera pensado en términos de vocaciones productivas, México sería un país agrícola y minero todavía, y no se hubieran desarrollado otros sectores.

• Incrementar la demanda de efectivo y los pagos con tarjetas bancarias será el principal determinante del crecimiento de una entidad en los próximos trimestres. Las políticas de recuperación deben ayudar a empresas y familias a tener liquidez para retomar sus actividades productivas y hacer las inversiones necesarias para que sus actividades no resulten en contagios de COVID 19. Los créditos no son tan efectivos en las crisis profundas como los subsidios, porque en las depresiones los agentes económicos son reacios a tomar nuevas deudas. Los planes de alivio fiscal, condonación de impuestos, reducción de impuestos y prórrogas pueden ser altamente efectivos para propiciar la recuperación de las regiones.

[1] Los datos pueden ser consultados en: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19

[2] Los datos de esta encuesta se encuentran disponibles en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecovidie/2020/doc/PRECOVIDIER2.pdf

[3] La base de datos puede ser consultada en: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/PoliticasEconomicasCovid19/

[4] Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. 2021. «El Impuesto Predial: La Oportunidad Que Todos Dejan Pasar». https://www.ethos.org.mx/wp-content/uploads/2019/09/Predial-2021-comprimido.pdf.

[5] Inegi, “Estudio sobre la demografía de los negocios (EDN) del Inegi” (2020). Los resultados de la EDN 2020 pueden consultarse en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/edn/2020/doc/EDN2020Pres.pdf

[6] Los resultados del Observatorio de Mejora regulatoria para 2019 pueden ser consultados en: http://onmr.org.mx/Fileuploads/Presentaci%c3%b3n%20de%20resultados%20estatales%20y%20municipales%20ISMR%202019.pdf

[7] Ver por ejemplo el análisis de Transparencia Mexicana sobre deuda en tiempos de Covid-19, disponible en: https://www.tm.org.mx/susanavigilancia-deudapublica-covid19/