- Las tasas de criminalidad bajan en países en los que ciudadanos confían en sus sistemas de justicia. La evidencia muestra que la represión penal no desincentiva el delito.
- La población vulnerable, de alta marginación y discriminada, enfrenta un sistema de justicia incluso más injusto. Cerca del 70% de los reclusos no son delincuentes peligrosos, sino jóvenes con bajos niveles educativos, que cometieron el delito de robo y que provienen de ambientes precarios y con pocas oportunidades de desarrollo.
- Reconocer los factores que conllevan a la exclusión social en términos de justicia es el primer paso para desarrollar medidas que mejoren la interacción de la población con sus pares y con la autoridad.
- El IMCO propone crear plataformas electrónicas que empoderen a los ciudadanos para denunciar delitos y evaluar la atención que recibieron de parte de un policía o Ministerio Público.
La discriminación es un factor que contribuye a la exclusión social y a un deficiente acceso a la justicia. La imposibilidad de ejercer este último ha generado costos económicos, políticos, sociales y culturales significativos en México y en otras regiones del mundo.
Imaginemos a José, un obrero que a diario se transporta desde su casa en el Estado de México a la Ciudad de México (CDMX) para trabajar. Un día lo asaltaron antes de abordar el metro y de inmediato buscó auxilio. A pocos metros vio una estación de policía en donde le dijeron que debía ir al Ministerio Público (MP) a denunciar porque, según ellos, no podían hacer nada y las cámaras en esa zona no funcionaban. Al llegar con el MP, lo presionaron para no denunciar. Después de perder tres horas, logró presentar su denuncia. Nunca le explicaron sus derechos, nadie lo asesoró, fue victimizado y al cabo de unos meses le informaron que su asunto se encuentra en el archivo, porque no hay más líneas de investigación que seguir.
Este hipotético asalto, pero que podría sufrir cualquiera, es solo un botón de muestra que ilustra uno de los más grandes retos de nuestro país: no se ha podido construir una estructura institucional sólida que aminore la percepción ciudadana de que en México las leyes son letra muerta. Los datos cuantitativos y cualitativos disponibles dejan ver que la ciudadanía no confía en sus autoridades, las considera ineficientes, deshonestas y las principales responsables en victimizar o criminalizar a las personas que se buscan justicia.
Lappi Seppälä, criminólogo y profesor finlandés, ha mostrado que “a mayor confianza en el sistema criminal, menor es la tasa de población penitenciaria, y viceversa”[1], una afirmación muy contraria a lo que sucede en países como el nuestro que creen que la represión penal[2] sirve para desincentivar el delito. Esta creencia tiene más efectos negativos que positivos, pues genera mayor desconfianza en el sistema criminal y un hábitat en donde todas las personas son enemigas del Gobierno, y en donde los sectores menos favorecidos son los que pagan las consecuencias.
ESTADO DE DERECHO EFICAZ: FACTORES QUE SE MIDEN Y POSICIÓN FRENTE A OTROS PAÍSES DEL MUNDO
Un Estado de derecho eficaz debe garantizar a su población las condiciones idóneas para su desarrollo pleno y armónico en un ambiente de paz, igualdad, oportunidades, desarrollo, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos[3]. Es decir, un buen gobierno proporciona a sus habitantes servicios públicos adecuados, genera confianza, alienta la inclusión y demuestra sustentabilidad política, por medio de instituciones sólidas fortalecidas bajo estándares democráticos de creación e innovación de leyes.
¿HAY ALGUNA FORMA DE MEDIR EL ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES?
El Índice de Estado de Derecho 2019 (IED) del World Justice Project es una evaluación sobre la adherencia al Estado de derecho en el mundo, desde una perspectiva ciudadana. Los puntajes se calculan con base en encuestas realizadas a 120 mil hogares y a 3 mil 800 expertos, en 126 países[4]. La Tabla 1 muestra los resultados de México en tres diferentes cortes de la muestra[5].
Tabla 1. Resultados de México a nivel global, regional y por nivel de ingreso
| Factor | Ranking global Total: 126 | Ranking en Latinoamérica y Caribe Total: 30 | Ranking de países de ingreso medio alto[6] Total: 38 |
| General | 99 | 26 | 35 |
| Límites al Poder Gubernamental | 84 | 22 | 23 |
| Ausencia de Corrupción | 117 | 29 | 38 |
| Gobierno Abierto | 35 | 7 | 6 |
| Derechos Fundamentales | 73 | 22 | 23 |
| Orden y Seguridad | 117 | 29 | 37 |
| Cumplimiento Regulatorio | 87 | 23 | 31 |
| Justicia Civil | 113 | 27 | 36 |
| Justicia Penal | 115 | 25 | 37 |
Fuente: Elaborado por el IMCO con datos del Rule of Law Index 2019 del World Justice Project.
Estos resultados implican que México requiere mayor atención en corrupción, orden y seguridad, y justicia penal. En contraste, países como Uruguay (1), Costa Rica (2), Chile (3) tienen los mejores resultados a nivel regional del ranking: son las naciones menos corruptas de Latinoamérica y, a su vez, están dentro de los primeros 15 lugares en el rubro de orden y seguridad y dentro del top 10 en materia de justicia civil y penal[7].
A nivel mundial, Dinamarca destaca por tener normativas que limitan el poder del Gobierno y cuenta con los niveles de corrupción más bajos del mundo. Finlandia resalta por respetar los derechos fundamentales de sus habitantes y tiene un eficiente sistema de justicia penal. Por último, Singapur resultó el mejor en materia de seguridad[8].
¿QUÉ HICIERON ESOS PAÍSES PARA OBTENER ESOS RESULTADOS?
Finlandia es un país que ha transformado su sistema criminal y que ha adoptado el denominado Estado de Bienestar[9]. Esto se debe a que[10]:
- Efectuó diagnósticos criminológicos sobre los efectos nocivos del encarcelamiento en la vida futura de los reclusos.
- Su política criminal se sustenta en el cumplimiento de las normas por razones de aceptación y legitimidad, más que por temor o disuasión.
- El pensamiento dominante en el país es que el delito es un fenómeno social que debe ser reducido a través de reformas sociales, más que por medidas represivas.
- Se estableció la justicia alternativa como medio de solución.
- Las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales son progresistas.
“Este país cumple con la hipótesis de Garland sobre la existencia de una estrecha relación entre seguridad económico-social y solidaridad garantizada por un Estado de Bienestar y un bajo nivel de represión penal”[11].
Otro caso a destacar es Bahamas, el cual es uno de los países de la región de América Latina y el Caribe que sobresale en materia de justicia penal en el IED. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su Evaluación del programa País: Bahamas de 2018[12], esta nación ha fortalecido las capacidades estratégicas del sector mediante un Programa Piloto para un Sistema de Justicia Expedita, enfocado en:
- Conocer las causas del rezago en los procesos judiciales y aportar conocimientos técnicos para su solución.
- Implementar políticas de protección a los derechos de los procesados.
- Aumentar tasas de sentencias condenatorias.
- Incrementar la resolución en los casos de homicidio.
- Aplicar criterios de oportunidad a quien colabore con la justicia (testigos protegidos).
- Diseñar políticas de prevención basadas en evidencia empírica sobre la delincuencia.
Por último, Singapur es un país que sobresalió en orden y seguridad en el Índice de Estado de Derecho 2019. Sin embargo, pareciera no considerar los derechos humanos de sus habitantes, debido a[13]:
- Pena de muerte como medida para acabar con la delincuencia.
- Castigos (torturas) a los reos condenados mediante latigazos.
- Límites a la libertad de expresión y libre asociación.
- Leyes represivas que permiten detenciones arbitrarias sin ningún tipo de justificación, al menor indicio de representar una amenaza a su seguridad[14].
ACCESO A LA JUSTICIA: PROBLEMÁTICA E IMPLICACIONES
El acceso a la justicia como componente esencial del Estado de derecho garantiza al ciudadano el ingreso a los distintos caminos institucionales provistos por el Estado para la resolución de sus conflictos. Esto significa que el Estado, además de no incurrir en transgresiones, tiene el deber de eliminar los obstáculos que limitan el acceso a la justicia[15]. Es decir, asegurar que las personas en un plano de igualdad puedan ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación y exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes[16].
¿POR QUÉ HAY QUE CONCENTRARSE EN LAS AGENDAS DE JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO?
México tiene retos para apuntalarse como una nación que cumple con un Estado de derecho eficaz. Por eso, es relevante concentrarse en fenómenos que desde hace décadas no se han podido solucionar, que la población ha resentido en su patrimonio, dignidad e integridad y que día a día empeoran más. La inseguridad, delincuencia, impunidad y un deficiente acceso a la justicia penal han sido un freno para el desarrollo del país.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) ha mostrado que la inseguridad y la delincuencia son los problemas que más aquejan a los mexicanos, por encima del desempleo o la corrupción[17].
Además, las autoridades encargadas de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, es decir, los policías de los tres órdenes de Gobierno y el Ministerio Público, son a quienes la gente les confiere el menor nivel de confianza[18] en cuanto a su desempeño y nivel de corrupción.
Durante 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos, asociados a 25.4 millones de víctimas. El asalto en la calle o transporte público fue el delito que más se cometió. La cifra negra en México está por encima del 90%, es decir nueve de cada 10 delitos no se denuncian y en el 6.8% de los casos en donde sí existió un expediente de investigación en más de la mitad de los casos no sucedió nada o no se continuó con la misma[19].
Asimismo, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, México encabeza la lista de países con el más alto índice de impunidad[20].
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 del Inegi evidencia lo anterior al mostrar los siguientes resultados con respecto a los asuntos en donde se inició una investigación y el Ministerio Público los resolvió en el año 2017. Durante ese periodo se contabilizaron un total de 937 mil 646 carpetas determinadas[21], es decir, resueltas.
Gráfica 1. Investigaciones registradas a nivel nacional determinadas por el MP en el Sistema Acusatorio Oral durante 2017
Fuente:Elaborado por el IMCO con datos del Censo Nacional de Procuración Justicia Estatal 2018 del Inegi.
Casi el 90% (839 mil 144) de las investigaciones se encuentran en el ámbito discrecional del Ministerio Público, es decir, todas las que no se encuentran en la etapa de investigación complementaria. Lo más preocupante es que el 66% se encuentra en archivo temporal, lo que indica que el órgano investigador no encontró los datos suficientes para localizar al posible delincuente y esa situación subsistirá hasta que no aparezcan nuevos elementos que ameriten reactivar el expediente y continuar con la investigación. A lo mejor sea una salida fácil para ese órgano, pero sin duda es un dato alarmante de impunidad legalizada.
Como se observa en la Gráfica 1, en más del 10% de los casos se abre formalmente la etapa de investigación, en donde interviene un juez o una instancia judicial (investigación complementaria).[22]
VIOLENCIA, INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA: GENERADORES DE RETRASO ECONÓMICO Y SOCIAL
El Índice de Paz México 2019 (IPM) estableció que el miedo y la inseguridad alteran el comportamiento de las personas dentro de la economía, al cambiar sus formas de consumo o de inversión, lo que genera costos. El predestinar parte del ingreso para contar con medidas de protección (cámaras de video o personal de seguridad) provoca pérdidas en términos de bienestar y escasez de productividad, lo cual afecta el precio de bienes y servicios[23].
El IPM también determinó que en nuestro país el costo de la violencia fue de 5.16 billones de pesos durante 2018 (268 mil millones de dólares). Esto equivale al 24% del PIB nacional y representa un aumento del 10% con respecto al año anterior. El homicidio (51%) y los delitos cometidos con violencia (robo, asalto, violencia sexual, violencia intrafamiliar), representaron el 82% del impacto económico total de la violencia[24].
A su vez, mayor desigualdad medida a través del coeficiente de Gini[25] se asocia con un mayor nivel de impunidad[26]. Si bien esto no implica causalidad entre las dos variables, cuando aumenta la desigualdad, en cierta proporción se incrementa la impunidad.
Los costos derivados de la violencia en México son mayores que el gasto gubernamental destinado a su contención, según el mencionado índice[27]. El IPM indica que nuestro país destina el 0.81% del producto interno bruto (PIB)[28] en seguridad interna y en el sistema judicial, la cifra más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que equivale a la mitad del promedio de lo que gastan otros países miembros de esta organización[29].
De igual manera, dicho estudio revela que reducir la violencia en México al nivel de sus cinco estados más pacíficos (Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo) generaría un dividendo de paz (pérdidas económicas evitadas) de 2.5 billones de pesos al año[30]. Esto incluye los costos directos (gasto en las fuerzas policiales o los gastos médicos o funerarios de las víctimas, por ejemplo), costos indirectos (los gastos acumulados después de cometido el delito, como algún trauma físico o psicológico o un ingreso futuro perdido) y el efecto multiplicador (la opción de reorientar el gasto en áreas que generen bienestar social, como en educación o salud)[31].
Ese dividendo de paz equivale a un poco más de 600 veces el presupuesto destinado para el otorgamiento del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada su función[32]; o 56 veces el gasto para 2019 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro[33].
El BID, a finales de 2018, emitió un análisis con referencia al crimen y violencia como un obstáculo para el desarrollo de las ciudades de América Latina y el Caribe.[34] El tercer punto del documento está dedicado a “Factores asociados a la criminalidad”, y en él se identifican elementos presentes en lugares con alta incidencia del crimen y violencia en la región[35]:
- Crecimiento desproporcionado y desordenado de ciudades. Los gobiernos se han concentrado en permitir la construcción de viviendas en zonas muy alejadas de los centros de trabajo, sin servicios públicos y con escasas oportunidades de trabajo, lo que conlleva a separar zonas de altos ingresos de zonas menos favorecidas. Esto ha generado exclusión social y que los jóvenes sean cooptados por pandillas o la delincuencia organizada, creando mecanismos de control ilegales (autogobiernos)[36].
- Estancamiento en la productividad de las ciudades. Disminuyen las oportunidades de empleo al no tener control sobre la intensa urbanización, lo que provoca empleo informal. Además, hay pérdida en la calidad de vida, mayor reincidencia criminal y dificultad de los centros urbanos de atraer inversiones. La Hacienda Pública reduce su recaudación, genera el deterioro del hábitat urbano y aumenta la exclusión social[37].
- Desempleo juvenil. El BID destaca que en la región hay 7.1 millones de jóvenes desempleados y 15.1 millones de los denominados “ninini” (ni trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo) y más de la mitad de quienes sí trabajan, lo hacen en la informalidad. Cuando los jóvenes viven en condiciones socioeconómicas desfavorables, hay un riesgo de aumento de problemas sociales[38].
- Debilidades en materia de seguridad y justicia. En América Latina y el Caribe tan solo 20 de cada 100 homicidios resultan en condena, mientras que la tasa global es de 43 por cada 100. Además, es la región con mayores niveles de “cifra negra”, la cual asciende en algunos casos al 90%. De igual forma sucede con la confianza ciudadana a sus autoridades, en donde menos del 40% de los encuestados de la región confía en su policía y en el sistema judicial”[39].
LA DESIGUALDAD IMPIDE EL ACCESO A LA JUSTICIA A SECTORES VULNERABLES DE LA SOCIEDAD
La discriminación por razones de género, edad, condición económica, preferencia sexual, color de piel, lengua y país de origen, es un freno para un adecuado acceso a la justicia. Esta conducta impide a las personas acceder a una justicia rápida y eficiente en condiciones de igualdad en comparación con ciudadanos con poder político, económico, social y/o cultural.
La marginación impide el acceso a la justicia de varias maneras. Por ejemplo, el pago de un abogado, los costos para transportarse de una zona rural a una urbana en donde se encuentra una oficina gubernamental, no poder exigir justicia por no hablar la misma lengua, no ser atendido por la apariencia, por tener algún tipo de preferencia sexual[40].
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Inegi[41] muestra que, la mayor parte de la población recluida cuenta con educación básica (72%). El 60% trabajaba en oficios de bajos ingresos como: trabajador artesanal, operador de maquinaria industrial, actividades agrícolas o ganaderas o al comercio informal. La mayor parte de las personas encarceladas son jóvenes entre 18 y 39 años (68%). Y, del total de las personas recluidas, casi el 67% se encuentra recluida ya sea por haber sido condenado o se encuentra a la espera de serlo por cometer un delito relacionado con el robo.
Si estas cifras son ciertas, es posible asumir que la mayoría de los reclusos no son delincuentes peligrosos, sino jóvenes con bajos recursos, que cometieron el delito de robo y con pocas oportunidades de desarrollo.
Algunos sectores que resienten ese sentido de marginación y que son victimizados o criminalizados por la autoridad son:
- Pueblos indígenas. El Censo de Población Indígena Privada de la Libertad 2017 estableció que la población indígena en reclusión es de 6 mil 698 personas, que representan el 3% de la población penitenciaria nacional (207 mil 432), y de esta población indígena el 96% son hombres[42]. Las comunidades indígenas con mayor registro de población encarcelada fueron las de origen étnico Náhuatl[43]. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó diversos problemas a los que se enfrenta este grupo, concentrándose en la falta de acceso a la información con respecto a sus derechos humanos, la escasez de intérpretes y traductores, y de defensores públicos con su misma lengua[44].
- El colectivo LGBTI. Este grupo ha sufrido de intolerancia, violencia y abusos por parte de las autoridades. Los crímenes de odio no solo se enfocan en las mujeres, sino también en este subconjunto de la población. En consecuencia, el acceso a una justicia eficaz se complica, ya que no reciben el mismo nivel de protección o reparación que otras personas[45]. Durante el sexenio pasado (2013-2018) hubo 473 víctimas de asesinato de este colectivo. Asimismo, resalta el incremento del 30% en los dos últimos años (2017 y 2018) en comparación con los primeros cuatro años del sexenio[46](2013 a 2016). Solo 12 entidades del país han reformado sus leyes en los últimos 10 años para agravar las penas cuando se comenten por odio o discriminación en razón de la orientación sexual[47].
- Personas con discapacidad. Son vulnerables a prejuicios que les impiden exigir sus derechos en un plano de igualdad frente a la sociedad. Las personas sordomudas, invidentes o con alguna condición mental o psicomotora requieren elementos que faciliten la accesibilidad como infraestructura arquitectónica, herramientas tecnológicas para interactuar con la autoridad y/o asesoramiento técnico especializado, como braille o lenguaje de señas[48].
- Solicitantes de asilo y refugiados. Este grupo vulnerable enfrenta desafíos y peligros. Salir de su país y dejar a su familia, bienes e identidad patriótica, porque su vida o libertad están en riesgo y llegar a un país que no brinda seguridad de poder acceder al trabajo, educación, salud y justicia, intensifica su situación y genera que las autoridades los criminalicen[49].
Durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana que tuvo lugar en Brasilia en 2008, fueron aprobadas las 100 Reglas de Brasilia, mismas que tienen la encomienda de establecer medidas que eliminen los obstáculos a los que se enfrentan las personas en condiciones de vulnerabilidad[50].
México, como parte de esa Cumbre, está comprometido a instar a sus operadores de justicia penal a respetar el debido proceso (juicio justo), la tutela efectiva en caso de violación a un derecho fundamental (por ejemplo, revictimización en los casos de feminicidios) y la eliminación de cualquier dificultad de orden jurídico, social, económico y cultural que impidan el pleno ejercicio de los derechos humanos[51].
Sin embargo, México ha sido objeto de críticas por la sistemática violación de los derechos humanos de sus habitantes en materia de justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado que en el país hay personas que, por su estatus de vulnerabilidad, han sido víctimas del Gobierno, al evidenciarse la omisión y negligencia al momento de prevenir, perseguir y sancionar delitos.
Sentencias como la de Campo Algodonero[52] o la de Valentina Rosendo Cantú[53], por mencionar algunas, lo establecen de manera clara y concisa. En el primer caso, una empleada de una maquiladora, una estudiante y una empleada doméstica, estas últimas menores de edad, fueron desaparecidas y asesinadas por razones de odio y discriminación en Ciudad Juárez[54]. En el segundo, una indígena de Guerrero fue violada y torturada por militares. En ambos casos el Estado Mexicano fue condenado por haber sido negligente en las investigaciones y en la sanción a los responsables[55].
Algunas ciudades de Latinoamérica han tratado de contrarrestar y resolver el problema de violencia y delincuencia, y ya han logrado tener un impacto positivo y medible con el paso del tiempo. Estos son algunos ejemplos:
1.- Programa Línea Verde en Aguascalientes, Aguascalientes, México (2010). Tuvo como principal enfoque la toma de decisiones concertadas entre el sector público y privado para la gestión, desarrollo y planificación de la ciudad, al priorizar las siguientes acciones[56]:
- Recuperar las zonas deterioradas de la ciudad.
- Promover el uso del espacio público.
- Impulsar la participación comunitaria de manera activa.
- Fomentar la seguridad pública y el desarrollo local, mediante programas sostenibles y multifuncionales.
- Disminuir el robo y el asalto violento.
- Aumentar el valor de las propiedades en esas zonas.
El programa ha generado que los asaltos violentos y robos disminuyeran en un 50% desde su lanzamiento y que el valor de las propiedades aumentara en un 20%[57].
2.- Política Nacional Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Distrito Central y San Pedro Sula, Honduras. (2011)Esta política se centró en[58]:
- Capacitación y profesionalización de la Policía
Nacional, mediante una reforma integral que incluía:
- Aumentar a 12 años de estudios el requisito para ingresar a la policía (antes pedían educación básica).
- Ampliar la capacitación de seis a 11 meses.
- Incrementar el salario en más del 40% y los beneficios de seguridad social.
- Mejorar la infraestructura arquitectónica y tecnológica a la Academia de Policía.
- Participación de la sociedad civil en el diseño de las reformas de seguridad.
- Aceptar apoyos de agencias u organismos extranjeros con fondos y asesoramiento técnico especializado.
- La instalación de Observatorios de Convivencia y Seguridad para la concentración de datos, en los municipios más peligrosos. Además, la búsqueda de soluciones se realizaba de manera coordinada entre la Fiscalía, la Policía de Investigación y el Instituto de Medicina Forense.
Esta política resultó en la disminución en un 50% de la tasa de homicidios en seis años (2011-2017) y la confianza en las instituciones aumentó de forma significativa. Por ejemplo, la confianza en la policía aumentó de un 19% en 2015 al 54% en 2017[59].
CONCLUSIÓN
Hay países o ciudades en el mundo que, a pesar de sus condiciones geopolíticas, económicas, culturales y sociales, han podido construir y consolidar políticas focalizadas en las causas que originan el problema y no solo atacando sus consecuencias.
Sin embargo, las políticas represivas para reducir el crimen aún son la norma, y lo más preocupante es que ya hay casos en donde tienen un impacto positivo en la percepción ciudadana. Singapur es un claro ejemplo de ello.
México debe tener cuidado de no seguir estos pasos, en donde la autoridad busca resolver el problema mediante la represión, o peor aún, que la sociedad comience a ejercer la justicia por su propia mano[60] ante la falta de respuestas inmediatas en seguridad y justicia. Nuestro país debe optar por los mecanismos flexibles y alternativos de solución de conflictos.
En la medida en que se eliminen los factores de exclusión social y se valoren los costos que generan la alta criminalidad, violencia e impunidad, se podrán cerrar las brechas y desarrollar medidas que permitan a la ciudadanía acceder a políticas sociales focalizadas en mejorar la interacción de la población con sus pares y con la autoridad.
Thomas Abt, profesor de la Universidad de Harvard, manifestó que disminuir la pobreza para terminar con la violencia es relevante, pero la evidencia ha mostrado que es más importante combatir la violencia en sí misma, ya que la exposición a la violencia es uno de los mecanismos principales para mantener a las personas pobres atrapadas en el ciclo de pobreza, e indicó que «el trauma violento impacta en la educación, en la salud, en el empleo, en todo”[61].
Además, el jurista italo-francés Luigi Ferrajoli señala que “es imperante emprender políticas de inclusión y de desarrollo que garanticen el trabajo, la educación, la prevención, y en general a contar con una política dirigida a eliminar los lugares antisociales del nacimiento del delito y a asegurar a cada uno el espacio social para la manifestación social de su vida”[62].
IMCO PROPONE
Para disminuir la desigualdad en el acceso a la justicia, el IMCO propone las siguientes acciones:
- Empoderar al ciudadano mediante plataformas electrónicas que faciliten e incentiven la presentación de denuncia, que informen sobre los obstáculos que enfrentará el ciudadano y las vías de solución que tiene al interactuar con un policía o un Ministerio Público.
- Implementar y consolidar la justicia cívica[63] enfocada a sectores vulnerables en los municipios mexicanos, a fin de mejorar la convivencia entre la comunidad y prevenir conductas antisociales/delitos a futuro.
- Fortalecer el Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos encargados de brindar el servicio de seguridad y procuración de justicia. Para conseguirlo se necesita evitar injerencias políticas en su función, impulsar la rendición de cuentas y que sean evaluados de manera objetiva. Además, su ingreso, promoción y permanencia deben estar reglamentadas y sus derechos de permanencia a salvo.
- Incentivar el desarrollo de protocolos de actuación desde las instituciones y/o comisiones del sector público y privado focalizadas en grupos vulnerables, a fin de sensibilizar a los actores de justicia, medir su implementación, consolidación y avances.
- Reforzar los mecanismos de control, evaluación y sanción de los órganos internos de control, visitadurías, unidades de asuntos internos o consejos dentro de las instituciones de seguridad y justicia, para detectar y sancionar posibles actos discriminatorios e ilegales de los servidores públicos.
- Mejorar el acceso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos entre víctimas e imputados para evitar la victimización o criminalización de sus intervinientes.
- Modificar la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales con el objeto de fortalecer los derechos de la víctima para que pueda contar con un asesor jurídico desde el momento en que interpone una denuncia, sin que sea opcional o a petición de la misma.
- Implementar asociaciones público-privadas (bonos de impacto social), a fin de evitar la reincidencia delictiva en grupos vulnerables. Esto significa que el sector privado debe invertir y supervisar la aplicación de una política social y, con base en las metas establecidas, el Gobierno le regresa su inversión más un porcentaje de utilidad[64].
[1] Carmen Juanatey, Política criminal, reinserción y prisión permanente revisable (España: Universidad de la Rioja, 2012), 138, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4548504 (Consultado el 12/07/2019).
[2] La represión penal es un medio de control formalizado que el gobierno utiliza para la reducción de las libertades fundamentales de sus habitantes cuando no tienen la capacidad de contener el problema de la criminalidad y delincuencia, lo que genera leyes restrictivas o impone penas a conductas que podrían tener otros tratamientos menos lesivos o agresivos hacia la sociedad.
[3] WJP, Índice de Estado de Derecho en México 2018 (México: WJP, 2018), 14, https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-%C3%8Dndice-de-Derecho-en-M%C3%A9xico-2018-comp.pdf (Consultado el 05/07/2019).
[4] Este índice tiene como objetivo medir el Estado de Derecho en los países, tomando en consideración el desempeño institucional mediante los siguientes factores: contrapesos gubernamentales, combate a la corrupción, la seguridad pública, el respeto a los derechos fundamentales y la justicia civil y penal de sus habitantes.
[5] WJP, Rule of Law Index 2019 (USA: WJP, 2019), 5, https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf (Consultado el 05/07/2019).
[6] Este ranking separa a países por nivel de ingreso. México entra en la categoría de ingreso “medio alto”. Otros países de la misma categoría de ingreso incluyen: Albania, Argelia, Belice, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Irán, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Líbano, Macedonia, FYR, Malasia, Mauricio, México, Namibia, Perú, República Dominicana, Rumania, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Sudáfrica, Surinam, Tailandia, Turquía, Venezuela.
[7] WJP, Rule of Law Index 2019, 18.
[8] WJP, Rule of Law Index 2019, 22-29.
[9] Fátima Masse y Mariana Olvera, Diagnóstico IMCO. La política social en México, sin rumbo ni destino cierto. (México: IMCO, 2019), 26, https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-03_Diagno%CC%81stico-IMCO-La-poli%CC%81tica-Social-en-Me%CC%81xico-sin-rumbo-ni-destino-cierto-_Documento-PDF.pdf (Consultado el 25/06/2019). Se denomina Estado de Bienestar al conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado (a través del Gobierno) en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población. Pero sobre todo el garantizarles la protección ante riesgos sociales (P.ej. Desempleo) y cuenten con condiciones más equitativas para competir y un nivel de ingreso mínimo ante cualquier adversidad. Economipedia: Definición de Estado de Bienestar.
[10] Juanatey, Política criminal, reinserción y prisión permanente revisable, 136-138.
[11] Ibíd.
[12] Oficina de Evaluación y Supervisión del BID, Evaluación del Programa de País Bahamas 2010- 2017 (USA: Oficina de Evaluación y Supervisión del BID, 2017), 20-22, https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8838/Evaluacion-del-programa-Pais-Bahamas-2010-2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Consultado el 10/06/2019).
[13] Amnistía Internacional. Informe 2017/18. La situación de los Derechos Humanos en el Mundo (Reino Unido: Amnistía Internacional, 2018), 395-396, https://www.amnesty.org/es/countries/asia-and-the-pacific/singapore/report-singapore/ (Consultado el 10/06/2019).
[14] Enrique Zamorano, “Cómo Singapur se convirtió en la ciudad más segura del mundo”, El Confidencial, (2019), https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-03-20/singapur-ciudad-mas-segura-del-mundo_1891582/ (Consultado el 12/06/2019).
[15] Leandro Despouy, “Acceso a la Justicia: impacto de la pobreza sobre los derechos humanos”, en Defensa Pública: Garantía de acceso a la justicia (Argentina: Defensoría General de la Nación, 2008), 111-139. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26687.pdf (Consultado el 12/06/2019).
[16] Esferas temáticas, “Acceso a la justicia”, ONU. La ONU y el Estado de Derecho, https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law institutions/access-to-justice/ (Consultado el 05/06/2019).
[17] Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (México: Inegi, 2018), https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf (Consultado el 02/06/2019).
[18] Ibíd.
[19] Ibíd.
[20] UDLAP, Índice Global de Impunidad 2017 (México: UDLAP, 2017), https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf (Consultado el 10/06/2019).
[21] Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 “Procesos en procuración de justicia”, Inegi, https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2018/
[22] Inegi, Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 (México: Inegi,2018), https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnpje/2018/doc/cnpje_2018_m2.pdf (Consultado el 11/06/2019). Es una resolución del Ministerio Público, mediante la cual una vez concluida su investigación inicial, determina que existen antecedentes suficientes que permitan determinar la existencia de un delito y que una persona que probablemente ha participado en su comisión, por lo que abre formalmente la etapa de investigación.
[23] IEP, Índice de Paz México 2019 (Australia: IEP, 2019), 36, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/04/MPI-ESP-2019-Reportweb.pdf (Consultado el 07/06/2019).
[24] Ibíd.
[25] El Coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, de un país.Economipedia: Definición de Coeficiente de Gini.
[26] El resultado de la correlación medido con el coeficiente de Gini es de 0.33.
[27] IEP. Índice de Paz México 2019, 36.
[28] El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región por un periodo de un año. (por ejemplo: la producción de aguacates, manzanas, libros, leche, barcos, o los servicios de un médico, abogado, etc.).Economipedia: Definición de Producto Interno Bruto.
[29] IEP. Índice de Paz México 2019, 4.
[30] Ibid., 2.
[31] Ibid., 85.
[32] PEF 2019, 28 de diciembre de 2018, Artículo 8, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf (Consultado el 25 de junio de 2019).
[33] Thamara Martínez, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, CIEP 2019, https://c iep.mx/jovenes-construyendo-el-futuro/ (Consultado el 25/06/2019).
[34] Nathalie Alvarado y Robert Muggah, Crimen y violencia. Un obstáculo para el desarrollo de las Ciudades de América Latina y el Caribe. (USA: BID, 2018), https://publications.iadb.org/es/crimen-y-violencia-un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe (Consultado el 11/06/2019).
[35] Ibid., 10-12.
[36] Ibíd.
[37] Ibíd.
[38] Ibíd.
[39] Alvarado y Muggah, Crimen y violencia, 11.
[40] Magdalena Sepúlveda, “El acceso a la justicia en tiempos de desigualdad y pobreza”, Newsweek México, (2018), https://newsweekespanol.com/2018/11/el-acceso-a-la-justicia-en-tiempos-de-desigualdad-y-pobreza/ (Consultado el 10/06/2019).
[41] Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 “Principales resultados”, Inegi, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
[42] Cdi, Censo de Población Indígena Privada de la Libertad 2017 (México: Cdi, 2017), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/417660/cdi-censo-poblacion-id_gena-privada-libertad-2017.pdf (Consultado el 25/06/2019).
[43] Grupos en situación de Vulnerabilidad, “Personas Indígenas en Reclusión”, CNDH. Informe Anual de Actividades 2018, http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=121 (Consultado el 10/06/2019).
[44] Ibíd.
[45] Dante Negro,“Pobreza, desigualdad, sectores vulnerables y acceso a la Justicia”, en Desigualdad e Inclusión Social de las Américas. 14 Ensayos. (México: OEA, 2011), 102-104, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4635/16.pdf (Consultado el 12/06/2019).
[46] Letra S, Violencia extrema Los asesinatos de personas lgbttt en México: los saldos del sexenio (2013-2018) (México: Letra S, 2019) 21, http://www.letraese.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/Informe-cr%C3%ADmenes-2018-v2.pdf (Consultado el 25/06/2019).
[47] Ibid., 86-99. Aguascalientes, Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí y Veracruz contemplan agravar las penas en su codificación penal sustantiva.
[48] Negro, Desigualdad e Inclusión Social de las Américas, 105-108.
[49] Ibíd.
[50] Despouy, “Acceso a la Justicia”, en Defensa Pública, 131.
[51] Federico Andreu-Guzmán y Christian Courtis, “Comentarios sobre las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, en Defensa Pública: Garantía de acceso a la justicia (Argentina: Defensoría General de la Nación, 2008), 51-60, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26687.pdf (Consultado el 02/06/2019).
[52] CIDH, “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) VS. México”, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf (Consultado el 11/06/2019).
[53] CIDH, “Caso Rosendo Cantú”, http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/rosendocantu.pdf (Consultado el 11/06/2019).
[54] CIDH, “Caso González-Campo Algodonero”.
[55] CIDH, “Caso Rosendo Cantú”.
[56] Alvarado y Muggah, Crimen y violencia, 13-14.
[57] Ibíd.
[58] Ibid., 17-19.
[59] Ibíd.
[60] Juan Pablo Aguirre, Linchamientos en México. (México: Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, 2018), http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3856/CI_39.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consultado el 15/06/2019).
[61] John Laidler, “Halting urban violence seen as a key to ending poverty” The Harvard Gazette USA, (2019), https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/06/harvard-kennedy-school-researchers-new-book-offers-a-prescription-for-ending-urban-violence/ (Consultado el 10/07/2019).
[62] Luigi Ferrajoli.“La desigualdad ante la justicia penal y la garantía de la defensa pública” en Defensa Pública: Garantía de acceso a la justicia (Argentina: Defensoría General de la Nación, 2008), 77-89, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26687.pdf (Consultado el 02/06/2019).
[63]La Justicia Cívica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios en la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno, y Cultura de Legalidad para los municipios de México, aprobado mediante el acuerdo 06/XL/16 el 30 de agosto de 2016 en la cuadragésima sesión del Consejo de Seguridad Pública. En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/281131/Modelo_Justicia_C_vica_Aprob_CNSP.pdf (Consultado el 26/06/2019).
[64] Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, Bonos de Impacto en México: oportunidades y retos. ( México: Ethos y Brookings, 2017), 38, https://ethos.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/BIS-final-versio%CC%81n-web.compressed.pdf Consultado el 18/07/2019). En el 2010, el Reino Unido fue el primero en implementar los bonos de impacto social y se enfocó en reducir la reincidencia delictiva en personas con penas de corta duración (12 meses). Esto mediante una convocatoria que reunió a un grupo de proveedores de servicios en donde se diseñó un plan de acción para cada individuo, que incluía provisión de vivienda, tratamiento de adicciones, asistencia para encontrar empleo y apoyo psicológico. Y con el acuerdo de pagar a los inversionistas si el nivel de reincidencia bajaba en un siete por ciento.