- De 2015 a 2017 el indicador en el que más se agravó México fue en la confianza en la policía, perdiendo 6 lugares.
- El promedio de todos los países dentro del índice empeoró en el subíndice de Derecho.
- Finlandia es el país con mayores fortalezas en el subíndice de Derecho.
El subíndice Derecho tiene el objetivo de medir el estado de la seguridad pública y jurídica de un país. La existencia de reglas claras e instituciones sólidas es indispensable para garantizar a los individuos un alto nivel de calidad de vida y un ambiente de negocios confiable para recibir sus inversiones. La tasa de homicidios, la confianza en la policía, la protección a los derechos de propiedad y el tiempo para resolver quiebras son algunos de los indicadores que se consideraron en la evaluación de este subíndice.
Tabla I.1 Indicadores que conforman el subíndice Derecho
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL MUNDO
1° Finlandia
Finlandia se colocó en el primer lugar debido a que en siete de los 13 indicadores se ha mantenido como el país con mejor desempeño. Es la región con mayor percepción de confianza en la aplicación de la ley, al obtener la calificación más alta en el Índice de Estado de Derecho. Adicionalmente, avanzó un lugar de 2015 a 2017 en el índice de protección de derechos de propiedad, con una calificación de 9.3 de 10, así como en imparcialidad de las cortes, con 7.9 de 10 puntos.
2° Noruega
Noruega se encuentra en segundo lugar debido a que se ubicó entre las primeras 3 posiciones en siete de los 13 indicadores que componen a este subíndice, fue el país que obtuvo la mayor calificación en el índice de protección a derechos humanos. Fue el segundo país con mayor confianza en su policía, solo después de Finlandia, mientras que la media exhibida por los países evaluados fue de 4.6 en este indicador, Noruega presentó 6.6 puntos. La solidez de sus instituciones provocó que obtuviera la segunda posición en el índice de independencia del poder judicial.
3° Suiza
A pesar de no colocarse como el país número uno en ningún indicador, Suiza mantuvo esta posición al mejorar su calificación en seis de los 13 indicadores y colocándose entre los primeros tres puntajes en cinco de ellos: Fue el segundo país con la mayor eficacia en sus leyes para proteger la propiedad privada, al alcanzar 9.3 de 10 puntos, así como en imparcialidad de las cortes, con un puntaje de 7.7. de 10. Adicionalmente, la fortaleza de sus instituciones le permitió obtener el tercer puesto en el índice de confianza en la policía, con 6.5 puntos de siete.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES (MÉXICO)
FORTALEZAS
Cumplimiento de contratos (326 días)
En promedio, a los países evaluados les toma 648 días hacer cumplir un contrato, mientras que a México le toma casi la mitad de días, con tan solo 326. Nuestro país se encuentra 31 días por encima del país con el mejor resultado, Corea del Sur.
Protección a acreedores (10 de 12 puntos)
México, junto con Costa Rica, Hungría y Nigeria se encuentra en la cuarta posición en este indicador, al tener 10 puntos de 12. Su calificación es superior en cuatro puntos al promedio observado en los países evaluados.
DEBILIDADES
Confianza en la policía (2.9 de siete puntos)
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los niveles de confianza en la policía en México se han mantenido muy bajos. En 2017, el país obtuvo solo 2.9 puntos de siete disponibles. Dicho valor es considerablemente inferior al promedio de 4.8 puntos de los países evaluados. Lo anterior ubicó a nuestro país en la posición 42 de 43.
Independencia del poder judicial (3.2 de 10)
El grado de independencia del sistema judicial en México disminuyó hasta ocupar el lugar 42 de 43 posiciones. Dicho valor es casi la mitad del promedio de 6.3 puntos de los países evaluados.
Protección de derechos humanos (-1.21 puntos)
El grado de protección de derechos humanos en México fue inferior al promedio (0.56). El país se mantuvo en la posición número 42, como en 2015.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE DERECHO
IMCO PROPONE
1. Seguridad Ciudadana
- Continuar impulsando el fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) para definir las políticas públicas necesarias que incluyan la participación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Principalmente en materia de coordinación interinstitucional, consolidación del modelo nacional de policía y en la implementación de la justicia cívica e itinerante.
- La aprobación de la ley general de justicia
cívica, como una cadena de valor de prevención y mejora en la convivencia
social. Tiene como principales objetivos:
- Prevenir que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia;
- Dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios;
- Mejorar la convivencia cotidiana y el respeto por el entorno;
- Promover la cultura de la legalidad;
- Mejorar la percepción del orden público y de la seguridad; y
- Disminuir la reincidencia en faltas administrativas.
- Implementar metodologías que incluyan el
desarrollo de indicadores cuantitativos y cualitativos de medición sobre la
eficacia y calidad de los resultados en las políticas de seguridad pública
implementadas por el Estado. Lo anterior, con una visión incluyente, donde el
gobierno, la sociedad civil, la academia y la sociedad puedan participar
activamente, teniendo como principal enfoque los siguientes ejes:
- Transparencia y rendición de cuentas;
- Evaluación del gasto público en seguridad;
- Prevención social de la violencia y delincuencia;
- Participación ciudadana;
- Denuncias de delitos;
- Servicio civil de carrera;
- Certificación policial;
- Certificación y acreditación de los centros de evaluación y control de confianza;
- Certificación de las unidades de medidas cautelares;
- Sistema de justicia penal;
- Certificación de centros penitenciarios;
- informes policiales homologados (IPH);
- Inteligencia policial;
- Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC);
- Justicia cívica;
- Mecanismos de vigilancia, supervisión y sanción de servidores públicos;
- Medición de las bases de datos criminalísticas (incidencia delictiva, registro nacional vehicular, etc.);
- Acciones para prevenir la violencia generada por la utilización de armas de fuego;
- Otorgamiento de los Subsidios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); y
- Administración de recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales en materia de seguridad ciudadana.
- Para alinear las capacidades de las policías del país a las demandas que exige el contexto actual en materia de seguridad es fundamental que se les garantice lo siguiente:
- Servicio
civil de carrera funcional;
- Condiciones laborales dignas que contemplen salarios competitivos, permanencia en su empleo, vivienda, seguro de salud y vida, becas para sus hijos;
- Un área de defensa de los derechos de la policía que contemple asistencia, psicológica, médica y legal (ombudsman policial);
- Esquemas de sanciones claros y justos (unidades de asuntos internos);
- Oportunidades de certificaciones o estudios especializados con agencias nacionales o internacionales en temas de manejo del uso de la fuerza, técnicas de investigación;
- Infraestructura de trabajos eficientes y modernos;
- Monitoreo y supervisión permanente de su desempeño;
- La adopción de mecanismos de proximidad social como eje de solución de conflictos sociales de manera pacífica (justicia cívica);
- Centros de investigación en criminalística (inteligencia policial); y
- Canales eficientes y confiables de interacción con los distintos cuerpos policiales del país a fin de colaborar en labores de prevención e investigación de delitos (mecanismos de comunicación efectiva).
2.- Sistema de Justicia Penal.
- Analizar la calidad del desempeño de instituciones involucradas en el funcionamiento del sistema de justicia penal mexicana considerando las distintas etapas en el proceso penal en donde están involucrados: policías, ministerios públicos, peritos, jueces, defensores públicos y asesores victímales. Actualmente persisten los retos en la generación de información para entender qué es necesario para lograr el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal mexicano. Ante ello se recomienda:
- Contar
con metodologías innovadoras que permitan evaluar la calidad con la que se está
procurando e impartiendo justicia en el país;
- Coordinarse con los distintos actores involucrados, ya sea la academia, la sociedad civil, instancias especialistas de carácter internacional y con la propia autoridad, para concentrar esfuerzos con visión de futuro en la definición de políticas públicas que mejoren el sistema de justicia penal mexicano;
- Crear un observatorio multinstitucional para evaluar y dar seguimiento permanente a las políticas públicas implementadas en materia de seguridad.
- Evitar la elaboración y aprobación de reformas legales que no estén fundamentadas en análisis previos que sean el resultado de información cuantitativa y cualitativa y que además permitan la medición de objetivos a futuro.
- Incentivar la articulación coordinada de políticas de prevención, investigación y sanción del delito. Lo anterior mediante estrategias de persecución penal en delitos de alto impacto, de priorización de expedientes o denuncias, el uso efectivo de mecanismos de solución de conflictos (MASC), así como estrategias de reinserción delincuencial.
- Impulsar y consolidar el servicio civil de carrera para policías, ministerios públicos, peritos, asesores victímales, defensores públicos, personal penitenciario, jueces, magistrados. Esto con el objeto de garantizar que su ingreso, desarrollo y permanencia estén asegurados con base en la meritocracia.
- Impulsar, desde los tribunales locales, la generación de precedentes o criterios judiciales que ayuden a mejorar la interpretación y operación del sistema penal.
- Mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario nacional y del sistema de ejecución de sanciones penales.
- Actualización o, en su caso, construcción de los institutos de ciencias forenses.
- Efectuar un diagnóstico de calidad del desempeño a la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso a nivel federal y estatal.