SIN OPORTUNIDADES PARA TODOS NO HAY COMPETITIVIDAD

Un país competitivo que no resuelve sus desbalances sociales no tiene futuro. Un ejemplo de esto es Chile, el país latinoamericano con mejor desempeño en el Índice de Competitividad Internacional 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO).

Chile es una de las economías de la región con mayor crecimiento en las últimas décadas, con lo que se ha reducido de forma considerable los niveles de pobreza[1]. A pesar de ello, hoy Chile vive la crisis social y política más severa desde el retorno de la democracia en 1990, que en gran medida responde a una discordancia entre los logros económicos y el sentimiento de abuso por parte de la mayoría de sus ciudadanos.

Esto se asocia con un modelo incapaz de entregar pensiones dignas, un sistema de salud pública con falta de infraestructura y largas listas de espera, crecimiento acelerado de los precios de los medicamentos, un sistema de transporte que impone una carga desproporcionada sobre las familias más pobres, corrupción, y escasa movilidad social ligada a educación universitaria de calidad a la que acceden quienes pueden pagar la mejor educación básica[2]

Desde la visión del IMCO, a largo plazo la competitividad no solo requiere políticas económicas óptimas para atraer inversión, sino también condiciones sociales más parejas que permitan generar, atraer y retener talento. En ese sentido, la desigualdad juega un rol fundamental.

La desigualdad es un concepto complejo que va más allá de las diferencias en ingresos. Existen muchas dimensiones de este problema, por ejemplo disparidades en el acceso al sistema de justicia, a los servicios de salud, educativos, financieros y al mercado laboral, entre otros.

Generalmente, cuando los niveles de ingreso son bajos también hay barreras para cubrir el resto de necesidades básicas. Sin embargo, estas diferencias no se corrigen de forma automática con un ingreso mayor.

Por ello, un país con agenda social sin estrategia de competitividad tampoco tiene futuro. El crecimiento económico no está peleado con la desigualdad, ambos conceptos se pueden retroalimentar. Según el Fondo Monetario Internacional, un aumento del 5% en el ingreso de la población más pobre se asocia con un crecimiento del PIB de 2 puntos porcentuales en los siguientes cinco años.

No obstante, para que estos beneficios se materialicen y sean sostenibles, es importante priorizar las inversiones en el desarrollo de infraestructura social como salud, educación y servicios básicos para la población rural. Asimismo, es necesario analizar y encontrar soluciones eficientes en aquellos temas donde hay mayores brechas.

México es el segundo país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y permanece en ese lugar después del cobro de impuestos, que es una vía para redistribuir el ingreso[3]. Nuestro país podría aprender mucho de lo que ocurre en Chile.

Además, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, siete de cada 10 mexicanos que nacen en pobreza no lograrán superar esa condición a lo largo de su vida. Según la OCDE, factores como los altos niveles de pobreza, la informalidad, la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, la pobre calidad escolar y la exclusión financiera, influyen en la baja movilidad social de nuestro país, la cual afecta principalmente a los habitantes del sur.

Para tener un país más próspero y equitativo es necesario cerrar brechas, sobre todo en las áreas que inciden directamente en el bienestar de los mexicanos. Por esto, esta novena edición del Índice de Competitividad Internacional presenta 10 ensayos en los que se analizan las principales fuentes de desigualdad en México y se ofrecen recomendaciones de política pública. Confiamos en que este esfuerzo detonará conversaciones clave para que en México los sueños estén acompañados de oportunidades. 

Manuel Molano

Director General del IMCO


[1] Banco Mundial, “Chile, Panorama General”, Dónde trabajamos, https://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview#2

[2] Fernanda Paul, “Protestas en Chile: las 6 grandes deudas sociales por las que muchos chilenos dicen sentirse abusados», https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50124583

[3] OCDE, Estudios Económicos de la OCDE (México: OCDE, 2017),22, https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf (Consultado el 18/06/2019). 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCO

México es un país que cuenta con varios elementos clave para prosperar. Es rico en recursos naturales: ocupa el 1% del territorio global, pero acumula el 10% de la diversidad biológica; en los últimos años ha destacado su estabilidad macroeconómica; además, en febrero de 2019 fue considerado como uno de los 10 destinos más atractivos en el mundo para invertir, según la firma de consultoría PwC..

A pesar de ello, México es el país número 74 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Aunque la calificación lo posiciona en un nivel de desarrollo alto, está por debajo de otros países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica. 

En parte, este resultado se debe a un reto que han enfrentado varias administraciones: cómo proveer servicios de calidad para toda la población. Servicios básicos para el desarrollo de las familias como agua potable y saneamiento, vivienda, salud, educación, protección social, energía, justicia, entre otros.

Aunque varios gobiernos han ofrecido estos servicios de manera pública, su calidad es heterogénea y han abierto brechas entre diferentes poblaciones que no se pueden cerrar de la noche a la mañana. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2016, el 46% de los habitantes del norte del país reportaron tener acceso a instituciones de salud, en contraste con el 25% de los residentes del sur. En educación, el 46% de las primarias indígenas multigrado no tienen suficiente mobiliario en aula para todos los alumnos, en comparación con el 22% de las primarias generales.

Desde la creación del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), hace 16 años, la organización ha estudiado, propuesto y contribuido a la discusión pública con el objetivo de mejorar los servicios públicos de nuestro país. El principal reflejo de ello son sus índices de competitividad a nivel federal, estatal y municipal, además de proyectos y herramientas que ofrecen recomendaciones para resolver retos que afectan el desarrollo de los mexicanos.

En educación, el IMCO ha abordado temas que van desde el preescolar hasta la universidad. Sus propuestas se han centrado alrededor de los procesos de transparencia y rendición de cuentas que pueden contribuir a que el sistema educativo incremente la calidad de los servicios que ofrece a los mexicanos.

En salud, el IMCO ha seguido diferentes ángulos del sector. Ha manifestado la necesidad de tener un sistema con mayor financiamiento, con un proceso de compras de medicamentos más eficiente, con mayor acceso real a servicios y con indicadores de calidad. También ha insistido en la necesidad imperiosa de alcanzar un sistema de seguridad social universal.

En Estado de derecho, el IMCO ha trabajado en el diseño de mecanismos de evaluación de desempeño de instituciones vinculadas en procuración de justicia, obra pública, adquisiciones, mejora regulatoria y justicia laboral, a partir de evidencia documentada. Esto ha permitido contar con información que ha posicionado a la institución como referente en discusiones públicas ante representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de los órdenes federal y estatal.

La novena edición del Índice de Competitividad Internacional es un esfuerzo orientado a lograr servicios de calidad a favor de los mexicanos. La sección analítica del libro se compone de 10 ensayos en los que se describen las brechas en la provisión de algunos servicios públicos, así como las propuestas para corregirlas y avanzar hacia un crecimiento más inclusivo.

La sección cuantitativa del informe describe la capacidad que tienen 43 países, incluido México, para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de 126 indicadores repartidos en 10 subíndices. Este índice sigue una metodología transparente, accesible y pública para cualquier interesado y se compone de indicadores que provienen de fuentes de prestigio neutrales.

En conjunto, y como ha sido el objetivo desde la primera edición de este ambicioso proyecto institucional, ambas secciones persiguen un fin común: identificar las fortalezas y desafíos que enfrenta México, así como ofrecer herramientas para robustecer el debate en torno a la toma de decisiones de política pública. 

Lic. Valentín Diez Morodo 

Presidente del Consejo Directivo del IMCO