Mes: noviembre 2019

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• Las instituciones de calidad son aquellas que cuentan con la capacidad de dar respuesta a los problemas y necesidades de la población.
• La mejora regulatoria es un proceso continuo de construcción de instituciones de calidad que permite disminuir costos y tiempo de gestión normativa para facilitar a la población el acceso a servicios públicos y a la economía formal.
• El Gobierno Abierto ayuda a crear instrumentos que hacen más eficiente y efectiva la política de desarrollo social.
• El IMCO propone atribuir a la Secretaría de la Función Pública la tarea de evaluar la calidad de las instituciones federales con base en una metodología abierta y robusta, mientras que, en los órdenes estatal y municipal, se puede delegar esta labor a las contralorías locales.

La desigualdad es un problema que va más allá del ingreso o de la distribución de la riqueza, pues también se refleja en la diferencia de oportunidades para acceder a servicios públicos básicos y de calidad,  como la educación, la salud y la movilidad urbana. Al mismo tiempo, la desigualdad afecta en la facilidad para hacer negocios, donde el trato diferenciado al intentar realizar un trámite, como lo pudiera ser la apertura de una empresa, un permiso de construcción, el pago de impuestos, o el acceso a créditos, se traduce en menos oportunidades y mayores costos para la población más pobre.^[1]  A pesar de que un gobierno quiera disminuir la desigualdad, éste puede perpetuarla cuando sus instituciones generan “ciudadanos de primera” y “ciudadanos de cuarta”, según los servicios y trámites burocráticos que ofrece. Por ejemplo, si una persona quiere abrir un negocio, necesita inscribirse en los Registros Públicos de Comercio estatales; un  proceso que tarda medio día en Campeche, la Ciudad de México o el Estado de México, mientras que en Quintana Roo toma 30 días. 

Entonces, ¿cómo se define la calidad de las instituciones? La respuesta abarca un amplio catálogo de características que tienen los organismos públicos,^[2] como son: responsabilidades bien definidas, evaluación y mejoramiento de desempeño, procesos transparentes y trabajo en equipo, pero sobre todo, buenos resultados de la gestión gubernamental y eficiencia para servir a la sociedad.^[3] En otras palabras, una dependencia pública es de calidad si tiene la capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos de forma eficiente. En una sociedad funcional, las instituciones de gobierno son capaces de proveer servicios públicos básicos a las personas. En México, por lo general,  la sociedad está insatisfecha con la atención proporcionada. 

Tabla 1. Nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a la provisión de servicios públicos en 2017

Servicio público	Orden de gobierno responsable	Nivel de satisfacción
Uso de internet para pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos	Federal, estatal y municipal	2.8%
Calles y vialidades	Municipal	23.7%
Agua potable*	Municipal	23.7%
Policía	Municipal	23.8%
Transporte público automotor**	Municipal	31.3%
Alumbrado público	Municipal	35.9%
Servicio de salud (IMSS)	Federal	44.4%

Fuente: Elaborado por el IMCO con información de la ENCIG 2017 del Inegi. * Usuarios que consideran que el agua es potable (bebible sin temor a enfermarse). ** Incluye autobuses urbanos, van, combis o microbús.

Medir la calidad de las instituciones no es algo sencillo. Las expectativas de cómo debe responder un gobierno a sus gobernados son diversas. Sin embargo, introducir indicadores objetivos y concretar su aplicación a casos específicos permite identificar cuáles son los principales problemas de las instituciones mexicanas y comparar su desempeño con las de otros países. Un ejemplo es el Banco Mundial, que elabora dos estudios relacionados con la calidad de las instituciones:

1. Proyecto de Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI).^[4] Analiza y compara el desempeño gubernamental en 200 países con base en seis dimensiones:

Tabla 2. Desempeño de México por dimensión del WGI en 2018

Dimensión	Descripción	Lugar de México en 2019 (sobre 200)
Rendición de cuentas	Se basa en la percepción de los ciudadanos para participar en la selección de su gobierno, la libertad de expresión, la libertad de asociación y los medios de comunicación libres.	114 (percentil 42.9)
Estabilidad política	Considera las percepciones de la probabilidad de inestabilidad política o violencia por motivos políticos. Es el segundo indicador con mayores áreas de oportunidad para México.	153 (percentil 23.3)
Efectividad del gobierno	Mide la calidad de los servicios públicos y de la implementación de políticas públicas. México se ubica en la media de los países analizados (percentil 52.4).	95 (percentil 52.4)
Calidad de la regulación	Capta la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y reglamentos que promuevan el desarrollo del sector privado.	77 (percentil 61.5)
Estado de derecho	Refleja la calidad de la ejecución de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como los niveles de delincuencia y violencia.	137 (percentil 31.7)
Control de corrupción	Es la percepción de que el poder público se ejerce para beneficio privado, así como la «captura» del estado por parte de las élites y los intereses privados. Este es el indicador en el que México está peor evaluado.	167 (percentil 16.3)

Fuente: Elaborado por el IMCO con información del WGI 2018 del Banco Mundial.

1. Doing Business.^[5] Reúne datos detallados y objetivos sobre 11 áreas de regulación comercial, lo que permite a los gobiernos diagnosticar problemas en los procedimientos administrativos. Sus indicadores se enfocan en reducir la corrupción y mejorar las condiciones para abrir y mantener un negocio. México se ubica en el lugar 54 de 190 países analizados, en donde destacan retos como:

Tabla 3. Desempeño de México por indicador del Doing Business en 2019

Dimensión	Descripción	Lugar de México en 2019 (sobre 190)
Registro de una propiedad	Es el segundo indicador en el que México está peor evaluado, pues necesita 39 días para realizar ocho trámites, así como un costo del 5.8% del valor de la propiedad.	103
Apertura de empresas	En promedio se requieren ocho procedimientos necesarios y un costo promedio del 16% del ingreso per cápita.	94
Permisos de construcción	En nuestro país se necesitan 82 días para realizar 15 trámites.	93
Acceso a electricidad	En México se regula el acceso a través de siete procedimientos, los cuales se obtienen después de 100 días con un costo equivalente al 290% del ingreso per cápita.	99
Pago de impuestos	Es el indicador con mayor rezago. En promedio, el 53% de las utilidades de un negocio se utilizan para pagar impuestos, lo que a su vez requiere de 240 horas.	116

Fuente: Elaborado por el IMCO con información del Doing Business 2019 del Banco Mundial.

Mejorar la capacidad de respuesta a los ciudadanos requiere más que una mejora en la integridad o manejo de los recursos públicos ya que es fundamental responder de forma adecuada a las necesidades de las personas. Esto implica una gestión sistémica con responsabilidades concretas y colaboración horizontal.^[6]

El objetivo de este capítulo es analizar dos casos que impactan directa e indirectamente la calidad de las instituciones: la mejora regulatoria de trámites y la Iniciativa de Gobierno Abierto en México. Estos ejemplos, sin duda, son un reflejo del esfuerzo gubernamental para mejorar la calidad de las instituciones y de las políticas públicas que impactan a los ciudadanos.

COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA VS. LA “TRAMITITIS”

Los Gobiernos federal, estatales y municipales tienen facultades para emitir regulación relacionada con trámites para la prestación de servicios y productos que requiere la población. La diversidad de trámites para un mismo fin es tan vasta, que un ciudadano “tiene” que ser experto para saber qué hacer, a quién recurrir y cómo lograr cada paso hacia su objetivo.

Existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes, de las cuales el 60% corresponde a municipios, el 30% a estados y el 10% al gobierno federal.^[7] Por regulación se entiende a todas aquellas leyes, reglamentos, normas, acuerdos, decretos, lineamientos, avisos y resoluciones, entre otras. En estas condiciones, la capacidad de respuesta de las instituciones públicas para atender a la población en un trámite genera una congestión. Por ejemplo, para abrir un negocio en Nuevo León, un ciudadano debe cumplir con 145 regulaciones de los tres órdenes de gobierno.^[8]

El ciudadano se enfrenta a una sobrerregulación que termina por afectar a los más pobres, ya que necesitan invertir una proporción mayor de sus recursos en la gestión de trámites y servicios, lo que atenta contra la libertad económica del país. Esta situación genera desigualdad e informalidad, ya que se requiere de un gran capital humano técnico y económico para abrir un negocio formal, tal como muestra el indicador “apertura de empresas” del Doing Business.

En 2018, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) se transformó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), lo que implicó una nueva concepción en materia de regulación y de trámites, con una visión completa del panorama regulatorio. Es decir, hubo un reconocimiento de que no basta con simplificar y disminuir costos y tiempo en los trámites federales, si al final, un ciudadano tiene que enfrentar también trámites engorrosos a nivel subnacional.

La carga regulatoria para quienes realizan trámites y servicios federales representa un costo económico equivalente al 2.7%^[9] del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En otras palabras, el costo de las regulaciones federales para ciudadanos y empresas en 2018 fue de 635 mil millones de pesos.^[10] A su vez, el costo de los trámites y servicios de las entidades federativas se estima en 1.32% del PIB estatal,^[11] por lo que, según la Conamer, si se simplifican 1,839 trámites y servicios estatales, se podría generar un ahorro de la carga regulatoria en un 57% del costo económico que representa la carga administrativa al país.^[12]

De acuerdo con el análisis del IMCO y datos del Inegi, un trámite federal o estatal tarda -en promedio- hora y media, mientras que uno municipal requiere hasta ocho horas.^[13] Esta situación genera desigualdad a quienes menos recursos tienen, al requerir mayores gastos y tiempo de gestión. La carga burocrática afecta en especial a las micro y pequeñas empresas,^[14]las cuales representan un 99%^[15] de los establecimientos en México y tratan, primordialmente, con los gobiernos municipales.^[16] A pesar de lo anterior, el tiempo y costo de los trámites no son los únicos obstáculos que enfrentan los mexicanos.

Tabla 4. Ejemplos de trámites municipales que son discrecionales y abren la puerta a la corrupción

Municipio	Descripción	Normatividad
Campeche	La autoridad municipal tiene la facultad de negar la licencia, autorización o permiso para ejercer el comercio en la vía pública si, a su criterio, ya existe el número de comercios que satisfaga la demanda.	Art. 19, Reglamento para el Comercio en la Vía Pública en el Municipio de Campeche.
Chihuahua	La dependencia encargada de otorgar las licencias para fotógrafos y videógrafos, la Subdirección de Gobernación Municipal, puede suspender esta labor si a su juicio, considera que hay una oferta excesiva de dicha actividad.	Art. 49, Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de Chihuahua.
Acapulco	La autoridad municipal debe considerar adecuadas las persianas, cortinas u otros materiales que utilicen los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.	Art. 195, Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez.
Guadalajara	Los establecimientos que vendan productos o sustancias nocivas para la salud, tales como pinturas en aerosol, pegamentos, diluyente o aguarrás deben contar con un registro de consumidores, en el cual se desglose la fecha, cantidad, producto, edad y datos de identificación. Dicho registro debe estar debidamente aprobado por la autoridad municipal correspondiente.	Art. 20, Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara.

Fuente: Elaborado por el IMCO con información regulatoria vigente de los municipios de Campeche, Chihuahua, Acapulco y Guadalajara.

Los ejemplos anteriores son evidencia de diversos trámites que generan incertidumbre jurídica por las condiciones de discrecionalidad en las que están sustentados. Esta coyuntura abre puertas a la corrupción. De acuerdo con el  Inegi, el 12%^[17]de las personas que tienen contacto con servidores públicos son víctimas de corrupción, lo que crea barreras a la formalidad al dificultar el cumplimiento de las normas y regulaciones de los negocios en México (Este contexto se profundiza a detalle en el capítulo Cobrar impuestos para reducir la desigualdad: el rompecabezas de la política fiscal).

Para mejorar las condiciones regulatorias y reducir la “tramititis”, en 2017, el Ejecutivo federal encabezó la iniciativa de reforma constitucional para sumar esfuerzos hacia un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. Esto representa un esfuerzo para combatir las ineficiencias regulatorias en México. La implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria, entre 2019 y 2021, será uno de los principales retos de la Conamer y los diferentes actores involucrados en el tema. Este ordenamiento jurídico busca establecer y homologar los principios con los que se regirá la política de mejora regulatoria en los tres niveles de gobierno. De forma específica, es novedosa porque incluye los siguientes aspectos:

• Es inclusiva al incorporar la participación de académicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado en el nuevo Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. Esta es una buena práctica para impulsar las políticas de mejora regulatoria desde cualquier ámbito de la sociedad, no sólo desde el gobierno.
• Fortalecer la consulta pública para que los ciudadanos puedan levantar quejas o inconformidades por cualquier trámite, regulación y/o abuso de autoridad que contradiga la LGMR.
• Promover la transparencia para la evaluación de la conformidad mediante la creación de un padrón nacional de verificadores e inspectores.^[18]
• Favorecer la reducción de la carga regulatoria actual.
• Establecer la creación de un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, el cual sistematizará toda la información regulatoria del país en un mismo sitio.

El liderazgo del Ejecutivo federal es fundamental para encaminar esta nueva política de Estado, además de solventar los retos que surjan durante la implementación de la LGMR (a más tardar en 2021). México va por el camino correcto en materia de mejora regulatoria, sin embargo, no hay que olvidar que la publicación de la LGMR fue un logro que requirió de varios años de consulta pública, así como de la participación de todos los sectores de la sociedad (cámaras empresariales, sociedad civil, organismos internacionales, etc.). Es indispensable darle seguimiento a la implementación de la ley y posicionar el tema en la agenda pública de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).

Desde 2014, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa internacional cuyo objetivo es impulsar los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, ha impulsado la agenda de mejora regulatoria en México. Uno de sus logros fue la publicación de un Manual de buenas prácticas para la elaboración de guías de auto cumplimiento de las regulaciones, así como el desarrollo de un sistema para facilitar el acceso ciudadano al contenido regulatorio de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX). Sin duda, la Alianza representa un punto de inflexión en la generación de políticas públicas eficientes y en la calidad de las instituciones. 

COMBATE A LA DESIGUALDAD Y GOBIERNO ABIERTO

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, junto con otros siete jefes de estado y representantes de la sociedad civil presentaron la AGA en la Asamblea General de la ONU de 2011^[19]. Actualmente esta colaboración está conformada por 75 países^[20] y cientos de organizaciones de la sociedad civil. La AGA basa su actuación en la Declaración de Gobierno Abierto^[21] y planes de acción de los países miembro.

Un gobierno abierto es aquel que “entabla una constante conversación con los ciudadanos a fin de oír sus opiniones y solicitudes, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente”.^[22]

El objetivo de la AGA es obtener compromisos concretos de los gobiernos para mejorar la capacidad de respuesta del gobierno hacia sus ciudadanos. En el caso de México, la Alianza se implementó a través del gobierno federal, el órgano garante de acceso a la información y organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa ha generado cambios positivos en la calidad de las instituciones y en la capacidad de respuesta para atender el problema de la desigualdad y la pobreza.

En el plan de acción 2016-2018 de la AGA, México estableció el compromiso de contar con un registro único y accesible de la población potencial y de la población atendida de los programas de desarrollo social. En planes de acción previos, México demostró resultados positivos al conjugar política social con un enfoque de gobierno abierto para hacer más efectivos los programas de desarrollo social. Con base en este trabajo se concluyó que la existencia de un gran número de programas no garantiza un combate efectivo a la pobreza y la desigualdad.

La AGA señaló que de acuerdo con el “Inventario de Programas Sociales”, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), había más de 6 mil 700 programas y acciones enfocadas al desarrollo social. A través de la interacción de ciudadanos y gobierno, se identificaron dos causas principales que ocasionan la inefectividad de la política social:

1. Falta de mecanismos eficientes para el diseño, implementación y seguimiento de la política social.
2. Falta de mecanismos efectivos de coordinación entre órdenes de gobierno para reducir la pobreza.^[23]

A través de jornadas de trabajo^[24] entre sociedad civil y funcionarios, se concluyó que para alcanzar resultados multidimensionales se necesitaba un registro de población, así como fortalecer las capacidades de focalización, de planeación, de prospectiva y de evaluación. En respuesta a este compromiso, se realizó un tablero de seguimiento para el cumplimiento de Plan de Acción 2016-2018. En el caso del Registro Único se logró emitir el Acuerdo por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y sus lineamientos.^[25]

Los usos y beneficios de este tipo de compromiso, impulsado a través de la Alianza para el Gobierno Abierto, son diversos y de gran alcance:

• Facilitar la identificación de personas difuntas o “fantasmas” en los padrones, cuántas personas son atendidas por dos o más programas y cuántas no están siendo atendidas. Con este tipo de medidas, de acuerdo con el Coneval, entre 2012 y 2017 los apoyos otorgados a beneficiarios no identificados se redujeron en un 76.4%.^[26]
• Identificar a 3.5 millones de beneficiarios potenciales del Programa Pensión para Adultos Mayores, que representarían el 73% de la población adulta mayor en 2024.
• Considerar posibles errores de inclusión en programas de desarrollo social. Por ejemplo, la diferencia de ingresos registrados en el IMSS, así como la identificación de homonimias, información de mala calidad u otros.
• Mejorar la cobertura de infraestructura financiera de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y presencia de beneficiarios de la ahora Secretaría de Bienestar. Así como ayudar a reducir los tiempos de traslado de beneficiarios a puntos de acceso bancario.

Gráfica 1. Beneficiarios únicos no identificados ante el Registro Nacional de Población (Renapo) vs. monto de transferencias monetarias

Fuente: Elaborado por el IMCO con información del Renapo de la Secretaría de Gobernación (Segob), 2018.

Entre 2012 y 2017 los apoyos otorgados a beneficiarios no identificados se redujeron en un 76.4%. Si la Clave Única de Registro de Población (CURP) se valida contra el Registro Nacional de Población (Renapo) se considera existente. En caso de que la CURP sea inexistente o inválida, se busca recuperarla por otra vía. Finalmente, algunos registros se quedan sin CURP o con identificación insuficiente. Este proceso es un ejemplo de cómo se notifica de manera periódica a los programas sobre aquellos beneficiarios no localizados para eliminar personas difuntas, “fantasmas” en padrones y conocer quién es atendido y quién no.

Desde 2015, el Gobierno Federal creó, con asistencia técnica y financiera del Banco Mundial, el Sistema de Información Social Integral (SISI) como una herramienta de planeación de la política nacional de desarrollo social en nuestro país. Ésta incluye un sistema de focalización, un padrón único de beneficiarios y una infraestructura de datos espaciales. Con ello, las autoridades pueden visualizar la información geográficamente y usar herramientas de ciencia de datos para tomar mejores decisiones. Sin embargo, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social vigente, no es obligatorio para las dependencias y otros órdenes de gobierno subir los datos de sus programas, y en la última actualización presentada (junio 2019) no se encontraron datos para los programas que se crearon este año, como las Becas para el Bienestar Benito Juárez, Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro.^[27]

CONCLUSIÓN

Contar con instituciones públicas de calidad es una tarea que no solo puede quedar en manos del gobierno, ya que se requiere de todos los sectores de la sociedad: ciudadanos, sociedad civil, academia y el sector privado. La construcción de capacidades es un proceso que requiere interlocución entre todos, ya que las instituciones menos sólidas afectan más a los pobres y a poblaciones vulnerables.

Los casos expuestos muestran cómo la calidad de las instituciones, entendida como la capacidad de resolver o atender los problemas de la población, impacta directamente en los servicios públicos y/o los programas que atienden. Es decir, influyen en la calidad de vida de las personas.

En el primer caso, la Conamer está facultada para identificar, presentar quejas o inconformidades para cualquier trámite del país, independientemente del orden de gobierno que emita una regulación. Esto se traducirá en menores costos económicos y tiempo en la realización de trámites y procesos ante las autoridades. La mejora regulatoria es un proceso continuo de construcción de instituciones de calidad que permite atender los problemas de la población.^[28] El beneficio a la ciudadanía es directo e inmediato y podría facilitar el acceso a servicios a la población más pobre.

En el segundo caso, la calidad de las instituciones tiene un impacto al interior del gobierno (al generar mayor eficiencia y efectividad) y a la población más pobre y desigual. Derivado de un compromiso a través de la Alianza para el Gobierno Abierto se logró la creación de una herramienta que aumenta las capacidades analíticas del Estado. Los primeros pasos ya se dieron, se construyó una plataforma y lineamientos oficiales que dan sustento al SISI, así como a la población potencial y atendida por los programas de desarrollo social. Se firmaron convenios de intercambio de información con 26 estados, 65 municipios, ocho  dependencias federales y tres universidades.^[29] No obstante, es necesario recalcar la importancia de implementar dicha política pública, pues como lo documentó el IMCO, en junio de este año, en 2019 no se ha actualizado la información de los nuevos programas de la actual administración. 

El reto es continuar con la operación de este registro y que sea utilizado y nutrido de información por la actual administración. Contar con este registro se traduce en una respuesta a la necesidad de articular, focalizar y monitorear mejor las políticas redistributivas nacionales. En pocas palabras, en atacar la desigualdad de forma efectiva al hacer más eficiente el actuar del gobierno.

La capacidad de formar instituciones de calidad que proporcionen productos, servicios, trámites, ayudas de forma exitosa, y sostenida en el tiempo, requiere de una comunicación efectiva con los gobernados. Sin una comprensión de las necesidades, soluciones y cercanía con la población,  una institución está diseñada para el fracaso.

IMCO PROPONE

• Retomar las mejores prácticas, diseño institucional, modelo de gobernanza y demás entramado institucional de dependencias como Banxico o el Inegi, las cuales destacan por su calidad. Cabe destacar que ambos organismos cuentan con autonomía técnica y de gestión.

• A nivel federal, atribuir a la Secretaría de la Función Pública la tarea de evaluar la calidad de las instituciones con base en una metodología abierta y robusta, mientras que, en los órdenes estatal y municipal, se puede delegar esta labor a las contralorías locales.

• Publicar, para cada organismo, un Plan Anual de Calidad para plantear los retos y definir las funciones de cada dependencia para mejorar su organización y satisfacer las necesidades explícitas e implícitas de los ciudadanos que reciben sus servicios.

• Dar cumplimiento y seguimiento a los compromisos de Gobierno Abierto.

• Implementar los principios de Gobierno Abierto de forma transversal en las instituciones públicas, particularmente las que tienen contacto directo con la población.

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^[1] World Bank Group, Doing Business 2019: Training for Reform (Washington, DC.: The World Bank Group), https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf (Consultado el 07/10/2019).

^[2] International Organization for Standardization. ISO 9000:2015: Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (Ginebra: ISO, 2015), https://www.iso.org/standard/45481.html (Consultado el 07/10/2019).

^[3] Leticia Contreras Orozco, “La gestión de calidad en el sector público”, Revista RC ET RATIO, no. 8 (2014), http://contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/Revista_Rc_et_Ratio/Rc_et_Ratio_8/Rc8_1-Leticia-Contreras.pdf (Consultado el 07/10/2019).

^[4] WGI, “Home”, Worldwide Governance Indicators (WGI) project,  https://info.worldbank.org/governance/wgi/#home

^[5] World Bank Group, Doing Business 2019, página 5.

^[6] Álvaro Porras Vivas, “Gobierno Abierto, el valor social de la Información pública”, Estudios en Derecho a la Información, no. 2 (2016), https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/article/view/10490/12655 (Consultado el 07/10/2019).

^[7] Mario Emilio Gutiérrez Caballero (Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria), en la 36ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, 2016.

^[8] Carlos Salazar Lomelín “Perspectivas Empresariales, por qué y para qué Mejora Regulatoria”, video del CCE, 5:53, https://www.cce.org.mx/por-que-y-para-que-mejora-regulatoria/ (Consultado el 19/09/19).

^[9] Cofemer, “Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018 de las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal”, 2017, https://cofemer.gob.mx › docs-bin › cgpe › Informe_Final_PMR_2017_2018

^[10] A pesar de la magnitud de la cifra, la labor de desregulación por parte de la Cofemer redujo significativamente el costo respecto a 2012 (4.25% del PIB).

^[11] DOF, “ACUERDO por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria”, 2019 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570896&fecha=30/08/2019

^[12] Ibíd.

^[13] Análisis del IMCO con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, del  Inegi. Los cálculos se realizaron para esta publicación.

^[14] Los establecimientos de las microempresas tienen hasta 10 personas, mientras que las pequeñas varían entre 11 y 50.

^[15] Inegi, Censos Económicos 2014 (México: Inegi,2015), https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2014/ (Consultado el 07/10/2019).

^[16] Ibíd. A pesar de que las micro y pequeñas empresas representan el 99% de los establecimientos en México, generan el 19.3% de la producción bruta. En contraste, las grandes empresas constituyen el 0.2% de los establecimientos, pero generan 64% de la producción bruta.

^[17] Inegi, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (México: Inegi, 2015), https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2015/doc/encig15_principales_resultados.pdf (Consultado el 07/10/2019).

^[18] Este punto implica que los agentes económicos que sean sometidos a revisiones por parte de la autoridad podrán revisar que el servidor público efectivamente represente a la autoridad competente.

^[19] The Administration, “Open Government Partnership”, The White House President Barack Obama, https://obamawhitehouse.archives.gov/open/partnership

^[20] Process (Joining OGP), “Open Government Declaration”, Open Government Partnership, https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/

^[21] Ibíd.

^[22] César Calderón y Sebastián Lorenzo (coords.), Open Government: Gobierno Abierto (España: Algón Editores, 2010), 11.

^[23] Alianza para el Gobierno Abierto, “Plan de Acción 2016-2018. Tercer Plan de Acción Nacional de México en la Alianza para el Gobierno Abierto”, http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2016/09/Plan-de-Acci%C3%B3n-2016-2018.pdf

^[24] Jornada Abierta en materia de Servicios públicos realizada el 4 de julio de 2016 en el Centro de Cultura Digital.

^[25] Diario Oficial de la Federación, “ACUERDO por el que se crea el Sistema de Información Social Integral y se emiten sus Lineamientos”, 2018, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018

^[26] Coneval, Sistema de Información Social Integral, 2018, https://www.coneval.org.mx/Eventos/Documents/Sistema-Informacion-Social-Integral-CONEVAL.pdf

^[27] IMCO, Diagnóstico IMCO: La política social en México, sin rumbo ni destino cierto (Ciudad de México: IMCO, 2019), https://imco.org.mx/temas/diagnostico-imco-la-politica-social-mexico-sin-rumbo-destino-cierto/ (Consultado el 07/10/2019).

^[28] Por ejemplo, la creación de un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, el cual sistematice toda la información regulatoria del país en un mismo sitio o la creación de un padrón nacional de verificadores e inspectores.

^[29] Coneval, Sistema de Información Social Integral, 2018.

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• En México faltan datos suficientes para evaluar la situación en la que viven y se desarrollan algunos grupos susceptibles a discriminación: personas con discapacidad, con VIH/SIDA, indígenas, afrodescendientes y migrantes.
• En un contexto de austeridad, la ausencia de datos limita la toma de decisiones para reducir la discriminación y generar una igualdad real de oportunidades para todos los mexicanos.
• El IMCO propone garantizar la estabilidad financiera del Inegi para continuar generando estadísticas que permitan medir el impacto de los esfuerzos contra la desigualdad, así como diseñar nuevas acciones.

Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens: a brief history of humankind, argumenta que las antiguas civilizaciones crearon la escritura para almacenar y procesar la cada vez mayor cantidad de información que se generaba dentro de sus imperios. Por ejemplo, los sumerios, mesopotámicos y egipcios llegaron a ella porque necesitaban un sistema que les permitiera controlar el pago de impuestos, registrar deudas y asentar derechos de propiedad.^[1] Es decir, las estadísticas nacieron como una herramienta para organizar y hacer más eficientes a las crecientes agrupaciones de humanos.

En el caso de nuestro país, “la primera referencia que se puede precisar respecto a la información estadística, data de la segunda migración de los chichimecas (dirigidos por Xólotl) al centro de México, quienes se asentaron en las orillas del ya desaparecido lago de Texcoco por el año de 1116.”^[2] A partir de entonces se crearon otro tipo de registros y herramientas de generación de información como:

• (1532) El Códice Huixquilucan que contenía información tributaria y catastral.
• (1569) El cuestionario que Juan de Obando, visitador del Consejo de Indias, envió a la Nueva España para obtener información.
• (1577) La Suma de Visita de Pueblos por Orden Alfabético que realizaron frailes dominicos, franciscanos y agustinos, que compilaba, entre otras cosas, información sobre la ubicación y producción de pueblos en la Nueva España.
• (1604) El Memorial y Relación que da a su Majestad Francisco de Urdiñola, Gobernador y Capitán General de las provincias de la Nueva Vizcaya que contenía información poblacional, agrícola y ganadera.
• (1753) El Censo de Población realizado en la ciudad de México por órdenes del primer conde de Revillagigedo y que proporcionaba información por sexo, estado civil, etnia y tipo de vivienda.
• (1770) El Padrón Parroquial de Aguascalientes.
• (1790) El Primer Censo de Población de la Nueva España (o de Revillagigedo) que contabilizó a 4 millones 636 mil 74 habitantes.
• (1821) La Estadística de la Balanza Comercial que registraba el tráfico marítimo y comercial de la República y los ingresos en aduanas.
• (1826) La Memoria que presenta el Gobierno de Guanajuato al Congreso Constituyente que, entre otras cosas, incluía información de criminalidad.^[3]

Es decir, el desarrollo de estadísticas y herramientas de recolección de información en el territorio que hoy conforma México es un proceso que ha durado, al menos, 903 años y que continúa ampliando sus alcances para satisfacer nuevas necesidades sociales. Sin embargo, la realidad de nuestro país, sus problemas y sus desafíos, exigen más información de la que actualmente existe. De manera específica, es insuficiente la cantidad de datos disponibles para visibilizar problemáticas y plantear soluciones de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas pertenecientes a grupos vulnerados.^[4]

En el capítulo Discriminación en México: el desafío de evaluar políticas públicas, de la edición 2017 del Índice de Competitividad Internacional, se cuantificaron los recursos que se habían destinado de 2013 a 2017 a programas que, directamente, representaban beneficios para algún grupo vulnerado. Entre otras cosas, se identificó que los afrodescendientes no contaban con programas específicos para su condición de vulnerabilidad o que los recursos que beneficiaban a personas con discapacidad se redujeron del 0.45% al 0.20% del presupuesto federal entre 2013 y 2017. La conclusión a la que se llegó es que la dinámica presupuestal evidencia la discriminación que se ejerce de manera institucionalizada sobre personas pertenecientes a grupos vulnerados.^[5]

Siguiendo esa línea, este capítulo tiene el objetivo de identificar las deficiencias que existen en la generación de estadísticas para algunos grupos^[6] vulnerados. La falta de datos, al igual que las limitaciones presupuestales, restringen los recursos y las herramientas disponibles para construir un país en el que no se discrimine y en el que se garantice la igualdad real de oportunidades^[7] entre todos los mexicanos.

EL PAPEL CENTRAL DEL INEGI

La producción de estadísticas públicas en nuestro país es una tarea que comparten todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno, al tener acceso a datos que utilizan para cumplir con sus objetivos o como consecuencia de ellos, pero también, en algunos casos, los compilan, sistematizan y ponen al alcance de los ciudadanos y de otras dependencias que quieran o necesiten usarlos. Sin embargo, la institución más importante en este sentido es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que también es responsable de coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), el SNIEG tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna que contribuya al desarrollo nacional. Lo anterior, debe hacerse cumpliendo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia que establece la Constitución en el artículo 26 apartado B cuarto párrafo. Es decir, el Inegi es el organismo más importante en México en términos de datos oficiales, no solo por los productos que él mismo pone a disposición de los mexicanos, sino también porque es el encargado de señalar el camino que debe seguirse para mejorar y ampliar la producción de estadísticas de importancia nacional.

Actualmente, el Inegi pone a disposición de toda la población datos relacionados con temas muy diversos como agricultura, ganadería, pesca, comercio, construcción, educación, empleo, vivienda, medio ambiente, minería, cuentas nacionales, población, precios, salud, seguridad pública, transporte y turismo. Tiene además imágenes del territorio nacional, mapas, el marco geodésico y una larga lista de programas que incluyen, entre otras cosas, las encuestas en hogares y los Censos de Población y Vivienda.^[8] En cuanto a grupos vulnerados, el Inegi también recoge información relevante, aunque no de manera específica, sino transversal por medio de distintas encuestas. Así, en las siguientes secciones se hablará de qué datos se encuentran disponibles acerca de los siguientes grupos en vulnerabilidad actualmente:

1. Personas con discapacidad
2. Personas con VIH/SIDA
3. Indígenas
4. Afrodescendientes
5. Migrantes^[9]

LA SITUACIÓN DE LOS GRUPOS VULNERADOS

Para hablar de discriminación en México, la principal herramienta es la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) la cual tiene como objetivo “reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan.”^[10]

En su versión más reciente (2017), la Enadis arrojó que el 17% de los mexicanos no estaría dispuesto a rentar una recámara en su vivienda a una persona con discapacidad; el 36% se negaría en el caso de una persona con SIDA o VIH; el 16% en el caso de indígenas; el 23% si fuera afrodescendiente y el 39% si fuera extranjera. En cuanto a derechos, el 58% de las personas consideró que éstos se respetan poco o nada en el caso de personas con discapacidad; el 65% en el de indígenas; el 56% en el de afrodescendientes, el 42% en el de extranjeros y el 62% en el de empleadas domésticas. Asimismo, el 24% estuvo de acuerdo con el hecho de que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo; el 35% con que convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo; el 34% con que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura y el 23% con que cuando hay desempleo debe negarse el trabajo a personas extranjeras.

Lo anterior son muestras de algunas barreras sociales que existen para que personas con determinadas características se desarrollen de manera plena y con una igualdad real de oportunidades. Sin embargo, muchas de estas circunstancias no se pueden solucionar, en cierta medida, porque no existen estadísticas para diagnosticar sus causas y sus consecuencias. En algunos casos, es probable que la ausencia de información disponible evite que los hacedores de política pública conozcan la existencia de ciertos problemas. Si bien, es cierto que existen restricciones presupuestales y técnicas para obtener toda la información que se necesitaría para solucionarlos, también es verdad que es obligación del Estado mexicano reconocer sus limitantes y deficiencias. Las estadísticas son el primer paso para subsanar dichas faltas y, con ello, mejorar la calidad de vida de aquellas personas de algún grupo vulnerado.

LO QUE HAY Y LO QUE FALTA

El objetivo de esta sección es hacer un mapeo de la información disponible dentro del Inegi para cada uno de los grupos vulnerados elegidos.^[11] Se pretende reconocer los pasos que se han dado en favor de la visibilización de las personas pertenecientes a estos grupos, señalando los programas que incluyen información al respecto. Ejemplo de esto es la Encuesta Intercensal 2015 que por primera vez, desde 1921, reconoció la existencia de personas afrodescendientes en nuestro país, incluyendo una pregunta al respecto, y que abrió la puerta para continuar con su inclusión en el próximo Censo de Población y Vivienda 2020.

Sin embargo, en la mayoría de los casos la información que se recopila para personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y con VIH-SIDA está ceñida a identificarlos como tales, a ubicarlos dentro del territorio nacional y a considerar variables demográficas básicas como edad y sexo. Los datos existentes no se actualizan frecuentemente  y no son representativos para hacer cortes sustanciales que brinden información sobre las barreras que de facto enfrentan.           

Tabla 1. Información disponible en el Inegi por programa para personas indígenas

Programa	Pregunta relacionada	Información derivada	Limitaciones
Censo de Población y Vivienda 2010 (cuestionario básico) [12]	¿Habla algún dialecto o lengua indígena? ¿Qué dialecto o lengua indígena habla? ¿Habla también español?	Número total de personas en México que son indígenas. Es posible ubicarlos geográficamente e identificar variables sociodemográficas como edad, sexo y nivel de escolaridad. Se puede también hacer un mapeo de las lenguas indígenas existentes y el número de indígenas bilingües (lengua indígena-español)	Se realiza cada 10 años.
Censo de Población y Vivienda 2010 (cuestionario ampliado)	Además de las preguntas del cuestionario básico se hacen las siguientes: ¿Entiende alguna lengua indígena? De acuerdo con tu cultura ¿se considera indígena?	Personas que incluso si no hablan o entienden una lengua indígena, se consideran como tales.	Se realiza cada 10 años.
Encuesta Intercensal	De acuerdo con su cultura ¿se considera indígena?¿Habla algún dialecto o lengua indígena? ¿Qué dialecto o lengua indígena habla?¿Habla también español?	Personas que además de hablar alguna lengua indígena, también hablan español.	Encuesta especial que hasta el momento solo tiene observaciones para 2015.
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadis)	• ¿Se considera indígena de acuerdo con sus tradiciones o costumbres? • ¿Habla algún dialecto o lengua indígena? • ¿Qué dialecto o lengua habla?	Personas que se consideran indígenas.	Aunque la encuesta está clasificada como regular, no es clara su periodicidad. Las ediciones existentes son 1992, 1997, 2006, 2009, 2014 y 2018. Cortes por edad, sexo o ubicación pueden no ser representativos.
Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016	• ¿Su padre habla (hablaba) algún dialecto o lengua indígena? • ¿Su madre habla (hablaba) algún dialecto o lengua indígena? • ¿Habla algún dialecto o lengua indígena? • ¿Se considera usted una persona indígena?	Población de 25 a 64 años según autorreconocimiento de ser indígena por: *tamaño de localidad y sexo *percepción de cambio en su situación económica actual respecto de la de su familia de origen *percepción de cambio en su situación económica actual respecto de la de su familia de origen según autoclasificación de color de piel *nivel de escolaridad según autoclasificación de color de piel *ocupación actual según autoclasificación de color de piel	Para tonos de piel más oscuros, cortes como el de ocupación actual no son representativos. Cruces sobre disponibilidad de servicios públicos pueden no ser representativos también.
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)	• ¿Habla alguna lengua indígena o dialecto? • ¿Qué dialecto o lengua indígena habla? • ¿Habla también español? • ¿Entiende alguna lengua indígena? • De acuerdo con su cultura ¿se considera indígena?	Niveles de ingreso y gasto de personas que se consideran indígenas o que hablan alguna lengua indígena.	Debido a su representatividad a nivel estatal, en estados con poca población indígena los resultados pueden no ser representativos.

Fuente: Elaborado por el IMCO con información proporcionada directamente por el Inegi y los cuestionarios y tabulados de cada uno de los programas.

Tabla 2. Información disponible en el Inegi por programa para personas afrodescendientes

Programa	Pregunta relacionada	Información derivada	Limitaciones
Encuesta Intercensal 2015[13]	• De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones ¿se considera negra, es decir, afromexicana o afrodescendiente?	Número de personas afrodescendientes en nuestro país. Es posible hacer cortes de edad, sexo y ubicación, así como identificar niveles de fecundidad y migración.	La encuesta es única, por lo cual no hay más datos para identificar a los miembros de esta población. El antecedente más cercano es se encuentra en el Censo de 1921 en el cual se incorporó la pregunta de raza.
Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016	• En nuestro país viven personas de múltiples orígenes raciales ¿se considera usted una persona negra o mulata?	Población de 25 a 64 años según autoreconocimiento de ser negra o mulata por: *tamaño de localidad y sexo *percepción de cambio en su situación económica actual respecto de la de su familia de origen *percepción de cambio en su situación económica actual respecto de la de su familia de origen según autoclasificación de color de piel *nivel de escolaridad según autoclasificación de color de piel *ocupación actual según autoclasificación de color de piel	Para los tonos de piel más oscuros, cortes como el de ocupación actual no son representativos. Cruces sobre disponibilidad de servicios públicos pueden no ser representativos también.

Fuente: Elaborado por el IMCO con información proporcionada directamente por el Inegi y los cuestionarios y tabulados de cada uno de los programas.

Tabla 3. Información disponible en el Inegi por programa para migrantes

Programa	Pregunta relacionada	Información derivada	Limitaciones
Censo de Población y Vivienda 2010 (cuestionario básico)	• ¿En qué estado de la república o en qué país nació? • Hace cinco años ¿en qué estado de la república o en qué país vivía?	Identificación de personas migrantes (se considera migración nacional y migración internacional)	Se realiza cada 10 años.
Censo de Población y Vivienda 2010 (cuestionario ampliado)[14]	Además de las preguntas del cuestionario básico se hacen las siguientes:   • Durante los últimos 5 años ¿alguna persona que vive o vivía con ustedes en esta vivienda se fue a vivir a otro país? • ¿Cuántas personas? • ¿Cuándo se fue la última vez? ¿vivía con ustedes? • Sexo • Edad • Fecha de emigración • ¿A qué país se fue? • ¿Dónde vive actualmente?	Principales países de destino de las personas que migraron. Tiempo que tienen fuera de México las personas que migraron. Características demográficas de los migrantes.	Se realiza cada 10 años.
Encuesta Intercensal 2015	• ¿En qué estado de la república o en qué país nació?
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid)	• ¿En qué estado de la República Mexicana o país nació? • ¿Tiene nacionalidad mexicana? • Hace un año, en agosto de 2017, ¿en qué estado de la República Mexicana o país vivía? • ¿Por qué dejó de vivir en ese estado o país? • Hace cinco años, en agosto de 2013, ¿en qué estado de la República Mexicana o país vivía? • ¿Por qué dejó de vivir en ese estado o país?	Razones por las cuales emigraron las personas.	Aunque la encuesta está clasificada como regular, no es clara su periodicidad. Las ediciones existentes son 1992, 1997, 2006, 2009, 2014 y 2018.
Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento (Enasem) (cuestionario sustituto 2015)	• La primera vez que el hijo dejó el hogar de sus padres: ¿principalmente quien le ayudó con los gastos de cambio o para establecerse… • Este cambio fue:   Área urbana en México Área rural en MéxicoEUAOtro país	Fuente de financiamiento de las personas que migraron y lugar de destino elegido por la persona que migró.	La encuesta está diseñada para ser representativa de personas nacidas antes de 1951 a nivel nacional y rural/urbano. La información que se obtiene sobre los migrantes no se refiere al universo de ellos, sino solo a los que tienen padres que nacieron antes del año mencionado.
Encuesta Demográfica Retrospectiva (Eder)	• ¿Podría decirme todos los (estados o países, municipios o localidades) donde haya vivido después de (localidad de nacimiento) por lo menos un año en forma continua, y la edad que usted tenía o el año cuando llegó a estos lugares?	Se pueden mapear todas las migraciones de una misma persona. No se pregunta solamente por la residencia de los últimos cinco años, sino por la residencia a lo largo de la vida.	La encuesta está diseñada para ser representativa a nivel nacional por lo cual cortes por edad, sexo o entidad federativa de residencia pueden no ser representativos.

Fuente: Elaborado por el IMCO con información proporcionada directamente por el Inegi y los cuestionarios y tabulados de cada uno de los programas.

Tabla 4. Información disponible en el Inegi por programa para personas con discapacidad

Programa	Pregunta relacionada	Información derivada	Limitaciones
Censo de Población y Vivienda 2010 (cuestionario básico)[15]	*En su vida diaria, ¿tiene dificultad al realizar las siguientes actividades: caminar, moverse, subir o bajar? ver, aun usando lentes? hablar, comunicarse o conversar? oír, aun usando aparato auditivo? vestirse, bañarse o comer? poner atención o aprender cosas sencillas? *¿Tiene alguna limitación mental? *Entonces, ¿no tiene dificultad física o mental?	Población total según condición y tipo de limitación en la actividad. Se pueden hacer cortes por: • tamaño de localidad y sexo • entidad federativa, sexo y grupos quinquenales de edad • entidad federativa, sexo y grupos de edad según condición de limitación en la actividad y número de limitaciones declaradas • entidad federativa, sexo y condición de derechohabiencia según condición y tipo de limitación en la actividad • entidad federativa, sexo y nivel de escolaridad según condición y tipo de limitación en la actividad • entidad federativa, sexo y condición de alfabetismo según condición y tipo de limitación en la actividad • entidad federativa, sexo y condición de actividad económica según condición y tipo de limitación en la actividad.	Se realiza cada 10 años. Los datos solo permiten hacer un perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad, pero no proporciona información sobre barreras a las que se enfrentan en su día a día o de las brechas que existen.
Censo de Población y Vivienda 2010 (cuestionario ampliado)	Además de las preguntas del cuestionario básico se incluyen las siguientes preguntas: ¿Tiene dificultad para [tipo de discapacidad]: *porque nació así? *por una enfermedad? *por un accidente? *por edad avanzada? *por otra causa?	Población total según condición y causa de limitación en la actividad. Se pueden hacer cortes por: • tamaño de localidad y sexo • entidad federativa y sexo • tamaño de localidad y grupos de edad • entidad federativa y grupos de edad • tamaño de localidad y tipo de limitación • entidad federativa y tipo de limitación	Se realiza cada 10 años
Demográfica Retrospectiva (Eder)	• Por alguna situación de nacimiento o salud, ¿usted ha tenido dificultad durante al menos un año, para:   caminar, subir o bajar usando las piernas? o ver (aunque use lentes)? mover o usar brazos o manos? o aprender, recordar o concentrarse?o escuchar (aunque use aparato auditivo)?o bañarse, vestirse o comer?o hablar o comunicarse (por ejemplo, entender o ser entendido por otros)?o realizar sus actividades diarias con autonomía e independencia por alguna condición o emocional o mental (autismo, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera)? Ninguna dificultad   • Dígame todos los periodos de al menos un año durante los cuales usted tuvo dificultad para (TIPO DE DISCAPACIDAD). • En este periodo, cuánta dificultad tenía para (TIPO DE DISCAPACIDAD)?	Tipo de discapacidades que tienen las personas de 20 a 54 años.	La encuesta está diseñada para ser representativa a nivel nacional por lo cual los cortes por tipo de discapacidad pueden perderla.
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid)	*¿Cuántas personas viven normalmente en esta vivienda, contando a los niños chiquitos, ancianos y personas con discapacidad? *Por algún problema de nacimiento o de salud, ¿cuánta dificultad tiene para… o caminar, subir o bajar usando sus piernas? o ver (aunque use lentes)? o mover o usar brazos o manos? o aprender, recordar o concentrarse? o escuchar (aunque use aparato auditivo)? o bañarse, vestirse o comer? o hablar o comunicarse (por ejemplo, entender o ser entendido por otros)? o realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o mentales (con autonomía e independencia)? Problemas como autismo, síndrome de Down, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera. *¿La dificultad para (TIPO DE DISCAPACIDAD) es por: una enfermedad? edad avanzada? nació así? un accidente? violencia? otra causa? *¿Tiene una discapacidad permanente que le impida trabajar?	Población con discapacidad o limitación. Se pueden hacer cortes por: *entidad federativa, condición de discapacidad o limitación y sexo *condición de discapacidad o limitación y sexo, según grupo quinquenal de edad *por grupo quinquenal de edad y actividad con dificultad	Aunque la encuesta está clasificada como regular, no es clara su periodicidad. Las ediciones existentes son 1992, 1997, 2006, 2009, 2014 y 2018. Cortes por edad, ubicación, edad o dificultades pueden no ser representativos.
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)	Mismas preguntas que en el cuestionario ampliado del Censos de Población y Vivienda 2010.		Debido a su representatividad a nivel estatal cortes por ubicación y tipo de discapacidad pueden no ser representativos.

Fuente: Elaborado por el IMCO con información proporcionada directamente por el Inegi y los cuestionarios y tabulados de cada uno de los programas.

Tabla 5. Información disponible en el Inegi por programa para personas con VIH-SIDA

Programa	Pregunta relacionada	Información derivada	Limitaciones
Registros administrativos (estadísticas vitales)	Mortalidad general. Información seleccionando causas detalladas CIE-10. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (B20-B-24)	Número de personas que murieron por VIH.	Los registros no proporcionan información sobre las barreras que las personas con VIH-SIDA enfrentan como miembros activos de la sociedad.

Fuente: Elaborado por el IMCO con información proporcionada directamente por el Inegi y los cuestionarios y tabulados de cada uno de los programas.

IMCO PROPONE

En México la discriminación es un problema que afecta a miles de personas. Ya sea por su tono de piel, su herencia cultural, las discapacidades que tienen, las enfermedades que padecen u otros factores, las personas en todos los estados de nuestro país se ven incapacitadas para desarrollarse de manera plena y con igualdad real de oportunidades. De acuerdo con la Enadis 2017, el 33.5% de los mexicanos con los tonos de piel más oscuros tienen solo educación básica, mientras que dicho valor se reduce a un 18% en el caso de los tonos de piel más claro. Éste es solo un ejemplo de las brechas que existen, pero hay más en términos de acceso a servicios públicos, acceso laboral, sueldos que reciben, lugares donde viven y un largo etcétera que condena a generaciones de personas a vivir en condiciones de vulnerabilidad.

Hasta el momento, y en gran parte gracias al trabajo que ha hecho el Inegi, se han comenzado a dar pasos para contar con estadísticas relacionadas con grupos vulnerados que permitan su visibilización y diagnóstico. El camino por recorrer, sin embargo, es aún muy largo. Para dejar de condenar a más personas a vivir en desventaja, el IMCO propone las siguientes acciones:

• Garantizar la estabilidad financiera del Inegi para continuar la generación de estadísticas existentes, así como los esfuerzos de nuevos productos. Debido a los cortes presupuestales decretados con la nueva Administración, 14 programas elaborados por el Inegi se verán afectados. Esto es un retroceso que afecta el planteamiento y desarrollo de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida los mexicanos.
• Identificar las principales problemáticas que enfrenta cada grupo vulnerado, para después identificar los productos vigentes del Inegi que puedan servir como plataformas para incluir preguntas nuevas o muestreos representativos para los grupos con costos menores que aquellos que se enfrentarían si se quisiera desarrollar un nuevo producto específico. La identificación de problemáticas debe estar acompañada de la participación de grupos, organizaciones y representantes de la sociedad civil que trabajen sobre temas relacionados con personas en vulnerabilidad.
• Fortalecer la figura del Inegi como coordinador del SNIEG para que todas las dependencias de la administración pública federal dentro de sus competencias y facultades, generen y pongan a disposición del público estadísticas que tengan desgloses para grupos vulnerados.
• Cuidar en todo momento la confidencialidad en la información que se pone a disposición. Las estadísticas generadas deben ayudar a diagnosticar problemas como grupos, no abrir ventanas para identificar personas específicas.

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^[1] Yuval Noah Harari, Sapiens: a brief history of humankind (Nueva York: Harper Perennial, 2015) 122-124.

^[2] Inegi, “Antecedentes de la estadística en México”, 2008. http://ovsyg.ujed.mx/docs/marco-normativo/Antecedentes_de_la_estadistica_en_mexico.pdf  (Consultado el 27/07/2019).

^[3] Inegi,  Cronología de la estadística en México (1521-2008) (Distrito Federal: Inegi, 2009), https://unstats.un.org/unsd/wsd/docs/Mexico_wsd_cronologia.pdf (Consultado el 27/07/2019).

^[4] De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y debido a la discriminación focalizada, histórica y sistemática que sufren y han sufrido personas con determinadas características, en México es posible identificar los siguientes grupos vulnerados: 1) Mujeres, 2) Niñas y niños, 3) Jóvenes, 4) Adultos mayores, 5) Personas con discapacidad, 6) Indígenas, 7) Afrodescendientes, 8) Personas con VIH/Sida,  9) Minorías religiosas,  10) Personas con orientación distinta a la heterosexual, 11) Migrantes y refugiados, 12) Trabajadoras del hogar.

^[5] Melina Ramírez y Regina Portilla, “Discriminación en México: el desafío de evaluar políticas públicas” En Índice de Competitividad Internacional 2017: Memorándum para el presidente (México: IMCO, 2017), http://imco.org.mx/indices/memorandum-para-el-presidente-2018-2024/

^[6] Debido a restricciones de tiempo y a la imposibilidad de mapear información para todos los grupos vulnerados, aquellos que se abordarán en este capítulo son: 1) Personas con discapacidad, 2) Personas con VIH/SIDA, 3) Indígenas, 4) Afrodescendientes y 5) Migrantes.

^[7] Por igualdad real de oportunidades se entiende lo establecido en el artículo 1 fracción VI de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la discriminación: acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos.

^[8] La lista completa de Programas puede consultarse en el Anexo 1: Lista de Programas del Inegi  o directamente en la siguiente página de internet: https://www.inegi.org.mx/datos/default.html#Programas

^[9] El Conapred considera en el mismo grupo a migrantes y refugiados. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la información aportada por los refugiados será tratada con la más estricta confidencialidad, por lo cual no hay estadísticas públicas disponibles sobre dichas personas. Dado lo anterior, solo se hablará de migrantes y no de refugiados en este capítulo.

^[10] Inegi, Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/ (Consultado el 30/07/2019).

^[11]La información citada se limita a la disponible en los programas del Inegi. No se hará mención a publicaciones que cuenten con apartados al respecto, ya que la información que estos presentan tiene como fuente principal algún programa.

^[12] En el Censo de Población y Vivienda 2020 se tienen consideradas éstas preguntas y las del cuestionario ampliado.

^[13] Tanto en el cuestionario básico como en el ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 se tienen consideradas preguntas relativas a la población afrodescendiente.

^[14] Tanto en el cuestionario básico como en el ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 se tienen consideradas preguntas relativas a migración.

^[15] En el Censo de Población y Vivienda 2020 se tienen consideradas éstas preguntas y las del cuestionario ampliado.

México es un país que cuenta con varios elementos clave para prosperar. Es rico en recursos naturales: ocupa el 1% del territorio global, pero acumula el 10% de la diversidad biológica; en los últimos años ha destacado su estabilidad macroeconómica; además, en febrero de 2019 fue considerado como uno de los 10 destinos más atractivos en el mundo para invertir, según la firma de consultoría PwC.^.

A pesar de ello, México es el país número 74 de 189 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Aunque la calificación lo posiciona en un nivel de desarrollo alto, está por debajo de otros países latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica. 

En parte, este resultado se debe a un reto que han enfrentado varias administraciones: cómo proveer servicios de calidad para toda la población. Servicios básicos para el desarrollo de las familias como agua potable y saneamiento, vivienda, salud, educación, protección social, energía, justicia, entre otros.

Aunque varios gobiernos han ofrecido estos servicios de manera pública, su calidad es heterogénea y han abierto brechas entre diferentes poblaciones que no se pueden cerrar de la noche a la mañana. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2016, el 46% de los habitantes del norte del país reportaron tener acceso a instituciones de salud, en contraste con el 25% de los residentes del sur. En educación, el 46% de las primarias indígenas multigrado no tienen suficiente mobiliario en aula para todos los alumnos, en comparación con el 22% de las primarias generales.

Desde la creación del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), hace 16 años, la organización ha estudiado, propuesto y contribuido a la discusión pública con el objetivo de mejorar los servicios públicos de nuestro país. El principal reflejo de ello son sus índices de competitividad a nivel federal, estatal y municipal, además de proyectos y herramientas que ofrecen recomendaciones para resolver retos que afectan el desarrollo de los mexicanos.

En educación, el IMCO ha abordado temas que van desde el preescolar hasta la universidad. Sus propuestas se han centrado alrededor de los procesos de transparencia y rendición de cuentas que pueden contribuir a que el sistema educativo incremente la calidad de los servicios que ofrece a los mexicanos.

En salud, el IMCO ha seguido diferentes ángulos del sector. Ha manifestado la necesidad de tener un sistema con mayor financiamiento, con un proceso de compras de medicamentos más eficiente, con mayor acceso real a servicios y con indicadores de calidad. También ha insistido en la necesidad imperiosa de alcanzar un sistema de seguridad social universal.

En Estado de derecho, el IMCO ha trabajado en el diseño de mecanismos de evaluación de desempeño de instituciones vinculadas en procuración de justicia, obra pública, adquisiciones, mejora regulatoria y justicia laboral, a partir de evidencia documentada. Esto ha permitido contar con información que ha posicionado a la institución como referente en discusiones públicas ante representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de los órdenes federal y estatal.

La novena edición del Índice de Competitividad Internacional es un esfuerzo orientado a lograr servicios de calidad a favor de los mexicanos. La sección analítica del libro se compone de 10 ensayos en los que se describen las brechas en la provisión de algunos servicios públicos, así como las propuestas para corregirlas y avanzar hacia un crecimiento más inclusivo.

La sección cuantitativa del informe describe la capacidad que tienen 43 países, incluido México, para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de 126 indicadores repartidos en 10 subíndices. Este índice sigue una metodología transparente, accesible y pública para cualquier interesado y se compone de indicadores que provienen de fuentes de prestigio neutrales.

En conjunto, y como ha sido el objetivo desde la primera edición de este ambicioso proyecto institucional, ambas secciones persiguen un fin común: identificar las fortalezas y desafíos que enfrenta México, así como ofrecer herramientas para robustecer el debate en torno a la toma de decisiones de política pública. 

Lic. Valentín Diez Morodo 

Presidente del Consejo Directivo del IMCO