Autor: admin_imco

¿Qué mide?

 El subíndice de Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) mide la forma en que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus respectivos estados. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera indicadores sobre la capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.

Resultados del subíndice

Gráfica VII.1 Ranking del subíndice Economía

 Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Economía

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados del subíndice

Tabla VII.1 Resultados generales del subíndice Economía por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. **El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

IMPUESTOS Y FEDERALISMO FISCAL

El actual pacto fiscal presenta una dinámica que debilita las capacidades de todos los órdenes de gobierno. Tenemos estados y municipios que han cedido los costos políticos y fiscales de tener sistemas de recaudación eficientes a cambio de que en la federación recaigan todas las responsabilidades.

La dependencia es tal que, desde finales de los noventas a la fecha, entre el 70% y el 80% de los ingresos estatales han provenido de transferencias federales.[1] Con la dependencia viene la centralización de las soluciones en el ámbito federal impidiendo que los estados y municipios experimenten con soluciones cercanas a sus contextos locales.

Para favorecer un ecosistema innovador de soluciones públicas, los estados deben de empezar por recuperar sus responsabilidades recaudatorias. Por estas razones, IMCO propone:

• Cambiar la estructura de los ingresos estatales de su alta dependencia en el impuesto a la nómina (un impuesto que encarece la formalidad) a impuestos con más progresivos como a la tenencia vehicular e incluso explorar el cobro compartido del impuesto predial con los municipios[2].
• Aprovechar las facultades impositivas. Los estados recaudan en promedio seis de los dieciocho impuestos que pueden cobrar, de acuerdo con la recaudación reportada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los que no cobran están aquellos por las actividades de explotación minera y otros impuestos relacionados a las actividades industriales y mercantiles.

Actualmente, seis entidades (Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco) no recaudaron ninguna cantidad por tenencia o uso de vehículos. En 2019, el resto de las entidades recaudaron 16 mil 623 millones de pesos, representando el 11% de los ingresos por impuestos. El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos es el segundo más importante para todas las entidades (después del impuesto a la nómina).

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 2019. Inegi.

Por otro lado, el impuesto de explotación de minas es uno de los impuestos con menor recaudación. Los estados recaudaron sólo 17 millones de pesos por ellos, Coahuila es el estado que más recauda (16 mdp) seguido de Campeche (0.5 mdp).

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 2019. Inegi.

GOBIERNO DIGITAL Y PARTICIPATIVO

A través de la implementación de estrategias digitales es posible acercar a los gobiernos estatales a la ciudadanía y también a las empresas. Reconocer las oportunidades que brinda la tecnología no solo es la base para mejorar la eficiencia de la gestión, sino que también respalda políticas públicas y favorece que los gobiernos sean innovadores, participativos, abiertos, transparentes y confiables. Por ello IMCO propone:

• Destinar y/o mejorar la planeación del presupuesto en materia de tecnología e innovación que facilite la incorporación de gobiernos digitales. Para esto, es necesario involucrar a las partes interesadas, a los tomadores de decisiones y a los expertos dentro de la planeación de los presupuestos de egresos. Las secretarías de finanzas y administración locales deben asignar presupuesto a los programas estatales en materia de innovación y comercio. Además, los congresos locales deberán aprobar y verificar que los recursos se ejerzan en dicha materia.
• Garantizar que el acceso a internet sea inclusivo, accesible y asequible para todas y todos en los estados. Esto es posible gracias a la creación de puntos de acceso públicos y abiertos a internet para que las herramientas digitales estén disponibles para la población en su conjunto. Las secretarías de desarrollo local deberán establecer en las líneas de acción de los programas correspondientes al gobierno digital, así como la inclusión de la participación de privados en su consecución.

INNOVAR LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS

• Eliminar los formularios en papel y transitar hacia los servicios públicos digitales. De acuerdo con el informe Doing Business 2020, del Banco Mundial, México se encuentra en la posición 60 de 190 de los países más fáciles para hacer negocios^[1]. Las comisiones estatales de mejora regulatoria deberán estar a cargo de la revisión y opinión anual de los trámites que se lleven a cabo en la entidad federativa.
• Mejorar la eficiencia, reforzar la infraestructura de datos de la entidad[2], reducir los costos laborales y redireccionar al personal burocrático hacia actividades que eleven la competitividad en los estados.Mediante la incorporación de agencias de transformación digital dentro de cada una de las entidades. Estas agencias deberán eliminar las barreras existentes a las que se ven expuestas las Pymes y facilitarles el acceso a un mercado más amplio.
• Implementar herramientas tecnológicas que promuevan la participación e inclusión ciudadana. Es importante reconocer los esfuerzos de la sociedad civil y los gobiernos estatales que han invertido en tecnologías para el monitoreo de los recursos, compras públicas y proyectos de infraestructura. Sin embargo, estas plataformas electrónicas deben contar con información accionable, útil y de valor público, así como un seguimiento por parte de las autoridades.

INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES

La exclusión sistémica desperdicia el talento humano. Los gobiernos inclusivos permiten explotar el potencial de los ciudadanos, esto se traduce en estados más competitivos. El acceso igualitario al poder, la toma de decisiones, la política y el liderazgo no es solo una cuestión de justicia y buen gobierno, sino que también tiene un impacto positivo en los resultados económicos y sociales.

Para esto, es necesario aumentar la participación de las personas de grupos tradicionalmente marginados en el liderazgo público, la toma de decisiones y los procesos democráticos. Esto implica promover políticas públicas desde el estado que aumenten la inclusión y la oferta de oportunidades, por lo que IMCO propone:

• Diseñar, identificar y establecer la participación de mujeres, hombres, jóvenes, grupos marginados, grupos vulnerables y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas públicas. Las secretarías de desarrollo social de los estados deberán identificar los espacios en donde sea posible la presencia de consejos consultivos o mecanismos de participación ciudadana para la implementación de políticas públicas relacionadas con la inclusión social.
• Recopilar, analizar y publicar con calidad y de manera ética los datos que conforman los sistemas estadísticos estatales. La calidad de los datos consiste en el acceso y disponibilidad de información al público en general que cumpla con atributos como oportunidad, formato de datos abiertos, detalle y desglose, legibilidad, así como la homologación de conceptos utilizados. Los datos son necesarios para que el diseño de políticas públicas responda mejor a las distintas necesidades de una población y suministro de servicios básicos.
• Incorporar presupuestos sensibles al género[3] y apoyar la participación de mujeres y jóvenes en procesos importantes que fomenten la inclusión y el empoderamiento en sus estados.Las secretarías de finanzas estatales deberán incluir anexos transversales en los proyectos de presupuestos de egresos con metodologías públicas que identifiquen los recursos que estén destinados de forma específica a las acciones de equidad de género, participación ciudadana, sectores marginados y vulnerables.
• Incluir en las administraciones estatales una instancia dedicada a incorporar la perspectiva de discapacidad de forma transversal en la toma de decisiones. A pesar de que a nivel federal se otorga una pensión para las PCD, esto no genera oportunidades (en el mercado laboral, en la planeación de ciudades o en educación, entre otros) para quienes tienen esta condición. Por ello, las entidades deben poseer instancias especializadas para diseñar políticas públicas destinadas a esta población y ofrecer recomendaciones a todas las áreas del Gobierno para que incorporen las necesidades de estos grupos de manera transversal. Además, esta instancia debe contar con el presupuesto suficiente para lograr un impacto y tener continuidad entre administraciones. Un ejemplo a nivel local es el Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad (Ingudis), que en 2020 tuvo un presupuesto 168% mayor^[4] al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

GOBIERNOS TRANSPARENTES

La transparencia institucional es la base de una buena gobernanza y el primer pilar para lograr la rendición de cuentas en los estados. Un gobierno transparente incrementa la reputación del estado y genera confianza, no solo en la población, sino ante inversionistas a nivel nacional o internacional.

Al mismo tiempo, tener gobiernos transparentes favorece una distribución correcta y equitativa de los recursos públicos y mejora el desempeño y la toma de decisiones. De acuerdo con el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2020, en 2019 únicamente 8 de 32 estados tuvieron un cumplimiento por encima del 90% sobre el reporte de información financiera.^[5] Por esto, el IMCO propone para promover la transparencia y rendición de cuentas estatales:

• Crear agencias de transformación digital que genere y procese datos para mejorar la toma de decisiones. Es decir, que la evidencia funcione como motor de acciones efectivas para solucionar los problemas de la entidad. Además, de mejorar el componente tecnológico y de digitalización de trámites y servicios públicos. Por ejemplo, la Agencia[6] Digital y de Innovación Pública (Adip) lleva a cabo colaboraciones con el gabinete de seguridad y la Fiscalía. Se ha transformado el sistema informático con el que se registran y procesan datos de incidencia delictiva; trabaja en una firma electrónica para facilitar trámites ciudadanos en la ciudad; y ha generado ahorros importantes en la contratación de tecnología para el Gobierno de la CDMX. A la par, hay avances sustanciales para colocar a la ciudad entre las listas de metrópolis del mundo con mayor cobertura de internet público para los ciudadanos. En unos meses pasaron de 96 a 14 mil 500 puntos instalados con wifi gratuito.
• Generar un sitio electrónico único sobre el reporte de información financiera del estado a cargo de las secretarías de finanzas estatales. Las entidades federativas cuentan con una serie de obligaciones en materia de transparencia y de finanzas públicas a lo largo del ciclo presupuestario.[7] La consolidación de portales con información presupuestal, del ejercicio del gasto y de fiscalización facilita la transparencia y rendición de cuentas. El sitio electrónico al menos debe proporcionar información relativa al paquete económico, informes trimestrales al congreso y la cuenta pública, así como las obligaciones en materia de contabilidad gubernamental y disciplina financiera.

[1] Fuente: Hablemos de Ingresos en los estados 2020, IMCO.

[2] Tras su misión 2020, el Fondo Monetario Internacional sugirió una reforma tributaria que contemple el cobro de la Tenencia. Este impuesto es progresivo porque paga más quien tiene más. Además, es un impuesto verde que contribuye al combate contra el cambio climático, tiene beneficios sobre la salud pública y permite una mayor independencia de las transferencias federales.

[3] Doing Business 2020, table 0.1 Ease of Doing Business Ranking. Banco Mundial (2021).

[4] El caso de la Agencia Digital de Innovación Pública quedó documentado en el Índice de Competitividad Estatal 2020, IMCO.

[5] De acuerdo con el Monitor de Mujer en la Economía del IMCO, sólo dos estados (Sonora y la Ciudad de México) cuentan con mujeres gobernadoras.

[6] En 2020, el presupuesto del Conadis fue de 33,559,804 pesos, mientras que el del Ingudis ascendió a 89,856,744 pesos.

[6] Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2020, reporte de contabilidad gubernamental. Instituto Mexicano para la Competitividad (2021).

[7] Políticas en la Mira: Rumbo al Índice de Competitividad Estatal 2022, ICE, 2020.

[8] Fuente: http://imco.org.mx/finanzaspublicas/ciclo-presupuestario

¿Qué mide?

 El subíndice de Mercado de factores eficiente (Mercado de factores) mide la eficiencia del principal factor de producción: el trabajo. En específico, se consideran características que son esenciales para el adecuado desempeño de trabajadores y empleadores puesto que esto es determinante para establecer condiciones de competitividad de cada una de las entidades federativas. Aquellas entidades en las que los trabajadores están más y mejor capacitados y los salarios son mejores, son más atractivas para el talento y la inversión.

Resultados del subíndice

Gráfica VI.1 Ranking del subíndice Mercado de factores

*Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VI.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Mercado de factores

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla VI.1 Resultados generales del subíndice Mercado de factores por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

Los factores productivos (trabajo y capital) están regulados a nivel federal. Sin embargo, los gobiernos estatales no están exentos de responsabilidades en hacer que los mercados para ellos funcionen adecuadamente. La Ley Federal del Trabajo es un ordenamiento federal cuya aplicación es de naturaleza local. La rentabilidad de las inversiones (capital) depende en buena medida de que los gobiernos estatales generen las condiciones propicias de seguridad y justicia para que las controversias entre empresarios y entre ellos y el Estado se diriman adecuadamente. El papel del gobierno local en hacer que los contratos se cumplan es indispensable para la adecuada reproducción del capital. En el caso de la energía, también la regulación es federal, pero sin la participación de los gobiernos estatales, el despliegue de las redes de energía es imposible.

MERCADO LABORAL

El buen funcionamiento del mercado laboral es uno de los temas que normalmente tienen la atención de los gobiernos estatales. Normalmente las políticas públicas están enfocadas a la creación de empleos. Es importante que la creación de empleos en el corto plazo no destruya las posibilidades de educación, el desarrollo tecnológico, ni impidan la movilidad laboral. Para ello, las políticas públicas más exitosas en el largo plazo se enfocan en crear capacidades en las personas, más que oportunidades de empleo. Algunos ejemplos son los siguientes:

APOYO A LA CAPACITACIÓN LABORAL, EMPLEABILIDAD Y VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

El gobierno estatal puede ayudar a que quien necesita un empleo encuentre a las empresas que necesitan contratarlo. Asimismo, el elemento más importante para que esos empleos estén bien remunerados depende de la productividad de las personas, y esta a su vez depende de los conocimientos útiles y la experiencia de las personas. Por ello, la vinculación y capacitación laboral son los instrumentos de política pública más comunes para incrementar la empleabilidad formal y los prospectos salariales de la fuerza laboral.

Durante abril del 2020, el primer mes de confinamiento en México, se perdieron poco más de 12 millones de empleos, es decir cerca del 22% de los puestos de trabajo registrados en el primer trimestre de ese año. De mayo a diciembre se generaron poco más de 10 millones de empleos. De modo que aún hay una brecha de alrededor de 2 millones de empleos pendientes por recuperar[1].

El ingreso laboral real cayó 2.5% entre 2019 y 2020.[2] Como consecuencia, el porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores a la canasta alimentaria pasó de 37% a 41% durante el mismo periodo. La vinculación y capacitación laboral son instrumentos de política pública relevantes para incrementar la empleabilidad formal y los prospectos salariales de la fuerza laboral.

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) a nivel federal se ha quedado sin recursos pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redireccionó el presupuesto asignado a este proyecto hacia el Plan de Reactivación Económica. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 asignó al PAE 55.5 millones de pesos mientras que en 2020 su presupuesto fue de 700 millones.

Las secretarías estatales de trabajo, desarrollo económico y finanzas deben coordinar esfuerzos para fortalecer presupuestalmente programas locales de apoyo al empleo. Por otra parte, las secretarías de educación y los consejos estatales de ciencia y tecnología, de la mano con las autoridades en materia de trabajo podrían diseñar mejores programas de vinculación entre la currícula de la educación media superior y superior y el sector empresarial. Esto con el objetivo de dar más dinamismo al mercado laboral y al empleo a nivel local, para una recuperación económica más rápida en el mediano plazo.

A nivel local las autoridades del trabajo y desarrollo económico pueden retomar el diseño del Servicio Nacional de Empleo (SNE)[3] para implementarlo o fortalecerlo en los estados. Estas instituciones sirven como un vínculo entre oferentes y demandantes de empleo y orienta a personas en la generación de alternativas para regresar al mercado laboral. El SNE, por ejemplo, ofrece servicios de apoyo para el acceso a programas como el PAE y el subprograma de Fomento al Autoempleo.[4]

Las crisis gemelas de inversión productiva y de pandemia ofrecen la oportunidad de que los trabajadores se muevan a actividades más productivas que las que realizaban antes.

• Implementar y fortalecer programas locales de apoyo al empleo que nutran la política de atracción de inversiones. Estos programas deberán tener como objetivo la vinculación laboral y la capacitación de trabajadores en los estados, al igual que el PAE. Sin embargo, ante el recorte de los recursos federales de este programa, será necesario que los gobiernos estatales encuentren mecanismos de vinculación y capacitación eficientes y costo-efectivos. A las poblaciones urbanas, es importante guiarlas a recursos de capacitación y vinculación laboral disponibles a través de internet. En el caso de la gente sin acceso a las redes digitales o en zonas rurales, los gobiernos estatales tendrán que invertir recursos financieros y humanos en la capacitación y vinculación de estas personas a empleos. En ambos casos, los gobiernos estatales pueden usar tecnologías de información para dar seguimiento a las características de los empleos recuperados, con el fin de establecer si los nuevos empleos son más precarios, informales o improductivos que los que los trabajadores tenían antes. Esta información debe nutrir la política de atracción de inversiones, de manera que tanto las empresas como los trabajadores puedan alcanzar su máximo potencial.
• Implementar programas de autoempleo, empleo temporal y designación de fondos para proyectos productivos. Una medida para revertir el incremento en desocupación registrado durante 2020 es el diseño e implementación de programas complementarios de autoempleo y ocupación temporal, o bien, un aumento en el otorgamiento de recursos a proyectos que surjan desde el sector privado con el mismo fin. El objetivo es dar oportunidad a las personas desempleadas de generar un ingreso, a partir de la realización de actividades productivas temporales. Adicionalmente, se deberá fomentar la reinserción laboral de las personas a través de capacitación y bolsa de trabajo. Es importante que los programas de empleo temporal se realicen en coordinación con el sector privado, que no se conviertan en nóminas paralelas del sector público estatal, y que las actividades realizadas aporten valor a la economía y sociedad del estado. Inducir retrocesos tecnológicos (como construir carreteras a mano) solamente con el fin de mantener a la gente ocupada, tiene efectos muy nocivos para la recuperación económica, porque el downgrade tecnológico destruye la productividad. Una economía eficiente es aquella que usa la menor cantidad de trabajo, capital y energía para generar alto valor económico. Hacer lo contrario es una receta segura para el desastre.
• Vincular la educación técnica y superior con las necesidades del sector productivo. Además de los programas de empleo, es necesario diseñar estrategias para incrementar la pertinencia de los planes de educación técnica y superior. Esto es fundamental para elevar los prospectos laborales y de empleabilidad de los jóvenes. Esta estrategia necesita de la colaboración institucional tripartita entre autoridades educativas, secretarías del trabajo y sector empresarial para actualizar los planes de estudio de manera que se asegure que los egresados técnicos y universitarios adquieran las habilidades que buscan los empleadores de su sector. Los sistemas de capacitación estatales, bachilleratos técnicos, escuelas de artes y oficios, escuelas tecnológicas y universidades deben abrir programas con una visión a futuro que esté nutrida por los empresarios locales. En cada sector productivo del Estado, los empresarios en conjunto con los académicos pueden detectar las oportunidades de eficiencia en su industria, y realizar planes de corto, mediano y largo plazo para mejorar la competitividad global de su sector.
• Evaluar la continuidad de sectores improductivos o poco competitivos. El gobierno estatal puede tomar un papel de financiamiento de consultorías y conocimiento experto para que las empresas transformen su actividad, incluso cambiando de actividad, en caso de que la productividad y competitividad de los mismos sea baja. En Australia, durante los primeros años del siglo, los gobiernos estatales y federal de ese país ayudaron a productores de commodities como la caña de azúcar a evaluar qué predios se mantenían en esa actividad y cuáles podrían cambiar de actividad a cultivos con mayor riesgo-rendimiento. En esos años, la liberalización comercial de la agricultura de ese país creó una crisis que obligó a reevaluar las actividades productivas. En Nueva Zelanda en los años 80 se eliminaron los subsidios agrícolas ante la imposibilidad gubernamental de seguir financiándolos, y ello mejoró la productividad de las cadenas productivas que sobrevivieron.

INCENTIVOS FISCALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE GRUPOS VULNERABLES 

La recuperación de empleo entre los jóvenes y adultos mayores ha sido más lenta que en otros grupos poblacionales. De acuerdo con datos de la ENOE, al cuarto trimestre de 2020 las personas de 65 años y más se encontraban 9% por debajo del nivel de ocupación registrado en el primer trimestre del mismo año.[5] Para las personas de menos de 25 años el rezago respecto de inicios de 2020 es de más de 5%. Durante la pandemia otros grupos vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por el desempleo. Las mujeres, los trabajadores informales y de menores ingresos han salido también del mercado laboral en mayores proporciones y han tenido más dificultad en la recuperación de sus puestos de trabajo respecto de otros grupos de población. En enero de 2021 los hombres se ubicaban en niveles de empleo 4% menores respecto de marzo de 2020, mientras que las mujeres tienen un rezago de 11%. Por otra parte, cerca de 8 de cada 10 personas que perdieron su empleo durante abril de 2020 fueron trabajadores informales. Adicionalmente, de los trabajadores formales que han perdido su empleo, los que más han sido afectados han sido aquellos que ganaban hasta 1 salario mínimo y no han logrado recuperar los niveles de ocupación registrados antes de la pandemia.

• Generar incentivos para la contratación de jóvenes y apoyo al emprendimiento juvenil. La crisis por la pandemia ha impactado los niveles de ocupación e ingresos de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, particularmente a los jóvenes. Este grupo de trabajadores es altamente proclive a encontrarse en situación de subempleo, desempleo y en horarios laborales reducidos, frente a una disminución de la demanda de mano de obra. Este grupo de trabajadores es el que ha mostrado el ritmo de recuperación más lento y, a finales del 2020, su nivel de ocupación aún se encontraba 5% por debajo del observado en el primer trimestre del año. De manera que se requiere generar incentivos para su contratación, a partir de acciones como, por ejemplo, la realización de transferencias a las empresas condicionadas a la contratación de personas menores de 30 años. También se deberá destinar recursos para apoyar el emprendimiento realizado particularmente por jóvenes, para ayudarles en el proceso de formalización de su actividad.
• Otorgar estímulos e incentivos fiscales para la contratación de personal perteneciente a poblaciones vulnerables. Estos incentivos pueden otorgarse como facilidades o reducciones en el pago de impuesto sobre la nómina de empresas que contraten a personas en condición de vulnerabilidad y que se encuentren desempleadas. Otro mecanismo para impulsar estos estímulos es a través de la legislación de desarrollo y promoción económica local, en las cuales se pueden establecer condicionamientos a incentivos económicos de acuerdo con variables como el número de contrataciones o puestos de trabajo reservados para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y mujeres.

REDUCCIÓN DE COSTOS LABORALES FORMALES

 Es posible incrementar la participación laboral formal y el ingreso disponible de trabajadores formales de bajos ingresos mediante la modificación de la legislación en materia de impuestos al trabajo a nivel estatal.

• Otorgar subsidios adicionales al empleo para personas que ganan menos de 10 mil 500 pesos al mes, por el monto equivalente a lo que deben pagar de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Un subsidio local para personas que tengan un salario de cotización por debajo de este umbral les permitiría reducir de manera efectiva el pago de impuestos e incrementar su ingreso disponible. Los estados tienen que encontrar fuentes de fondeo para estos subsidios. La recuperación de costos en los servicios públicos, así como la eliminación de los subsidios a las tenencias vehiculares, pueden ser fuentes de financiamiento para estos subsidios.
• Consolidar el presupuesto estatal de salud para otorgar la seguridad social obligatoria en el empleo. El sistema de seguridad social nacional tiene una historia de fragmentación entre los trabajadores formales e informales. Los gobiernos estatales tienen una oportunidad para mejorar el acceso al IMSS e ISSSTE de todos los habitantes de los estados mediante convenios con esas instituciones que amplíen la cobertura de los servicios que prestan localmente. Etiquetar impuestos específicos, como los de nómina, para el pago de las cuotas de seguridad social creará incentivos tanto en empresas como en trabajadores a la afiliación a la seguridad social. Asimismo, estados y municipios deben coordinar el cobro de impuestos específicos para salud a los trabajadores informales, buscando su afiliación al IMSS a través de las uniones y asociaciones que los representan. 

• Crear fondos de garantía para préstamos de liquidez a las empresas. El gobierno estatal puede usar el patrimonio público para garantizar créditos comerciales que den liquidez de corto plazo a las empresas.  A las empresas se les debe apoyar con liquidez, con el objetivo de recontratar y mantener puestos de trabajo formal, lo cual implica hacer transferencias y apoyos fiscales directamente a las nóminas (dispersión desde el banco comercial al trabajador de manera directa). Esta medida debe contemplar principalmente a las actividades productivas que están teniendo mayores dificultades para recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia, como es el caso de los restaurantes y servicios de alojamiento, cuya población ocupada al cuarto trimestre del 2020 se encuentra 17% por debajo de la registrada a principios de ese año, de acuerdo con lo reportado por el Inegi.[6] 

• Reducir temporalmente o diferir el impuesto sobre nómina. Deben generalizarse las medidas centradas en la conservación del empleo formal, de lo contrario el proceso de recuperación podría ser más lento y complicado. La reducción del impuesto sobre nómina es una forma de disminuir el costo laboral, lo que permitiría incentivar la continuidad laboral en condición de formalidad. Esta medida debe destinarse principalmente a las pequeñas empresas, que han tenido que parar sus actividades, y a establecimientos medianos. De acuerdo con los datos del IMSS, alrededor del 60% de los puestos de trabajo perdidos durante 2020 pertenecían a empresas con entre 6 y 250 trabajadores. Durante el periodo de contingencia en 2020, al menos 17 estados han implementado programas de condonación o prórroga del pago de impuesto estatal a las nóminas de empresas en distintas modalidades.[7]

MERCADO DE CAPITAL 

México tiene un problema de intermediación bancaria hacia las actividades productivas. Los empresarios que tienen garantías crediticias son financiables en lo personal, pero los proyectos empresariales no son financiables porque en casos de quiebra, el fisco y los trabajadores se quedan con la masa de activos de la empresa, y los acreedores y socios tienen una probabilidad baja de recuperación de lo prestado.

Hay algunas cosas que los gobiernos estatales pueden hacer para mejorar la productividad del capital localmente:

• Impulsar los mercados de capital semilla, capital ángel y capital emprendedor. Antes de la Revolución mexicana, las lonjas locales servían como el mecanismo de inversión entre los capitales de una región. Las hostilidades de la revolución y el nuevo Estado mexicano que surgió de ese proceso, suprimieron a las lonjas y el Estado ocupó el lugar de la banca y las lonjas para el financiamiento de proyectos productivos. Los gobiernos estatales tienen una oportunidad para hacer versiones del S. XXI de estas lonjas, promoviendo la información transparente para los socios de los negocios, la protección a accionistas minoritarios, la calificación crediticia y de solvencia financiera y moral de las empresas, y la protección de contratos para que los negocios locales puedan financiarse a través de asociaciones y alianzas estratégicas, no solamente con subsidios o créditos bancarios.
• Dinamizar el mercado de tierra y otros activos inmobiliarios para financiar la actividad productiva. La tierra en México no puede utilizarse siempre como garantía crediticia, por existir conflictos y definiciones imperfectas de la propiedad de la misma. Los gobiernos estatales pueden modernizar sus catastros y registros públicos de la propiedad. El uso de suelo autorizado para un predio debe ser transparente y público, con el fin de evitar especulación y corrupción en los precios de la tierra.
• Impulsar la modernización en el sistema de pagos. El dinero en efectivo favorece la informalidad, el crimen y la corrupción. Los gobiernos estatales pueden jugar un papel fundamental para reducir el uso de papel moneda y favorecer el uso de pagos electrónicos. Esto ayudará a formalizar la economía, elevar la productividad local (al no necesitarse los mecanismos usuales para transportar y cuidar el dinero), reduce la inseguridad pública y ayuda a establecer historial crediticio a personas y empresas, lo cual facilita su acceso futuro al crédito.

[1] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE^N), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados

[2] CONEVAL, “EL CONEVAL PRESENTA INFORMACIÓN REFERENTE AL ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA (ITLP) AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020”, 16 de febrero de 2021,  https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_02_ITLP_4to_TRIMESTRE_2020.pdf?platform=hootsuiteP_4to_TRIMESTRE_2020.pdf?platform=hootsuite

[3] Gobierno de México, Servicio Nacional de Empleo, https://www.empleo.gob.mx/SNE

[5] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE^N), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados

[6] INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE^N), https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados

[7] CIDE, “Medidas económicas Covid-19”, https://lnppmicrositio.shinyapps.io/PoliticasEconomicasCovid19/

¿Qué mide?

 El subíndice Economía estable (Economía) mide las principales características de las economías estatales, así como la situación del crédito para empresas y familias. Dentro del subíndice se incluyen indicadores que describen la distribución del Producto Interno Bruto (PIB), el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, así como distribución del ingreso y la diversificación económicas. Los estados que presentan una economía estable, así como mercados crediticios grandes, atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.

Resultados del subíndice

¿Qué mide?

 El subíndice de Sectores precursores de clase mundial (Precursores) engloba elementos relacionados con los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte. Éstos son de gran importancia pues se les considera como condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, al incidir directa y transversalmente en muchos otros sectores de la economía. Por ello, su desarrollo es fundamental para mejorar la competitividad de los estados. Este subíndice considera indicadores relacionados con el acceso a internet, las vías físicas de comunicación, ya sea aéreas, marítimas o terrestres, y el uso y acceso a los servicios financieros.

Resultados del subíndice

Gráfica VIII.1 Ranking del subíndice Precursores

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa VIII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Precursores

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla VIII.1 Resultados generales del subíndice Precursores por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

La principal inversión que los gobiernos mexicanos hacen es en infraestructuras de todo tipo. Nuestra fascinación por el concreto y el acero es compartida por políticos, burócratas, empresarios y ciudadanos. La obra pública es vista como la huella que deja un gobernante, es el testimonio de la calidad de su gobierno. Por ello, la clase política procura hacer obra pública.

Debido a los montos involucrados, la obra pública también deja espacio para abusos y prácticas de corrupción. Las dificultades técnicas pueden convertirse fácilmente en pretextos para sobrecostos que pueden filtrarse al financiamiento de campañas políticas y a negocios ilícitos.

Un problema recurrente de la construcción de infraestructura en México es que los estados y municipios tienen baja capacidad presupuestal para emprender obras públicas. En México, la capacidad de construir obra pública depende de la participación federal. Normalmente, la federación construye obra pública en su ámbito de competencia. Una autopista que conecte dos ciudades y pase por tres estados es un caso típico donde la autoridad que realizará la obra es federal. Por ello, México ha soslayado inversiones en el entorno urbano, que es donde la infraestructura puede detonar mayores beneficios. Las economías de aglomeración que hay en las ciudades hacen que el beneficio social derivado de las obras y equipamiento urbano sea muy importante. Sin embargo, si los gobiernos estatales y municipales no participan en estos procesos, no hay suficiente inversión en el entorno urbano.

Más allá de convenios de coordinación, no hay mecanismos para que los municipios pidan recursos a la entidad y que la entidad los pida a la federación. Mucho menos hay mecanismos de coordinación en los estados para la provisión de infraestructura en los municipios.

Históricamente, el IMCO ha propuesto acciones en materia de sectores precursores – transporte, telecomunicaciones, distribución de energía, a lo largo de las siguientes líneas:

1. Análisis costo-beneficio transparentes

2. Licitaciones abiertas para proyectos de infraestructura

3. Coordinación con municipios:

1. Los municipios son responsables de la infraestructura urbana. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con presupuestos suficientes ni con las capacidades técnicas para garantizar que esta beneficie a los ciudadanos. Por ello, el gasto en infraestructura acaba desaprovechándose como una oportunidad para elevar la productividad de empresas y familias en zonas urbanas densamente pobladas, que es donde se genera mayor valor económico. Los estados pueden invertir más en la infraestructura de las ciudades en cooperación con los municipios.
2. Coordinar desde el estado la provisión de transporte público en los municipios. Las autoridades locales deben estar involucradas en la planeación, ejecución y operación de los proyectos para garantizar un sistema de transporte público funcional. Además, los proyectos deben contar con una visión metropolitana, por lo que es necesario que el estado promueva la cooperación y comunicación entre las autoridades locales que pertenecen a una misma zona metropolitana.
3. Implementar un esquema de incentivos que facilite la ejecución de recursos federales a las entidades que lo adopten.

4. Proyectos autosustentables:

1. Generar y transparentar datos de aforos, recaudación por cuotas, accidentes, y cualquier información que se genere en las carreteras y en la operación de servicios de transporte público. La información de aforo vehicular y niveles de servicio es clave para entender si la operación de la Asociación Público Privada (APP) ocurre bajo criterios de rentabilidad pública. Esto es de especial interés en el caso de carreteras dado que muchas APP tienen contratos que mandatan subsidios en caso de aforos bajos.
2. Transparentar los datos sobre la cantidad de usuarios del transporte público, así como las condiciones de operación de los contratos de concesión (esto se hace en el metro de la CDMX).
3. Las tarifas se determinan a nivel estatal en el código fiscal, los municipios no pueden hacer proyectos sustentables sujetos a tarifas estatales.

A lo largo de los 18 años de existencia del IMCO, algunas cosas han mejorado en los sectores de infraestructuras.

1. La CDMX publica información sobre recaudación de parquímetros, aforos del metro, uso del metro y otros sistemas de transporte público.
2. La integración tarifaria del transporte público ha ocurrido en Guadalajara (AMG) y en CDMX a nivel ciudad, no a nivel metrópoli.
3. En la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) se incluye coordinación metropolitana que bien puede ser ejemplo de coordinación Estado-Municipio: “Para asegurar la gobernanza metropolitana y participación de la sociedad, se conformará una Comisión de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación, un Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y un organismo técnico, que son de carácter obligatorio”.

La Comisión Metropolitana de la Ciudad de México y el Área Metropolitana de Guadalajara son ejemplos de coordinación entre autoridades separadas territorialmente y por su jerarquía en la administración pública del Estado mexicano. Sin duda, la coordinación entre federación, estados y municipios es la “piedra filosofal” a través de la cual las inversiones en infraestructura funcionan mejor.

Algunas de las cosas que no se han podido implementar en México, y que son indispensables para que la inversión en infraestructura sea oportuna, suficiente y bien planeada, son las siguientes:

• Las tarifas de servicios públicos como el agua y el transporte podrían contener menos elementos políticos y más elementos técnicos, financieros y económicos. Al menos tendrían que ser suficientes para cubrir el costo de producción del bien o servicio público, incluyendo el costo de reemplazar el capital. Es la única forma en que los proyectos sean autosustentables no dependan de las dádivas de los estados y de la federación. Los congresos y ejecutivos estatales tienen mucha injerencia en la fijación de tarifas, y permiten que los municipios diseñen o busquen este tipo de proyectos. Incluso, hay que pensar en tarifas dinámicas como existen en algunas ciudades del mundo, como las diseñó Vickrey, premio Nobel de economía en 1996. Si la tarifa del metro o del uso del periférico estuviera en función de la congestión, los pasajeros y automovilistas encontrarían la forma de desplazarse a horas diferentes, lo cual reduciría la saturación de la red.
• Los contratos de servicios públicos tienden a envejecer mal. Las condiciones cambian en el tiempo, y es imposible prever en un contrato todas las posibles contingencias. Por ello, los contratos de servicios públicos deben revisarse al menos cada cinco años y deben ser transparentes a la ciudadanía.
• En temas de infraestructura, México necesita moverse de un Estado concesionario (que otorga licencias de monopolio a quienes construyen un aeropuerto o una carretera), a un Estado permisionario, que permita que haya redundancias en las distintas infraestructuras, e incluso que pueda haber competencia entre distintos tipos de infraestructuras.
• El uso de suelo mixto en las ciudades es indispensable para evitar la congestión del espacio público y las redes de transporte. En la medida en que la gente pueda realizar todas sus actividades diarias en un área geográfica pequeña, las ciudades mexicanas tendrán menos complicaciones.
• Asimismo, la transparencia en el uso de suelo autorizado es indispensable para evitar conductas de exceso de especulación en los mercados de tierra. Los usos de suelo aprobados deben ser públicos, y si cambian, debe haber una discusión pública a nivel congreso estatal o cabildo municipal, que justifiquen plenamente el cambio.
• El mal uso y abuso del espacio público deben castigarse. Desde invasiones de predios y calles hasta delitos menores como el estacionamiento en zonas prohibidas, buena parte del déficit en infraestructura de transporte es atribuible al mal uso del espacio público. Este es un asunto en donde es indispensable la coordinación entre municipios y estados.
• Los impuestos, tarifas, contribuciones y derechos tienen que usarse como herramientas de control y contención del crecimiento urbano desbordado, no solamente como un mecanismo de recaudación. Los gobiernos estatales están en una posición única para dar asesoría técnica a los municipios para que cobren el impuesto predial y los servicios públicos, y recuperen el costo de producción y el de reemplazo del capital.

Algunas de las propuestas que históricamente el IMCO ha realizado en materia de infraestructura, y que siguen vigentes, son las siguientes:

ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS Y EDUCACIÓN FINANCIERA

• Impulsar un mercado de seguros más grande. México es un territorio expuesto a diversos riesgos de tipo geológico y climático. Al no contar con seguro contra estas amenazas, las familias mexicanas sufren pérdidas catastróficas ante epidemias, terremotos o huracanes. El subsidio estatal y los incentivos fiscales a las pólizas de aseguramiento puede ser una de las mejores inversiones de los recursos públicos de los estados, como ya se hace en muchos estados para las actividades del sector primario, por ejemplo. En la medida en que más mexicanos tengamos pólizas de seguros, las pérdidas generadas por la ocurrencia de eventos catastróficos serán menores.
• Garantizar un entorno de competencia económica para generar recursos ahorrables. Si los precios de los bienes y servicios son altos, las posibilidades de ahorro e inversión de la población mexicana serán muy bajas. El ahorro es la clave para la inversión, y esta última, ya sea en activos físicos o en educación, es la clave para el crecimiento económico. Para estimular el ahorro y la inversión las autoridades estatales deben de tomar acciones para bajar los precios de bienes y servicios, y la mejor manera para lograr esto es a través del fomento de la competencia económica. Las autoridades estatales deben reducir las barreras administrativas para la creación de empresas que compitan en el mercado y mejoren la oferta de bienes y servicios. Si las autoridades quieren estimular el ahorro, tienen que adoptar seriamente políticas de competencia económica.
• Generar incentivos selectivos que le garanticen a la población típicamente excluida el acceso a servicios financieros. En México sólo el 32% de los mexicanos realizó o reportó algún tipo de transacción por un medio digital. Este porcentaje está por debajo del promedio observado en América Latina, en el Caribe (46%) y en países de ingreso medio alto (62%)[1]. El desarrollo económico y social está ligado al uso de servicios financieros[2]. Las autoridades estatales deben impulsar el acceso a la información sobre los beneficios del uso de estos servicios, así como implementar programas de bancarización en comunidades alejadas y la promoción del uso de terminales electrónicas en comunidades rurales para la entrega de apoyos sociales. Igualmente deben aumentar la información sobre los beneficios de instrumentos como la inversión en activos bursátiles de deuda y capital, entre otros, para aumentar su uso y dinamizar así las economías de las regiones.
• Medir y reducir al mínimo el monto de los pagos que realiza el gobierno estatal en efectivo. Además de limitar la penetración bancaria, el pago en efectivo es un vehículo facilitador de la corrupción. Idealmente, el monto de transacciones en efectivo de cualquier gobierno debería ser cero. Los gobiernos estatales y municipales deben registrar el porcentaje de pagos efectuados mediante transferencias bancarias, auditables y fiscalizables, y el porcentaje de pagos que se realiza por medio de transacciones en efectivo.

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

• Hacer transparente la regulación del estado y de todos sus municipios en materia de infraestructura de telecomunicaciones. La falta de transparencia y el exceso de regulación obstaculizan la inversión en infraestructuras fundamentales para las nuevas tecnologías, como la fibra óptica.  Además de transparentar la regulación, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se debe llevar a cabo una simplificación de la misma.
• Poner a disposición de las empresas de telecomunicaciones las azoteas de los edificios públicos estatales y municipales, para instalar antenas. La falta de infraestructura de telecomunicaciones limita su cobertura y el acceso de la población a la misma. Las autoridades estatales deben incrementar la disponibilidad de espacios para la instalación de antenas en beneficio de la población usuaria.
• Hacer una prioridad estatal el despliegue de las redes de radiofrecuencia, fibra óptica o cualquier otro medio para la conexión de la población. Actualmente las empresas de telecomunicaciones sufren prácticas de extorsión derivadas de la sobre regulación de los espacios en los que se pueden instalar antenas de celular o cables de fibra óptica. Las autoridades estatales deben de    reducir esta regulación y castigar estas prácticas a nivel local para permitir el incremento de la cobertura de las redes de telecomunicaciones.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Actualmente muchos de los proyectos de infraestructura para el transporte y la movilidad de las personas en los estados no benefician a la mayoría de las personas, segregan a la población y reducen el acceso a oportunidades de desarrollo social y económico[3]. Para obtener mayores beneficios de los proyectos de infraestructura de transporte, los estados deben invertir en estudios costo-beneficio con el fin de evaluar la pertinencia de las obras desde antes de comprar el primer camión de material. Un proyecto deseable a ojos de la clase política del estado no implica que éste será rentable para la sociedad. Dado lo anterior, las entidades podrían beneficiarse enormemente si adoptan los siguientes lineamientos:

• Contratar de manera transparente, mediante licitación, estudios costo-beneficio. Los estudios deberán ser independientes y deberán medir de manera integral la rentabilidad para la sociedad.
• Incluir información relevante en los estudios costo-beneficio de obras de transporte. Los estudios costo-beneficio deben incluir el ahorro en tiempo de las personas restando el costo de oportunidad del dinero que pagan en cuotas y peajes; la rentabilidad del operador privado en el caso de asociaciones público-privadas (APP) u operadores privados y, los compromisos permanentes de gasto para todos los niveles de gobierno. Si el operador quiebra, seguramente se requerirá un rescate gubernamental, que acabarán pagando los contribuyentes.
• Hacer públicos los análisis costo-beneficio. Estos y los criterios de elección de proyectos deben estar disponibles en los sitios de transparencia estatales.
• Publicar los costos indicativos y el desempeño de los distintos contratistas en la ejecución de la obra pública.
• Tomar en cuenta las economías de aglomeración en la construcción de infraestructura. Los municipios son un orden de gobierno que no tiene los recursos ni el tiempo suficiente para la construcción de su propia infraestructura. En las ciudades es en donde la infraestructura genera más externalidades positivas. Las urbes con fuertes intervenciones de sus gobiernos estatales se han convertido en ejes del desarrollo empresarial e industrial de diversos estados en los últimos 20 años (por ejemplo: Guanajuato, Querétaro y Puebla). En contraste, las ciudades en donde el gobierno estatal no interviene virtuosamente, han tenido retrocesos (por ejemplo, Cuernavaca).
• Coordinar desde el estado la provisión de transporte público en los municipios. Las autoridades locales deben estar involucradas en la planeación, ejecución y operación de los proyectos para garantizar un sistema de transporte público funcional. Además, los proyectos deben contar con una visión metropolitana, por lo que es necesario que el estado promueva la cooperación y comunicación entre las autoridades locales que pertenecen a una misma zona metropolitana.
• Transparentar los datos sobre la cantidad de usuarios del transporte público, así como las condiciones de operación de los contratos de concesión.
• Generar y transparentar datos de aforos, recaudación por cuotas, accidentes, y cualquier información que se genere en las carreteras y en la operación de servicios de transporte público. La información del aforo vehicular y los niveles de servicio es clave para entender si la operación de las APP ocurre bajo criterios de rentabilidad pública. Esto es de especial interés en el caso de carreteras dado que muchas APP tienen contratos que mandatan subsidios en caso de aforos bajos.
• Dar prioridad a la construcción de vías con las especificaciones necesarias para conectar las ciudades y centros de distribución con las autopistas de altas especificaciones.
• Instrumentar mecanismos de inspección en patio de maniobra, auditoría y autoregulación para evitar la sobrecarga de transportes pesados. Esto es necesario para evitar accidentes y daños a la infraestructura carretera.
• Impedir la instalación de comercios en acotamientos o la venta de productos en las autopistas estatales o federales. El riesgo al que se somete a la población que ahí consume y labora es enorme. La construcción y respeto de acotamientos debería ser una prioridad para todas las carreteras del país.
• Empaquetar, junto con la infraestructura carretera, otro tipo de infraestructuras como las de telecomunicaciones, recolección de agua pluvial, electricidad o ferrocarril. El costo asociado a la construcción de infraestructura carretera es alto y el valor derivado está acotado al transporte. Incluir otro tipo de infraestructura en grandes proyectos de esta índole ofrece la posibilidad de incrementar su valor derivado y expandirlo a otros sectores por un costo marginal bajo, fortaleciendo las distintas redes que operan como precursores fundamentales del desarrollo económico.
• Resolver los problemas de supervisión de transportes pesados. En el reporte Evaluación de la Competitividad Regulatoria del Sistema de Autotransporte de Carga y Propuestas de Política Pública, elaborado por el IMCO, se aborda aquello que debe atenderse.[4] Desde la renovación de la flota vehicular, hasta las inspecciones en patio para resolver problemas de condiciones físico-mecánicas de los vehículos, introducción de GPS y tecnología celular de localización, gobernadores de velocidad, frenos ABS y suspensiones neumáticas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe establecer un ecosistema de empresas auditoras y verificadoras de cumplimiento de estándares de carga pesada, con metas de cero accidentes.
• Intervenir, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica, el mercado de trenes. Así, se fomenta la competencia, se atrae más inversión al sector y se asegura que las empresas existentes compitan adecuadamente. Sin mayores niveles de competencia será imposible detonar el potencial de las redes de ferrocarriles en beneficio de los productores y consumidores del país.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

Los municipios son responsables de la infraestructura urbana. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con presupuestos suficientes ni con las capacidades técnicas para garantizar que esta beneficie a los ciudadanos. Por ello, el gasto en infraestructura acaba desaprovechándose como una oportunidad para elevar la productividad de empresas y familias en zonas urbanas densamente pobladas, que es donde se genera mayor valor económico. Los estados pueden invertir más en la infraestructura de las ciudades en cooperación con los municipios. Hay ejemplos recientes y relativamente exitosos, como el de Puebla, donde el gobierno estatal hizo inversiones muy importantes en la ciudad capital. El defecto del modelo poblano es la pertinencia de las obras, el costo y la transparencia en la asignación de las mismas, así como la transparencia en su financiamiento. Sin embargo, es un modelo interesante porque ha permitido a la ciudad de Puebla atraer importantes inversiones y crecer. En este sentido, se propone lo siguiente:

• Instrumentar, desde el estado, mecanismos de financiamiento de proyectos de infraestructura. Es necesario contar con la participación de la ciudadanía, apalancando los recursos municipales con recursos privados, estatales y de la banca de desarrollo. Se deben realizar estrategias de largo plazo, junto con los institutos de planeación estatales, municipales y metropolitanos, que den prioridad a aquellos proyectos que pueden contribuir en mayor medida a mejorar la productividad de las ciudades. Las decisiones de qué proyectos hacer deben basarse en criterios técnicos y no políticos, y la lista de los proyectos prioritarios debe hacerse pública a toda la ciudadanía.
• Invertir en redes de agua potable. Si un mayor porcentaje de agua para beber se puede distribuir a través de tubos, y no mediante pipas o envases de plástico, se reduce la contaminación por basura plástica y se ahorra tiempo a las empresas y familias. Esto no es tan vistoso como construir autopistas o puentes elevados, pero sí puede ayudar a mejorar las condiciones de las ciudades.
• Hacer obras de infraestructura para enterrar los cables de electricidad y mejorar el paisaje urbano,además de reducir los robos de electricidad. Los gobiernos municipales no tienen incentivos para realizar este tipo de obras porque son costosas y no pueden capturar el beneficio económico al hacerlas. El Gobierno federal podría premiar, con recursos hoy usados para subsidiar la electricidad, a los estados y municipios que ayuden a reducir las pérdidas de electricidad a partir de enterrar los cables de las redes de distribución.
• Premiar a los municipios que invierten más en redes de transporte público. La movilidad urbana es otro ejemplo en donde los estados pueden ayudar a mejorar los problemas de congestión en sus ciudades y así evitar las pérdidas en tiempo y recursos para la población y un impacto negativo en el crecimiento económico. Si se premia en presupuestos de gasto e inversión a los municipios que invierten más en redes de transporte público de gran escala, digno y sustentable, se reduce la necesidad de las familias de invertir en automóviles y de los gobiernos locales de invertir en vías de transporte. Los estados deben ayudar a los municipios a mejorar los índices de caminabilidad de sus ciudades, ya que ello estimula la economía local, fortalece el turismo, mejora la seguridad pública, y reduce las muertes por hechos viales.
• Permitir que los operadores de los servicios de transporte público determinen la tarifa óptima para asegurar la sostenibilidad financiera y la calidad de los sistemas. Al mismo tiempo, es necesario transitar de subsidios generalizados de la tarifa a subsidios focalizados que permitan optimizar el uso de recursos para que la población más vulnerable goce de un servicio asequible y de mayor calidad.
• Aumentar la transparencia del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para la Personas con Discapacidad (Fotradis). Este fondo busca adaptar el transporte público y la infraestructura de las ciudades para las personas con discapacidad. Entre 2011 y 2019 destinó 4 mil 450 millones de pesos a los estados para este fin. Sin embargo, no hay información que corrobore su ejercicio ni sus resultados.[5] Contar con un inventario completo que muestre los logros del fondo y verifique si las obras son funcionales sería un gran paso de los gobiernos estatales para confirmar un avance hacia ciudades más incluyentes y con oportunidades para los más de siete millones de mexicanos con discapacidad.
• Conectar a través de una red carretera ágil a las principales ciudades de cada estado. Guanajuato fue muy exitoso en conectar a las principales ciudades de su estado a través de una red carretera bastante ágil. Sin embargo, Guanajuato, la ciudad capital, no se encuentra tan bien conectada y ha tomado una estrategia como lugar turístico. En consecuencia, no ha podido desarrollarse tanto como otras ciudades (por ejemplo, Irapuato, Celaya o León). En la medida en que la infraestructura se construya en los lugares donde hay mayor densidad de población y actividad económica, más útil será para generar competitividad. Los proyectos que conectan áreas relativamente despobladas acaban haciéndose irrelevantes para generar desarrollo.
• Desacelerar la demanda de autos mediante la reinstauración de la tenencia vehicular. Los impuestos a la tenencia de vehículos son uno de los principales mecanismos para desestimular la adquisición de automóviles y una de las pocas fuentes de financiamiento que tienen los estados para la construcción de nueva infraestructura. Si los estados quieren desacelerar la demanda de autos e impulsar la creación de infraestructura para el transporte sustentable, los impuestos a la tenencia son el mecanismo ideal para lograrlo. Un rediseño de este impuesto que premie la eficiencia energética y el uso de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, puede ser un medio muy efectivo para incentivar la renovación del parque vehicular.

[1] Omar Mejía-Castelazo y Rodrigo Villegas Gómez, La inclusión financiera en México más allá de la bancarización, Revista Nexos. Disponible en https://economia.nexos.com.mx/?p=2214

[2] Omar Mejía-Castelazo y Rodrigo Villegas Gómez, La inclusión financiera en México más allá de la bancarización, Revista Nexos. Disponible en https://economia.nexos.com.mx/?p=2214

[3] Oscar Ruiz, Ciudades compactas: Más prósperas, más equitativas y con mejor movilidad, Índice de Competitividad Urbana, IMCO 2018. Disponible en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/k.Ciudades-compactas-ICU-2018.pdf

[4] Para mayor información consultar el reporte completo en: https://imco.org.mx/wp-con- tent/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de- Carga-07082013.pdf

[5] El Día Después, “El colectivo #MovilidadSinLímite denuncia mal uso y opacidad en el ejercicio de recursos para personas con discapacidad”, El Día Después, (s/f), https://eldiadespues.mx/noticias/ el-colectivo-movilidadsinlimite-denuncia-mal-uso-y-opacidad-en-el-ejercicio-de-recursos-pa- ra-personas-con-discapacidad/ (Consultado el 06/05/2020).

¿Qué mide?

 El subíndice de Aprovechamiento de las relaciones internacionales (Relaciones internacionales) mide el grado con el cual los estados capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad. Por ello, el subíndice considera indicadores relacionados con el turismo internacional y el flujo de capitales. En un entorno de globalización, la competitividad de los estados de nuestro país depende cada vez más de su capacidad para explotar los vínculos que tienen con el exterior.

Resultados del subíndice

Gráfica IX.1 Ranking del subíndice Relaciones internacionales

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa V.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Relaciones internacionales

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla V.1 Resultados generales del subíndice Relaciones internacionales por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

COMERCIO

• Promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte. Los estados que más éxito han tenido en términos de crecimiento económico son aquellos que lograron vincular sus economías con el comercio internacional a partir de las cadenas regionales de valor. La región sur-sureste del país se ha visto históricamente rezagada, corregir esto requiere de acciones puntuales para detonar la competitividad de los estados que hoy no están plenamente integrados a estas cadenas.
  • Homologar el entorno jurídico de los estados. Los estados más rezagados del país en términos de inversión y de inserción en el comercio exterior pueden emular las leyes y códigos en la materia de las entidades más competitivas. Esto en particular puede beneficiar a los estados que mantienen sistemas de usos y costumbres en algunos de sus municipios, esto reduce significativamente la competitividad de los estados al generar una situación de incertidumbre jurídica para la inversión en estas regiones dado que es muy difícil operar con un sistema de usos y costumbres por un lado y con un sistema de derecho civil por el otro. Esta propuesta requiere trabajo conjunto de los ejecutivos estatales con los congresos y gobiernos de municipios que se rigen por usos y costumbres.

• • Implementar procesos de mejora regulatoria en el otorgamiento de permisos y trámites a nivel estatal a través de trámites por internet en una ventanilla única.

• • Invertir en infraestructura logística como carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas para mejorar la conectividad de las zonas urbanas, y de los polos industriales de los estados con otras entidades y mercados extranjeros.
• • Facilitar el acceso a energía a precios competitivos, especialmente de gas natural y fuentes renovables. Las entidades pueden facilitar la expedición de permisos ambientales y ser aliados importantes para resolver los conflictos sociales que pueden surgir con este tipo de proyectos. Por ejemplo, es fundamental terminar la reconversión de la estación de compresión de Cempoala, Veracruz, que permitirá redireccionar el gas hacia el sur desde el gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan para conectarlo con el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y posteriormente en la península de Yucatán con el ducto Mayakán. De esta forma se estaría abordando el déficit eléctrico en la península de manera sustentable, en términos financieros y ambientales.
• • Promover una excepción para México de la Jones Act en Estados Unidos que prohíbe el cabotaje marítimo de marina mercante extranjera en puertos estadounidenses. Permitir el cabotaje en los puertos del Golfo de México incrementaría significativamente la competitividad de los estados de esa región al abrir una nueva frontera marítima con Estados Unidos y así insertar en el comercio exterior a estados que hoy no están plenamente conectados como Tabasco y Campeche. Esto requiere de una labor de cabildeo con tomadores de decisiones en Washington D.C. Se puede formar un grupo de gobernadores de las entidades del Golfo que promuevan este objetivo común en Estados Unidos ante la administración pública federal, legisladores locales y federales, gobiernos estatales, centros de investigación, empresas y grupos de interés.
• Fortalecer la seguridad pública en las vías de comunicación. El traslado de mercancías en el país se ve afectado por la extorsión por parte de autoridades y la inseguridad, desde los bloqueos a las vías férreas hasta los robos a ferrocarriles y camiones. Esto incrementa los costos de transacción, desincentiva la inversión en los estados afectados y reduce la competitividad del país como destino de inversión. El uso de dispositivos de geolocalización obligatorios, sistemas de alertas remotas, patrullaje de carreteras e incautación de vehículos al crimen organizado son algunas de las acciones que requieren coordinación entre la federación y los estados.
• Utilizar tecnologías como agentes de carga virtuales que eliminan a los intermediarios para transportar mercancías entre dos puntos mediante una ventanilla única; plataformas digitales de distribución; y criptomonedas para reducir los costos de transacción y permitir a las pymes mover mercancías a nuevos mercados. Las secretarías de desarrollo económico de las entidades pueden ser aliadas de las pymes que enfrentan obstáculos para participar en el comercio exterior adicionales a los de las grandes empresas. La tecnología puede ser una aliada para reducir estos costos. El surgimiento de los agentes de carga virtuales (que permiten al usuario exportar mercancías, seguir movimientos y gestionar documentos mediante una ventanilla digital única) puede revolucionar los sistemas logísticos, así como el desarrollo de plataformas electrónicas de distribución y criptomonedas, al abrir una ventana única mediante la cual las pymes pueden mover su mercancía del punto A al punto B sin preocuparse por los costos de la extorsión en los traslados (p. ej. crimen organizado) y en las aduanas.
• Compartir la responsabilidad de recaudar el impuesto predial entre estados y municipios. Sin municipios funcionales que garanticen la seguridad de las inversiones no será posible insertar a los estados en el comercio exterior. Es necesario reformar el impuesto predial para incentivar la recaudación de los municipios. De acuerdo con datos de la OCDE, México recauda el equivalente a 0.3% del PIB en impuesto predial, muy por debajo del promedio de Colombia de 1.7% o Chile de 1.1% y de países como Estados Unidos, con 2.9%[1]. Se puede incrementar este porcentaje mediante una reforma al artículo 115 constitucional para que estados y municipios compartan la responsabilidad de recaudar predial. Los gobiernos estatales podrían trabajar con los legisladores que representan a sus entidades en el Congreso de la Unión para promover una reforma en estas líneas. Las constituciones de los estados, por su parte, tendrían que modificarse para establecer una metodología para el reparto equitativo de los recursos recaudados. El esquema propuesto establece que 40% de lo recaudado se destine a la comunidad o pueblo donde resida el predio, 50% para el municipio y 10% al estado.  El tercer elemento de la propuesta es “premiar” a los municipios de forma proporcional o más que proporcional de acuerdo con su nivel de marginación registrado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) mediante transferencias del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). De esta manera se alinean los intereses de los municipios y de los estados para captar inversiones e incrementar su competitividad.
• Publicitar la oferta de los gobiernos estatales en materia de seguridad, Estado de derecho e infraestructura logística para la inversión. Las secretarías de desarrollo económico hacen públicos sus incentivos fiscales para atraer inversión, sin embargo, el principal diferenciador de una entidad al momento de competir por proyectos no es la cuestión fiscal. Una carrera hacia el mínimo entre los estados por ver quién ofrece menores impuestos es menos relevante que difundir y transparentar con claridad los incentivos no fiscales que pueden tener más peso al momento de definir por qué entidad apostar.

TURISMO

• Los estados pueden maximizar los beneficios del turismo si este se entiende como una oportunidad de desarrollo, para conectar a las entidades con el resto del mundo, no como una industria extractiva. Para ello, las secretarías de turismo deben trabajar en estrecha colaboración con sus contrapartes de desarrollo económico para diseñar estrategias para utilizar al turismo como catalizador de actividades de mayor valor agregado, por ejemplo, servicios financieros, y atraer inversión. Este enfoque requiere ir más allá de la construcción de infraestructura estrictamente turística e invertir en sectores clave como las telecomunicaciones.
• Promover el turismo médico. La cercanía con Estados Unidos, los costos comparativamente más bajos, así como la calidad de los servicios médicos privados en el país, hacen de México un destino con un alto potencial para el turismo médico. Los gobiernos estatales deben invertir más en capital humano e infraestructura para ganar mayor participación en el mercado global de turismo médico. Para ello es necesario aumentar las certificaciones de doctoras y enfermeras, así como de hospitales, clínicas y laboratorios, así como facilitar los reembolsos de seguros médicos.[2] Los estados de la frontera norte, así como los estados tradicionalmente turísticos, como la costa del Pacífico o Cancún y la Riviera Maya serían los principales beneficiados de un incremento en el turismo médico.
• Garantizar un ambiente propicio para las comunidades de retiro. México es el lugar de residencia de alrededor del 9% de los estadounidenses en el exterior, con 797 mil nacionales de ese país.[3] Una parte importante de este número corresponde a personas jubiladas. Comunidades como San Miguel de Allende en Guanajuato o Ajijic en Jalisco se han visto beneficiadas económicamente del arribo de extranjeros que deciden jubilarse en estas localidades. Sin embargo, el atractivo del país como destino para jubilados extranjeros se reduce en la medida que la delincuencia se acerca a estas comunidades. Estados como Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, entre otros, deben garantizar la seguridad y acceso a servicios públicos de calidad de estos residentes, especialmente en lo relacionado con el sector salud, de lo contrario ponen en riesgo una fuente de importante de recursos y desarrollo para sus regiones circundantes.

[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 2021. Tax on property, en https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm.

[2]Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 2020. México-Estados Unidos. Redefiniendo la relación para la prosperidad de Norteamérica.

[3] Inegi. 2020. Censo de Población y Vivienda 2020, en https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Migracion_Migracion_03_793b2477-4037-43d4-9a60-90fb2592cdbc.

¿Qué mide?

El subíndice de Innovación y sofisticación en los sectores económicos (Innovación) mide la capacidad de los estados para competir con éxito en la economía, particularmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta. Se considera la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo, por lo que se incluyen indicadores relacionados con las características de las empresas, el contexto de investigación y la generación de patentes. Un estado que cuenta con sectores económicos más innovadores es capaz de atraer y retener más inversión y talento.

Resultados del subíndice

Gráfica X.1 Ranking del subíndice Innovación

Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Mapa X.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Innovación

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Resultados por indicador

Tabla X.1 Resultados generales del subíndice Innovación por indicador

*El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.

**El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.

Para mayor detalle de los indicadores consultar el anexo metodológico.

Fuente: Elaborado por el IMCO.

IMCO Propone

El futuro y la prosperidad de las y los mexicanos no está en los recursos naturales que tiene el territorio nacional ni en nuestra capacidad de transformarlos. El futuro estará definido por la capacidad de desarrollar y adoptar tecnologías que aumenten la productividad en sectores de alto valor agregado. Para que México sea capaz de tener un papel relevante en los mercados internacionales de producción tecnológica e innovación, será necesario tomar ambiciosas medidas que construyan un ecosistema nacional de investigación e innovación.

A continuación, se presentan algunas propuestas para alinear los incentivos de actores públicos y privados hacia esa misión.

GASTO PÚBLICO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA ENFOCADA EN INNOVACIÓN

• Blindar por 7 años al menos el 1% del presupuesto estatal para que sea destinado a investigación y desarrollo. Los congresos estatales serían los responsables de condicionar esta fracción de recursos para que sean dirigidos a universidades y centros de investigación.
• Diseñar mecanismos de financiamiento, a través de fondos públicos, que permitan a los emprendedores de base científica tecnológica obtener recursos en las distintas etapas de desarrollo. La legislación local puede servir como un instrumento para delimitar los alcances y condicionamientos de este tipo de inversión del presupuesto. En este sentido, los centros de investigación públicos y las universidades deben competir por recursos para la investigación aplicada y accionable en sectores innovadores estratégicos. La investigación aplicada de centros y universidades financiados con estos recursos debe estar orientada a proyectos que tengan el potencial de generar un valor al mercado (que cuenten con viabilidad comercial y en su caso, técnica).
• Integrar programas de cooperación con empresas y otras instituciones de investigación en materia de ciencia aplicada. En otros países del mundo esa capacidad cooperativa ha sido la clave para el desarrollo económico y la competitividad. Destacan los casos del Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán (ITRI) y el Instituto de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones (ETRI) de Corea del Sur que, junto a empresas privadas, han logrado posicionarse como líderes en tecnologías optoelectrónicas y de semiconductores[1]^,[2]. México también es un importante jugador en esos mercados. Somos el segundo exportador mundial de computadoras y de televisiones en el Mundo, productos que representan el 9.4% de nuestras exportaciones, más del doble que las de petróleo crudo. Sin embargo, la diferencia es que mientras los tigres asiáticos producen tecnología en estos productos, México solo los manufactura.
• Digitalización de empresas por parte de subsecretarías estatales de transformación digital. Durante la pandemia los estados han realizado una serie de esfuerzos descoordinados para dar asesoría y consultoría a empresas locales para integrarse a mercados digitales nacionales e internacionales para la venta de bienes y servicios. Esto es positivo ya que la exposición de empresas locales a mercados cada vez más amplios genera un gran incentivo a la innovación. Estos esfuerzos se podrían focalizar y consolidar de manera más eficiente a través de subsecretarías estatales de transformación digital a cargo las Secretarías de Desarrollo Económico Estatales, para que sean un ente encargado de proactivamente realizar la transferencia de tecnología, la bancarización y la transformación digital de empresas locales.
• Acompañar a empresas locales para acceder a mercados digitales nacionales e internacionales.
• Las innovaciones no son solamente científicas y tecnológicas. Es necesario aplicar innovaciones a ámbitos de nuestra economía como el sistema de pagos. Un estado innovador puede impulsar la eliminación del uso de efectivo, en especial en micro y pequeñas empresas, creando una política y un fondo especial para la transferencia tecnológica de terminales punto de venta y sistemas de pagos digitales para MiPyMEs.
• Dar asesoría a empresas para la exportación de sus productos en mercados digitales internacionales (Amazon, Mercado Libre, entre otras) en las regiones y países con las que México tiene acuerdos de libre comercio, en especial con Estados Unidos y Canadá.

POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADA

• Transformar a las universidades estatales y a los centros públicos de investigación Conacyt (CPI) en verdaderas incubadoras de empresas y desarrollos tecnológicos:
  • Configurar y utilizar fideicomisos público-privados para universidades y CPI, con la participación de financiamiento con capital ángel y capital semilla, para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada en sectores productivos de alto valor agregado. Estos fondos deben contar con recursos autogenerados y esquemas que les permitan ser copropietarios de patentes y empresas.

• • Modificar el esquema de incentivos a la invención y desarrollo aplicada para investigadores. Los científicos mexicanos no tienen incentivos para desarrollar innovaciones con potencial de convertirse en productos exitosos debido a que los costos burocráticos son demasiado altos para que puedan obtener ganancias de los proyectos de desarrollo tecnológico y empresarial. Las y los investigadores académicos de universidades públicas y privadas deben obtener un margen de las ganancias o un porcentaje de la propiedad de las empresas y patentes por trabajos o descubrimientos que tengan viabilidad comercial, como ocurre en las universidades más exitosas a nivel mundial. Es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo en el artículo 163, fracción II y III, de manera que las innovaciones realizadas en el centro de trabajo sean propiedad en partes iguales para el centro de investigación y para quien las desarrolla. Las leyes estatales de innovación pueden establecer contrapesos a la regulación federal laboral, que es contraria a los spin-off tecnológicos entre los intraemprendedores y las empresas. De acuerdo con lo establecido en la LFT reformada en 2008, las innovaciones en el centro de trabajo son propiedad de la empresa, lo cual desmotiva a los trabajadores a desarrollar ideas con potencial comercial.

• • Crear Sistemas Estatal de Innovadores (SEI) que sea el contraejemplo de la concepción y operación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) federal. Los SEI darían una mayor ponderación a la producción de investigación aplicada y menos a la investigación puramente académica. El objetivo de una política de este tipo es favorecer el desarrollo de patentes, modelos de utilidad, registros de marca y métodos de negocio, así como de derechos de autor de invenciones con potencial comercial. Los SEI deberían de estar enfocados en premiar y facilitar la innovación y el desarrollo tecnológico, deberían de eliminar que las y los investigadores pierdan tiempo en trámites administrativos. Las becas deberían de ser entregadas exclusivamente a investigadores que participen en el desarrollo de tecnologías, modelos de negocios o métodos de utilidad que tengan viabilidad comercial y aplicación en empresas nacionales. Además, se debería de otorgar incentivos económicos adicionales para aquellos investigadores que prueben que sus tecnologías e innovaciones están siendo utilizadas y producen ganancias sostenibles para empresas nacionales.

• • Modificar el esquema de incentivos a la incubación de proyectos productivos de innovación.Los recursos aplicados a universidades y centros de investigación deben responder a los resultados obtenidos por sus proyectos. Es decir, el financiamiento debe premiar la creación de empresas, su tasa de sobrevivencia, el número de patentes y marcas registradas, así como modelos de utilidad generados bajo el modelo de incubación adoptado. Es necesario cambiar los indicadores utilizados para medir el desempeño de la investigación y desarrollo migrando del actual indicador basado en publicaciones, a licenciamientos y spinoffs que permitan un retorno de la inversión.
  • Flexibilizar los montos asignados a los centros de investigación o a las universidades públicas para investigación y desarrollo. Esta flexibilización permitiría destinar un porcentaje de dichos fondos (entre el 5% y el 8%) a un concurso internacional para encontrar e implementar soluciones a problemas nacionales, como el estrés del agua para la agricultura o el aprovechamiento de la energía solar en los hogares de interés social, entre otros. Esta idea abreva de la idea de implementar agendas de ciencia y tecnología aplicadas a la innovación orientada a misiones (mission-oriented innovation). Esta idea ha sido difundida por economistas como Mariana Mazzucatto para la implementación de políticas modernas de innovación en países como Estados Unidos y Reino Unido[3].

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

• Promoción y vinculación de empresas locales con universidades y centros de investigación. Es necesario concentrar las políticas de educación superior estatal y de los consejos locales de tecnología e innovación en secretarías estatales con el propósito de hacer más fácil esta vinculación. Estados como Guanajuato y Yucatán han experimentado con estos modelos para facilitar la coordinación de actores públicos y privados en la formación de capital humano y el desarrollo tecnológico en sus estados.
• • Las universidades estatales deberían de contar con programas de aprendizaje dual para todas sus carreras, inspiradas en el sistema Dual VET alemán[4], en el cual los estudiantes puedan decidir pasar la mayor parte de su carrera adquiriendo experiencia práctica en empresas locales y trayendo observaciones y propuestas a las universidades para su mejora. La experiencia práctica permite a los estudiantes conocer el verdadero funcionamiento de las empresas locales y su tiempo en la universidad les permite pensar en mejoras e innovaciones que beneficien a las empresas locales.

• Vincular a las universidades estatales a las empresas locales y capacitar a la fuerza laboral estatal para facilitar la instalación de empresas de alto valor agregado creando carreras o centros de capacitación especializados.
  • Diseñar o actualizar los planes de estudio de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y las tendencias sociales y tecnológicas regionales. Este objetivo necesita de la coordinación de los gobiernos locales, las empresas y academia a través de diálogos continuos que permitan debatir sobre las necesidades del mercado laboral, la sociedad y las tendencias a corto y mediano plazo para diseñar planes de estudio enfocados en necesidades actuales que permitan a los estudiantes prepararse con los conocimientos y capacidades de vanguardia. Se deben reforzar los planes de estudio para fortalecer las habilidades en ciencias, ingenierías matemáticas, tecnologías de la información e inglés, así como competencias blandas (resiliencia, resolución de problemas complejos, trabajo en equipo, creatividad, etc.)

• • Incentivar a las empresas y gobiernos locales a invertir en certificaciones que permitan a los trabajadores seguir preparándose para aumentar sus competencias, productividad y niveles de ingreso. Es de vital importancia que estas certificaciones sean otorgadas por instituciones públicas y privadas que realmente puedan desarrollar y validar las capacidades de la gente, de manera que las personas puedan encontrar mejores oportunidades en el mercado laboral a partir de sus certificados. Cuando la certificación es interna de una empresa, no hay movilidad laboral. Las experiencias de implementación de políticas de certificación a nivel federal, a través del conocer, deben dar aprendizajes importantes a los gobiernos estatales.

• • Desarrollar programas de incentivos que permitan formar, atraer y retener talento específico en industrias intensivas en conocimiento. Se requiere la participación del gobierno, academia (universidades y centros de investigación) y sector productivo para diseñar iniciativas que pongan en marcha programas como el otorgamiento de becas en carreras STEM (especialmente atrayendo a mujeres), así como colaboraciones academia-sector productivo para aumentar las estancias y prácticas profesionales que fortalezcan habilidades y conocimientos específicos. Asimismo, aumentar las becas y vinculaciones para cursar periodos en el extranjero, así como atraer estudiantes extranjeros a que cursen estancias en instituciones mexicanas y motivar el interés social en materia de ciencia, ingenierías, tecnología e innovación.

• • Conexión con recursos de libre acceso o de costo reducido para la educación La sociedad civil de la Gran Bretaña, a través de la Raspberry Pi Foundation[5], provee equipos de cómputo y kits de aprendizaje de programación, ciencias e ingenierías a estudiantes desde la primaria. La Raspberry Pi es un equipo de cómputo cuya placa base es del tamaño de una tarjeta de visita, diseñada especialmente para la construcción de prototipos electrónicos, programación en lenguajes como Python, y aplicaciones de entorno científico como Mathematica, a un costo aproximado de 120 dólares. El gobierno de Brasil tiene una política de acceso abierto a la literatura científica sin costo para cualquier dirección de protocolo de internet (IP) originada en su país. En ella se publica alrededor del 97% de la producción científica brasileña y solamente el 2.7% de la global[6].

[1] Mathews, J., & Cho, D. (2000). Tiger Technology: The Creation of a Semiconductor Industry in East Asia (Cambridge Asia-Pacific Studies). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511552229

[2] Dedrick, Jason, and Kenneth L. Kraemer. Asia’s computer challenge: Threat or opportunity for the United States and the world?. Oxford University Press, 1998.

[3] Mazzucato, Mariana. Mission Economy a Moonshot Guide to Changing Capitalism. London: Allen Lane, 2021.

[4] Bliem, Wolfgang, Alexander Petanovitsch, and Kurt Schmid. «Success factors for the Dual VET System.» Update (2015).

[5] Raspberry Pi Foundation, “About Us”. Disponible electrónicamente en www.raspberrypi.org/about, (2021). Fecha de último acceso: 5 de abril de 2021.

Organización Educativa, Cultural y Científica de las Naciones Unidas (UNESCO), “Global Open Access Portal: Brazil”. Disponible electrónicamente en http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/latin-america-and-the-caribbean/brazil/  (2017. Fecha de último acceso: 31 de marzo de 2021.

GENERALES

El principal objetivo del Índice de Competitividad Estatal (ICE) es dar información para diseñar, priorizar y dar seguimiento a políticas públicas que promuevan la competitividad de los estados. Esto se logra a partir de una definición clara de competitividad y de la identificación de los factores que contribuyen a ella.

Se define competitividad como la capacidad de las ciudades, estados o países de generar, atraer y retener talento e inversiones. Tanto el talento como la inversión tienden a ir hacia los lugares donde es posible obtener mejores retornos económicos y sociales. Así, en un estado atractivo para el talento y la inversión podemos esperar un alto nivel de productividad en las empresas y en las personas, y por su estrecho vínculo también podemos esperar altos niveles de prosperidad y bienestar.

Una vez definido el concepto de competitividad, se identificaron 10 diferentes factores asociados a ella. Estos factores surgen de la teoría económica, la experiencia internacional y el sentido común. Cada factor da origen a un conjunto de indicadores que agrupados forman subíndices, a partir de los cuales se caracteriza la relación de cada factor con la definición de competitividad.

¿QUÉ HACE EL ÍNDICE? 

• Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad.
• Otorga una calificación de 0 a 100 para cada entidad, tanto a nivel indicador como a nivel general y por subíndice, con el fin de conocer su desempeño.
• Permite hacer conjeturas razonables del efecto de un aumento en la posición competitiva de los estados sobre la inversión y el talento.
• Permite comparar el desempeño de los diferentes estados en distintos indicadores, temas y a nivel general.

¿QUÉ NO HACE EL ÍNDICE?

• No pretende ser un modelo de equilibrio general ni parcial.
• No permite realizar predicciones ni determinar causalidad en relación con la inversión ni el talento de los estados.
• No hace explícitas las interacciones entre los indicadores considerados.

GRUPOS DE COMPETITIVIDAD 

Para cada uno de los 10 subíndices que conforman el ICE 2020 se agrupó a las 32 entidades federativas en seis diferentes categorías de competitividad. Estas pretenden identificar grupos de estados con base en la posición que ocupan alrededor de la calificación media de cada subíndice. Las categorías son las siguientes:

• Competitividad alta: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra a dos o más desviaciones estándar por encima de la media.
• Competitividad adecuada: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media.
• Competitividad media-alta: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra hasta una desviación estándar por encima de la media.
• Competitividad media-baja: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra hasta una desviación estándar por debajo de la media.
• Competitividad baja: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la media.
• Competitividad muy baja: Aquellas entidades cuyo puntaje se encuentra dos o más desviaciones estándar por debajo de la media.

CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES ANCLA

La base del índice son los indicadores de inversión y talento. El resto de los indicadores pertenecientes a los 10 subíndices son comparados contra los primeros para poder establecer relaciones que permitan orientar el diseño de políticas públicas. La construcción del índice está en función y gira en torno a los primeros, y por lo mismo, los llamamos variables ancla.

A continuación, se explica el método de construcción de las variables de talento y de inversión.

Inversión

 Para calcular la inversión, y a falta de estadísticas desagregadas con respecto a esta, suponemos que en los estados la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB es igual a la tasa nacional (de un 20 a un 23% según el año). Posteriormente, se toma la estimación del PIB de cada estado y a ésta se le aplica el porcentaje anterior, para así obtener una estimación de la inversión. El indicador final se mide en pesos por persona económicamente activa.

Talento

 En el ICE el talento se mide como el porcentaje de personas de 25 años o más, con educación superior. Esta metodología está alineada con la que se ha utilizado en pasados índices internacionales y de estados, permitiendo mayor consistencia entre los productos intelectuales del instituto.

SUBÍNDICES E INDICADORES

La lista de indicadores del ICE 2021 toma como base la lista de indicadores del ICE 2020, la cual se complementó con otros indicadores que no estaban incluidos. En parte, esto se logró gracias a mejores fuentes de información y a nuevas tecnologías que permitieron el uso de fuentes no convencionales.

Los 72 indicadores agrupados en los 10 subíndices de competitividad cumplen con las siguientes condiciones:

• Se publican regularmente.
• Provienen de una fuente neutral de prestigio.
• Son de fácil interpretación y sus metodologías de cálculo son transparentes y accesibles para cualquier usuario.
• No son redundantes, pues cada variable aporta información adicional (se eliminan aquellas variables que están estrechamente correlacionadas dentro de un mismo subíndice).

A continuación, se describe qué mide cada subíndice, así como los indicadores que los conforman.

I. Sistema de derecho confiable y objetivo

El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las entidades federativas del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Por ello, un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión en los estados. En este sentido, el subíndice analizado considera indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad y entre otros.

II. Manejo sustentable de medio ambiente

El subíndice de Manejo sustentable de medio ambiente (Medio ambiente) mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y uso eficiente de los recursos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en los estados en el mediano y largo plazo.

III. Sociedad incluyente, preparada y sana