¿Qué mide el subíndice?
El subíndice de Medio ambiente mide la capacidad de las ciudades para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Este subíndice provee información sobre agua y residuos sólidos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en las ciudades en el mediano y largo plazo.
Resultados más relevantes
Gráfica II.1 Resultados del subíndice Medio ambiente por tamaño de ciudad y grupo de competitividad
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.
Tabla II.1 Indicadores que conforman el subíndice Medio ambiente.
Tabla II.2 Mejor ciudad en Medio ambiente por indicador y categoría de población, 2018
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.
IMCO Propone
Los gobiernos municipales tienen atribuciones que podrían tener un impacto directo sobre la agenda ambiental. Esto es una gran oportunidad para municipios y entidades en un entorno donde el Gobierno federal no considera esta materia prioritaria. La agenda ambiental es amplia, por ello esta sección se enfoca en los temas donde pueden incidir los municipios: agua potable y saneamiento, calidad del aire, manejo de residuos, prevención de desastres y energía. A continuación, se enlistan propuestas específicas para cada tema.
Agua potable y saneamiento
- Incrementar las capacidades financieras y operativas de los organismos operadores de agua. El agua es un insumo vital y su gestión debe ser técnica para lograr que ésta sea eficiente y financieramente sostenible. Sin embargo, la mayoría de los organismos operadores de agua carecen de las capacidades para ello. Algunas acciones específicas para revertir esta situación:
- Aprovechar los registros administrativos para construir indicadores de desempeño y calidad de la gestión. Los municipios podrían acercarse a Conagua para identificar los indicadores más importantes. A partir de esto, podrían diseñar una estrategia para recolectar datos y medir su impacto, así como su progreso.
- Saber cuánto, cuándo, dónde y quién consume el agua con detalle es básico para determinar el costo del recurso hídrico de manera más precisa, información vital para la toma de decisiones, desde la construcción de infraestructura hasta la fijación de tarifas. Para generar esta información es necesario aumentar la micromedición en las ciudades mexicanas, concepto que se refiere a medir los volúmenes de agua de manera individual por toma.
- Establecer incentivos a usuarios responsables que consuman de manera eficiente los recursos hídricos. Para generar incentivos para aumentar o mantener un consumo eficiente se propone la creación de un fondo, a partir de los ahorros generados al Gobierno de las ciudades por el consumo eficiente de los recursos hídricos, que sea gastado en beneficio de las zonas con alta eficiencia hídrica y que muestren una disminución en el consumo.
- Incentivar la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia permitiría disminuir la presión sobre el sistema de drenaje de las ciudades, así como el riesgo de inundación. La instalación de estos sistemas requiere de un análisis histórico de las lluvias registradas, no solo para cada ciudad con alto riesgo y vulnerabilidad ante inundaciones, sino a un nivel de desagregación al interior de cada ciudad, esto para maximizar el aprovechamiento de los sistemas instalados.
- Disminuir las pérdidas mediante el oportuno mantenimiento de la red de tuberías. Así como su pronta atención una vez reportadas.
- Aumentar la eficiencia en el cobro de los recibos y cuentas vencidas. Punto necesario para el financiamiento de las medidas propuestas.
- Presionar a los gobiernos estatales y el federal para transferir a los organismos operadores la facultad para determinar las tarifas de agua. Actualmente definir las tarifas recae en los congresos locales. Este cambio despolitizaría las tarifas e impulsaría una mejor planeación basada en criterios técnicos, acorde a las características propias de cada ciudad.
- Profesionalizar a los organismos operadores de agua a través de una estructura interna de Gobierno corporativo con autonomía de gestión, autosuficiencia financiera y orientación a resultados. Estos organismos pueden ser públicos o privados y deben prestar el servicio de manera coordinada a todos los municipios que componen una zona metropolitana. Para más información sobre cómo transitar a este esquema se puede consultar nuestra Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua y saneamiento, publicada en marzo de 2014[1].
- Colaborar con los gobiernos estatales para crear reguladores sectoriales fuertes que definan estándares mínimos de calidad en el servicio y exijan redición de cuentas a los organismos operadores a través de informes de gestión auditados y públicos. Estos reportes deben incluir un sistema de indicadores (de proceso y resultado) que sean comparables con otros organismos operadores y que se actualicen de manera periódica.
Calidad del aire
- Monitorear los contaminantes criterio (partículas suspendidas, ozono, dióxidos de azufre y nitrógeno y monóxido de carbono) en aquellas ciudades con más de 500 mil habitantes o en aquellas que cuenten con industrias contaminantes establecidas cerca de la zona urbana. El monitoreo se debe hacer con base en la NOM-156-SEMARNAT-2012.
- Modificar las regulaciones de construcción y de establecimientos mercantiles para construir política de control de estacionamientos y del automóvil para las ciudades. Urge revertir la tendencia a nivel nacional donde varios municipios han aumentado los requerimientos del número de cajones de estacionamiento que las nuevas construcciones deben tener y, en algunas ocasiones, han obligado a establecimientos mercantiles y a centros comerciales a otorgarlo de manera gratuita. Estas políticas representan un subsidio directo al automóvil e incentiva su mayor uso. Los municipios pueden seguir el ejemplo de la Ciudad de México[2] y Guadalajara[3] que han modificado su regulación para limitar (y eventualmente prohibir) la construcción de estacionamientos en zonas de alta movilidad con suficiente transporte público u otros medios de transporte.
- Cobrar el uso de la vía pública para desincentivar el uso del automóvil privado. Algunas medidas son los parquímetros o cobros por el uso del automóvil en las zonas más congestionadas de las ciudades (congestion charge[4]), las cuales se deben complementar con un sistema eficiente de transporte público local como se ha hecho exitosamente en otras ciudades del mundo como Londres, Singapur, Milán, Nueva York y Buenos Aires en Latinoamérica[5].
- Incluir el costo por afectaciones indirectas (externalidades) de proyectos turísticos y obras de infraestructura que estén a cargo de los municipios. Estas deberían ser estimadas a partir de metodologías avaladas internacionalmente a través de una institución como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para determinar el costo que los proveedores del bien o servicio deberán considerar pagar a la sociedad para compensar el daño.
Manejo de residuos
- Reducir la generación de residuos, lo que podría representar un ahorro para los Gobiernos locales, al simplificar la gestión de residuos sólidos. Este objetivo se podría lograr a través de campañas de concientización, promoción de la cultura del reciclaje, incentivos económicos y normas que promuevan la disminución del uso de empaques y desechables.
- Implementar un programa de recuperación y reciclaje dirigido a las personas morales que coloquen un determinado volumen de residuos estén obligados a recolectar y entregar en centros de reciclaje el mismo volumen de los materiales que colocaron en el mercado, ya sea directamente o mediante empresas intermediarias[6].
- Aprovechar la energía que se genera en rellenos sanitarios, tanto de captura de biogás como plantas incineradoras de los residuos urbanos, en las ciudades de mayor tamaño, a través de esquemas de asociación público-privado. Es necesario monitorear la operación de los rellenos sanitarios para asegurar su correcta disposición final y en caso de no cumplir con la normatividad establecer sanciones para los operadores.
- Dar certeza a los prestadores de servicio sobre la temporalidad de los contratos, así como el análisis de costo-beneficio de los proyectos. Con esto se vuelve una opción económicamente viable y atractiva tanto para el municipio como los inversionistas. Además, se debe transparentar el costo de cada una de las fases de manejo de los residuos para dar certidumbre de precios y detonar así inversiones en la administración de los residuos sólidos.
Prevención de desastres
- Otorgar créditos hipotecarios de instituciones financieras públicas y privadas, así como permisos de construcción solo a los proyectos que se apegan a los programas de desarrollo urbano y mapas de riesgo. La vulnerabilidad de las ciudades ante desastres naturales está sujeta a las características sociales y calidad de la infraestructura. Por ello, considerar estos documentos como base para la construcción es fundamental para prevenir daños potenciales, así como pérdidas humanas derivadas de fenómenos climáticos. Los mapas de riesgo deben estar basado en experiencias de sismos e inundaciones de las últimas décadas.
- Fortalecer a los Implanes de los municipios urbanos y transitar hacia institutos de planeación metropolitanos para que sean capaces de fomentar el crecimiento compacto de las ciudades y su resiliencia ante desastres naturales. Para ello, deben contar con gobiernos corporativos de calidad, es decir, transparentes, profesionales y sin conflictos potenciales de interés por parte de sus miembros. También requieren más herramientas para aprobar cualquier cambio de uso de suelo que rebase cierto tamaño y la posibilidad establecer sanciones más estrictas. Además, la vida institucional de los Implanes debe rebasar los ciclos políticos en los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades, para que sus motivaciones sean técnicas, no políticas.
- Establecer una política de cero tolerancia a los nuevos asentamientos irregulares y trabajar en la formalización de la vivienda irregular que no está en zonas de riesgo o de alto valor ecológico, así como incorporar predios baldíos intraurbanos y subutilizados al mercado inmobiliario a través de instrumentos fiscales. Para implementarlo se requiere una unidad de gobierno con recursos humanos, materiales y facultades jurídicas para empujar esta tarea en un país donde la mayor parte de la vivienda está asentada en la informalidad.
Energía
- Ofrecer descuentos en el pago del impuesto predial y/o recibo de agua y/o para incentivar la implementación de ecotecnologías tales como sistemas de captación pluvial, jardines verticales y azoteas verdes.
- Colaborar con el Gobierno estatal para diseñar e implementar un programa para sustituir electrodomésticos y/o focos ahorradores.
- Promover la generación distribuida de energía eléctrica en hogares, comercios e industrias a partir de campañas y plataformas de difusión de sus beneficios fiscales (depreciación acelerada, impuesto sobre la nómina, impuesto predial), ambientales y ahorros potenciales. También se pueden dar a conocer las principales especificaciones técnicas a considerar al momento de elegir un integrador de paneles solares para su instalación. El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) puede ser el vehículo para un programa de este tipo.
- Facilitar el proceso de interconexión de la generación distribuida a la red de la CFE.
- Instalar tecnología LED en el alumbrado público[7] con el fin de disminuir el consumo de electricidad del municipio.
- Reestablecer el impuesto estatal vehicular (tenencia) en los estados que lo eliminaron y eliminar los subsidios en los estados que lo mantienen para disminuir la externalidad negativa por el uso del automóvil y promover el uso del transporte público, así como para que las entidades cuenten con una fuente adicional de recursos. Autos eficientes y/o eléctricos quedarían exentos del impuesto, así como de verificación, pago de placas o derechos por servicios de control vehicular.
[1] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua y saneamiento (México: IMCO, 2014) https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/AguaPotable.pdf (Consultado el 10/09/20).
[2] ITDP. 2017. Ciudad de México: líder regional en política de estacionamiento. http://mexico.itdp.org/noticias/ciudad-de-mexico-lider-regional-en-politica-de-estacionamiento/ (Consultado del 11/09/2020)
[3] ITDP. 2016. Modelo de implementación de DOT en la zona metropolitana de Guadalajara. http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Modelo-de-implementaci%C3%B3n-de-DOT-en-la-Zona-Metropolitana-de-Guadalajara.pdf (Consultado el 11/09/2020)
[4] Mulholland, Patrick. “Congestion charging gains ground as cities run out of road”. Financial Times 28/01/2020. https://www.ft.com/content/77e5139a-1c3d-11ea-81f0-0c253907d3e0 (Consultado el 10/09/20)
[5] LA Network, “Buenos Aires ya tiene cobro por congestión en Latinoamérica”, LA Network, (2018), http://la.network/buenos-aires-ya-cobro-congestion-latinoamerica/ (Consultado el 02/10/18).
[6] El sistema dual de reciclaje inició en Alemania en 1990 con la Ley Federal de Reciclaje, que compromete a las empresas a recuperar los residuos sólidos de sus productos, los cuáles son recolectados por empresas intermediarias, independientes del servicio público de recolección de basura. Esta iniciativa fue el precursor del esquema europeo de reciclaje. Debido a la complejidad y altos costos de que las empresas recolecten los residuos de sus productos, se propone que recolecten un volumen equivalente de los materiales de los productos (por ejemplo, aluminio).
[7] En 2019 únicamente 3% del alumbrado público contaba con tecnología LED.