II. MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE

  • México se encuentra entre los 15 países con menor uso de fertilizantes y pesticidas por hectárea cultivable.
  • Las áreas naturales protegidas en el mundo han aumentado en promedio pasando de 6.8% del territorio de un país en 2015 a 19.1% en 2017
  • Costa Rica fue el país que mayor retroceso presentó en el subíndice de medio ambiente, cayendo cinco posiciones respecto a 2015.

El subíndice Medio ambiente mide la capacidad de los sectores productivos y de la población para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Éste provee información sobre la situación del agua, el aire y el suelo, así como sobre las capacidades para enfrentar las consecuencias del cambio climático y generar energía más limpia. El subíndice refleja la sustentabilidad ambiental como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo en el largo plazo.

Tabla II.1 Indicadores que conforman el subíndice Medio ambiente

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Noruega

Noruega obtiene el primer lugar debido a que en 8 de los 11 indicadores se ubicó dentro de los 10 mejores. En términos de vulnerabilidad a efectos del cambio climático, fue el país menos vulnerable. La gestión del agua representa una fortaleza, debido a que fue el segundo país con mayores recursos hídricos renovables (71 mil 798 metros cúbicos por persona) y el quinto con menor estrés hídrico. Finalmente fue el tercer país con mayor porcentaje de consumo de energía proveniente de fuentes no contaminantes.

2° Canadá

Canadá se colocó en el segundo lugar dentro de este subíndice debido a que fue el país con mayor cantidad de recursos hídricos renovables (77 mil 560 metros cúbicos por persona), el tercero con menor contaminación del aire y el séptimo con mayor proporción de consumo de energía proveniente de fuentes no contaminantes (23.5 % de la energía consumida).

3° Suecia

Suecia alcanzó en la tercera posición debido a que fue el país con mayor número de empresas certificadas como limpias con 908 certificados ISO 14001 por millón de la PEA. En términos de calidad del aire, fue la segunda con menores emisiones de CO2  (73 toneladas por millón de dólares de PIB) y menor contaminación del aire debido a su baja exposición promedio a partículas PM2.5 por año.

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Uso de fertilizantes en la agricultura (110 kilogramos por hectárea cultivable)

México, es uno de los 10 países con menor uso de fertilizantes en la agricultura. El promedio de los 43 países de la muestra es de 241 kilogramos, mientras que México tiene un valor de 110 kilogramos por hectárea cultivable.

Uso de pesticidas (2.2 kilogramos por hectárea cultivable)

En promedio, el uso de pesticidas de los países evaluados se encuentra en 8.9 kilogramos de pesticidas por hectárea de cultivo, mientras que en México únicamente se utilizan 2.2 kilogramos. Esto lo lleva a colocarse en la posición 13 dentro de este indicador.

Áreas naturales protegidas (19.1% del territorio total)

El país se sitúa en la posición 14, debido a que el 19.1% del territorio nacional es considerado área natural protegida. México se encuentra ligeramente por arriba del promedio de los 43 países considerados, el cual se sitúa en 15.6%

DEBILIDADES

Estrés hídrico (3.63 de 5 puntos)[1]

De acuerdo con World Resources Institute, México es el quinto país con mayor estrés hídrico. Su valor se encuentra 1.5 puntos por arriba del promedio de los países (2.1 puntos). El nivel de estrés del país se encuentra en niveles similares a los de Grecia que muestra un estrés de (3.57 puntos).

Índice de vulnerabilidad a efectos del cambio climático (51 puntos de 100)

México es el octavo país con mayor vulnerabilidad a efectos del cambio climático con valores similares a Panamá, Perú y Colombia. En promedio los países tienen un índice de 60 puntos de 100, mientras que México se sitúa en 51 puntos.

Empresas certificadas como limpias (29 empresas con certificado por millón de PEA)

El país se situó dentro de los 9 países con menor cantidad de empresas con ISO 14001 por millón de PEA. El promedio de los países evaluados fue de 244 empresas, mientras que México tan sólo tuvo 29.

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE

IMCO PROPONE

1. Fortalecer la función de medio ambiente.

 A través del presupuesto y mejor normatividad. El IMCO propone algunas acciones para ello:

  • Replantear los recortes presupuestales al medio ambiente. Entre 2018 y 2019, el presupuesto para la función Protección al ambiente cayó un 23% en términos nominales. Sin embargo, los recortes se hicieron de forma pareja poniendo en riesgo la operación de algunas instituciones clave. Un ejemplo es la Comisión Nacional Forestal (Conafor), cuyo presupuesto disminuyó un 50% y afectó el pago de brigadas para prevenir siniestros[2]. Meses después, en mayo de 2019, esta decisión se asoció con una ola de incendios a lo largo del país[3] que provocaron una crisis de contaminación atmosférica en el Valle de México y otros estados aledaños.
  • Fortalecer a las agencias de protección del ambiente. Instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) son cruciales para que la actividad económica no se logre a costa del medio ambiente. Por ello, deben estar al margen de las coyunturas políticas y los cambios de administración, lo que se podría alcanzar con autonomía de presupuesto y gestión. Esto también implica que sus titulares deberían ser nombrados por el Congreso y su vigencia debería ir más allá del sexenio. Por otro lado, sus decisiones deberían tener un carácter vinculatorio, por ejemplo, al revisar el otorgamiento de permisos con posibilidad de revocación temporal o de forma permanente, así como denunciar ante la Procuraduría General de la República cualquier actividad que pudiera constituir un delito.
  • Incluir a las externalidades como criterio esencial en los proyectos para determinar la asignación de obra pública y precios de venta al mercado. El costo de las externalidades de cualquier actividad, como explotación de hidrocarburos, obras de infraestructura, desarrollos turísticos o subastas en el sector eléctrico, debe incluirse como un componente adicional. Para determinar el costo que los proveedores del bien o servicio deberán pagar a la sociedad, las externalidades deberán estimarse a partir de metodologías avaladas internacionalmente a través de una institución como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
  • Transformar el marco regulatorio para incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Los trámites para obtener permisos de aprovechamiento forestal son complejos, tardados, costosos y poco eficientes, por lo que se propone simplificar el proceso para que más productores accedan al mercado. Esto contribuirá al fortalecimiento de la actividad formal en el sector, así como a reducir la tala ilegal, la cual representa entre un 30[4] y un 50%[5] de la madera que se produce en México.
  • Mejorar el sistema de inspección y certificación de la madera. Hoy existe una norma voluntaria (NMX-AA-143-SCFI) que certifica las buenas prácticas durante la tala de árboles. Sin embargo, es necesario crear un sistema de monitoreo apoyado en el uso de imágenes satelitales, acompañado de incentivos para la autoevaluación de los propios productores. La inspección debe realizarse en toda la cadena de producción de la madera, por lo que es indispensable implementar una Norma Oficial Mexicana (con observancia obligatoria) que certifique la procedencia lícita del recurso natural, desde su recolección a través del aprovechamiento forestal sustentable, hasta la producción final con valor agregado.

2. Revertir el deterioro de los acuíferos y mejorar los servicios de agua. Cerca del 18% de los acuíferos del país se encuentran sobrexplotados[6], debido al uso excesivo de agua en el sector agrícola y urbano. Para revertirlo, el IMCO propone las siguientes acciones:

  • Mejorar el mecanismo de cobranza por el servicio de agua. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se estima que la eficiencia comercial (monto cobrado entre monto facturado) promedio a nivel nacional es apenas del 72.7%.[7] Es necesario contar con mecanismos efectivos de cobranza para mejorar la eficiencia comercial de los Organismos Operadores de agua. 
  • Establecer precios adecuados del agua en las ciudades y generar incentivos para la optimización del recurso. Para ello, la Federación puede generar incentivos para que los precios pagados por el consumidor integren los costos por remediación ambiental, la creación de infraestructura pública y los costos sociales de escasez. Además, las legislaturas estales deben establecer un órgano técnico, independiente del ciclo político, para que calcule la tarifa y recomiende los criterios de funcionamiento con base en las características de la región.
  • Formalizar el mercado de intercambio de los derechos de extracción entre usuarios. El 76% del volumen total concesionado para usos agrupados consuntivos[8] es del sector agrícola.[9] Aunado a la disparidad de concesiones, al impedirse la transferencia de los derechos de extracción entre los distintos sectores, se genera escasez para realizar las demás actividades económicas, lo que genera incentivos para la venta ilegal de las concesiones agrícolas para ser utilizadas por otros sectores, como el industrial. Si se establece un mercado formal de intercambio de derechos de extracción, quien quiera utilizar más agua podrá pagar a otro que utilice menos agua de la asignada. Estas transacciones ocurrirán a precios más competitivos y dentro de la economía formal. Incluso, se pueden establecer tasas de impuesto para ciertos intercambios, a fin de recaudar recursos que puedan invertirse en la infraestructura pública de provisión del líquido.
  • Dotar a los Organismos de Cuenca con autonomía técnica, ejecutiva y administrativa para regular el otorgamiento de los permisos, así como sus transacciones entre concesionarios. Asimismo, se debe fortalecer la capacidad institucional y transparencia de los Organismos para garantizar el buen manejo del mercado y evitar prácticas de corrupción.
  • Fortalecer la regulación de los servicios desde el marco jurídico federal. A partir de la reforma constitucional de 2012, se instruyó al Congreso para que se elabore una Ley General de Aguas para abordar la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, normar el contenido mínimo que deben tener la legislación estatal y municipal en materia de aguas y establecer los criterios generales para la prestación del servicio público. No obstante, en 2019, México no cuenta con dicha Ley, lo que abre la oportunidad para que en ella se incluya la autonomía de los organismos operadores de agua para la prestación del servicio estableciendo sus obligaciones mínimas, la descripción de mecanismos de vigilancia y control, e incentivos para la innovación tecnológica para un uso más eficiente del agua, entre otros.

3. Sustituir incentivos contradictorios por políticas de mercado.

Uno de los problemas de la política actual son los objetivos encontrados en las distintas medidas de materia ambiental. Para lograr una mayor efectividad de las mismas se sugiere:

  • Cambiar el esquema del subsidio eléctrico actual para instalar paneles solares en hogares de ingreso medio y bajo. En México, lo que un usuario promedio paga en su recibo de luz no refleja el verdadero costo de la electricidad ni beneficia a los que más lo necesitan. El IMCO encontró que subsidiar la inversión en paneles fotovoltaicos en hogares de ingresos medios y bajos es una manera más rentable de focalizar el subsidio eléctrico. Para ello, es necesario diseñar un programa con reglas de operación para su implementación gradual, beneficiando en primer lugar a los hogares con escasos recursos. Además, se debe diseñar y definir un esquema de financiamiento para la instalación de los equipos.[10]
  • Crear mercados ambientales como mercados de carbono o de agua. Estos sistemas aún no están presentes en México, pero representan una opción atractiva por ser los más efectivos para establecer un límite (para la extracción de agua, emisión de carbono u otros contaminantes), y conseguir financiamiento.
  • Dar incentivos fiscales por eficiencia en el uso de agua, energía y manejo de residuos a empresas que inviertan en tecnologías limpias. Un caso de éxito es el documentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde, al condonar el IVA a inversiones ambientales en el sector manufacturero colombiano, se tuvo un impacto significativo en la reducción de la contaminación del aire y del agua en ese país.[11]

4. Revertir la pérdida de biodiversidad de manera más efectiva.

México es uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, el cambio de uso de suelo y la ingobernabilidad en algunas zonas del país están devastando gran parte de este patrimonio natural. Para revertir esta tendencia se sugiere:

  • Planificar con base en el territorio. A través del uso de información georreferenciada con la clasificación de la vocación del suelo forestal, ya sea productiva, de conservación o restauración, así como otras características del entorno, se debe establecer un plan de acción para mantener e incrementar los recursos forestales del país. Para esto es necesaria la creación de un catastro rural que permita ordenar el uso de suelo. Para acelerar la creación de este se propone que el registro por parte de ejidos, comunidades u otros propietarios, sea un requisito para acceder a cualquier apoyo federal, como los programas forestales. La creación de esta base de datos ayudaría a tomar decisiones más informadas, con lo que se promovería el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las zonas con potencial productivo, así como la restauración de los suelos para su posterior conversión a otras actividades productivas con mayor potencial o para convertirse en suelo de conservación.
  • Uso intensivo de nuevas tecnologías para preservar las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas deben ser un ejemplo de la presencia del Estado y del cumplimiento de la ley. En este sentido, tecnologías como drones, radares e imágenes satelitales son esenciales para el monitoreo del patrimonio natural del país. Es necesario reorganizar las facultades de las autoridades involucradas para evitar concurrencias y vacíos legales e institucionales. En última instancia, es deseable que solo exista una autoridad responsable.

5. Incrementar los recursos para mejorar la movilidad urbana y reducir los incentivos al uso del vehículo privado.

México necesita ciudades densas, orientadas al crecimiento vertical y que favorezcan los tipos de movilidad más sustentables. El gobierno federal puede incidir en la movilidad y el desarrollo urbano por medio de:

  • Fomentar el crecimiento de ciudades más compactas. Esto se puede llevar a cabo con usos de suelo mixto, incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades y bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte (DOT). Asimismo, es necesario dotar a los Institutos de Planeación (Implanes) con atribuciones necesarias para sancionar, a fin de que se cumplan los Planes de Ordenamiento Territorial.
  • Crear una política de estacionamientos máximos en lugar de mínimos. La regulación mexicana está diseñada para obligar a las viviendas, establecimientos mercantiles, e instituciones de salud y educativas, a contar con un mínimo de estacionamientos sin importar qué tan bien conectada esté la zona donde se ubican. Las normas de construcción deben establecer topes de estacionamiento a las nuevas construcciones en zonas con acceso a transporte público masivo, y cobrar por el exceso de estacionamiento que se construya ahí. Los recursos recaudados deberán utilizarse para invertir en transporte público eficiente, suficiente y seguro en las zonas que lo necesiten.
  • Priorizar el gasto público orientado a infraestructura de transporte público y no motorizado. De acuerdo con un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), la mayor parte de los recursos públicos de movilidad se destinan a mejorar y construir nuevas vialidades, lo que se traduce en transporte público descuidado e insuficiente, y a mayores incentivos para el uso del vehículo privado. La inversión en infraestructura de transporte público deberá ser una prioridad para el gobierno federal, por medio de apoyos a los presupuestos de proyectos locales que mejoren la calidad, seguridad y cobertura del transporte público masivo. Una forma de lograr este objetivo es modificar las reglas del Fondo Metropolitano, de tal forma que se les asigne primero, y con mayores recursos, a aquellos proyectos para transporte público y no motorizado, así como aquellos que busquen integrar a los municipios conurbados con los centros urbanos.
  • Explorar el cobro y usos estratégicos de la tenencia vehicular, siguiendo reglas que desincentiven el uso del automóvil, promuevan el uso de tecnologías más limpias y se etiqueten los recursos para proyectos que aumenten la calidad y cobertura del transporte público.

6. Incentivar el uso de mejor tecnología, tanto para el transporte ligero como el pesado.

Puesto que el uso del transporte motorizado es necesario, se debe garantizar que éste sea de la mejor calidad disponible. Algunas medidas para ello:

  • Actualizar la Norma Oficial Mexicana (NOM 042). Nuestro país tiene dos generaciones de retraso tecnológico en el tipo de tecnología de los nuevos vehículos ligeros que se comercializan. La tecnología obsoleta emite más contaminantes, por lo que vale la pena actualizar la norma y diseñar programas para la modernización de la flota.
  • Garantizar el abasto de combustibles UBA en todo el territorio nacional. Pemex todavía produce un 17% de diesel convencional[12]. Para aprovechar los beneficios de la actualización de la NOM 044, con la que se dio un salto generacional en tecnología para vehículos pesados nuevos, es necesario producir solo diésel ultra bajo azufre (DUBA) para que esté disponible en todo el país.
  • Mejorar las estadísticas de transporte pesado e identificar mecanismos para incentivar la modernización del transporte de carga con placas estatales. Es fundamental que el Gobierno federal incentive el levantamiento de un censo nacional de transporte pesado para conocer la edad y características de la flota con placas estatales. Asimismo, es necesario atender las necesidades de crédito de los hombres-camión, quienes poseen una parte de la flota pesada. Esto implica formalizar su operación, fortalecer sus capacidades administrativas, atender sus necesidades de crédito y diseñar estrategias para que modernicen su flota.
  • Transitar al uso de vehículos que utilicen energías alternativas a los hidrocarburos. Las tecnologías híbridas, eléctricas y motores a gas tendrán un rol fundamental en la calidad del aire de las ciudades del futuro. El gobierno federal debe incentivar el uso de estos vehículos por medio de incentivos fiscales, pero también propiciando la ampliación de la red de estaciones de carga para vehículos eléctricos y a gas.

[1] Mayores valores en este indicador son menos deseables. Mayor valor en el índice implica mayor estrés hídrico experimentado por el país

[2] Angélica Enciso L.,“Ejerce la Conafor 50% menos presupuesto contra incendios”, La Jornada, (2019),https://www.jornada.com.mx/2019/04/17/sociedad/033n1soc (Consultado el 31/07/2019).

[3] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “Situación de incendios forestales al 24 de mayo 11:00 horas”, Prensa Gob.mx, (2019), https://www.gob.mx/semarnat/prensa/situacion-de-incendios-forestales-al-24-de-mayo-11-00-horas (Consultado el 31/07/2019).

[4] Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (Enaipros) 2013-2018.

[5] Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C (CCMSS), “Nota Informativa no. 16”, 2007.

[6] Conagua, “Acuíferos por Región Hidrológica-administrativa 2018”, Subdirección General Técnica,  http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=acuiferos&ver=reporte&o=0&n=nacional (Consultado el 31/07/2019).

[7] Conagua, Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Mejora de Eficiencia Comercial (México D.F: Semarnat, 2016), http://aneas.com.mx/wp-content/uploads/2016/04/SGAPDS-1-15-Libro53.pdf (Consultado el 18/10/2019).

[8] Para actividades agrícolas, de abastecimiento público, industrial autoabastecida y termoeléctricas.

[9] Conagua, Estadísticas del agua en México, 2017 (Ciudad de México: Semarnat, 2017), http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2017.pdf (Consultado el 12/10/2018).

[10] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Energía solar para los hogares de México”, 2019, https://imco.org.mx/blog/?s=solar (Consultado el 31/07/2019).

[11] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Investment Policy Reviews: Colombia 2012 (París: OECD Publishing, 2012), http://dx.doi.org/10.1787/9789264167742-en (Consultado el 31/07/2019).

[12] Karol García, “Diesel ultra bajo azufre será obligatorio a partir del 1 de julio”, El Economista, (2019). https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Diesel-ultra-bajo-azufre-sera-obligatorio-a-partir-del-1-de-julio–20190523-0006.html (Consultado el 31/07/2019).

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