¿Qué mide?
El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. Este factor se encuentra estrechamente ligado a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de Derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en las entidades. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y cumplimiento de contratos.
La mejor entidad (2018)
Yucatán
Yucatán se ubicó en la primera posición de este subíndice al colocarse dentro de los primeros cinco lugares en siete de los nueve indicadores analizados. Cabe destacar que durante 2018 no se registró ningún secuestro en esta entidad, por lo que obtuvo el primer lugar en dicho indicador. Además, tuvo el menor número de homicidios dolosos (2.5 por cada 100 mil habitantes) y robo de vehículos (0.4 por cada mil vehículos registrados).
Fue el quinto estado con la menor incidencia delictiva (5.9 delitos del fuero común por cada mil habitantes), lo cual se reflejó en los bajos costos del delito para la población (alcanzó el tercer lugar en este indicador), así como en la mayor percepción de seguridad a nivel estatal del país: en 2018, el 67% de la población mayor de 18 años de la entidad se sintió segura. De igual manera, se ubicó en la quinta posición en el indicador de competencia en servicios notariales, al tener 5.3 notarios por cada 100 mil habitantes (1.5 más que el promedio).
A pesar de su buen desempeño en este subíndice, Yucatán no está exento de áreas de oportunidad. La entidad se situó por debajo del promedio nacional en dos indicadores (ambos en el lugar 19): porcentaje de delitos denunciados y cumplimiento de contratos.
La peor entidad (2018)
Tabasco
Se encuentra en el último lugar del subíndice tras retroceder un par de posiciones respecto a 2017. La posición de esta entidad en 2018 se explica ya que en siete de los nueve indicadores analizados se ubicó por debajo del promedio nacional. En particular, tuvo un desempeño inadecuado en tres indicadores en los cuales obtuvo el último lugar: secuestros (4.1 por cada 100 mil habitantes), robo de vehículos (11.3 por cada mil vehículos) y percepción de seguridad (solamente el 7% de la población mayor de edad de la entidad se sintió segura). Además, ocupó los lugares 24 y 26 en los indicadores de costos del delito e incidencia delictiva, respectivamente.
El único indicador en el que Tabasco tuvo un desempeño relativamente elevado fue en el de competencia en servicios notariales, al alcanzar el séptimo lugar con cerca de un notario más por cada mil habitantes que el promedio de las entidades del país.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica I.1 Posiciones y cambios del subíndice Derecho
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa I.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Derecho
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla I.1 Resultados generales por indicador del subíndice Derecho
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Homicidios
- Durante 2018 se cometieron 83 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Colima: cifra tres veces mayor al promedio nacional (26 homicidios por 100 mil habitantes).
- En los últimos dos años (2016-2018) el promedio de homicidios dolosos en las entidades se incrementó en un 41% al pasar de 18.4 a 26 por cada 100 mil habitantes. En ese periodo solo Durango (-24%), Baja California Sur (-19%) y Campeche (-15%) redujeron su tasa de homicidios.
Costos del delito
- En 2018 el costo total de la inseguridad y los delitos para los hogares mexicanos fue de 286 mil millones de pesos (1.3% del PIB): 3 mil 275 pesos por habitante mayor de 18 años.
Incidencia delictiva
- De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 ocurrieron 1.9 millones de delitos del fuero común en el país: un 18% más que en 2008 (1.6 millones de delitos).
Delitos denunciados
- En promedio, en las entidades federativas del país solo se denunció el 11% de los delitos ocurridos durante 2018 ante el Ministerio Público. En ninguna entidad se denunció más del 19% del total de delitos cometidos en el estado.
Percepción de seguridad
- En promedio, solamente el 23% de la población de 18 años y más se sintió segura en su entidad federativa durante 2018. Esta cifra es ocho puntos porcentuales menor que la observada en 2016, cuando en promedio el 31% de la población se sintió segura en el estado en que vivía.
- Entre 2016 y 2018 la percepción de seguridad de la población mayor de 18 años se deterioró en 29 entidades federativas, entre las que destacan Nayarit y Guanajuato al caer 33 y 23 puntos porcentuales su percepción de seguridad, respectivamente.
- En 31 de las 32 entidades federativas del país más del 50% de la población mayor de edad se sintió insegura en 2018. Mientras que en Yucatán el 67% de la población de 18 años y más se sintió segura, en Tabasco apenas fue el 7%.
IMCO propone
Un Estado de Derecho funcional debe garantizar a la población las condiciones adecuadas para su desarrollo pleno y armónico. Un buen Gobierno proporciona a sus habitantes servicios públicos eficientes, alienta la inclusión social y muestra sustentabilidad política, por medio de instituciones sólidas bajo estándares democráticos de creación e innovación de leyes. Las entidades federativas necesitan conocer los desafíos precisos a los que se enfrentan, así como contar con los datos e información que les permitan dirigir sus acciones en consolidar y garantizar un adecuado y confiable sistema de derecho. Para lograrlo es necesario que los estados de la república trabajen en lo siguiente:
Prevención del delito y mecanismos alternativos de solución de conflictos
- Implementar y consolidar el MNPJC. Esto contribuirá a contar con una política integral de seguridad ciudadana y un modelo de solución de conflictos sociales. Es necesario fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del escalamiento y comisión de delitos, la mejora de las capacidades de la policía para entender y atender el fenómeno de la criminalidad. Además, se debe involucrar a la población para que pueda participar en las decisiones de las autoridades y con ello mejorar su acceso a la justicia y recobrar su confianza en las instituciones.
- Evaluar y difundir las ventajas que ofrecen los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) en materias como la familiar, civil, mercantil, laboral o penal. Esto permitirá conocer si se ha logrado reducir la cantidad de trabajo de sus operadores y si ha sido más ágil, menos costosa y con menor deterioro emocional para sus intervinientes.
Sistema de justicia penal y reinserción social
- Mejorar las funciones de las áreas de coordinación interinstitucionales encargadas de la consolidación del sistema penal. Es necesario desarrollar y definir cambios normativos presupuestarios u operativos de atención (a corto, mediano y largo plazo) que ayuden a consolidar el sistema de justicia penal vigente en México.
- Implementar un plan de persecución penal bajo estándares transparentes, objetivos y focalizados. Hay que orientar los esfuerzos humanos y presupuestales hacia las instituciones involucradas en determinar qué delitos tienen prioridad para ser resueltos y establecer la ruta estratégica para prevenirlos, combatirlos y erradicarlos.
- Fortalecer las capacidades de procesamiento e investigación de delitos en las instituciones de seguridad ciudadana. Esto permitirá que cualquier autoridad de seguridad cuente con personal especializado para el procesamiento del lugar del crimen que pueda efectuar una investigación científica de los hechos, sin obstáculos interinstitucionales o competenciales.
- Contar con herramientas de denuncia de delitos y seguimiento de casos vía remota, ágiles, transparentes y de acceso sencillo y claro. Esto para empoderar a la población al conocer sus derechos y entender los pasos legales a seguir durante todo el proceso penal. Además, estos mecanismos podrán brindar información valiosa a la autoridad para detectar patrones criminales.
- Fortalecer la infraestructura de los centros de reclusión o carcelarios y mejorar las condiciones de seguridad, educación, salud, trabajo y desarrollo de sus internos y de quienes los supervisan.
- Generar programas efectivos de autoempleo para los internos en reclusión para contribuir a la reinserción social de los reclusos, sus familias y al mejoramiento de la percepción ciudadana sobre las prisiones y sus operadores en las entidades federativas.
- Incentivar la inclusión de programas de asistencia y de otorgamiento de empleo a personas reinsertadas socialmente. Lo anterior puede disminuir el estigma que existe sobre esta población y aumentar sus expectativas de vida en lo económico, social, cultural y familiar, lo que puede evitar que sean reincidentes delincuenciales.
- Evaluar la función de los jueces especializados en ejecución de sentencias. Esto permitirá conocer si la función del juez, encargado de vigilar que se cumplan los derechos humanos de los reclusos, se ejerce de forma adecuada y si realmente es un contrapeso real en contra de las arbitrariedades o abusos de otras autoridades de carácter no jurisdiccional.
- Evaluar la efectividad del Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos encargados de brindar seguridad, procuración e impartición de justicia en el país. Es fundamental asegurar que el ingreso, capacitación, promoción y permanencia de los servidores públicos se encuentre debidamente reglamentado y sin ningún tipo de obstáculo normativo o político que evite su desarrollo profesional a corto, mediano y largo plazo.
Acceso efectivo a la justicia para las personas con discapacidad
- Disminuir la desigualdad en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad (PCD). Las PCD enfrentan dificultades para obtener un diagnóstico adecuado de su condición y para que esta sea reconocida debidamente por las autoridades, particularmente en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, intelectual o con trastornos del espectro autista. De igual manera, son vulnerables ante los prejuicios y la falta de ajustes razonables[1] (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas cuando se requieran en un caso particular) que les impiden exigir sus derechos en un plano de igualdad frente a la sociedad. Las personas sordas, ciegas, con alguna discapacidad psicosocial, intelectual, motriz, o bien con algún trastorno del espectro autista, requieren de elementos que faciliten su accesibilidad, tales como infraestructura arquitectónica, herramientas tecnológicas para interactuar con la autoridad y/o asesoramiento técnico especializado, como braille, lectura fácil, o lengua de señas mexicanas.[2] Por ello se propone:
- Incentivar el desarrollo de protocolos de actuación desde las instituciones y/o comisiones del sector público y privado focalizadas en la plena accesibilidad de grupos vulnerables, a fin de sensibilizar a los actores de justicia, medir su implementación, consolidación y avances.
- Incentivar al Gobierno para contratar y pagar los honorarios a profesionales independientes y especializados (abogados, conciliadores, mediadores, trabajadores sociales, psicólogos, intérpretes en lengua de señas mexicanas, etc.) que se dediquen a atender los casos de las personas elegibles para recibir asistencia.
- Crear instancias de conciliación y mediación especializadas (como un método de solución alternativa de conflictos) que cuenten con la tecnología, el personal y las herramientas adecuadas para la atención de estos casos.
- Reforzar los mecanismos de control, evaluación y sanción de los órganos internos de control, visitadurías, unidades de asuntos internos o consejos dentro de las instituciones de seguridad y justicia, para detectar y sancionar posibles actos discriminatorios e ilegales realizados por los servidores públicos.
Competencia notarial y registro de propiedad
- Eliminar barreras de acceso al ejercicio de la profesión notarial. En algunas entidades, acceder a una patente notarial depende de la decisión facultativa del gobernador o de la petición del Colegio de Notarios, quienes pueden influir en restringir la entrada a nuevos competidores para el ejercicio de esta profesión y que pueden otorgar ventajas económicas y de calidad para el público usuario.
- Eliminar la restricción respecto al máximo y mínimo de notarios por un número determinado de habitantes. Se debe permitir a los notarios entrar al mercado de manera libre y que atienda al crecimiento de la demanda del servicio, lo que incentiva la competencia y optimiza la oferta en la prestación profesional notarial.
- No limitar la capacidad de los notarios para ofrecer precios inferiores al establecido en el máximo del arancel notarial. De esta forma los notarios podrán competir entre sí y brindar condiciones más favorables e innovadoras a los requirentes del servicio. Esta medida también podría incentivar la regularización de las empresas y de la propiedad privada.
- Modernizar los Registros Públicos de la Propiedad. Acceder a nuevas herramientas tecnológicas permitirá reducir las cargas laborales de sus empleados, incrementará la demanda de sus servicios y la recaudación tributaria, además de otorgar garantías jurídicas a sus usuarios.
[1] Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Artículo 2, definiciones: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf. La definición completa de “ajustes razonables” es esta: Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
[2] Dante Negro, “Pobreza, desigualdad, sectores vulnerables y acceso a la Justicia”, en Desigualdad e Inclusión Social de las Américas. 14 Ensayos. (México: OEA, 2011), 105-108, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4635/16.pdf (Consultado el 04/04/2020).