I. SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Derecho tiene el objetivo de medir el entorno de seguridad pública y jurídica en las ciudades del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo las libertades, el orden y la paz pública, salvaguardando la integridad física y los derechos de las personas. Un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento en las ciudades. Además, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Ambas dimensiones de este subíndice inciden directamente en la competitividad de las ciudades.

Resultados más relevantes

Gráfica I.1 Resultados del subíndice Derecho por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla I.1 Indicadores que conforman el subíndice Derecho

Tabla I.2 Mejor ciudad en Derecho por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Para lograr que las ciudades del país cuenten con las condiciones idóneas de competitividad y de certeza jurídica para sus habitantes, se necesita proteger y garantizar el respeto a los principios de: primacía e igualdad ante la ley, separación de poderes, participación social en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y claridad procesal y legal. Es decir, un gobierno efectivo y progresista, debe proporcionar a sus habitantes servicios públicos apropiados, incita la inclusión social y el acceso a la justicia sin discriminación, impulsa su desarrollo y demuestra sustentabilidad política por conducto de instituciones, democráticas, sólidas y transparentes.

Este subíndice tiene como fin, examinar las condiciones en las que se desempeña la seguridad pública y el régimen de propiedad en los centros urbanos. A continuación, se presentan algunas propuestas específicas que contribuyen al reforzamiento de las condiciones del Estado de derecho, en las ciudades.

Policías

• Adopción de un modelo policial flexible y adecuado a sus condiciones socioeconómicas, culturales, demográficas e incidencia delictiva. Tomando como ejemplo el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica como una política integral de seguridad ciudadana y un modelo de solución de conflictos sociales.
• Contar con policías con un óptimo enfoque de proximidad social (facilitador social), susceptible de medición, que ayude a entender, mejorar y reconstruir la interrelación y confianza entre autoridades y ciudadanía. Lo anterior será un parteaguas para aumentar la baja incidencia de denuncias de delitos y en donde se pueda aprovechar la información que la ciudadanía proporcione, para prevenirlos y combatirlos.
• Implementar o fortalecer las unidades de investigación de delitos y de análisis e inteligencia delictiva, dentro de las instituciones de seguridad ciudadana que apoyen en coordinación con otras fuerzas policiales o instituciones de procuración de justicia en prevenir e investigar delitos. Con estas áreas se podrá combatir a la criminalidad, disminuir la incidencia delictiva, reducir la impunidad, en donde se logre litigar de manera eficiente los casos ante los tribunales.
• Evaluar la efectividad del Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos encargados de brindar seguridad ciudadana que asegure que su ingreso, capacitación, promoción y permanencia, estén debidamente reglamentados y que sean claros y que no sean un obstáculo normativo o político que evite su desarrollo profesional a corto, mediano y largo plazo.
• Contar con protocolos de actuación basados en las mejores prácticas nacionales o internacionales con enfoque y énfasis en Derechos Humanos tomando en consideración la opinión de los propios miembros de las fuerzas de seguridad ciudadana, que les ayuden de manera clara, sencilla y práctica, en su actuar cotidiano, con mecanismos de supervisión y de medición de calidad. Lo anterior les permitirá contar con herramientas focalizadas que les auxilien y no obstaculicen su trabajo.
• Establecer acuerdos de coordinación entre los distintos cuerpos encargados de la seguridad ciudadana del país. La interacción e intercambio de datos e información, son un elemento indispensable para mejorar la prevención, persecución y sanción de los delitos.
• Promover que los órganos internos de control, supervisión y sancionadores, cuenten con la independencia jerárquica dentro de las instituciones de seguridad ciudadana. Esto contribuirá a que estas áreas, puedan ejercer su labor sin ningún tipo de favoritismos o de algún tipo de intrusión burocrática en sus decisiones y se logre no solamente sancionar a los elementos policiales infractores, sino, evaluar y recomendar la mejora y desarrollo continuo de los mismos.
• Evaluar la efectividad del Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos encargados de brindar seguridad ciudadana. Lo anterior permitirá evaluar si los mecanismos de ingreso, capacitación, promoción y permanencia, a los que están sujetos los agentes policiales, no están siendo afectados por alguna normatividad u obstáculo político.
• Impulsar la continuidad de los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, sin estar sujetos al periodo o mandato del titular del poder ejecutivo municipal. Con esto se pretende incidir en la continuidad de las políticas públicas que están siendo efectivas y que por medio de un consejo gubernamental y ciudadano puedan medir su desempeño, continuidad o la necesidad de su cambio. La confianza que se genera entre policías y a quienes sirven, no debe estar condicionada a un cambio de administración cada tres años.

Prevención del delito

• Adoptar modelos de contención del fenómeno delincuencial. Contar con una policía cercana a la ciudadanía, ayudará a mejorar la confianza de la población en sus instituciones de seguridad, a su vez, funcionará como un puente de intercambio de información para conocer y prevenir las dinámicas delincuenciales dentro de las zonas o colonias con altos índices de percepción de inseguridad.
• Invertir en la utilización recursos tecnológicos para el registro de los delitos cometidos. La utilización de plataformas electrónicas de denuncia o cámaras de video, son elementos esenciales para el análisis de patrones de criminalidad y soluciones operativas. Esto permitirá, identificar y evidenciar la comisión de delitos por colonias, zonas o regiones específicas, que auxilien a las autoridades a brindar soluciones a los índices delictivos sin menoscabar o derrochar recursos materiales o humanos en combatir a la delincuencia. Algunos ejemplos de estos recursos son los Centros de Comando C5, o los C2 móviles que cuentan con vehículos terrestres y aéreos no tripulados que monitorean lugares de difícil acceso, el número de emergencias 911 o el 089 para denuncias anónimas.
• Evaluar el impacto de las medidas de prevención del delito en zonas con altos indicies delincuenciales, por medio de indicadores basados en visitas de acercamiento y sensibilización social, implementación de programas sociales de disminución de la criminalidad, denuncias ciudadanas y sus mecanismos de recepción, tiempos de respuesta, tasa delictiva, percepción de seguridad, así como respeto a los derechos humanos. Esta información servirá como insumo para mejorar la calidad de las políticas de prevención que hoy se basan solamente en resultados y no en su impacto.
• Promover la cultura colaborativa de la ciudadanía, por conducto de mecanismos de inclusión social, en donde la población, sea corresponsable en la búsqueda de soluciones a su entorno socioambiental y se involucre con la medición del éxito en la aplicación de dichas medidas.
• Implementar y consolidar la Justicia Cívica, que mejore la convivencia entre los habitantes de una comunidad y evitar que los conflictos sociales escalen a conductas de carácter delictivo. Lo anterior, con una visión sistémica, en donde una serie de actores como juzgadores, policías y especialistas en diversas materias ayuden a entender, intervenir y solucionar las causas que originan los conflictos sociales en una zona, colonia o demarcación territorial.

Propiedad de la tierra

• Implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones trámites y servicios, de conformidad a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria publicada el 30 de agosto del 2019 en el Diario Oficial de la Federación. La mejora regulatoria resulta fundamental para generar las condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica, al promover una mayor competencia, definir los derechos de propiedad, brindar certidumbre jurídica, y en el establecimiento de reglas claras para todos, que generen crecimiento económico y bienestar social.
• Fomentar la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado la modernización de los sistemas catastrales y registrales de propiedad inmobiliaria en los Centros de Población, de conformidad a los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, publicado el 17 abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
• Instaurar junto con la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una plataforma nacional moderna y con los elementos normativos y tecnológicos equiparados entre las instituciones catastrales y los registros públicos del país. Todavía existen lugares en donde se trabaja con un sistema registral de libros o se continúa operando en los catastros con planos y cartografía de papel no actualizados, lo que, puede provocar actos de corrupción e incertidumbre jurídica patrimonial.
• Valorar los beneficios de la utilización de tecnologías de la información en los catastros del país. Lo anterior permitirá, evitar demoras o errores por parte de las autoridades, en la identificación, ubicación y uso del inmueble y se lleve un seguimiento más ágil y confiable en la inscripción ante los registros públicos. Hay países como Japón, que están utilizando la tecnología denominada blockchain, para poder identificar y unificar datos sobre predios o propiedades vacías, sin dueño o desconocido o casos de tierras consideradas improductivas. Con esto, se busca impulsar la reutilización de las tierras, promover la compra-venta, controlar la reurbanización, mejorar el cobro de impuestos y diseñar planes ante desastres naturales.

Fe pública

• Eliminar obstáculos para acceder a una patente notarial. Todavía en algunas entidades del país, esta decisión, es potestativa del titular del poder ejecutivo o a petición del Colegio de Notarios, que pueden influir en limitar el ingreso a nuevos competidores para el ejercicio de la profesión que tengan la posibilidad de brindar ventajas económicas y de calidad a quien solicite o necesite sus servicios.
• Brindar la oportunidad a los notarios de ofrecer sus servicios a un costo menor del máximo establecido en el arancel notarial o sin atarlos a este. Esto generará que los fedatarios públicos puedan competir entre ellos, ofrecer condiciones más favorables a los solicitantes de sus servicios y promovería la regularización de la propiedad privada y de los negocios.