¿Qué mide?
El subíndice de Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) mide la forma en que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus respectivos estados. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera indicadores sobre la capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.
Resultados del subíndice
Gráfica VII.1 Ranking del subíndice Economía
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa VII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Economía
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados del subíndice
Tabla VII.1 Resultados generales del subíndice Economía por indicador
*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. **El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
IMCO Propone
IMPUESTOS Y FEDERALISMO FISCAL
El actual pacto fiscal presenta una dinámica que debilita las capacidades de todos los órdenes de gobierno. Tenemos estados y municipios que han cedido los costos políticos y fiscales de tener sistemas de recaudación eficientes a cambio de que en la federación recaigan todas las responsabilidades.
La dependencia es tal que, desde finales de los noventas a la fecha, entre el 70% y el 80% de los ingresos estatales han provenido de transferencias federales.[1] Con la dependencia viene la centralización de las soluciones en el ámbito federal impidiendo que los estados y municipios experimenten con soluciones cercanas a sus contextos locales.
Para favorecer un ecosistema innovador de soluciones públicas, los estados deben de empezar por recuperar sus responsabilidades recaudatorias. Por estas razones, IMCO propone:
- Cambiar la estructura de los ingresos estatales de su alta dependencia en el impuesto a la nómina (un impuesto que encarece la formalidad) a impuestos con más progresivos como a la tenencia vehicular e incluso explorar el cobro compartido del impuesto predial con los municipios[2].
- Aprovechar las facultades impositivas. Los estados recaudan en promedio seis de los dieciocho impuestos que pueden cobrar, de acuerdo con la recaudación reportada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los que no cobran están aquellos por las actividades de explotación minera y otros impuestos relacionados a las actividades industriales y mercantiles.
Actualmente, seis entidades (Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco) no recaudaron ninguna cantidad por tenencia o uso de vehículos. En 2019, el resto de las entidades recaudaron 16 mil 623 millones de pesos, representando el 11% de los ingresos por impuestos. El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es el segundo más importante para todas las entidades (después del impuesto a la nómina).
Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 2019. Inegi.
Por otro lado, el impuesto de explotación de minas es uno de los impuestos con menor recaudación. Los estados recaudaron sólo 17 millones de pesos por ellos, Coahuila es el estado que más recauda (16 mdp) seguido de Campeche (0.5 mdp).
Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 2019. Inegi.
GOBIERNO DIGITAL Y PARTICIPATIVO
A través de la implementación de estrategias digitales es posible acercar a los gobiernos estatales a la ciudadanía y también a las empresas. Reconocer las oportunidades que brinda la tecnología no solo es la base para mejorar la eficiencia de la gestión, sino que también respalda políticas públicas y favorece que los gobiernos sean innovadores, participativos, abiertos, transparentes y confiables. Por ello IMCO propone:
- Destinar y/o mejorar la planeación del presupuesto en materia de tecnología e innovación que facilite la incorporación de gobiernos digitales. Para esto, es necesario involucrar a las partes interesadas, a los tomadores de decisiones y a los expertos dentro de la planeación de los presupuestos de egresos. Las secretarías de finanzas y administración locales deben asignar presupuesto a los programas estatales en materia de innovación y comercio. Además, los congresos locales deberán aprobar y verificar que los recursos se ejerzan en dicha materia.
- Garantizar que el acceso a internet sea inclusivo, accesible y asequible para todas y todos en los estados. Esto es posible gracias a la creación de puntos de acceso públicos y abiertos a internet para que las herramientas digitales estén disponibles para la población en su conjunto. Las secretarías de desarrollo local deberán establecer en las líneas de acción de los programas correspondientes al gobierno digital, así como la inclusión de la participación de privados en su consecución.
INNOVAR LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS
- Eliminar los formularios en papel y transitar hacia los servicios públicos digitales. De acuerdo con el informe Doing Business 2020, del Banco Mundial, México se encuentra en la posición 60 de 190 de los países más fáciles para hacer negocios[1]. Las comisiones estatales de mejora regulatoria deberán estar a cargo de la revisión y opinión anual de los trámites que se lleven a cabo en la entidad federativa.
- Mejorar la eficiencia, reforzar la infraestructura de datos de la entidad[2], reducir los costos laborales y redireccionar al personal burocrático hacia actividades que eleven la competitividad en los estados.Mediante la incorporación de agencias de transformación digital dentro de cada una de las entidades. Estas agencias deberán eliminar las barreras existentes a las que se ven expuestas las Pymes y facilitarles el acceso a un mercado más amplio.
- Implementar herramientas tecnológicas que promuevan la participación e inclusión ciudadana. Es importante reconocer los esfuerzos de la sociedad civil y los gobiernos estatales que han invertido en tecnologías para el monitoreo de los recursos, compras públicas y proyectos de infraestructura. Sin embargo, estas plataformas electrónicas deben contar con información accionable, útil y de valor público, así como un seguimiento por parte de las autoridades.
INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES
La exclusión sistémica desperdicia el talento humano. Los gobiernos inclusivos permiten explotar el potencial de los ciudadanos, esto se traduce en estados más competitivos. El acceso igualitario al poder, la toma de decisiones, la política y el liderazgo no es solo una cuestión de justicia y buen gobierno, sino que también tiene un impacto positivo en los resultados económicos y sociales.
Para esto, es necesario aumentar la participación de las personas de grupos tradicionalmente marginados en el liderazgo público, la toma de decisiones y los procesos democráticos. Esto implica promover políticas públicas desde el estado que aumenten la inclusión y la oferta de oportunidades, por lo que IMCO propone:
- Diseñar, identificar y establecer la participación de mujeres, hombres, jóvenes, grupos marginados, grupos vulnerables y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas públicas. Las secretarías de desarrollo social de los estados deberán identificar los espacios en donde sea posible la presencia de consejos consultivos o mecanismos de participación ciudadana para la implementación de políticas públicas relacionadas con la inclusión social.
- Recopilar, analizar y publicar con calidad y de manera ética los datos que conforman los sistemas estadísticos estatales. La calidad de los datos consiste en el acceso y disponibilidad de información al público en general que cumpla con atributos como oportunidad, formato de datos abiertos, detalle y desglose, legibilidad, así como la homologación de conceptos utilizados. Los datos son necesarios para que el diseño de políticas públicas responda mejor a las distintas necesidades de una población y suministro de servicios básicos.
- Incorporar presupuestos sensibles al género[3] y apoyar la participación de mujeres y jóvenes en procesos importantes que fomenten la inclusión y el empoderamiento en sus estados.Las secretarías de finanzas estatales deberán incluir anexos transversales en los proyectos de presupuestos de egresos con metodologías públicas que identifiquen los recursos que estén destinados de forma específica a las acciones de equidad de género, participación ciudadana, sectores marginados y vulnerables.
- Incluir en las administraciones estatales una instancia dedicada a incorporar la perspectiva de discapacidad de forma transversal en la toma de decisiones. A pesar de que a nivel federal se otorga una pensión para las PCD, esto no genera oportunidades (en el mercado laboral, en la planeación de ciudades o en educación, entre otros) para quienes tienen esta condición. Por ello, las entidades deben poseer instancias especializadas para diseñar políticas públicas destinadas a esta población y ofrecer recomendaciones a todas las áreas del Gobierno para que incorporen las necesidades de estos grupos de manera transversal. Además, esta instancia debe contar con el presupuesto suficiente para lograr un impacto y tener continuidad entre administraciones. Un ejemplo a nivel local es el Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad (Ingudis), que en 2020 tuvo un presupuesto 168% mayor[4] al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
GOBIERNOS TRANSPARENTES
La transparencia institucional es la base de una buena gobernanza y el primer pilar para lograr la rendición de cuentas en los estados. Un gobierno transparente incrementa la reputación del estado y genera confianza, no solo en la población, sino ante inversionistas a nivel nacional o internacional.
Al mismo tiempo, tener gobiernos transparentes favorece una distribución correcta y equitativa de los recursos públicos y mejora el desempeño y la toma de decisiones. De acuerdo con el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2020, en 2019 únicamente 8 de 32 estados tuvieron un cumplimiento por encima del 90% sobre el reporte de información financiera.[5] Por esto, el IMCO propone para promover la transparencia y rendición de cuentas estatales:
- Crear agencias de transformación digital que genere y procese datos para mejorar la toma de decisiones. Es decir, que la evidencia funcione como motor de acciones efectivas para solucionar los problemas de la entidad. Además, de mejorar el componente tecnológico y de digitalización de trámites y servicios públicos. Por ejemplo, la Agencia[6] Digital y de Innovación Pública (Adip) lleva a cabo colaboraciones con el gabinete de seguridad y la Fiscalía. Se ha transformado el sistema informático con el que se registran y procesan datos de incidencia delictiva; trabaja en una firma electrónica para facilitar trámites ciudadanos en la ciudad; y ha generado ahorros importantes en la contratación de tecnología para el Gobierno de la CDMX. A la par, hay avances sustanciales para colocar a la ciudad entre las listas de metrópolis del mundo con mayor cobertura de internet público para los ciudadanos. En unos meses pasaron de 96 a 14 mil 500 puntos instalados con wifi gratuito.
- Generar un sitio electrónico único sobre el reporte de información financiera del estado a cargo de las secretarías de finanzas estatales. Las entidades federativas cuentan con una serie de obligaciones en materia de transparencia y de finanzas públicas a lo largo del ciclo presupuestario.[7] La consolidación de portales con información presupuestal, del ejercicio del gasto y de fiscalización facilita la transparencia y rendición de cuentas. El sitio electrónico al menos debe proporcionar información relativa al paquete económico, informes trimestrales al congreso y la cuenta pública, así como las obligaciones en materia de contabilidad gubernamental y disciplina financiera.
[1] Fuente: Hablemos de Ingresos en los estados 2020, IMCO.
[2] Tras su misión 2020, el Fondo Monetario Internacional sugirió una reforma tributaria que contemple el cobro de la Tenencia. Este impuesto es progresivo porque paga más quien tiene más. Además, es un impuesto verde que contribuye al combate contra el cambio climático, tiene beneficios sobre la salud pública y permite una mayor independencia de las transferencias federales.
[3] Doing Business 2020, table 0.1 Ease of Doing Business Ranking. Banco Mundial (2021).
[4] El caso de la Agencia Digital de Innovación Pública quedó documentado en el Índice de Competitividad Estatal 2020, IMCO.
[5] De acuerdo con el Monitor de Mujer en la Economía del IMCO, sólo dos estados (Sonora y la Ciudad de México) cuentan con mujeres gobernadoras.
[6] En 2020, el presupuesto del Conadis fue de 33,559,804 pesos, mientras que el del Ingudis ascendió a 89,856,744 pesos.
[6] Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2020, reporte de contabilidad gubernamental. Instituto Mexicano para la Competitividad (2021).
[7] Políticas en la Mira: Rumbo al Índice de Competitividad Estatal 2022, ICE, 2020.
[8] Fuente: http://imco.org.mx/finanzaspublicas/ciclo-presupuestario