* El presente caso de estudio se elaboró a partir de las entrevistas realizadas a Katia D’Artigues, cofundadora de Yo También, Larisa Cruz Ornelas, directora de Propiedad Intelectual en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México y José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Agradecemos su tiempo, conocimientos y disposición para colaborar en la construcción de este texto.
Construir estados competitivos no se logra de la noche a la mañana. Las políticas públicas requeridas para concretar beneficios en las diferentes dimensiones de la competitividad no dan resultados inmediatos y lo ideal es que trasciendan los seis años que dura cada Gobierno. A diferencia de las soluciones de parche que se ven en México todos los días, y que podrían sumar popularidad, se necesitan acciones de mediano y largo plazo que puedan cambiar el rumbo de las entidades.
En este capítulo se describen brevemente los esfuerzos que han emprendido cuatro entidades: Guanajuato, Jalisco, CDMX y Veracruz. Los indicadores del ICE 2020 no captan todos los avances que podrían detonar estas políticas, sin embargo, es importante reconocerlas ya que inciden en el bienestar de sus habitantes y, si continúan a través del tiempo, podrían impulsar un avance profundo en diferentes áreas de la competitividad.
En el IMCO existe la convicción de que documentar estas valiosas prácticas puede inspirar a otras entidades a seguir pasos similares. Además, la lista puede ser más amplia, por lo que se invita a que más entidades hagan llegar las historias de aquellas políticas transformadoras que hayan implementado en años recientes y que prometan resultados alentadores.
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis)
Guanajuato
Este instituto nació en 2012 bajo un enfoque de atención transversal y con una estructura conformada por miembros del gabinete del estado (titulares de desarrollo social, salud, DIF, derechos humanos, educación y transparencia) y organizaciones de personas con discapacidad. Para 2020, el presupuesto del instituto es de 90 millones de pesos (mdp), casi tres veces más que el presupuesto de su contraparte federal, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
El instituto centra sus acciones en tres ejes: rehabilitación, habilitación e inclusión. Estas incluyen esfuerzos de inclusión laboral, al vincular oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad y adultos mayores, además de unidades de rehabilitación municipales y transporte público adaptado.
Duración: ocho años.
Políticas de registro de propiedad intelectual en tecnología
Jalisco
Al fundarse la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del estado en 2013, una de las acciones principales que se planearon fue el impulso a patentes. La estrategia planteó un trabajo tripartita entre la academia, la industria y el Gobierno en el arranque de tres programas: el Programa Jalisciense de Fomento a la Protección Intelectual (Propin), el Programa para el Fortalecimiento de Capital Intelectual a Empresas Jaliscienses (Capital Intelectual) y el Programa de Fortalecimiento a Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.
Esta secretaría estableció talleres complementarios a los que imparte el Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial (IMPI), para que los sectores productivos del estado adopten la propiedad intelectual dentro de sus procesos de innovación. Los talleres incluyen actividades específicas para apoyar las necesidades y desafíos de cada sector. Además, el estado estableció una ventanilla de atención al público a través de la cual se ofrecen asesorías desde el arranque de un proyecto para incorporar patentes a lo largo del proceso. Esto contrasta con lo que hace el IMPI, que solo ayuda con el trámite para registrar alguna idea.
A pesar del cluster tecnológico que ya existía en Jalisco, no fue hasta que se tuvo una estrategia dedicada al registro de propiedad intelectual que el estado subió al segundo lugar en patentes a nivel nacional. Una parte importante del éxito de la política ha sido la continuidad transexenal.
Duración: siete años.
Agencia Digital y de Innovación Pública
CDMX
La actual Administración de la CDMX inauguró la ADIP a nivel de secretaría de estado en el gabinete. La agencia nace con dos objetivos principales. El primero es generar y procesar datos de la capital para mejorar la toma de decisiones. Es decir, que la evidencia funcione como motor de acciones efectivas para solucionar los problemas de la ciudad. El segundo es el fortalecimiento tecnológico y la digitalización de trámites y servicios públicos.
A diferencia del Laboratorio para la Ciudad, su antecesor, esta agencia cuenta con mayores responsabilidades, alcance y presupuesto. Más aún, gran parte del éxito inicial de la ADIP ha sido resultado del capital humano de primer nivel que se reclutó, su capacidad de gestión intersecretarial y su cercanía con la jefa de gobierno.
Al día de hoy, la ADIP, en colaboración con el gabinete de seguridad y la Fiscalía, ha transformado el sistema informático con el que se registran y procesan datos de incidencia delictiva; trabaja en una firma electrónica para facilitar trámites ciudadanos en la ciudad; y ha generado ahorros importantes en la contratación de tecnología para el Gobierno de la CDMX. A la par, hay avances sustanciales para colocar a la ciudad entre las listas de metrópolis del mundo con mayor cobertura de internet público para los ciudadanos. En unos meses pasaron de 96 a 14 mil 500 puntos instalados con wifi gratuito.
Duración: un año.
Políticas para saldar deuda
Veracruz
En administraciones pasadas, el Estado de Veracruz tuvo malos manejos de su hacienda pública. En materia de gasto público, presentó poca credibilidad de la información financiera y un aumento de su deuda que puso en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, en los primeros días de la nueva administración 2018-2024, la Secretaría de Finanzas puso en marcha un programa de reestructuración. Esto se tradujo en una disminución del 44% del gasto en pasivo circulante, un menor saldo en cuentas por pagar (mil 880 mdp) y en documentos por pagar (2 mil 400 mdp), ambos a corto plazo. Además, la entidad ha reducido costos en su gasto de funcionamiento por 205.3 mdp.
La liquidación de esos créditos permite que Veracruz: 1) tenga una estructura financiera más flexible y eficiente, 2) pueda racionalizar el uso de las fuentes de pago, 3) reduzca el costo de la deuda, 4) mejore los plazos de contratación y 5) fortalezca su capacidad de pago. Estas medidas generan un margen para que el Estado de Veracruz pueda enfocar recursos para la atención de la población y reactivación económica para mitigar los efectos de las crisis.
Duración: un año.