III. SOCIEDAD INCLUYENTE, PREPARADA Y SANA

¿Qué mide?

El subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana (Sociedad) mide la calidad de vida de los habitantes de cada entidad federativa al analizar el acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud. Estos sectores dan un indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y retener capital humano e inversiones. Por ello, este subíndice considera indicadores de pobreza, desigualdad, rendimiento académico, oferta médica, servicios de salud y condiciones socioeconómicas. Una entidad que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es más justa y competitiva.

LA MEJOR ENTIDAD (2018)

Ciudad de México

Por décimo octavo año consecutivo la CDMX alcanzó la primera posición en este subíndice al colocarse entre los primeros cinco lugares en 15 de los 20 indicadores analizados. En específico, se posicionó en el primer lugar en 11 de ellos.

En relación a los indicadores asociados al sector educativo, la CDMX fue la entidad con la mayor escolaridad promedio (11.4 años), la mayor proporción de escuelas de calidad (48%), el mejor rendimiento académico (el 32% de los alumnos presentaron un desempeño bueno en matemáticas) y la menor tasa de analfabetismo (1%) de entre todas las entidades.

Por otra parte, en los indicadores vinculados al sector salud obtuvo el primer lugar en médicos y enfermeras (9.16 por cada mil habitantes), médicos con especialidad (2.2 por cada mil habitantes), camas de hospital (1.7 por cada mil habitantes) y esperanza de vida (76.4 años), así como la segunda posición en el porcentaje de unidades médicas certificadas (2.8%) por el Consejo de Salubridad General.

Por último, en materia de inclusión tuvo la mayor proporción de mujeres económicamente activas (44%), el menor número de embarazos adolescentes (48.7 por cada mil mujeres entre 15 y 19 años) y además fue la cuarta entidad con la mayor equidad salarial y el cuarto menor índice de informalidad laboral entre hombres y mujeres.

No obstante, a pesar de que la CDMX tuvo la sociedad más incluyente, preparada y sana del país en 2018, también obtuvo el mayor número de muertes por diabetes y enfermedades hipertensivas, al registrarse 14 defunciones por cada 100 mil habitantes. Además, fue la segunda entidad (solo por delante de Guerrero) de la que emigraron más personas en términos netos como porcentaje de su población (-0.6%).

La peor entidad (2018)

Chiapas

Por cuarto año seguido, Chiapas se ubicó en la última posición en este subíndice. Tan solo en tres de los 20 indicadores analizados estuvo por encima del promedio nacional: equidad salarial, mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas, y suicidios. Fue en este último indicador en el que mejor se situó al alcanzar la tercera posición con 2.6 suicidios por cada 100 mil habitantes. Por el contrario, la entidad ocupó los tres últimos lugares en 11 indicadores y en siete de ellos tuvo el desempeño más bajo en comparación al resto de las entidades federativas del país: en 2018 el 76% de su población se encontraba en situación de pobreza, solo el 28% de la población económicamente activa estaba conformada por mujeres, el 13% de la población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir, apenas el 4% de sus escuelas eran de calidad, únicamente el 2% de sus alumnos tuvo un rendimiento académico adecuado y la escolaridad promedio de la población mayor de 15 años fue de 7.7 años (equivalente a poco más que primero de secundaria). A su vez, la entidad tuvo el menor número de camas de hospital (0.4) y médicos con especialidad (0.5) por cada mil habitantes.

Resultados del subíndice (2016-2018)

Gráfica III.1 Posiciones y cambios del subíndice Sociedad

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa III.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sociedad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador (2016-2018)

Tabla III.1 Resultados generales por indicador del subíndice Sociedad

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.

Una mirada al interior del subíndice

Pobreza

• En 2018 más de dos terceras partes de la población de Chiapas (76%), Guerrero (66%) y Oaxaca (66%) se encontraba en situación de pobreza. Por el contrario, en Nuevo León (15%) y Baja California Sur (18%) menos de una quinta parte de la población se encontró en esa situación.

Mujeres económicamente activas

• En promedio, en 2018 el 38.2% de la población económicamente activa del país estaba conformada por mujeres.

Equidad salarial

• En 2018 Chiapas fue la única entidad del país en la que las mujeres que trabajaron tiempo completo tuvieron ingresos promedio mensuales (4 mil 836 pesos) superiores a los de los hombres (4 mil 150 pesos).

Analfabetismo

• En un plazo de 10 años la tasa de analfabetismo promedio del país se redujo en 3.3 puntos porcentuales al pasar del 7.2% en 2008 al 3.9% en 2018.

• Mientras que en 2018, en la CDMX menos del 1% de la población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir, en Chiapas fue el 13%.

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas

• En 2018, la CDMX registró el mayor número de muertes por diabetes y enfermedades hipertensivas: 14 defunciones por cada 10 mil habitantes.

Suicidios

• En tres entidades la tasa de suicidios observada en 2018 fue mayor o igual a 10 por cada 100 mil habitantes: Aguascalientes (10.0), Chihuahua (10.0) y Yucatán (10.7).

Embarazos adolescentes

• Durante 2018, en Coahuila se registraron 10 nacimientos por cada 100 mujeres entre 15 y 19 años de edad.

Camas de hospital

• En 2018 existían 88 mil 821 camas censables en área de hospitalización en el país, de las cuales una tercera parte se concentró en tres entidades federativas: la CDMX (17.7%), el Estado de México (9.4%) y Jalisco (7.3%).

Unidades médicas certificadas

• Al mes de diciembre de 2019 menos del 1% de las unidades médicas públicas y privadas del país se encontraba certificada por el Consejo de Salubridad General (CSG). A esa fecha de corte solamente 1 de las 2 mil 245 unidades médicas en Oaxaca estaba certificada.

IMCO propone

El combate a la pobreza y la desigualdad requiere más que compensar el ingreso de las familias que lo necesitan. Se requieren servicios públicos de calidad que rompan con los círculos viciosos que impiden a la población en desventaja tener mejores condiciones de vida y ser más próspera. En ese sentido, los gobiernos estatales tienen un rol fundamental en el acceso de sus habitantes a los servicios básicos, de salud y educación, debido a que reciben aportaciones federales para ello. Por ello, tienen una fuerte responsabilidad para lograr una sociedad más incluyente, preparada y sana.

Inclusión social

Para tener entidades más incluyentes y competitivas es necesario lograr los mayores rendimientos del presupuesto que se destina a programas de desarrollo social. También, se deben eliminar las barreras que le impiden a los grupos vulnerables competir en igualdad de circunstancias. A continuación, se presentan algunas propuestas del IMCO para alcanzar estos objetivos:

• Contar con un padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo social a nivel estatal. Para ello, se puede tomar como ejemplo el Sistema de Información para el Bienestar Social (Sibis) de la Ciudad de México, el cual concentra, en un solo sitio y con un mismo formato, toda la información de la política social de la ciudad. Lo ideal sería que este tipo de padrones evolucionara de modo que utilice registros biométricos y se pueda conciliar con los registros federales. En un contexto de austeridad, este esfuerzo es clave para focalizar mejor el gasto social y obtener los mayores rendimientos en términos de bienestar con esos recursos.

• Evaluar los impactos del gasto social, federal y estatal, sobre la inclusión de grupos en desventaja. Para garantizar su desempeño adecuado, es necesario diseñar mecanismos de evaluación, retroalimentación y transparencia de los programas que se han implementado en esta materia.

• Robustecer y mantener las políticas para la protección de la salud de las PCD después de la pandemia de COVID-19. A finales de abril 2020, se presentó una guía para proteger a las PCD en el contexto del COVID-19.^[1] En ella se reconoce que esta población tiene formas de comunicación diferentes, según el tipo de discapacidad, lo cual debe tomarse en cuenta para implementar medidas diferenciadas para la prevención y el manejo de esta enfermedad en el hogar, los espacios de internamiento y las instituciones de salud. Esta guía es un primer paso para que el sector salud sea más incluyente. Sin embargo, es un esfuerzo que, más allá de la pandemia, se debería ampliar para otro tipo de enfermedades y fortalecer con herramientas que faciliten la implementación de medidas diferenciadas.

• Garantizar que la educación de todos los niveles sea cada vez más inclusiva, como lo obliga la modificación del 2019 al Artículo 3o. Constitucional. Hay dos vías fundamentales para avanzar en este aspecto:

• Destinar más recursos para la capacitación y contratación de maestros de Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER): docentes especializados en inclusión que apoyan a los maestros de las escuelas para que puedan adaptar los materiales o sepan cómo interactuar con los niños, niñas, y adolescentes en las aulas. Asegurarse de que los materiales de las iniciativas de educación a distancia (como todas las diseñadas durante la emergencia del COVID-19 y Prepa en Línea) sean accesibles y cuenten, por ejemplo, con intérpretes en lengua de señas mexicanas. Se debe impulsar que todas las normales del país tengan más de un curso opcional de educación para la inclusión y que sea parte de la formación de todos los maestros y maestras.

• Utilizar a los organismos estatales de infraestructura educativa para garantizar la inclusión de criterios de accesibilidad en la construcción y mantenimiento de los planteles educativos. Ante la distribución de los recursos para infraestructura directamente a las comunidades escolares, los organismos estatales de infraestructura educativa deben garantizar que su uso considere criterios de accesibilidad para maestros y alumnos. Para ello, pueden emitir directrices que guíen a las comunidades escolares para evaluar la accesibilidad de su plantel e identificar posibles mejoras a las instalaciones o mobiliario. Los organismos locales de infraestructura escolar también deben registrar en fuentes públicas los planteles que cumplan con las condiciones de accesibilidad, para que esta información sirva para la toma de decisiones de madres y padres de niños que se enfrentan con barreras para el aprendizaje.

• Eliminar barreras para que más mujeres se sumen al mercado laboral.[2]Contar con más mujeres en el mercado laboral tiene múltiples beneficios que van desde un mayor crecimiento del PIB[3] hasta cambios en la percepción de roles que podrían derivar en arreglos institucionales orientados a la igualdad de género. Una propuesta para lograrlo es:

• Diagnosticar y atender las causas de los embarazos adolescentes. Aunque a nivel nacional se ha reducido este problema en los últimos 20 años, hay entidades como Coahuila, Chiapas y Nayarit en donde las tasas para 2018 son más altas que el promedio nacional en 2001. Los embarazos adolescentes limitan la preparación escolar de las mujeres afectadas, así como su inserción en la vida laboral.

• Implementar prácticas de integración vida-trabajo en las oficinas de los gobiernos estatales.Estas prácticas pueden ir desde días personales para resolver trámites hasta esquemas de trabajo en casa, además permiten que los colaboradores cumplan con sus responsabilidades laborales sin sacrificar sus necesidades personales.Varios pioneros en diferentes sectores (privado, Gobierno federal y social) han implementado una amplia gama de este tipo de prácticas[4] con buenos resultados en la percepción y permanencia (menores tasas de rotación) de sus empleados.

Salud

La salud es una pieza angular en el camino para alcanzar una mayor competitividad, por sus impactos directos sobre la población, la educación y la productividad.[5] Por ello, el Gobierno federal ha modificado la Ley General de Salud en aras de avanzar hacia la provisión universal de servicios de esta naturaleza. Aunque estas modificaciones implican ciertos cambios en el rol de las entidades en materia de salud, existen varias acciones que se pueden implementar para lograr mejores resultados y reducir inequidades. Por ello, el IMCO propone las siguientes medidas:

• Diagnosticar inequidades en salud al interior de los estados. Los gobiernos estatales pueden jugar un papel clave para identificar las causas que detonan diferencias en el acceso a los servicios de salud dentro de su territorio. Esto podría servir como base para que el Gobierno federal concrete un diagnóstico regional que permita la toma de decisiones estratégicas en la materia.

• Capacitar a médicas y enfermeros con base en el perfil epidemiológico y las condiciones que se viven en cada estado. Con ello, podría mejorar la atención, sobre todo primaria, del personal de salud para prevenir y diagnosticar los padecimientos que más afectan a cada entidad. También, se debería incentivar la certificación de médicos generales para elevar la calidad de atención en el primer nivel.

• Consolidar una política nacional para mejorar los datos en salud. Para ello, los gobiernos estatales deben colaborar con el Gobierno federal, tomando en cuenta los siguientes objetivos:

• Desarrollar estadísticas confiables de resultados y calidad de los servicios de salud estatales. Las estadísticas deben estar apegadas a criterios internacionales como los del proyecto de indicadores de calidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• Homologar formularios de captura de información. Los formularios deben ser iguales para todas las clínicas y hospitales estatales, de manera que se pueda garantizar la comparabilidad de los indicadores.

• Adoptar expedientes clínicos electrónicos. Éstos permitirán dar un mejor seguimiento y atención de los pacientes, pero también facilitarán la obtención de datos de interés.

• Fortalecer, desde los estados, la atención primaria del sistema nacional de salud. Los mejores sistemas de salud del mundo (Gran Bretaña, Noruega y Dinamarca) están concentrando sus esfuerzos en la atención primaria para evitar el desarrollo de enfermedades, así como las complicaciones de los padecimientos crónicos.[6] Esto, además de ser costo-efectivo, eleva la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Algunas acciones para que los estados materialicen esta recomendación son:

• Incrementar esfuerzos para la detección temprana de enfermedades crónicas. Por ejemplo, se pueden implementar módulos de revisión en espacios públicos, que permitan identificar enfermedades como diabetes o hipertensión.

• Promover estilos de vida más saludables. Las entidades pueden diseñar e implementar campañas de comunicación y eventos especiales relacionados con estilos de vida más sanos, cuyo objetivo final sea prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas.

• Identificar aquellas escuelas públicas que cuentan con bebederos funcionales. Con base en esta información, se debe contar con un plan para continuar con la instalación y mantenimiento de bebederos.

• Implementar acciones para fomentar la donación de células, tejidos y órganos en los hospitales estatales. Estas no solo elevan la calidad de vida de los pacientes afectados por padecimientos como falla renal, sino que también optimizan el uso del presupuesto que se destina para el tratamiento de dichas enfermedades. Los gobiernos estatales pueden diseñar acciones al interior de sus unidades médicas, similares a los esfuerzos que ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para aumentar las tasas de donación cadavérica. Entre estas acciones se incluyen la capacitación de personal para solicitar en tiempo óptimo los órganos de pacientes con muerte encefálica, mayor sensibilización a los familiares de posibles candidatos e identificar y corregir barreras para que los órganos lleguen a sus receptores.

Educación

Para lograr una sociedad más incluyente y preparada, es indispensable elevar la calidad de los aprendizajes que el sistema educativo contribuye a desarrollar en niñas, niños y jóvenes. Los retos en materia educativa dependen del cumplimiento coordinado de las responsabilidades de las autoridades federales, estatales y escolares, en sus respectivos ámbitos de competencia. Un área de oportunidad importante para los gobiernos estatales es asumir su responsabilidad como un agente de cambio protagonista en el sistema educativo. Entre las acciones urgentes que requieren del involucramiento específico de las entidades federativas se incluyen:

• Establecer programas de reconocimientos y estímulos profesionales para los docentes y directores que trabajen en zonas de alta marginación o en áreas rurales. Con el fin de propiciar mayor equidad dentro del sistema educativo, es necesario atraer y retener al personal docente y directivo para atender a las poblaciones más vulnerables social, geográfica y económicamente. Sin un piso más parejo en la calidad de los servicios educativos públicos no habrá manera de cerrar las brechas de aprendizaje que existen entre los sectores de la población.

• Implementar mecanismos que faciliten y den seguimiento al cumplimiento de la responsabilidad de los directores, supervisores y jefes de zona de registrar oportunamente las plazas vacantes en los centros escolares. Con el objetivo de posibilitar el uso eficaz y transparente del presupuesto de la nómina educativa, todas las plazas vacantes que se generen en las escuelas deben registrarse ante las autoridades estatales, de manera que su asignación pueda realizarse mediante los procesos que marca la ley. Para asegurarse que ninguna plaza se llene mediante otras vías, las entidades deben facilitar a las escuelas el cubrir con su obligación, al tiempo que detecten posibles incumplimientos y tomen medidas correctivas.

• Realizar eventos públicos de asignación de plazas docentes, directivas y de supervisión. El involucramiento de más sectores de la población es necesario para dar certidumbre a la imparcialidad y justicia de los procesos de ingreso y promoción al servicio docente. Para facilitar la participación social, la asignación de plazas debe realizarse en eventos públicos, transparentes y que presenten información completa, confiable y actualizada sobre las plazas vacantes, los resultados de la valoración de los aspirantes y la asignación resultante. Estos eventos deben contemplar la participación de todos los integrantes de las comunidades escolares, los sistemas anticorrupción, la sociedad civil y otros actores interesados.

• Cumplir con la responsabilidad estatal de formar y acompañar a los docentes en su trayectoria profesional. La planificación de la oferta de formación inicial y continua debe realizarse usando los resultados de las evaluaciones diagnósticas de los docentes y los alumnos como evidencia, para asegurar su pertinencia y utilidad. Las propuestas de criterios e indicadores que realizan los estados a la federación, respecto a los estándares que los docentes y directivos deben alcanzar, deben estar alineados con la formación y acompañamiento al que tienen acceso efectivo los docentes. No es justo exigir a los docentes en aspectos en los que no se les formó ni se les apoyó para capacitarse.

• Fortalecer los sistemas estatales de información y datos del sistema educativo. Para que los sistemas estatales de información centralicen los procesos de recolección de información y reduzcan las cargas administrativas es necesario continuar su fortalecimiento técnico y operativo, así como su vinculación con las plataformas federales análogas. Los datos que estos sistemas generan son un insumo crucial para la planeación, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas, por lo que deben ser accesibles al público de manera oportuna y en formatos abiertos.

• Generar y publicar información oportuna, confiable y sistemática sobre la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los planteles escolares. Contar con diagnósticos del estado real de la infraestructura educativa es fundamental para posibilitar una planeación eficaz, transparente y equitativa de los recursos disponibles. Estos datos también son evidencia necesaria para los procesos de evaluación y rendición de cuentas de las políticas de infraestructura educativa.

• Establecer sistemas efectivos de comunicación con todos los integrantes de las comunidades escolares. Los mecanismos de comunicación dentro de las comunidades escolares deben hacer uso tanto de innovaciones tecnológicas como de alternativas accesibles para poblaciones con acceso digital restringido. Su diseño debe permitir que los padres de familia y maestros puedan interactuar, presentar y dar seguimiento a comentarios, quejas o denuncias respecto del servicio educativo, así como difundir y facilitar el procesamiento de documentos y trámites escolares.

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^[1] Gobierno de México-COVID-19, “Documentos de Consulta para el Personal de Salud”, Personal de salud, https://coronavirus.gob.mx/personal-de-salud/documentos-de-consulta/ (Consultado el 29/04/2020).

[2] Se pueden consultar más propuestas al respecto en la sección IMCO Propone del subíndice de Mercado de factores.

[3] OCDE. 2017. “Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género”. https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf (Consultado 04/03/2020).

[4] En el “Catálogo de Mejores Prácticas Vida-Trabajo” se pueden consultar ejemplos reales de este tipo de prácticas, las cuales no siempre implican costos elevados.

[5] David E. Blomm y David Canning, Commission on Growth and Development, Population Health and Economic Growth (Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2008), https://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_24_Population_Health_Economic_Growth.pdf (Consultado el 05/03/2020).

[6] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Caring for Quality in Health: Lessons learnt from 15 reviews of health care quality. (OCDE, 2017) http://www.oecd.org/els/health-systems/Caring-for-Quality-in-Health-Final-report.pdf (Consultado el 05/03/2020).