IV. SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL

¿Qué mide?

El subíndice de Sistema político, estable y funcional (Sistema político) mide el potencial de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales. Un sistema político incluyente y democrático es un bien público por sí mismo, pero además fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor participación ciudadana y rendición de cuentas. Se incorporan indicadores que dan información sobre corrupción, participación electoral y libertades civiles.

Resultados del subíndice

Gráfica IV.1 Ranking del subíndice Sistema político

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado. Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa IV.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sistema político

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla IV.1 Resultados generales del subíndice Sistema político por indicador

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. ** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

MEJORES CONGRESOS Y AUDITORÍAS ESTATALES

Para tener mejores gobiernos necesitamos un ecosistema con pesos y contrapesos que contribuyan a fortalecer el marco institucional de los estados. Los congresos y sus auditorías locales son actores fundamentales en esa tarea.

Los congresos estatales no solo tienen la función legislativa de redactar, aprobar o desechar leyes. Tienen la responsabilidad de:

1. Representación: expresar, vincular y proteger los intereses, valores y demandas de los ciudadanos.
2. Político – administrativa: nombrar, ratificar y designar a funcionarios de otros entes públicos por medio de la ratificación o evaluación de perfiles a cargos de interés públicos.
3. Jurisdiccional: aplicar el derecho en caso concreto de controversia, el cual se ejerce a través de la declaración de procedencia y del juicio político.
4. Legislativa: presentar, deliberar y aprobar o rechazar normas de aplicación general.
5. De control y presupuestales: cerciorarse de que cada ente público se mantenga en su esfera de competencia. Discutir, modificar y aprobar los presupuestos estatales, auditar el destino de los recursos públicos y sancionar a quienes excedan los límites presupuestales.

Los congresos que no son vigilados son instituciones que pueden ignorar sus responsabilidades, por ejemplo, mantener auditorías débiles (como asignar solo el 4% del presupuesto del Poder Legislativo[1]) y volverse cómplices en el abuso del poder. Por eso, IMCO propone cambios en nuestros poderes legislativos locales:

• Modificar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales. Un criterio que se debe de incluir es que, si un gobierno requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15%, debe tener la aprobación del congreso local y estar debidamente justificado.
• Blindar legislativamente de recortes por 7 años el presupuesto de las auditorías estatales para evitar presiones presupuestarias por parte de los congresos.
• Prohibir en la legislación que las auditorías superiores locales sean ocupadas por personas que hayan trabajado en posiciones de subordinación o de pares al gobernador o secretario de finanzas estatal en turno de la administración anterior o en curso; para ello se requiere armonizar la regulación en materia de órganos superiores de fiscalizadores.
• Realizar procesos de elección de auditores con la participación de consejos ciudadanos y estableciendo criterios de conformación de metodologías claras para la evaluación del perfil dentro de los requisitos de la legislación en materia de fiscalización. 

MAYOR REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA

La falta de competencia, tanto en la economía como en la política, actúa en perjuicio del interés público. Si bien la mayor parte de los estados del país han alcanzado mejores oportunidades para que las y los ciudadanos puedan acceder a cargos públicos, todavía se mantienen retos importantes.

La política sigue estando en manos de los partidos con registro nacional. A principios de 2021, sólo un gobernador del país no tenía afiliación a un partido y de los 1,113 congresistas estatales en funciones sólo 42 pertenecían a partidos locales (el 3.8%), y 40 (el 3.6%) eran congresistas sin afiliación partidista, el resto (92.6%) pertenecían a ocho partidos con registro nacional.[2] Esto puede indicar que no han sido derribadas las barreras para que candidatos independientes y personas afiliadas a partidos locales puedan participar en la política.

Las reglas de las candidaturas independientes están delegadas a los órganos legislativos locales, por lo que hay una diversidad de criterios según el estado del que se trate. En este sentido, los legisladores locales deben modificar las leyes en esta materia para eliminar o modificar aquellos principios que dificultan el derecho a ser votado a través de esta figura.

Por estas razones, IMCO propone:

• Reducir en la normatividad local el porcentaje de firmas necesarias para el registro de candidaturas independientes a cargos estatales. Para la candidatura independiente para el cargo del Poder Ejecutivo federal es necesario al menos el 1% de la lista nominal, sin embargo, a nivel estatal solo cinco entidades exigen un porcentaje igual o menor.

PROFESIONALIZACIÓN

La confianza en las instituciones democráticas requiere contar con representantes populares legítimos y profesionales. En la actualidad las y los candidatos a ocupar cargos públicos cuentan con pocas herramientas para su profesionalización y una vez en el cargo no hay incentivos para capacitarse.

Por este motivo, IMCO propone:

• Establecer la segunda vuelta para las elecciones a gobernador cuando el candidato con mayor número de votos no alcance el 40%. Desde 2013 se han celebrado 37 elecciones a gobernador, pero en 15 de ellas la candidatura ganadora no superó el 40% de los votos emitidos y solo en cuatro obtuvo más de la mitad de los votos.[3] Para esto, es necesario que las legislaturas locales aprueben reformas a sus constituciones locales para que, en el caso de que ningún candidato a gobernador o jefe de gobierno alcance un porcentaje superior al 50% de los votos, se convoque a una nueva elección entre los dos candidatos más votados.
• Prohibir el gasto en ayudas sociales en las legislaturas estatales. En los últimos años, el IMCO ha documentado, a través del Informe Legislativo, la mala práctica de los congresos locales de ejercer recursos públicos en funciones que no les corresponden. Tan solo en 2018, los órganos legislativos reportaron un gasto en este concepto equivalente a los mil 852 millones de pesos.^[4] En 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Congreso de Quintana Roo presentó una demanda de amparo para combatir esta asignación presupuestal por exceder las funciones legislativas y considerarse una fuente de riesgo para la corrupción.^[5]
• Destinar el 10% de los recursos para los partidos políticos estatales en centros de investigación partidistas en donde se defina la agenda programática de los partidos políticos y se capacite a sus miembros. Para ello, se debe reformar la normatividad relacionada con el instituto estatal electoral.

GARANTIZAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS ESTATALES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA

La crisis sanitaria que el país enfrenta demuestra la importancia de contar con compras públicas eficientes, eficaces y transparentes, las cuales permitan adquirir los servicios e insumos médicos indispensables para atender a la ciudadanía, proteger al personal de salud con equipo médico y asegurar un plan de vacunación oportuno y completo en las entidades federativas.

Hasta julio de 2020, 13 entidades hicieron público el monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender el covid-19. Este monto representa 8 mil 160 millones de pesos^[6]. El resto, carece de información respecto de las acciones y contrataciones destinadas a la atención de la pandemia lo que dificulta su seguimiento y control. Por ello, el IMCO Propone:

• Realizar procesos claros para la contratación y ejecución de compras de emergencia. Es fundamental que las entidades federativas cuenten con lineamientos específicos para la contratación y adquisición de bienes y servicios en tiempos de emergencia, a través de reformas a las leyes de compras públicas de los estados, adquisiciones y obra pública, así como el acompañamiento de la Contraloría Estatal (o equivalente) para la implementación. Por ejemplo, Sonora realiza auditorías en tiempo real a las compras públicas de emergencia para garantizar la capacidad de atención médica a la población del estado. Estos lineamientos deben:
• • Detallar de manera obligatoria el fundamento legal que justifica realizar un proceso de adjudicación directa y no una licitación pública.
• • Desglosar los bienes o servicios adquiridos, la cantidad, el precio unitario y el giro del proveedor.
• • Enlistar los tipos de bienes y servicios que las entidades federativas pueden adquirir mediante procesos de emergencia, de tal manera que las compras se realicen y planifiquen con base en las necesidades de la población.

• Generar plataformas que transparenten las compras de emergencia y promuevan el control y la vigilancia de los recursos públicos en tiempos de emergencia. Es importante contar con portales electrónicos actualizados constantemente que trasparenten los recursos destinados a la atención de la emergencia, incluyendo el registro de la información de las compras en datos abiertos, con bases estructuradas y descargables, las cuales detallen los bienes y servicios adquiridos, así como los proveedores contratados.

El portal de Contrataciones Abiertas del Estado de Chihuahua incluye un apartado de proyectos especiales para consultar la información sobre las compras para atender la pandemia por covid-19[7].

REALIZAR COMPRAS PÚBLICAS EFICIENTES QUE ATIENDAN LAS PRÁCTICAS CON RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Aún sin la presencia de una emergencia, las compras públicas en México deben realizarse de manera eficiente, ya que representan una gran cantidad de recursos públicos y permiten adquirir los bienes y servicios para atender las necesidades de la población y poner en marcha las políticas públicas de interés. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 13 mil 311 millones de pesos en las aportaciones a las entidades federativas y municipios. Para atender el uso de ineficiente de los recursos, así como las prácticas de riesgo de corrupción, es necesario:

• Priorizar los criterios de calidad en la evaluación de las propuestas de proveedores sobre los formalismos, al mismo tiempo que se asegure el cumplimiento de la ley. Es importante realizar procesos de compra pública que no limiten la competencia, por lo que las dependencias de gobierno pueden priorizar los criterios de calidad-precio, y evitar aquellos requisitos técnicos y formalismos de tal forma que no se conviertan en causales de desechamiento.
• Definir un identificador único del contrato para todas las plataformas electrónicas. Actualmente, las dependencias de gobierno en las entidades federativas tienen la obligación de capturar información sobre compras públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia y, en ocasiones, en las plataformas de compras públicas estatales. Ambas cuentan con un proceso de captura particular para registrar la información. Por lo tanto, con el objetivo de permitir la interoperabilidad y los cotejos de información entre los sistemas electrónicos, es importante establecer un mismo identificador para cada proceso de compra que coincida en todas las plataformas donde sea publicado.
• Monitorear el registro de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Actualmente, se registran compras públicas con retrasos e inconsistencias. Es importante monitorear constantemente la calidad de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que, además de contener datos útiles para el seguimiento de los recursos públicos, es una obligación de ley[8].
• Generar y utilizar herramientas de detección de riesgos de corrupción en compras públicas. Además de contar con una plataforma electrónica para publicar la información de las compras públicas, las entidades federativas deben implementar metodologías para identificar los riesgos de corrupción, de tal forma que exista un mapa de ruta que muestre, de manera sistemática y en tiempo real, los procesos con mayor riesgo de padecer algún tipo de corrupción.

El IMCO desarrolló Mapeando la Corrupción, una plataforma que le permite al Gobierno y a la ciudadanía identificar riesgos de corrupción en compras públicas de manera automática. Esta herramienta, que está a disposición de las entidades federativas, permitió al gobierno estatal de Chihuahua analizar prácticas de riesgo de corrupción en más de mil 668 procesos de obra pública educativa de 2014 a 2018, lo que representa una auditoría al gasto de mil 947 millones de pesos.

• Transitar a un esquema de gobierno digital. La digitalización de la información es un paso fundamental para facilitar los procesos internos en la adquisición de bienes y servicios. A través de la generación y aplicación de herramientas electrónicas que permitan monitorear toda la información, específicamente de las compras públicas, es posible identificar las etapas, las fallas en estas y las posibles soluciones. Estas herramientas pueden ser plataformas electrónicas que incluyan la planeación, conducción y monitoreo de las compras públicas de forma abierta y en tiempo real. La transición a un gobierno digital debe considerar el registro de la información de compras públicas en plataformas transaccionales, donde la información y documentación esté disponible al público, de tal manera que facilite la participación y la contratación de bienes y servicios.

 

[1] El presupuesto de los poderes legislativos es distinto en estados como Puebla donde se otorga un 52% del presupuesto a la entidad de fiscalización, mientras que en Morelos se le asigna únicamente el 4% del presupuesto. Fuente: Informe Legislativo 2017, IMCO.

[2] Fuente: IMCO, con datos de portales electrónicos de los congresos estatales, consultado en enero 2021.

[3] Fuente: Elaborado por el IMCO con información de los institutos electorales locales.

[4] Fuente: Informe Legislativo 2019, IMCO.

[5] Fuente: Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, www.anticorrupcionqroo.org

^[6]Transparencia Mexicana y Tojil, (In)cumplimiento de las obligaciones de transparencia en contrataciones por COVID-19. Disponible en https://www.tm.org.mx/susanavigilancia-cumplimientoleytransparenciacontrataciones-covid19/ (Consultado el 22/02/2021).

[7] Estado de Chihuahua, Portal de Contrataciones Abiertas. Disponible en https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/

[8] Artículo 70 fracción XVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.