¿Qué mide?
El subíndice Sistema político estable y funcional (Sistema político) mide la calidad de los sistemas políticos estatales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público en sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. En este sentido, el subíndice analizado incorpora indicadores sobre la incidencia y percepción de corrupción, la participación, la competencia electoral y las libertades civiles.
La mejor entidad (2018)
Colima
En 2018, Colima alcanzó el primer lugar en este subíndice ya que se ubicó dentro de las primeras 10 posiciones en seis de los 10 indicadores analizados. Resalta por ser el estado con la menor incidencia de corrupción en 2018, al reportar 12 mil 601 actos de corrupción de servidores públicos por cada 100 mil habitantes (la mitad que el promedio estatal de 25 mil 179 actos). A pesar de que cerca del 83% de la población adulta consideró que las prácticas corruptas en los partidos políticos fueron frecuentes y muy frecuentes, fue el segundo estado con la menor percepción de corrupción en partidos políticos, pues el promedio en el resto del país fue del 89%. Además, fue una de las ocho entidades que reconoció en su legislación el matrimonio igualitario.
Contrario a su buen desempeño en la mayoría de los indicadores de este subíndice, fue una de las 11 entidades del país que impuso las mayores barreras a los candidatos independientes al cargo de gobernador del estado respecto al número de firmas requeridas para poder registrar sus candidaturas (el 3% de la lista nominal): 2.75 puntos porcentuales más que la mejor entidad en este indicador (Chiapas).
La peor entidad (2018)
Sonora
El desempeño de esta entidad durante 2018 la ubicó en la última posición en este subíndice. En términos relativos, obtuvo el peor resultado en cuatro de los 10 indicadores que componen el subíndice. Fue el estado con la mayor incidencia en corrupción al reportar 61 mil 652 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes (2.4 veces más que el promedio) y la menor participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 con una votación del 52% de los ciudadanos registrados en la lista nominal.
Al igual que otras 23 entidades del país, no consideró la figura del matrimonio igualitario en su legislación local. Junto con otros 10 estados, impuso las mayores barreras a candidatos independientes al puesto de gobernador, al requerir para su registro un número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal de la entidad.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica IV.1 Posiciones y cambios del subíndice Sistema político
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa IV.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sistema político
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla IV.1 Resultados generales por indicador del subíndice Sistema político
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Percepción de corrupción estatal
- En promedio, en 2017 el 89% de la población adulta que habitaba en zonas urbanas del país percibió como frecuentes y muy frecuentes las prácticas corruptas en el gobierno de su estado: nueve puntos porcentuales más que la proporción observada en 2011 (80%).
- En la CDMX el 96% de la población mayor de edad percibió como frecuentes y muy frecuentes las prácticas de corrupción en la entidad durante 2017. En cambio, en Yucatán la percepción de corrupción en el estado solo la compartió el 75% de las personas de 18 años y más.
Consulta de información de finanzas públicas
- Durante 2017, menos del 22% de la población adulta en las distintas entidades federativas consultó las páginas de internet del Gobierno (federal, estatal o municipal) para conocer información sobre los programas que realiza o el uso de los recursos y el dinero público.
Barreras a candidatos independientes
- Mientras que en 11 entidades se requirió un número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal de cada entidad para que los candidatos independientes pudieran registrar sus candidaturas al puesto de gobernador en 2018, en Chiapas únicamente se necesitó del 0.25%.
Matrimonio igualitario
- En 2016 solo ocho entidades reconocían en su legislación local el matrimonio igualitario: Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y la CDMX. Desde entonces y hasta 2018 esta cifra no ha aumentado.
Agresiones a periodistas
- En 2018 se registraron 542 agresiones a periodistas en el país. Las cinco entidades en donde fue más peligroso ejercer la libertad de prensa fueron Veracruz (57), Coahuila (47), Puebla (45), la CDMX (40) y Oaxaca (39) al concentrar el 42% del total de agresiones.
- Durango fue la única entidad federativa del país que no registró agresiones a periodistas durante 2018.
Imco propone
Un sistema político democrático y con contrapesos es clave para un México competitivo. En el presente subíndice se desarrolla un conjunto de propuestas que buscan impulsar la competitividad y efectividad de los gobiernos estatales, a partir de mecanismos que también inciden en el mejoramiento de la participación y percepción ciudadana. A continuación, se presentan las recomendaciones:
- Crear oficinas de presupuestos en los congresos. Los poderes legislativos locales cuentan con obligaciones importantes en materia de finanzas públicas. Específicamente, tienen a su cargo funciones presupuestarias, de monitoreo y revisión. Deben autorizar la contratación de deuda pública, previo a un análisis de capacidad de pago, así como la ejecución de proyectos de prestación de servicios; analizar y aprobar las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos, además de establecer y legislar las contribuciones fiscales en su entidad federativa.
A pesar de estas responsabilidades, los legisladores carecen de instrumentos que les permitan llevar a cabo estas funciones de manera correcta. Por ello, los poderes ejecutivos locales en el ciclo de las finanzas públicas han ejercido sus funciones de manera discrecional, sin supervisión y, en la mayoría de los casos, con irresponsabilidad y sin información.
Ante estas deficiencias, es necesaria la creación de oficinas de presupuestos profesionales, independientes, técnicas y apartidistas que supervisen el manejo de las finanzas por parte de los gobiernos estatales y que brinden los insumos necesarios a los legisladores para una toma de decisiones más informada.
- Robustecer la función presupuestaria de los poderes legislativos locales. A través del IIEG, el IMCO ha documentado la mala planeación de los recursos públicos: una subestimación de ingresos, un sobreejercicio de recursos y variaciones injustificadas entre lo aprobado y lo ejercido.
Esta mala planeación se refleja en una pérdida de credibilidad de los presupuestos de egresos y fomenta la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas por parte de los gobernadores.
Para reducir el uso discrecional e injustificado del gasto público, deben incorporarse límites a las variaciones del gasto en los marcos normativos de las entidades federativas, incluyendo casos específicos en los que se requiera la autorización de la legislatura local. De igual forma, es necesaria la vinculación real entre los resultados de las evaluaciones de impacto y la asignación de recursos en los ejercicios fiscales siguientes.
- Prohibir el gasto en ayudas sociales en las legislaturas estatales.En los últimos años, el IMCO ha documentado, a través del Informe Legislativo, la mala práctica de los congresos locales de ejercer recursos públicos en funciones que no les corresponden. En tan solo tres años (2016-2018), los órganos legislativos reportaron un gasto en este concepto superior a los 5 mil millones de pesos.[1] Estos recursos fueron ejercidos discrecionalmente por los legisladores y destinados a ayudas sociales y otros conceptos.
El acceder a recursos sin un fin específico o sin reglas de operación es una mala práctica, misma que se agrava cuando genera una competencia electoral inequitativa entre candidatos sin cargos públicos. El riesgo de corrupción se eleva cuando los legisladores buscan la reelección, pues estos últimos disponen de una cantidad de recursos públicos para propósitos sociales que pueden favorecer sustancialmente su candidatura en el proceso electoral.
Para garantizar elecciones justas y equitativas, la legislación estatal debe prohibir expresamente el ejercicio de recursos públicos en lassedesoles legislativas o ayudas sociales de los congresos y de cualquier otro concepto que le permita a los legisladores la entrega a la población de dinero en efectivo o en especie.
- Establecer la segunda vuelta en las elecciones de gobernador. Desde 2001 han existido 103 comicios en los que se ha elegido al titular del Poder Ejecutivo local. Hasta 2012, en el 42% de las elecciones, el candidato ganador obtuvo más del 50% de los votos emitidos. Sin embargo, desde 2013 se han celebrado 37 elecciones a gobernador, pero en 15 de ellas la candidatura ganadora no superó el 40% de los votos emitidos y solo en cuatro obtuvo más de la mitad de los votos.[2]
Si bien, resulta positivo que en los estados la competencia electoral se haya acentuado, esto tiene como consecuencia que existan gobernadores electos con menos de una tercera parte de los votos.[3]
Establecer la segunda vuelta electoral dotaría de mayor legitimidad al candidato ganador y podría reducir los conflictos post electorales al tener candidatos con el respaldo de la mayoría de los electores. Para esto, es necesario que las legislaturas locales aprueben reformas a sus constituciones locales para que, en el caso de que ningún candidato a gobernador o jefe de gobierno alcance un porcentaje superior al 50% de los votos, se convoque a una nueva elección entre los dos candidatos más votados.
Esto puede encarecer los procesos electorales, pero también pueden establecerse excepciones como sucede en otros sistemas. Por ejemplo, no sería necesario convocar a una segunda vuelta cuando la candidatura más votada obtenga al menos el 40% de los votos y exista una diferencia superior a 10 puntos porcentuales respecto a la candidatura que quede en segundo lugar.
- Disminuir el financiamiento a los partidos políticos. Además del financiamiento federal que reciben los partidos políticos, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) también les asignan recursos públicos a nivel estatal.
En 2019, el financiamiento público estatal para los partidos políticos fue superior a los 4 mil 500 millones de pesos[4] (a pesar de que solo en cinco estados se celebraron elecciones locales).[5] Esta cifra no es menor si se considera que el gasto en subsidios para el programa federal de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras fue de 3 mil 556 millones de pesos en 2018.[6]
Es necesario que las legislaturas de las entidades federativas reformen sus leyes electorales para cambiar las fórmulas de financiamiento público de los partidos políticos a nivel estatal y redireccionar el gasto público hacia las prioridades del estado. Esta reforma electoral ya sucedió en Jalisco y los cambios son evidentes. Al comparar dos años no electorales, la diferencia presupuestal es notable: en 2016, las prerrogativas a partidos políticos en Jalisco fueron de 260.7 millones de pesos, mientras que en 2019 fueron de 99.6 millones de pesos.[7] Los 161 millones de diferencia podrían cubrir en un 83% el gasto del programa de estancias infantiles en Jalisco.[8]
- Reducir el porcentaje de firmas para candidaturas independientes en las entidades federativas. Si bien, la legislación electoral de las 32 entidades federativas prevé que los ciudadanos pueden postularse a cargos de elección popular de manera independiente a los partidos políticos, aún persisten disposiciones legales que vuelven imposible ejercer este derecho.
Las reglas de las candidaturas independientes están delegadas a los órganos legislativos locales, por lo que hay una diversidad de criterios según el estado del que se trate. En este sentido, los legisladores locales deben modificar las leyes en esta materia para eliminar o modificar aquellos principios que dificultan el derecho a ser votado a través de esta figura.
Las entidades federativas que, comparadas con el promedio, tengan un periodo reducido de tiempo para la recolección de firmas, exijan determinada cobertura territorial, o sea necesario un porcentaje superior a lo solicitado a nivel federal[9] deberán ajustar su marco normativo para facilitar la participación de ciudadanos apartidistas en los procesos electorales.
- Prohibir el dinero en efectivo en las campañas electorales. El dinero en efectivo es el mejor vehículo para desarrollar campañas electorales fuera de la legalidad: facilita el desvío de recursos públicos para estos fines, favorece la intromisión de recursos de procedencia ilícita, dificulta su rastreo y fiscalización, y complica comprobar el destino de los gastos de campaña.
Las leyes
electorales deben prever que las erogaciones derivadas de cualquier tipo de
gasto de campaña, y en general cualquier gasto que ejerzan los partidos
políticos, se efectúe únicamente por medio de depósitos o transferencias, lo
que permite auditorías más eficaces. Además de reducir enormes espacios de
ilegalidad en las campañas electorales, eliminar el uso de efectivo puede
propiciar una competencia electoral más equitativa, pues aquellas candidaturas
que actualmente se apegan a la ley en términos de gastos de campaña están en
desventaja frente aquellas que no lo hacen.
[1] Elaborado por el IMCOcon información del Informe Legislativo (varios años).
[2] Elaborado por el IMCO con información de los institutos electorales locales.
[3] Oaxaca y Tlaxcala en 2016.
[4] Presupuestos de egresos de las entidades federativas, 2019.
[5] Además del financiamiento público estatal que reciben los partidos políticos, cuando hay renovación de poderes en la entidad federativa se les asignan recursos para gastos de campaña equivalente a un 30-50% de su financiamiento ordinario.
[6] SHCP, Cuenta Pública federal 2018, https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018 (Consultado el 12/03/20).
[7] Presupuesto de egresos del estado de Jalisco, 2016 y 2019.
[8] Solicitud de información. En 2018, se devengaron 192.1 millones de pesos en subsidios de este programa en Jalisco.
[9] Para la candidatura independiente para el cargo del Poder Ejecutivo federal es necesario al menos el 1% de la lista nominal, a nivel estatal solo cinco entidades exigen un porcentaje igual o menor.