Índice de competitividad internacional 2019

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Sociedad mide la calidad de vida de los habitantes a través de tres áreas: educación, salud e inclusión. Éstas dan un indicio de las oportunidades que existen para formar, atraer y aprovechar el capital humano de una ciudad. Incluye indicadores de rendimiento académico, oferta médica y servicios de salud, condiciones socio-económicas, pobreza y desigualdad. Una ciudad que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es mucho más atractiva para el talento y las inversiones.

Resultados más relevantes

Gráfica III.1 Resultados del subíndice Sociedad por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla III.1 Indicadores que conforman el subíndice Sociedad.

Tabla III.2 Mejor ciudad en Sociedad por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Aumentar los años de educación promedio, así como reducir los problemas de salud pública, pobreza y desigualdad, son tareas que recaen principalmente en los gobiernos federal y estatales. A continuación, se delinean algunas acciones que podrían llevar a cabo los municipios para complementar el esfuerzo que permita acercarse a dichos objetivos.

Educación

Participación social

• Asegurar los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento anual del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE). Los municipios pueden brindar recursos financieros y logísticos para el funcionamiento adecuado de los CMPSE cada ciclo escolar. Estos consejos deben cumplir su potencial como espacio de participación y las autoridades municipales pueden contribuir con ello a identificar a actores relevantes e invitarlos a ser parte del CMPSE.
• Apoyar a los órganos escolares de participación social en el ejercicio eficiente y eficaz de los recursos que reciben. Los programas federales que brindan recursos directamente a las comunidades escolares pueden ser complementados con asesoría técnica y administrativa para su ejercicio adecuado. En colaboración con el CMPSE, los ayuntamientos pueden realizar un seguimiento a las reuniones regulares de los Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) y a los Comités Escolares de Administración Participativa, con el fin de orientar su uso.

Infraestructura y equipamiento escolar

• Gestionar recursos para el mantenimiento y la provisión de equipamiento básico a las escuelas estatales y municipales. Al gestionar recursos complementarios, los ayuntamientos pueden a disminuir la necesidad de las cuotas monetarios y en especie que se solicitan a padres de familia, las cuales dificultan e incluso condicionan el acceso a los servicios educativos.

Vinculación laboral

• Aportar información que permita identificar las necesidades locales de formación para el trabajo y educación técnica. La planeación que las autoridades responsables realizan de la oferta de estos niveles educativos será más pertinente con las necesidades locales en la medida en que incorpore datos que reflejen el mercado laboral existente. Una oferta educativa pertinente con las actividades económicas locales contribuye a mejores prospectos laborales para los egresados y a un mayor desarrollo regional.
• Servir de intermediario para impulsar las asociaciones entre instituciones de educación y empresas locales. Los ayuntamientos se encuentran en una posición privilegiada para fungir como vinculación entre el sector productivo local y las instituciones estatales de educación media superior y superior. Existen casos de éxito como Querétaro y la industria aeronáutica o Monterrey y el clúster automotriz, que ejemplifican el papel facilitador que las autoridades locales pueden tener. Es necesario que los ayuntamientos faciliten espacios donde las instituciones de educación y el sector productivo confluyan para generar estos vínculos.

Las principales tareas de salud, educación y combate a la pobreza recaen en el Gobierno federal y los gobiernos estatales. Sin embargo, ante el contexto tan complicado que ha generado la pandemia de covid-19, es fundamental que los municipios implementen acciones locales que complementen otras estatales y federales para construir una sociedad más equitativa, educada y sana.

Salud

La pandemia de covid-19 ha evidenciado la necesidad de fomentar una cultura de prevención entre los mexicanos, tanto para enfermedades contagiosas como para padecimientos crónicos. Los gobiernos municipales, al estar más cercanos a la gente y conocer mejor su territorio, pueden jugar un papel preponderante en este sentido. A continuación, se enlistan algunas acciones en cada uno de estos frentes para lograrlo.

Acciones locales para controlar los contagios de covid-19 e influenza:

• Promover el uso del cubrebocas. Un grupo de economistas de Goldman Sachs encontró que el uso obligatorio del cubrebocas podría salvar casi 5% del PIB norteamericano que se perdería con confinamiento.[1] Esta es una muestra que el cubrebocas es una medida sencilla y costo-efectiva para evitar contagios. Los municipios tienen la facultad de ordenar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, como lo hizo Toluca[2]. También podrían distribuir cubrebocas en zonas con alta afluencia de personas y hacer campañas respecto a su importancia para continuar con un proceso seguro de reapertura económica.
• Aprovechar la tecnología para detectar y mapear colonias de riesgo -por alta densidad poblacional o carencia de servicios básicos-, así como colonias con altos niveles de contagios. Los estados y municipios pueden seguir el ejemplo de la Ciudad de México[3], que aprovecha este tipo de datos para informar a los habitantes de las colonias más afectadas e identificar casos sospechosos y sus contactos. Entre estas acciones, se debe invertir en la aplicación de pruebas aleatorias de Covid para conocer con mayor precisión cuáles son las colonias más afectadas.
• Transparentar y concentrar las medidas de higiene que deben seguir las unidades económicas en el proceso de reapertura. Tanto instancias federales (como la Secretaría del Trabajo, el IMSS y la Secretaría de Salud) como locales (gobiernos estatales y municipales) han sacado lineamientos que deben seguir las unidades económicas para retomar sus actividades. Los municipios podrían apoyar a este proceso con un portal actualizado, al que se le dé difusión, en el que se concentren todos los lineamientos que deben cumplir los negocios en su territorio, así como un punto de contacto para resolver dudas.
• Colaborar con autoridades estatales y federales para controlar los contagios de influenza. La temporada de influenza podría presionar aún más a las instituciones de salud al elevar el número de casos sintomáticos que se pudieran confundir con covid-19 o que requieran cuidados hospitalarios[4]. En ese sentido, los municipios pueden emprender acciones para reforzar las medidas de higiene y sana distancia que pudieran prevenir los contagios de influenza, además del covid-19, como sucedió en el hemisferio sur[5]. También podrían sumarse a las campañas para aplicar la vacuna contra la influenza, sobre todo a grupos de riesgo como adultos mayores, niños menores de 2 años, mujeres embarazadas, población con padecimientos crónicos y personal de salud[6].
• Implementar proyectos para fomentar la movilidad saludable y segura. A finales de julio 2020, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó una estrategia denominada “Movilidad 4S para México”, la cual ofrece un plan de movilidad para la nueva normalidad.[7] En ella se alinean protocolos y acciones bajo cuatro ejes: salud, seguridad, sustentabilidad y solidaridad. Los municipios pueden aprovechar la guía de la estrategia[8] para planear, diseñar e implementar acciones de bajo costo con el fin de incrementar la sana distancia durante los trayectos de los ciudadanos. Algunos ejemplos de este tipo de proyectos son reducción de velocidad, ampliación de banquetas, instalación de ciclovías temporales, cierre de calles para peatones y apoyo en la planeación del transporte público para agilizar las rutas más concurridas, entre otras.

Acciones locales para prevenir, detectar y controlar enfermedades crónicas:

• Instalar módulos de detección temprana, en los cuales se midan características antropométricas, niveles de glucosa y se realicen mamografías y papanicolaus, entre otros. Aprovechar a los ciudadanos que se acerquen para ofrecer información valiosa respecto a la importancia de llevar un estilo de vida saludable.
• Promover la lactancia materna, a través de campañas informativas e incentivos para la creación de espacios que faciliten a las mujeres amamantar en lugares públicos.
• Invertir en infraestructura pública para estilos de vida más activos. Esto incluye mejorar banquetas, para que sean uniformes y estén libres de obstáculos, lograr cruces peatonales más amigables, crear gimnasios al aire libre, e instalar bebederos en escuelas, edificios de Gobierno y espacios públicos.

Pobreza y desigualdad

La pandemia de covid-19, aunada a la drástica contracción económica inducida para reducir los contagios, podrían incrementar la pobreza y la desigualdad en nuestro país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó en mayo 2020 que la pandemia podría derivar en 10.7 millones de personas adicionales en pobreza extrema[9]. A su vez, México es el segundo país más desigual de la OCDE después de Chile[10], y las brechas entre las diferentes poblaciones se podrían abrir aún más ante el contexto actual. Por ejemplo, poco a poco empieza a surgir evidencia de que las mujeres son las más afectadas en esta crisis debido a que en su mayoría están ocupadas en sectores con alto contacto entre personas y a que tienen una carga desproporcionada dentro del hogar.[11] En este contexto, los municipios pueden implementar acciones locales para aminorar estos efectos y generar mayores oportunidades para sus ciudadanos. Algunas propuestas para ello:

• Analizar a las poblaciones más afectadas por el covid-19 y sus necesidades. Los municipios son los gobiernos más cercanos a la gente, por lo que pueden aprovechar esta cercanía y sus registros administrativos para analizar cuáles y dónde están las poblaciones más afectadas por la pandemia. Podrían contrastar esta información con los apoyos disponibles (a nivel federal, estatal y municipal), para identificar qué hace falta y crear programas de apoyo, ya sea monetarios o en especie, mucho más precisos para quienes viven en sus territorios.
• Innovar en los mecanismos de registro de beneficiarios y entrega de apoyos. La política social en nuestro país se ha caracterizado por la falta de transparencia en el padrón de sus beneficiarios.[12] Los municipios y las entidades podrían poner el ejemplo para conformar un padrón único de beneficiarios de los apoyos que están a su cargo. Idealmente, este padrón debería considerar la identificación biométrica lo que eventualmente podría evolucionar a una base de identificación biométrica universal que facilitaría una serie de trámites, entre otros beneficios. También, los municipios que ofrezcan transferencias monetarias deberían bancarizar su entrega y aprovechar tecnologías de bajo costo (como plataformas de pago electrónico en 2G), de manera que contribuyan a los esfuerzos anticorrupción y de inclusión financiera.[13]
• Incentivar la incorporación de mujeres al mercado laboral. México es el quinto país de Latinoamérica con menor tasa de participación económica de mujeres después de Puerto Rico, Guatemala, Cuba y Guyana.[14] Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, IV Trimestre 2019), las mujeres representan el 52% de la población total, pero solo el 39% de la fuerza laboral. Esta desproporción podría aumentar con el efecto de la pandemia. Los datos de la ENOE y su versión telefónica muestran que entre abril y julio los hombres estaban recuperando sus empleos más rápido que las mujeres. Por ello, es importante que los gobiernos implementen acciones que eviten la pérdida de talento femenino e incentive su regreso a empleos de calidad. Los municipios podrían implementar apoyos monetarios o en especie focalizados para las mujeres ocupadas y reducir barreras para la contratación de mujeres en la administración local. También podrían apoyar en fortalecer el sistema de cuidados con centros de día que apoyen a hombres y mujeres con el cuidado de hijos y adultos mayores, así como directorios transparentes de la oferta de guarderías públicas y privadas.
• Generar incentivos para que las mujeres de secundaria y preparatoria continúen estudiando. Ante la crisis de cuidados que se ha generado con la suspensión de clases presenciales, existe el riesgo de que las alumnas de más de 15 años abandonen sus estudios para encargarse de las laborales del hogar. Los municipios pueden contribuir a reducir este riesgo a través de alguna compensación de las becas que se ofrecen a nivel federal para que las niñas, jóvenes y mujeres reciban un monto mayor que sus contrapartes varones. Esto aunado a medidas para elevar la calidad académica podría mejorar las expectativas laborales de la próxima generación de trabajadoras.
• Crear un directorio local de unidades económicas que incorporan prácticas de integración vida-trabajo. Este tipo de prácticas son trajes a la medida que cada organización puede implementar para flexibilizar, en la medida de lo posible, las condiciones laborales con el fin de que sus colaboradores puedan compaginar sus necesidades personales con las exigencias del trabajo. Algunos ejemplos son el teletrabajo, días personales con goce de sueldo y horarios flexibles, entre muchos otros.[15] Ante el contexto actual, estas prácticas podrían contribuir a fomentar la sana distancia dentro de los centros de trabajo y los trayectos para llegar a ellos, así como incrementar la participación de las mujeres. Para incentivarlas, los gobiernos municipales podrían crear un directorio voluntario que reconozca aquellas unidades que han adoptado este tipo de prácticas. Este esfuerzo se puede completar con difusión del directorio, así como apoyo técnico como se hizo en Portugal.

[1] Goldman Sachs. 2020. “Face Masks and GDP”. https://www.goldmansachs.com/insights/pages/face-masks-and-gdp.html (Consultado el 09/09/2020)

[2] “Desde hoy ya es obligatorio usar cubrebocas en Toluca”. Milenio 13/07/2020.  https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/toluca-entra-en-vigor-uso-obligatorio-de-cubrebocas (Consultado el 09/09/2020)

[3] “CDMX presenta mapa con casos de Covid-19 por colonia”. Forbes, 19/06/2020. https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-mapa-colonias-coronavirus-covid19/ (Consultado el 09/09/2020)

[4]  Rodríguez, Adriana. 21/08/2020. “It’s crucial to get a flu shot this year amid the coronavirus pandemic, doctors say”. USA Today. https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/08/21/flu-shot-during-covid-what-know-2020-2021-season/3392376001/ (Consultado el 09/09/2020)

[5] Servick, Kelly. 14/08/2020. “How will COVID-19 affect the coming flu season? Scientists struggle for clues”. Science  https://www.sciencemag.org/news/2020/08/how-will-covid-19-affect-coming-flu-season-scientists-struggle-clues (Consultado el 09/09/2020)

[6] WHO. 2018. Influenza (seasonal). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) (Consultado el 09/09/2020)

[7] Sedatu. 2020. Movilidad 4s para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria. Plan de Movilidad para una Nueva Normalidad. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558043/ESTRATEGIA_M4S.pdf (Consultado el 09/09/2020)

[8] Sedatu. 2020. Guía de Implementación Movilidad Emergente 4S. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566607/GUIA_1_M4S_29-07-2020.pdf (Consultado el 09/09/2020)

[9] Coneval. 2020. Comunicado No.06. “La crisis sanitaria generada por la covid-19 y sus consecuencias

Económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en mayor medida a grupos vulnerables.” https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_06_POLIITICA_SOCIAL_EN_CONTEXTO_COVID_19.pdf?platform=hootsuite (Consultado el 10/09/2020)

[10] OECD. 2017. Income distribution and poverty. https://www1.compareyourcountry.org/inequality/en/0//ranking/ (Consultado el 10/09/2020)

[11] IMCO. 2020. Diagnóstico IMCO: Mujer en la economía pos-covid. (Consultado el 14/09/2020)

[12] IMCO. 2019. Diagnóstico IMCO: La política social, sin rumbo ni destino cierto. https://imco.org.mx/diagnostico-imco-la-politica-social-mexico-sin-rumbo-destino-cierto/ (Consultado el 10/09/2020)

[13] Torres, Luis Mauricio y Fátima Masse. “Más chips, menos tabiques”. Reforma 21/01/2020. https://imco.org.mx/mas-chips-menos-tabiques/ (Consultado el 10/09/2020)

[14] Con base en datos de Banco Mundial 2019.

[15] IMCO, “Trabajar sin dejar de vivir, mejores prácticas de integración vida trabajo en México”, 2019.  https://imco.org.mx/practicas-vida-y-trabajo/ (Consultado el 20/08/2020)

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Sistema político mide el potencial de los sistemas políticos locales para ser estables y funcionales. La buena calidad del sistema político puede incentivar la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia que conduzca a una mayor rendición de cuentas. Se incorporan indicadores sobre la participación ciudadana en la vida política de la ciudad y de ataques contra la prensa. Estos indicadores podrían relacionarse con una ciudad cuyo sistema político enfrenta un mayor escrutinio público y, por tanto, existen incentivos para que sea más funcional en beneficio de sus habitantes. Por último, incluimos un indicador sobre las barreras a las candidaturas independientes bajo la premisa de que a mayor competencia, el sistema político-electoral buscará representar mejor los intereses de la ciudadanía.

Resultados más relevantes

Gráfica IV.1 Resultados del subíndice Sistema político por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla IV.1 Indicadores que conforman el subíndice Sistema político.

Tabla IV.2 Mejor ciudad en Sistema político por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

En 2014 se promulgó la reforma política que permite la reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos.^[1] En principio, esta reforma tiene el potencial de mejorar el desempeño de los Gobiernos locales ya que, de alguna manera, la gestión del Ayuntamiento estará en manos de funcionarios más experimentados. Además, se generarán mejores condiciones para tener Gobiernos más profesionales, pues deberán mostrar mejores resultados ante el electorado, se diseñarán y ejecutarán programas y proyectos municipales a mayores plazos, y se estrechará el vínculo entre servidores públicos y ciudadanos. En teoría, todo esto podría aumentar la rendición de cuentas.

A pesar de ello, la reforma está limitada a una administración de máximo seis años y la existencia del candado de postularse por el mismo partido… Para que estas modificaciones sean suficientes para cambiar los incentivos al interior de los ayuntamientos, sería necesario que la reelección permita una administración de al menos nueve años y que los candidatos tuvieran la libertad de elegir el partido político por el cual se postularían en cada proceso electoral, incluso pudiendo elegir una candidatura independiente.

No obstante, existen múltiples acciones que podrían emprender las autoridades estatales y municipales para aprovechar los cambios recientes de esta reforma. Estas acciones están orientadas, en teoría, a generar una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana. A continuación, se enlistan las principales recomendaciones:

Sistema electoral

• Establecer la representación proporcional como único principio en la asignación de los regidores de los ayuntamientos. La legislación de varios estados puede otorgar una sobrerrepresentación en la integración de los cabildos a la lista ganadora; en algunos municipios una planilla que obtiene el triunfo con menos del 30% de los votos puede tener una representación superior al 60% en el cabildo. En este sentido, debe mantenerse el principio de mayoría relativa para la elección del presidente municipal (es decir, la alcaldía será gobernada por la candidatura con más votos) y la asignación del resto de integrantes del cabildo debe ser proporcional al número de votos obtenidos por cada lista postulada. Este mecanismo ya se observa en las legislaciones de Guanajuato y Durango.
• Reducir las barreras para las postulaciones a candidaturas independientes en los municipios. Las leyes electorales de cada entidad federativa garantizan que cualquier ciudadana o ciudadano puede solicitar el registro para una candidatura independiente, no obstante, cada congreso local reguló las condiciones y requisitos para otorgar esta solicitud por parte del instituto electoral local, observando auténticas barreras en varias de las leyes electorales. En este sentido, es necesario que a nivel municipal se eliminen o modifiquen aquellas disposiciones que complican el derecho a ser votado a través de esta figura. Un mal ejemplo es la legislación electoral de estados como Chihuahua, Nuevo León o Yucatán, que para algunos municipios se puede solicitar el 10% de las firmas de la lista nominal.
• Promover mecanismos que garanticen la organización y desarrollo de la participación ciudadana en el municipio. Los ayuntamientos constituyen la unidad de gobierno más cercana a la ciudadanía y la interacción que puede generarse en este nivel es la que mejores resultados podría conllevar derivado de esta participación. En los municipios deben existir observatorios o consejos, en donde estén involucrados miembros de organizaciones civiles y el Gobierno, para tomar vigilar y participar en las decisiones que impacten en proyectos de inversión y políticas públicas en el ámbito municipal. De esta manera, vecinos organizados tendrían la oportunidad de influir en el planteamiento de soluciones a problemas que los afectan en su vida diaria.

Gasto público y rendición de cuentas

• Limitar el gasto público en comunicación social a nivel municipal. Un alcalde o alcaldesa que considere reelegirse dispondrá del presupuesto municipal para promocionar acciones y resultados de su gobierno municipal. Es decir, no solo implica ejercer recursos en un concepto cuyos beneficios a la población del municipio pueden resultar invisibles, también convertir la competencia electoral en inequitativa ya que el resto de las planillas arrancaría con una clara desventaja. La normatividad municipal debe restringir el gasto público en comunicación social para materias específicas (protección civil, salud y educación) y hasta ciertos montos.
• Máxima publicidad a evaluaciones de transparencia y rendición de cuentas. Las evaluaciones que hacen los institutos de transparencia deben seguir el principio de máxima publicidad para que faciliten a los ciudadanos calificar el compromiso de las municipalidades en el combate a la opacidad y contar con información para valorar su gestión. Por otro lado, los ayuntamientos deben publicar en tiempo y forma los informes trimestrales del ejercicio del gasto, para dar seguimiento a las acciones en conceptos como salud, educación o seguridad. Lo anterior permitirá a los electores tener herramientas para evaluar objetivamente la administración de los presidentes municipales y premiarlos o castigarlos cuando decidan reelegirse.

^[1] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 febrero de 2014.

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Gobiernos mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus ciudades. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores sobre su capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas, así como el impacto del gasto público para apoyar un desarrollo urbano ordenado.

Resultados más relevantes

Gráfica V.1 Resultados del subíndice Gobiernos por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla V.1 Indicadores que conforman el subíndice Gobiernos

Tabla V.2 Mejor ciudad en Gobiernos por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Existe un gran número de acciones que los gobiernos estatales y municipales pueden emprender para mejorar la gestión de las ciudades. A continuación, se presenta una lista de propuestas concretas, enfocadas a incrementar la gobernanza en las ciudades mexicanas. Para ello se requiere una amplia gama de condiciones institucionales como aumentar la formalidad en los mercados, mejorar las finanzas públicas, cumplir con la transparencia e incentivar el crecimiento compacto.

Finanzas públicas

• Crear sistemas estatales y municipales de recaudación, en donde en una cuenta para cada ciudadano se desglosen las obligaciones fiscales a nivel estatal y municipal, así como el saldo de todas las contribuciones, operado por las agencias recaudatorias estatales, en coordinación las tesorerías municipales. La consolidación de las obligaciones de pago en una sola plataforma facilitará al contribuyente el cumplimiento de las mismas, fortalecer el control de los ingresos locales, reducir la interacción entre funcionarios y contribuyentes en el pago de obligaciones fiscales, y en última instancia, mejorar sus finanzas públicas.
• Diversificar la recaudación municipal a través de políticas tendientes a reducir prácticas que producen externalidades negativas. El predial representa más del 30% de los ingresos propios de los municipios, por ello es necesario implementar políticas que, además de reducir el ejercicio de prácticas con efectos negativos, puedan generar ingresos adicionales a las haciendas municipales. Tal es el caso de los parquímetros o las tarifas para ingresar a ciertas zonas en horas pico.
• Establecer convenios entre municipios para la recaudación y administración de contribuciones encaminados a potenciar economías de escala en la provisión de servicios públicos y en la generación de ingresos propios. Actualmente, el marco legal permite la celebración de este tipo de instrumentos jurídicos indispensables para las zonas metropolitanas y conurbadas.
• Utilizar instrumentos financieros como fuentes de financiamiento, siempre y cuando observen para su contratación los criterios y principios establecidos en la Constitución y en la Ley de Disciplina Financiera. La deuda es una herramienta que, bien utilizada, puede fungir como palanca de desarrollo y para aminorar el impacto ocasionado por menores transferencias federales para los municipios. No obstante, para evitar el endeudamiento irresponsable de años anteriores, los municipios deberán ajustarse a los candados establecidos en la ley, como son: destinar solo a inversión pública-productiva, sobre los límites que fije el resultado del sistema de alertas y que se contraten bajo un sistema de competencia.
• Constituir fondos contingentes, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los ingresos y gastos de los municipios. Actualmente, la Ley de Disciplina Financiera contempla que las entidades federativas cuenten con un fondo para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales. Esta figura también puede ser replicada por los municipios y reducir su dependencia a los fondos federales.

Rendición de cuentas

• Publicar la información de las finanzas públicas municipales, tanto de sus ingresos y egresos como la situación de su deuda, a través de los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), de tal forma que se desglose de manera armonizada y comparable la información financiera. Los municipios omiten el cumplimiento de sus obligaciones de contabilidad gubernamental, lo que impide tener información de calidad sobre el manejo de recursos públicos y deja a los ciudadanos sin insumos para dar seguimiento al ejercicio de su gasto. Al día de hoy no existe ninguna base de datos a nivel municipal sobre la situación detallada del ejercicio del gasto. Los consejos estatales de armonización contable y/o las auditorías superiores de los estados deben publicar la información de las finanzas públicas que reciben de los municipios, a falta de la publicación de los municipios en sus propias páginas.
• Fortalecer a las contralorías municipales. Al ser las unidades encargadas de observar en primera instancia las materias de responsabilidades administrativas, de fiscalización y control de los ingresos y gastos de los ayuntamientos, es necesarios que los órganos de control interno municipales garanticen la independencia de su trabajo del poder político del presidente municipal y resto del cabildo, y que los encargados de estas unidades cumplan requisitos técnicos y éticos.
• Establecer en la legislación estatal la estructura e información mínima que los municipios deben incluir en sus presupuestos de egresos. Los municipios deben plasmar su información de ingresos y egresos bajo formatos estandarizados que permita compararse en el tiempo y frente a otros municipios; por ello es necesario que la legislación estatal garantice estos criterios. Además, para la implementación de estas medidas, los órganos de fiscalización locales deben asistir técnicamente a los municipios en materia de transparencia presupuestal.

Gobierno electrónico

• Transitar hacia gobiernos digitales. La digitalización de la actividad gubernamental permitirá cambiar de forma sustancial cómo la ciudadanía, las empresas y la sociedad civil se relacionan con el Gobierno. Los municipios deben generar herramientas que faciliten la comunicación directa entre ciudadanos y autoridades municipales con el fin de responder oportunamente a denuncias, trámite administrativas municipales o atención de servicios públicos municipales. Los ayuntamientos deben crear una unidad especializada en esta materia para implementar una política digital que beneficie a la ciudadanía.

Compras y obras públicas

• Construir un Registro Público Único de Compras Públicas, así como el que actualmente existe para deuda pública. A través del registro de compras públicas, las autoridades subnacionales deberán inscribir y transparentar la totalidad de las compras públicas, desglosando elementos como: proveedores, contratistas, plazos de contratación, unidad responsable, costos, etc.; y mantenerlo actualizado trimestralmente. Este mecanismo será necesario para hacer efectivo las compras públicas en los tres niveles de gobierno.
• Alinear el gasto público que realizan los gobiernos con los planes de desarrollo y a los resultados obtenidos. El gasto público es clave para aumentar la productividad de las economías locales, por lo tanto, es necesario que dicho gasto, y sobre todo el ejercido en obra pública y servicios relacionados con la misma, esté alineado con los objetivos que los gobiernos locales plantean al inicio de su mandato y además a los resultados generados en la implementación de programas en ejercicios anteriores. Es decir, un gobierno local no debe apostar permanentemente a un programa o proyecto que no genera los resultados previstos de política pública; para ello es necesario que las leyes locales de presupuesto prevean esta disposición.
• Adoptar un modelo de contrataciones abiertas, como lo hizo la Ciudad de México, a través de tecnologías de la información, que permitió la disponibilidad de las contrataciones del Gobierno de la Ciudad en Internet a partir de características y elementos mínimos. Este ejercicio hizo posible que cualquier ciudadano pudiera explorar las condiciones de los contratos de la Ciudad de México, una práctica replicable para el resto de los gobiernos locales, para identificar los contratos, proveedores, contratistas y el gasto.
• Aprobar una Ley General de Adquisiciones, aplicable a los tres niveles de gobierno, que fije las bases y principios de contratación para todos los entes públicos con el fin de eliminar los elementos que afectan a la competencia; como las restricciones a licitaciones nacionales e internacionales o las excepciones a las licitaciones. Si bien, cada entidad federativa podrá seguir legislando en esta materia, lo tendrá que hacer con los fundamentos de la Ley General de Adquisiciones.
• Evitar que los posibles contratistas incurran en el costo de adquirir las bases de la contratación haciendo uso de la plataforma digital nacional de compras públicas. Usar la plataforma digital nacional de compras públicas permitiría una mayor y gratuita difusión de las convocatorias por parte de los gobiernos locales, con lo cual se fomentaría una mayor participación de empresas o contratistas en los procesos de compra pública, lo que proporcionaría mejores condiciones de contratación para dichos gobiernos.
• Reducir y limitar los motivos por los cuales es posible exceptuar una licitación pública. Las causales actuales son laxas, subjetivas y ambiguas, por lo que es necesario revisarlas y limitarlas. De otra forma, la adjudicación directa continuará siendo el tipo de procedimiento más utilizado.
• Generar y publicar los documentos correspondientes al proceso de adjudicación directa. En caso de que se determine que la adjudicación directa sea el tipo de procedimiento adecuado, la generación y publicación de las cotizaciones a proveedores, las investigaciones de mercado, los dictámenes de excepción, los contratos y anexos suscritos deben ser obligatorias.
• Priorizar los criterios de calidad en la evaluación de las propuestas. Es importante que las dependencias de gobierno prioricen los criterios de calidad y precio en la evaluación de las propuestas sobre los errores de presentación para evitar concursos que limiten la competencia.

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Mercado de factores mide la eficiencia de los mercados de factores de producción, principalmente el laboral y de energía. Incluye indicadores que evalúan y comparan los costos y la productividad del trabajo, así como los costos de producción de la energía eléctrica. Aquellas ciudades donde los trabajadores son más productivos, que se reconoce a través de salarios más altos y donde los costos de energía son menores, son más atractivas para el talento y la inversión.

Resultados más relevantes

Gráfica VI.1 Resultados del subíndice Mercado de factores por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla VI.1 Indicadores que conforman el subíndice Mercado de factores

Tabla VI.2 Mejor ciudad en Mercado de factores por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

A pesar de que la mayoría de las recomendaciones para hacer más eficientes a los mercados de factores recae en los ámbitos federal y estatal, existen varias medidas que las autoridades municipales pueden instrumentar. A continuación, se presentan las propuestas más relevantes para los gobiernos locales:

Redes de mercados

• Impulsar políticas de atracción de inversión para fomentar un crecimiento balanceado de actividades laborales. Es importante diversificar las áreas productivas de la localidad para evitar volatilidad en el empleo local.
• Mejorar la conectividad a redes de electricidad, gas natural y telecomunicaciones. Un trabajo activo en mejorar estas redes es determinante para atraer empresas, mismas que generan nuevos empleos.
• Evitar establecer impuestos municipales a las conexiones de gas o tratar de extraer rentas de la colocación de antenas de celular o la instalación de cables de fibra óptica.
• Impulsar el conocimiento local de las bolsas de trabajo digitales, y favorecer el trabajo a distancia y desde el hogar como una opción que reduce la demanda por servicios municipales de todo tipo.

Seguridad Social

• Regularizar al personal que preste sus servicios al sector público municipal. Es necesario que la administración pública municipal sea un ejemplo en la creación de empleos formales.
• Hacer corridas actuariales de todos los sistemas de pensiones que se encuentran bajo la responsabilidad legal de los gobiernos municipales, y hacer las reformas correspondientes a los regímenes de pensiones insostenibles.
• Transparentar la recaudación de cuotas de seguro social, ahorro para el retiro e impuestos específicos a la nómina de los servidores en la administración pública local.

Justicia laboral y empresarial

• Erradicar la extorsión en la regulación de negocios, uso de piso, trámites y servicios. El gobierno electrónico es una herramienta altamente efectiva para este fin, ya que impide aduanas de extorsión burocrática o de intermediarios en la relación de las personas con el gobierno local.
• Entablar comunicación con el estado, los municipios cercanos y la Federación, para delinear políticas públicas adecuadas para mejorar la justicia laboral. Bajo la estrategia de la cooperación mutua se debe buscar que todas las instancias mencionadas trabajen simultáneamente para asegurar el cumplimiento.

Conexión entre academia y empresas

• Crear bolsas de trabajo locales que permitan agilizar la búsqueda de empleo. Así, las empresas locales podrán nutrirse de mano de obra local focalizada a sus necesidades.

Productividad laboral

• Promover cursos especializados en el desarrollo educativo de los estudiantes enfocados en los sectores más productivos de la localidad. Existen distintas opciones para asegurar el cumplimiento de esta medida, se pueden ofrecer cursos abiertos a todo público que otorguen un certificado al final o buscar la cooperación de las universidades locales para incorporar estos cursos en los planes de estudio.
• Revisar la duración de las jornadas laborales en las administraciones públicas. Se debe evitar a toda costa tener servidores públicos ociosos. Mientras más largas son las jornadas, menor la productividad.
• Penalizar el alquiler y uso de espacio público por parte de funcionarios y líderes locales para fines particulares.
• Crear manuales de procedimiento para otorgar licencias y permisos de operación. Estos manuales deben instrumentarse como herramientas de gobierno electrónico que no estén sujetas a la discrecionalidad de nadie. En los casos en donde no hay consecuencias graves derivadas de los permisos, los gobiernos deben instrumentar políticas de positiva ficta para la respuesta tardía o ausente.
• Cooperar con los empresarios locales para reducir los tiempos y los costos de traslado de los trabajadores. Se pueden instrumentar políticas de apoyo que fomenten que los trabajadores vivan cerca de las empresas o promover el uso de transporte compartido.

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Economía mide las principales características de las economías urbanas, así como la situación del crédito para empresas y familias. Dentro del subíndice se incluyen indicadores que describen la distribución del PIB, el dinamismo de la economía (tanto local como estatal), el nivel de deuda y el tamaño del mercado hipotecario. Las ciudades que presentan una economía estable, así como mercados crediticios e hipotecarios grandes, atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensas a una mayor generación de empleo y riqueza.

Resultados más relevantes

Gráfica VII.1 Resultados del subíndice Economía por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla VII.1 Indicadores que conforman el subíndice Economía

Tabla VII.2 Mejor ciudad en Economía por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

A continuación, presentamos una serie de propuestas de alto impacto para mejorar el dinamismo y la salud de las economías urbanas, que los gobiernos municipales y estatales deberían implementar en conjunto con el sector privado.

Entorno productivo

• Medir el PIB de las ciudades con datos de alta frecuencia. Las administraciones municipales y de las ciudades deben medir y publicar el tamaño de sus economías y su tasa de crecimiento, a través de datos de alta frecuencia, como MAGDA (Medición de la Actividad Económica con Grandes Datos), del IMCO. Esta información le permite a la ciudadanía saber a qué tasa está creciendo la ciudad, sus zonas y sus sectores económicos. Las administraciones municipales deben realizar los convenios necesarios con el INEGI y otras instituciones para que estas mediciones se hagan profesionalmente.
• Abandonar la supuesta «vocación» productiva. La administración local debe proveer bienes y servicios que puedan ser utilizados en cualquier actividad económica o social sin beneficiar a un sector o empresa particular, a costa de los demás y con cargo al erario público. Las ciudades tienen que moverse a los sectores que les permitan mayor productividad y agregación de valor, no concentrarse en los sectores tradicionales de la economía.
• Invertir en bienes públicos que fomenten la productividad. Es importante ampliar la infraestructura de redes básicas que permitan atraer inversión y hacer crecer la localidad. Por ejemplo, ampliar la cobertura de servicios básicos eleva la calidad de vida de los ciudadanos y al mismo tiempo permite una mayor instalación de empresas en las áreas con servicios.
• Atraer población dispersa para generar nuevos sectores urbanos. Gran parte de la desigualdad de ingresos y oportunidades en México está relacionada con la fuerte dependencia a los activos rurales de la población y la carencia de servicios en estas localidades. Un esquema público que intercambie activos de las márgenes exteriores de las ciudades por activos en las zonas centrales, y que cree cinturones de contención del crecimiento de la marcha urbana, son indispensables para este fin. La invasión violenta de predios, y el manejo político de estas invasiones, no debe tolerarse, pero deben crearse opciones para vivienda centralizada en compra y en renta para las personas que viven en estas zonas.
• Formalizar el sector de renta de vivienda, ayudando a arrendadores y arrendatarios a simplificar los esquemas de arrendamiento, ejercicio de las deducciones ciegas y pago de los impuestos correspondientes. La autoridad federal puede incentivar a los municipios a cobrar estos impuestos otorgándoles lo recaudado.
• Instrumentar una reforma fiscal que le entregue lo recaudado por IVA a estados y municipios, como en España. La recaudación local no ocurre en el éter. Un gobierno municipal cuyos ingresos dependan de que el comercio pague el IVA, tiene más incentivos a regular el comercio y las actividades de la economía informal.
• Generar un ambiente libre de extorsión regulatoria a empresarios por parte de funcionarios públicos. Esto facilita la atracción de inversión y talento que permitan generar empleos. El sector público debe tener políticas de cero tolerancia a la extorsión en algunos sectores cruciales para la competitividad y el crecimiento, como la construcción.
• Implementar incubadoras o aceleradores de negocios con el objetivo de fortalecer a las pymes. La falta de capital humano en las pequeñas y medianas empresas (pymes) lleva a administraciones improvisadas y poco profesionales que no permiten la sustentabilidad en largo plazo. Se recomienda seguir los modelos de Endeavor y Venture Institute, que utilizan un enfoque basado en el capital humano.
• Eliminar programas de subsidios que otorguen capital a fondo perdido o tasas subsidiadas. El motivo principal de esta medida es eliminar las distorsiones que se presentan en los mercados crediticios, lo que desincentiva la entrada de nuevos oferentes al alterar el equilibrio de la tasa de interés o las condiciones de préstamos.
• Permitir la libre competencia y la libre concurrencia de agentes económicos en la localidad. Al evitar la competencia en la localidad se está apoyando a la producción ineficiente que inunda el mercado local con productos de menor calidad y más caros. Al permitir la libre concurrencia y el libre mercado se abren las puertas a nuevas inversiones y a mayor mano de obra que elevan la calidad de vida de los habitantes, al mismo tiempo que se consigue una mayor recaudación fiscal[1].
• Establecer reglamentos claros de construcción. Un reglamento claro de construcción eleva la calidad de vida de los habitantes al garantizar el respeto a sus derechos y evita que se pierdan vidas por intoxicaciones de gas, derrumbes de edificios, etcétera. La administración tiene que ser estricta en su cumplimiento. Todos los reglamentos de construcción deben ser públicos y accesibles vía la página de internet del gobierno municipal.
• Transparentar el uso de suelo. Los cambios sorpresivos en el uso de suelo se usan políticamente y además incentivan la corrupción. El uso de suelo de todos los predios urbanos debe poder consultarse en plataformas de tecnología de información. El procedimiento para el cambio de uso de suelo debe ser transparente y accesible.
• Aplicar castigos severos por malas prácticas de construcción. Para desincentivar el incumplimiento del reglamento de construcción se deben aplicar fuertes multas al desarrollador y obligarlo a reparar el daño causado. Ejemplos de medidas relacionadas son el establecer fianza de cumplimiento de reglamento y la creación de listas negras de desarrolladores a los que se les prohíba la operación en la localidad o que les afecte en el mercado crediticio.
• Eliminar el requerimiento obligatorio de lugares de estacionamiento en construcciones nuevas. De esta forma se puede incentivar el uso de transporte público, y se aprovechan grandes extensiones de suelo y capital en la construcción de viviendas y fuentes de empleo. Esto reduce los costos de desarrollo de vivienda popular, así como de establecer un negocio formal.
• Disminuir o eliminar impuestos locales a las actividades productivas. Aplicar impuestos adicionales en la producción fomenta el trabajo informal y aleja inversiones de la localidad. Se recomienda sustituir estos ingresos con impuestos menos distorsionantes a las actividades productivas, como el impuesto predial y tarifas de servicios públicos.
• Tarifas de predial de acuerdo al potencial de desarrollo de un predio. El predial no puede estar en función del uso que se le da a la tierra urbana hoy, sino del uso que puede tener en el futuro. El principal incentivo para que haya un mercado de tierra dinámico es un impuesto predial que incentive a los dueños a encontrar el capital para desarrollar sus predios, o vender el negocio.

Deuda Pública

• Transparentar el mecanismo de contratación de deuda. Se recomienda un sistema de subasta pública que permita a los bancos competir por ofrecer mejores tasas y condiciones de contratación. Asimismo, se debe informar a la ciudadanía sobre las condiciones, el plazo y motivo del crédito, además de quién lo financia.
• Evitar el uso de la deuda pública para pagar gastos corrientes. Un presupuesto no puede balancearse a largo plazo si se tiene que recurrir a la deuda para pagar gastos corrientes.
• Usar la deuda pública en actividades de inversión que mejoren la productividad y calidad de vida de los habitantes de la localidad. Ejemplos de este tipo de inversión son la construcción de infraestructura de redes básica (agua, electricidad, telecomunicaciones, transporte público).
• Evitar contratar deuda pública si no existe una fuente de pago a largo plazo que pueda sustentarla. Antes de contratar deuda, la fuente de financiamiento debe estar correctamente identificada e instrumentada, así se evita que la deuda crezca más que el presupuesto de la localidad.   

[1] Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia. Análisis de la normatividad estatal (México: COFECE, 2016), https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Miscelanea_Estatal_210916.pdf (Consultado el 17/10/2018).

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Precursores mide a los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte. Estos sectores son de gran importancia, pues se les considera como condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, al incidir en muchos otros sectores de la economía. Por ello, su desarrollo es fundamental para mejorar la competitividad de las ciudades. Este subíndice considera indicadores relacionados con el acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las vías físicas de comunicación, ya sea aéreas o terrestres, así como el uso y acceso a los servicios financieros.

Resultados más relevantes

Gráfica VIII.1 Resultados del subíndice Precursores por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla VIII.1 Indicadores que conforman el subíndice Precursores

Tabla VIII.2 Mejor ciudad en Precursores por indicador y categoría de población, 2018 

 Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Los sectores económicos mejor conectados son los que mejor funcionan en una economía moderna. Ciudades donde se impulsa la conectividad y las economías de red pueden acceder a mayores niveles de desarrollo económico.

Los servicios financieros, las telecomunicaciones, el transporte público y la red carretera son economías de red, sin embargo, constitucionalmente, los gobiernos municipales solo se encargan de proveer el servicio de transporte intramunicipal. A pesar de esto, hay algunas otras acciones que podrían llevar a cabo para que las ciudades cuenten con mejores precursores, lo cual permitiría el desarrollo adecuado de los demás sectores económicos.

En esta sección también incluimos las propuestas orientadas a mejorar la infraestructura en las ciudades del país.

Uso y acceso a servicios financieros

• Realizar un diagnóstico y un seguimiento continuo sobre el avance de la bancarización y acceso a servicios financieros de una ciudad. Esto con el fin de contar con información más desagregada y de mayor calidad del sector, que permita adaptar las estrategias federales en la materia a las necesidades de cada localidad.
• Eliminar las regulaciones municipales que dificultan hacer negocios (ej. restricciones sobre el uso del espacio público). En la medida en que el entorno económico se agilice, se espera que la inclusión financiera aumente.

Financiamiento de pymes

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (pymes) es la falta de acceso a fuentes diversificadas de financiamiento. En México, las políticas públicas se han enfocado principalmente hacia programas de asistencia y financiamiento vía crédito. Sin embargo, es posible que el crédito no sea el vehículo ideal para financiar a las pymes, debido a que estas presentan retos particulares en temas como riesgo, gobierno corporativo y productividad. Tanto en el mundo desarrollado como en países en desarrollo existen ejemplos de mercados bursátiles alternativos y mecanismos innovadores de financiamiento para pymes por medio del mercado de capitales, donde se cultiva el apetito por ciertos niveles de riesgo a cambio de mejores rendimientos financieros. Para trabajar en este sentido sugerimos:

• Generar esquemas que aceleren la formalización de las micro y pequeñas empresas, que por ahora (junto con la falta de colateral), parecen ser los principales causantes del problema de acceso a mercados financieros.
• Crear programas para la capacitación de empresarios. Un problema usual al que se enfrentan las pymes es la falta de información y preparación al momento de querer acceder al mercado de capitales. Por un lado, los inversionistas no cuentan con certeza sobre la confiabilidad de la inversión y por el otro, los empresarios no tienen información sobre las debilidades en su estructura de negocios, contable o legal.

Tecnologías de información y comunicación (TIC)

La mayoría de las políticas públicas que promueven el uso de las TIC dependen de la regulación federal y gran parte de esta agenda se atiende actualmente dentro de la reforma de telecomunicaciones. Por ello, se proponen algunas acciones en donde los gobiernos municipales pueden contribuir al mayor uso y aprovechamiento de las TIC.

• Facilitar la instalación de internet inalámbrico gratuito en espacios públicos. Aprovechar la infraestructura existente en edificios públicos para crear Centros Digitales en los que se promueva el uso de las TIC. Esto ha probado elevar el PIB local en distintas ciudades del mundo. El programa de WiFi gratuito de la Ciudad de México es un ejemplo exitoso de esto.
• Ofrecer la posibilidad de que diversos servicios de gobierno como el pago de predial, derechos, multas, entre otros trámites, sean realizados por medio de plataformas electrónicas en línea (e-government).
• Generar datos sobre la operación de servicios públicos y temas relevantes y hacerlos accesibles a terceros (ciudadanía, Organizaciones de la Sociedad Civil o emprendedores) para que ellos, de manera proactiva, generen soluciones en materia de transporte, salud, educación, entre otras problemáticas locales (Datos abiertos). Esta información debe estar en formatos accesibles y abiertos. Los gobiernos pueden incentivar el desarrollo de aplicaciones al premiar a aquellas que mejor respondan a las necesidades de la población.
• Promover el uso de las TIC en las comunidades e invitar a expertos del sector a compartir casos de aprendizaje, de éxito e incluso de fracaso en la utilización de estas tecnologías a nivel local. Estas experiencias deben de incluir casos de colaboración con las autoridades en la creación de herramientas que busquen mejorar la calidad de vida de la población. Un ejemplo es el caso de Brasil, en donde se desarrollaron alertas por medio de mensajes de texto en celulares con fines diversos como combatir la violencia familiar o para reducir fugas de agua.

Transporte

• Impulsar el uso del transporte público y transporte no motorizado con mejoras en la articulación entre dependencias gubernamentales y con mayor inversión para la mejora de este tipo de infraestructura. En las ciudades del país, los diversos sistemas de transporte público -tanto gubernamental como concesionado- están desarticulados, lo que limita la calidad en el servicio. Se requiere una reforma institucional que integre todos los modos de transporte de un municipio o zona urbana. En el caso de zonas metropolitanas, la integración debe de incluir a todos los municipios conurbados. Una opción es integrar un organismo de transporte municipal (o, en su caso, metropolitano) con facultades de planeación y gestión, como el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara). Además, es necesario aumentar el financiamiento para el transporte público masivo. Una manera de hacerlo es aprovechar y escalar esquemas de financiamiento que han probado ser exitosos, como el modelo de asociaciones público-privadas para el Metrobús, en la Ciudad de México.
• Adoptar modelos de financiamiento que combinen transporte y desarrollo inmobiliario. Una buena práctica internacional es el sistema Rail+ Property (R+P) en Hong Kong, una de las pocas ciudades del mundo donde el transporte público opera con ganancias, además de tener tarifas más bajas que muchas ciudades similares. El Gobierno mantiene una alianza con la compañía de trenes MTR Corporation (MTRC) para impulsar el desarrollo inmobiliario de las zonas aledañas a las estaciones de tren. Cuando se va a construir una nueva línea, el Gobierno le cede al MTRC los derechos de desarrollo en los terrenos de las estaciones o a lo largo de predios cercanos a la ruta. Por su parte, MTRC le paga al Gobierno una prima basada en la valuación de mercado de los terrenos antes de la construcción del tren y se alía con empresas privadas (a cambio de un porcentaje de sus utilidades) para desarrollar los terrenos a la par de que se construye la línea del tren. De esta manera, MTRC genera recursos tanto para los nuevos proyectos como para la operación diaria y el mantenimiento.[1] Este esquema puede funcionar solo en ciudades donde el Gobierno tenga reservas territoriales.
• Diseñar y reconvertir las vialidades con base en principios sustentables y enfocados a reducir muertes ocasionadas por hechos de tránsito. La red vial de una ciudad debe de promover y facilitar la movilidad eficiente y sustentable, la interacción social y las actividades económicas. Algunos de los principios que se deberían seguir para la construcción, operación y mantenimiento de las vialidades son: crear una red que fortalezca las interacciones y compromiso social del barrio, que ayude a desarrollar las actividades económicas y que optimice la ocupación del espacio al priorizar la movilidad peatonal y los modos de transporte más eficientes, además de proteger los elementos naturales que atraviesan la ciudad. Actualmente hay algunas guías y manuales para ayudar a los gobiernos locales a profundizar sobre esto, como los Sustainable Street Network Principles, que elaboró el Congreso para el Nuevo Urbanismo[2], o el Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas[3]. Este Manual es el referente oficial que la administración pública federal ofrece a aquellos interesados en el diseño y la gestión de proyectos viales en zonas urbanas.
• Acelerar la construcción de una red de ciclovías de calidad, seguras y conectadas. Para lograrlo será necesario empezar por crear un programa específico, con presupuesto propio y suficiente, que dependa de las dependencias estatales y municipales encargadas de la obra pública y la movilidad, y no de las dependencias ambientales como ocurre en la actualidad. La movilidad no motorizada debe verse como una verdadera opción para una ciudad y no solamente como una medida de mitigación ambiental.
• Aumentar la eficiencia de la distribución de bienes y productos a través de incentivos para que las empresas de transporte de carga coordinen sus operaciones. En ciudades como Barcelona, Kuala Lumpur y Ámsterdam se ha logrado mejorar la eficiencia operativa del transporte de carga a través del sistema conocido como cross-docking[4], el cual consiste en crear parques logísticos en las afueras de las ciudades, donde las mercancías puedan ser transferidas de camiones foráneos a vehículos locales para realizar entregas en un solo punto o en varios puntos cercanos. Esto optimiza el uso de los vehículos de carga y reduce el número de este tipo de vehículos en circulación. Para implementar dicho sistema es necesario que los gobiernos locales generen una alianza con las empresas de logística y con las de comercio al menudeo, a fin de financiar el desarrollo de parques logísticos en los accesos de las ciudades. De acuerdo con estimaciones de McKinsey, en ciudades de menos de 2 millones de habitantes la inversión inicial para implementar el cross-docking es de 5 millones de dólares. Dicho sistema debe ir de la mano de una regulación inteligente del transporte de carga, que incluya aspectos como restricciones de horarios y de vialidades para este tipo de tránsito.
• En situaciones como la que se vive con la enfermedad Covid-19, es crucial aumentar el espacio destinado a infraestructura peatonal y ciclista para cumplir con las indicaciones de sana distancia, esto incluye el cierre y peatonalización de calles para aumentar el espacio entre personas. Aunque inicialmente esto puede hacerse de manera temporal, es necesario definir planes para construir infraestructura permanente. De igual manera es importante reducir el espacio destinado al uso de automóviles, lo que desincentiva su uso y le da prioridad al flujo de transporte público.

Infraestructura urbana

• Condicionar los apoyos federales, como los del Fondo Metropolitano, a aquellas ciudades que cuenten con un programa de desarrollo urbano que promueva el crecimiento compacto[5], que privilegie los activos naturales y culturales de la ciudad y que cuente con mecanismos que blinden a las instituciones municipales de planeación (Implan) de las presiones políticas. Esto se podría lograr a través del uso de mecanismos como el contar con el visto bueno del Implan para otorgar permisos de construcción, así como de mecanismos de financiamiento protegidos por las leyes en la materia, y disponer de un consejo integrado por el sector privado y la sociedad civil.
• Entregar los fondos federales solo para el primer año del proyecto (tomando en cuenta que muchos proyectos son multianuales). Los recursos para el segundo año y posteriores, se otorgarán con base en la ejecución correcta del primer año del programa. Los proyectos de infraestructura deben estar inscritos dentro de un plan (por ejemplo, el plan de desarrollo municipal), en donde se justifique su pertinencia.
• Para detonar más y mejores proyectos de regeneración urbana se podrían seguir los siguientes tres pasos a nivel local:
  • Priorizar los proyectos que se generen a partir de una visión de ciudad, mismos que deben emanar de una cartera de intervenciones para la ciudad[6] al seguir principios específicos que se busca promover (ej. crecimiento compacto). Esto para evitar el uso de recursos en proyectos de infraestructura, resultantes de ocurrencias y que pueden fomentar la extensión desordenada del territorio urbano.
  • Aplicar mecanismos de competencia de ideas y alternativas para definir el mejor proyecto, al privilegiar los procesos incluyentes y transparentes. Lo que usualmente se observa en la experiencia internacional es un proceso de toma de decisiones a partir de un diálogo entre Gobierno, expertos, sector privado y grupos afectados, que busca balancear todas las posturas. Frecuentemente se aplican distintos mecanismos para moldear el proyecto: consultas públicas abiertas, concursos arquitectónicos, etcétera.
  • Definir las estrategias de financiamiento que garanticen que los proyectos se sostengan en el largo plazo. No se debe perder de vista que la estrategia de financiamiento debe estar al servicio del mejor proyecto viable para una ciudad. Las opciones de financiamiento pueden ser desde las tradicionales –recursos públicos o el cobro a los usuarios del bien o servicio creado (ej. cuotas de acceso)– hasta las más innovadoras, como el cobro a los beneficiarios directos del proyecto (ej. recuperación de plusvalías), las colaboraciones público-privadas (ej. coinversiones, concesiones) y un esquema conocido como el Tax Increment Financing (TIF).[7]
  • Promover esquemas de participación público-privado[8] para recuperar los principales activos de la ciudad (parques, monumentos, lagos, ríos, vistas) para el disfrute público. Por naturaleza, este tipo de colaboraciones enfrentan el reto de alinear dos incentivos independientes: la empresa busca maximizar su utilidad y el Gobierno proveer un servicio de calidad y utilidad pública. Por lo tanto, para asegurar que estos esquemas cumplan con el fin último para el que son creados es fundamental contar con un contrato diseñado de tal manera que permita transparencia de la rentabilidad financiera sin sacrificar el beneficio social.

[1]Lincoln Leong, The ‘Rail plus Property’ model: Hong Kong’s successful self-financing formula McKinsey & Co., 2016, http://www.mckinsey.com/industries/infrastructure/our-insights/the-rail-plus-property-model (Consultado el 07/09/2020).

[2]Congress for the New Urbanism, Sustainable Street Network Principles (Chicago: Congress for the New Urbanism, 2012), https://www.cnu.org/sites/default/files/sustainable_street_network_principles_op.pdf  (Consultado el 07/09/2020).

[3]ITDP, Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas, 2018, http://mexico.itdp.org/noticias/manual-de-calles/ (Consultado el 07/09/2020).

[4]McKinsey & Co. Building Globally Competitive Cities: The Key to Latin American Growth (McKinsey Global Institute, 2011), 43, https://www.mckinsey.com/featured-insights/urbanization/building-competitive-cities-key-to-latin-american-growth (Consultado el 17/10/2018).

[5] Las ciudades compactas están centradas en la figura de barrio, y buscan densificar la zona urbana a través de usos mixtos de tierra, vivienda vertical, barrios conectados entre sí a través de corredores de transporte público. El Estudio de implicaciones de los modelos de crecimiento en el costo de infraestructura: caso de estudio Los Cabos publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2012 muestra que la ciudad de Los Cabos podría ahorrar hasta un 60% del mantenimiento de su infraestructura y el 38% de inversión en la misma al 2040, a través de criterios de crecimiento compacto. Para más información consulte: http://implanloscabos.mx/descargas/ESTUDIO%20DE%20IMPLICACIONES%20DE%20LOS%20MODELOS%20DE%20CRECIMIENTO/Libro%20 Estudio%20de%20Implicaciones.pdf

[6]A su vez, dicha cartera de intervenciones debió de haberse definido a partir de diagnósticos de los principales problemas, basados en evidencia objetiva.

[7] Este esquema es ampliamente utilizado en países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Brasil o Colombia. El TIF consiste en delimitar una zona y el tiempo de duración de la intervención de desarrollo urbano. Se define la línea base de la recaudación predial y después el Gobierno aporta recursos o emite deuda para financiar las mejoras. Todo el excedente en predial que se genera se utiliza para cubrir el costo del proyecto.

[8] La principal diferencia entre estos dos esquemas está en que en las asociaciones público-privadas el Gobierno contribuye con fondos públicos y el riesgo se comparte entre la empresa y el Gobierno, mientras que en las coinversiones el Gobierno contribuye con la aportación de un bien de dominio público para su aprovechamiento y explotación en el desarrollo de un proyecto.

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Relaciones internacionales mide el grado con el cual las ciudades capitalizan sus lazos con el exterior para elevar su competitividad. Por ello, el subíndice considera indicadores relacionados con el flujo internacional de personas y capitales, la calidad de la oferta para el turismo y las ventajas competitivas en términos comerciales y logísticos, que representa el que una ciudad se ubique en una zona fronteriza o bien tenga acceso a un puerto marítimo.

Resultados más relevantes

Gráfica IX.1 Resultados del subíndice Relaciones internacionales por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla IX.1 Indicadores que conforman el subíndice Relaciones internacionales

Tabla IX.2 Mejor ciudad en Relaciones internacionales por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

El desarrollo y competitividad de las ciudades exige que los gobiernos locales implementen estrategias para promover la expansión del comercio internacional, así como la atracción inversión extranjera y de turistas. A continuación, se presentan las propuestas más importantes para detonar el aprovechamiento de las relaciones internacionales desde el ámbito metropolitano.

Comercio exterior

• Diseñar e implementar agendas municipales, metropolitanas y estatales de mejora regulatoria. Contar con un marco regulatorio claro y transparente ofrece certidumbre jurídica para reducir riesgos por incumplimiento normativo y corrupción. Se debe reducir el número y costo de trámites y servicios locales para la apertura de una empresa, así como los permisos de zonificación, de protección civil para construcciones, la evaluación de impacto ambiental, el dictamen de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, y otros trámites, especialmente los de mayor impacto para empresas con operaciones internacionales.
• Crear y fortalecer agencias de promoción económica locales. Ante la desaparición de ProMéxico, las ciudades en coordinación con gobiernos estatales tienen la oportunidad de incrementar las capacidades presupuestales y operativas de estas agencias de promoción económica a nivel local. Algunos de los objetivos que deben buscar estas oficinas son:
  • Identificar y promover el desarrollo de sectores relevantes a nivel metropolitano, especialmente aquellos relacionados con actividades de comercio exterior y servicios turísticos.
  • Ejecutar y evaluar las estrategias regionales de atracción de inversionistas utilizando servicios de asesoría para la apertura de empresas y cumplimiento con normas de comercio internacional, programas de estímulo, diseño de campañas de promoción regional o local, así como el impulso de cadenas de proveeduría y clústeres en los sectores de manufactura de exportación y comercialización de servicios.
  • Coordinar la adopción de estándares internacionales para productores artesanales, manufactureros y de servicios (como turismo y salud) con el objetivo de mejorar los niveles de calidad de productos para la exportación y atracción de clientes internacionales de servicios.
• Diseñar e instrumentar programas de impulso para el desarrollo de sectores estratégicos. Es posible articular programas de incentivos fiscales, programas de homologación de estándares de capital humano y condiciones laborales respecto de nuestros socios comerciales, asesoría en el cumplimiento de tratados internacionales y normas técnicas sectoriales, así como inversión en infraestructura física y digital para la producción y comercialización de bienes y servicios.

Turismo

• Incorporar una agenda de promoción turística metropolitana y regional. Un plan de atracción turística debe acelerar el crecimiento de los servicios turísticos mediante la certificación de prácticas sustentables, de responsabilidad social, y calidad en servicios de salud que fomenten el turismo médico. Además, se deben aplicar estrategias de gestión para la ampliación de infraestructura aérea y portuaria para la recepción de turistas extranjeros, incremento de la conectividad (vuelos y líneas aéreas) de las ciudades, así como diversificación de la oferta turística (ecoturismo, turismo de experiencia y festivales).

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Innovación mide la capacidad de las ciudades para competir con éxito en la economía, particularmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta. Se considera la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo, por lo que se incluyen indicadores relacionados con las características de las empresas, el contexto de investigación y la generación de patentes. Una ciudad que cuenta con sectores económicos más innovadores es capaz de atraer y retener más inversión y talento.

Resultados más relevantes

Gráfica X.1 Resultados del subíndice Innovación por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla X.1 Indicadores que conforman el subíndice Innovación

Tabla X.2 Mejor ciudad en Innovación por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.

Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Los ayuntamientos, apoyándose con los gobiernos estatales pueden implementar una serie de acciones para elevar la innovación con el fin de posicionar a las economías urbanas ante la creciente competencia global y nacional por la inversión y el talento. A continuación, se presenta una lista de las acciones más relevantes.

Formación, atracción y aprovechamiento del talento

• Trabajar con las universidades locales, públicas y privadas, para que midan el desempeño en el mercado laboral de sus egresados e incorporar dicha información al Sistema de Información y Gestión Educativa[1]. Es atribución de las autoridades educativas locales, establecer un sistema estatal de información educativa, en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa. A diferencia de otros países, en México no existen estadísticas de salarios promedio de egresados universitarios en su primer empleo. Esta información sería sumamente útil y podría generarse a través de herramientas para levantar encuestas electrónicas o mediante otro tipo de incentivos que fomenten una relación continua de las universidades con sus egresados. La recolección de la información puede ser objeto de convenios de colaboración entre los ayuntamientos y universidades públicas o privadas.
• Generar un ambiente más diverso y amable con minorías, grupos vulnerables e inmigrantes, a través del diseño e implementación de regulaciones locales con el objetivo de atraer talento de otras partes de México y el mundo.
• Atraer talento específico a industrias intensivas en conocimiento por medio del otorgamiento de becas y trabajo conjunto con universidades y centros de investigación aplicada en ingenierías, matemáticas y ciencias aplicadas.
• Flexibilizar los montos asignados a los centros de investigación públicos o a las universidades públicas para investigación y desarrollo, de tal manera que un porcentaje de dichos fondos (entre el 5% y el 8%) se abra a un concurso internacional para encontrar e implementar soluciones a problemas locales, como el estrés del agua para la agricultura o el aprovechamiento de la energía solar en los hogares de interés social, entre otros.
• Mejorar el flujo de información entre el sector académico y el productivo:
  • Crear espacios donde las empresas propongan problemas reales a una clase o grupo universitario y que estos concursen por premios para quienes ofrezcan la mejor solución. También funcionan los programas de internships o prácticas profesionales en las empresas para los estudiantes que encuentren las mejores soluciones y que, además, cuenten como parte de su calificación. Incluso podría hacerse uso de plataformas digitales para esto.
  • Crear más programas de estancias para estudiantes universitarios y de incubación con empresas locales y multinacionales. Ofrecer apoyos a empresas que ofrezcan este tipo de oportunidades enfocadas en el desarrollo de profesionales especializados en la industria.
  • Ofrecer programas de mentorías a emprendedores, que incluyan capacitación financiera, administrativa y fiscal.

Política económica local

• Evitar apoyos a industrias específicas. Los gobiernos locales deben proveer los bienes públicos necesarios para que las industrias de más alto valor agregado florezcan por sí solas, idealmente en un contexto de diversidad sectorial donde una ciudad no dependa económicamente del destino de una sola industria.
• Apoyar a la autoridad federal en materia de competencia económica y protección de los derechos del consumidor. Asimismo, se debe de evitar la creación de regulaciones locales que limiten la competencia e inhiban la innovación en los sectores que les toca regular a los estados o municipios. Un ejemplo son las nuevas alternativas de movilidad basadas en aplicaciones tecnológicas, las cuales son iniciativas que deben regularse de manera adecuada, sin crear barreras a la entrada ni limitar la competencia. De igual forma, se debe impulsar la modernización, a través de la competencia y el uso de tecnologías, de las opciones más tradicionales (Ej. taxis) para reducir las restricciones de la regulación sin perder el espíritu de la misma. Un ejemplo de esto es la creación de la aplicación Mi taxi en la Ciudad de México.
• Mejorar esquemas de financiamiento público para la innovación. De acuerdo con los fondos de inversión especializados en alta tecnología e innovación, sí existe dinero para proyectos, lo que falta son proyectos orientados al mercado. Ante los ojos de los emprendedores este es un problema nodal. Algunas medidas para atender la falta de información sobre el mercado y acercar buenas ideas con potenciales inversionistas son:
  • Incorporar fondos para la recuperación de la inversión inicial para empresas pequeñas y medianas, dependiendo de su impacto por sector.
  • Verificar que los solicitantes de financiamiento público no tengan historial negativo en el buró de crédito.

Seguridad y servicios públicos

• Aprovechar las tecnologías de información y comunicación (TIC), especialmente las aplicaciones móviles con base en mapas y datos abiertos, para dar mejor información de servicios relacionados con la ciudad (transporte, turismo, empleo, obra pública, por mencionar algunos).
• Emplear las plataformas tecnológicas y su capacidad de generación, almacenamiento y procesamiento de información para mejorar la seguridad de las ciudades mexicanas. Por ejemplo, los centros de comando y control inteligentes que ha utilizado Río de Janeiro para los grandes eventos que ha tenido en los últimos años, le han permitido monitorear los delitos en tiempo real, reducir los tiempos de respuesta de la policía, así como mejorar sus estrategias de prevención en función de las zonas de mayor incidencia delictiva (hot spots).
• Diseñar e implementar una política de generación y apertura de datos sobre la operación del Gobierno local, que incluya información sobre presupuesto, gasto público, calidad y usabilidad de los servicios urbanos, entre otras. Adicionalmente, generar incentivos para que comunidades de programadores desarrollen aplicaciones con base en estos datos. Un ejemplo es la Agenda Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y su portal de datos abiertos[2].

Infraestructura para la innovación

• Reorientar la inversión pública para equilibrar lo destinado a la infraestructura con lo destinado al desarrollo del capital humano. Dentro de la inversión en infraestructura, priorizar aquella que favorezca a industrias intensivas en conocimiento.
• Promover más intensivamente la mezcla de establecimientos comerciales, habitacionales y de equipamiento urbano en los instrumentos de planeación territorial y de usos del suelo. De igual manera, promover un alto uso del suelo para equipamiento urbano y espacios públicos, con el objetivo de impulsar un ecosistema urbano vibrante. Además, es deseable definir usos de tal forma que favorezcan una mayor densidad y actividad productiva cerca de los campus universitarios.
• Ampliar las capacidades de servicios de red en la ciudad a través de acciones para incrementar la oferta de telecomunicaciones. Un ejemplo sería permitir que los operadores instalen antenas de celular o internet en los techos de los edificios públicos.
• Otorgar apoyos para impulsar actividades culturales, recreativas y científicas que hagan a la ciudad atractiva para la gente con talento en las industrias creativas e intensivas en innovación.

[1]      Disponible en https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/ (Consultado el 07/09/2020)

[2]      Disponible en https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/ (Consultado el 07/09/2020)

Generales

El principal objetivo del Índice de Competitividad Urbana 2020 del IMCO es aportar información útil a autoridades locales para diseñar, priorizar y dar seguimiento a políticas públicas que promuevan la competitividad de las ciudades y zonas metropolitanas de México.

El proceso comienza con la justificación conceptual de los 10 factores de competitividad de IMCO. Éstos se basan en aspectos generales que la teoría económica, la experiencia internacional y el sentido común asocian con el desarrollo económico y con nuestra definición de competitividad. Posteriormente se revisan todas las variables utilizadas en índices anteriores para así evaluar su importancia dentro de un contexto urbano, pero dentro del marco de los 10 factores de competitividad.

Definición de Competitividad

El Índice de Competitividad Urbana 2020 mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener inversiones y talento. En las ciudades, como en los países y en los estados, el nivel de productividad de las empresas y de las personas, así como su prosperidad y bienestar, están estrechamente vinculados al acervo local de capital físico y humano. Además, tanto el talento como la inversión tienden a gravitar hacia los lugares donde pueden obtener los mejores retornos económicos y sociales. Por ello, una ciudad competitiva -que consistentemente resulta atractiva para el talento y la inversión- es una ciudad que maximiza la productividad y el bienestar de sus habitantes.

Este Índice evalúa la competitividad de las 73 zonas metropolitanas más importantes del país a partir de 70 indicadores. Estos indicadores se categorizan en 10 subíndices dados por los 10 factores de competitividad, donde cada uno de ellos analiza una dimensión distinta de ésta.

¿Qué hace el índice?

• Compara transversal y temporalmente la posición relativa de 73 zonas urbanas del país en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad.
• Otorga una calificación de cero a 100 para cada ciudad, tanto a nivel general como para cada subíndice, con el fin de conocer su desempeño.
• Permite hacer conjeturas razonables en relación al efecto en inversión y talento resultante de un aumento en la posición competitiva de las zonas urbanas.
• Permite comparar el desempeño de las diferentes ciudades en distintos indicadores, temas y a nivel general.

¿Qué no hace el Índice?

• No pretende ser un modelo de equilibrio general ni parcial.
• No permite realizar predicciones ni determinar causalidad en relación con la inversión ni el talento de las zonas urbanas.
• No hace explícitas las interacciones entre los indicadores considerados.

Grupos de Competitividad

Debido a la poca variabilidad entre la calificación de una ciudad y las de aquellas próximas a ella, se decidió agrupar a las zonas urbanas en seis diferentes categorías de competitividad. Estos grupos se conformaron tomando la distancia en desviaciones estándar con respecto a la media. Este proceso se hizo tanto para cada uno de los subíndices como para el Índice general. Las categorías son las siguientes:

• Competitividad Alta: Aquellas ciudades cuyo puntaje se encuentra a dos o más desviaciones estándar por encima de la media.
• Competitividad Adecuada: Aquellas ciudades cuyo puntaje se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por encima de la media.
• Competitividad Media alta: Aquellas ciudades cuyo puntaje se encuentra hasta una desviación estándar por encima de la media.
• Competitividad Media baja: Aquellas ciudades cuyo puntaje se encuentra hasta una desviación estándar por debajo de la media.
• Competitividad Baja: Aquellas ciudades cuyo puntaje se encuentra entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la media.
• Competitividad Muy baja: Aquellas ciudades cuyo puntaje se encuentra dos o más desviaciones estándar por debajo de la media.

Construcción de variables ancla

Las variables ancla son aquellas que describen el fenómeno que el índice quiere explicar. En el caso del Índice de Competitividad del IMCO estas variables son el talento y la inversión. Si bien el PIB no se considera como variable ancla ante la falta de estadísticas de mayor frecuencia en México (publicadas cada cinco años en los Censos Económicos de INEGI), ésta es fundamental para calcular la inversión.

Talento

En el ICU 2020 el talento se mide como el porcentaje de personas de 25 años o más con educación superior. Esta definición está alineada a la definición que se usa en los demás índices del IMCO –de estados y países. Esto permite mayor consistencia entre los productos intelectuales del IMCO, además se hace más fácil su comunicación. 

PIB

Para estimar el PIB, IMCO tomó como base las cifras de producción bruta municipal que se publicaron en los Censos Económicos. A falta de estadísticas desagregadas, suponemos que los sectores a dos dígitos del PIB municipal crecen a la misma tasa que dichos sectores a nivel nacional. Así se completó la serie construyendo una tasa de crecimiento ponderada por sectores con base en la estructura económica de cada municipio. En la base de datos se presenta este indicador en pesos corrientes: la estimación se deflactó a pesos de 2013 con el factor estatal y se convirtió a pesos corrientes usando la calculadora de inflación acumulada del INEGI. Se eliminó el efecto de las actividades petroleras (sectores 21 y 3241), debido a que éstas no dependían de las características y dinámicas de las ciudades sino de factores geológicos y las decisiones del sector energético.

Inversión

A falta de estadísticas desagregadas con respecto a la inversión, suponemos que la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB en las ciudades es igual a la tasa nacional (de 20 a 23% según el año). Para estimar la inversión se aplicó este porcentaje a la estimación del PIB de las ciudades.

Subíndices e indicadores

Los 70 indicadores agrupados en los 10 subíndices de competitividad cumplen con las siguientes condiciones:

• Se publican regularmente.
• Provienen de una fuente neutral de prestigio.
• Son de fácil interpretación y sus metodologías de cálculo son transparentes y accesibles para cualquier usuario.
• No son redundantes, pues cada variable aporta información adicional (se eliminan aquellas variables que están estrechamente correlacionadas dentro de un mismo subíndice).

Para esta edición, se revisó la lista de indicadores del Índice 2020 y se complementó con otros indicadores. En parte, esto se pudo hacer gracias a mejores fuentes de información y a nuevas tecnologías que permitieron el uso de fuentes no convencionales. A pesar de ello, algunos conceptos no se pudieron medir a causa de deficiencias estadísticas.

Fuentes

La objetividad de los datos está determinada por la calidad de las fuentes consultadas. Las fuentes utilizadas se seleccionaron con base en condiciones que aseguraran la imparcialidad de la información analizada y que, además, tuvieran una buena calidad y permitieran fácilmente replicar nuestro Índice a través de los años. Las principales características de las fuentes empleadas son:

• De reconocido prestigio y especializadas en el tema que trata el indicador.
• De actualización regular de sus cifras.
• En su mayoría, de dominio público y acceso gratuito.

Zonas urbanas consideradas

La selección de las zonas urbanas consideradas en el análisis se hizo considerando las zonas metropolitanas definidas por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2015. Después se agregaron las capitales de los estados de la República que no estaban incluidas en las zonas metropolitanas y se incluyeron aquellos municipios que, por su intensa actividad económica, se ubican dentro del percentil 90 generador del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (con base en los Censos Económicos del INEGI). Finalmente, se excluyeron del análisis a aquellas zonas urbanas cuyos datos no fueran representativas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por ser la fuente dominante del Índice (alrededor de 20% de los indicadores vienen de esta fuente).

Figura 1. Proceso de selección de zonas urbanas para el estudio

Fuente: Elaboración IMCO.

Aunque la lógica para escoger la muestra del ICU 2020 fue la misma que en la edición anterior, en esta ocasión se eliminaron siete ciudades: Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Guanajuato, Hidalgo de Parral, Minatitlán, Moroleón-Uriangato, Ocotlán, Teziutlán, Tianguistengo y Tulancingo. Esto se debió a que ninguna de ellas pasó la prueba de representatividad para los datos de la ENOE 2018. En la Tabla 1 se presenta la lista de las ciudades que integran la muestra, así como los municipios que las forman.

Homologación de indicadores 0-100

Las variables de cada zona urbana se estandarizaron en una escala de cero a 100 en función de los valores que presentan respecto al resto de la muestra. Así, el valor más bajo de la muestra toma el valor de cero, mientras que el más alto toma el valor de 100. Los demás valores toman una calificación entre cero y 100 en proporción a la escala utilizada. De esta forma se consiguen cuatro aspectos importantes:

• Se comparan valores estandarizados y no números absolutos.
• Se hacen homogéneas las unidades de todas las variables.
• Se puede observar fácilmente la posición relativa de las zonas urbanas.
• El Índice de competitividad general está en la misma escala que todos los subíndices.

Ponderación de los indicadores

A diferencia de índices pasados, la asignación de los pesos por indicador se hizo en dos etapas. La calificación se calculó a través de proceso de asignación de pesos (budget allocation process).^[1] En éste se consultó a los especialistas de IMCO en cada materia para que asignaran a todos los indicadores valores de 0.1, 0.5 o 1, en función de su nivel de relevancia para la competitividad de la ciudad.

Ponderación de los subíndices

Para esta edición del Índice, los pesos de los subíndices se asignaron de manera uniforme. Es decir, cada uno de los 10 subíndices aportan el 10% de puntaje general.

Contacto

Para cualquier duda adicional sobre la metodología del Índice, escribir a ivania.mazari@imco.org.mx  o oscar.ruiz@imco.org.mx

^[1] Para información más detallada acerca del proceso de asignación de pesos puede consultarse el documento Handbook on constructing composite indicators. Methodology and user guide publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2008 y que se encuentra disponible en la siguiente liga: http://www.oecd.org/std/42495745.pdf