¿Qué mide?
El subíndice Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) mide la forma en la que los gobiernos estatales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus entidades. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas que fomentan el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, considera indicadores sobre la capacidad de los gobiernos para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.
La mejor entidad (2018)
Querétaro
Por segundo año consecutivo, Querétaro obtuvo el primer lugar en este subíndice. Se ubicó en las primeras cinco posiciones en tres de los nueve indicadores analizados. Fue la entidad con el mayor acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos, pues el 41% de los adultos interactuó con el Gobierno a través de estos medios (14 puntos porcentuales más que el promedio). Además, fue la segunda entidad con la mayor facilidad para registrar una propiedad y la quinta para abrir una empresa.
Sin embargo, a pesar de su buen desempeño en la mayoría de los indicadores, Querétaro tuvo un rendimiento desfavorable, en comparación al promedio, en dos de ellos: hogares que se surten de agua por pipa y accesibilidad para silla de ruedas. En dichos indicadores se ubicó en las posiciones 22 y 14, respectivamente.
La peor entidad (2018)
Guerrero
Desde 2013, Guerrero presenta el peor desempeño en este subíndice. Su resultado en 2018 se debe a que la entidad ocupó el antepenúltimo o último lugar en siete de los nueve indicadores analizados. Se ubicó en la posición 30 en transparencia presupuestaria, de acuerdo con el IIPE. Asimismo, obtuvo esta misma posición en los indicadores de hogares que se surten de agua por pipa (el 5% de los hogares accedió a agua a través de este mecanismo), informalidad laboral (el 78% de la población ocupada se encontró en esta condición) e interacción con el Gobierno por medios electrónicos (solo el 21% de los adultos interactuó con el Gobierno estatal por esta vía).
A su vez, ocupó la última posición en los indicadores de ingresos propios, al generar por cuenta propia solo el 2.4% de sus ingresos totales, accesibilidad en silla de ruedas (únicamente el 3.2% de las manzanas en zonas urbanas fue accesible para personas en silla de ruedas) y registro de la propiedad.
Resultados del subíndice (2016-2018)
Gráfica V.1 Posiciones y cambios del subíndice Gobiernos
Nota: El tamaño de la barra corresponde a la puntuación obtenida por la entidad en el subíndice analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Mapa V.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Gobiernos
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Resultados por indicador (2016-2018)
Tabla V.1 Resultados generales por indicador del subíndice Gobiernos
* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado.
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado.
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Consulta el Anexo metodológico para mayor información sobre qué miden cada uno de los indicadores analizados en este subíndice.
Una mirada al interior del subíndice
Interacción con el Gobierno por medios electrónicos
- En promedio, en 2017, el 27% de los adultos que habitaba en zonas urbanas interactuó al menos una vez con su Gobierno estatal por medios electrónicos. En Querétaro esta proporción fue del 41%, mientras que en Guanajuato fue de apenas del 18%.
Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE)
- En 2017 las entidades de Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco y Puebla, obtuvieron el primer lugar en el IIPE al cumplir el total de los criterios evaluados en materia de calidad de la información de sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
Ingresos propios
- En 2018, la CDMX generó por sí misma el 41% de sus ingresos vía impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras. Esto representa 22 puntos porcentuales más que la segunda mejor entidad en este indicador: Chihuahua (19%).
- En 2018, las entidades con mayor dependencia de las transferencias del Gobierno federal y la contratación de deuda al generar por cuenta propia menos del 5% de sus ingresos totales fueron Morelos (4.9%), Veracruz (4.9%), Nayarit (4.7%) y Guerrero (2.4%).
Apertura de una empresa
- En 2016, Nuevo León fue la entidad con la mayor facilidad para abrir una empresa en términos del número de trámites, tiempos, costos y requisitos de capital mínimo pagado. Por el contrario, Quintana Roo fue el estado con la mayor dificultad para abrir un negocio.
Accesibilidad para silla de ruedas
- En 2014 solamente el 16% de las manzanas en las zonas urbanas del país tenían rampas en alguna o todas sus vialidades circundantes para permitir el acceso y movilidad de personas en silla de ruedas. En ninguna entidad esta proporción superó el 47%.
Informalidad laboral
- En 2018 el 81% de la población ocupada en el estado de Oaxaca estaba en condición de informalidad, mientras que en las demás entidades dicha proporción fue del 56%, en promedio.
IMCO Propone
Las actividades económicas de las y los ciudadanos, así como de las empresas, no suceden en un vacío, sino que se ven afectadas por las acciones y regulaciones del Gobierno. La presencia o ausencia de políticas públicas destinadas a fomentar el desarrollo económico influye en la competitividad de los estados, la cual se ve beneficiada cuando el Gobierno es capaz de generar condiciones óptimas para el desarrollo económico al eliminar las barreras en la inversión y hacer negocios, garantizar un entorno libre de corrupción, realizar inversiones públicas de calidad y facilitar la interacción con sus ciudadanos mediante la innovación y uso de tecnologías.
Compras y obras públicas
- Ligar la planeación de la obra pública estatal a los objetivos y prioridades establecidos en el PED. La obra pública realizada por los gobiernos estatales debe ser independiente del ciclo político, por lo que también debe considerar los Planes Sectoriales y Regionales, así como las necesidades de la ciudadanía a largo plazo.
- Promover la libre competencia en los procesos de compra y obra pública. Es fundamental asegurar que todos los posibles proveedores se encuentren en igualdad de condiciones para participar y competir. De esta manera, los gobiernos reciben propuestas más solventes y de mayor calidad ya que, al tener que competir con otras empresas, la probabilidad de presentar una propuesta asequible y competitiva es mayor.
- Identificar y sustentar la necesidad y viabilidad de todas las compras.Es importante reconocer el bien o servicio que se desea adquirir según una evaluación de las carencias de la dependencia de gobierno correspondiente. De igual forma, debe realizarse el análisis de impacto social y ambiental, así como un plan de adquisiciones alineado a las estrategias y acciones que se deben llevar a cabo.
- Priorizar las licitaciones públicas en las compras del Gobierno. Mejorar los procesos de planeación, monitoreo, seguimiento y contratación de las compras públicas con especial énfasis en la disminución del uso de adjudicaciones directas.
- Justificar de manera rigurosa el fundamento legal de excepción a una licitación pública. Es importante generar y publicar el dictamen de excepción en el que se explique por qué se realizó un proceso de excepción, adjudicación directa o invitación restringida, en vez de un proceso competido.
- Uso de plataformas de compras públicas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas, el control y la vigilancia en las compras públicas estatales.El desarrollo y aplicación de herramientas para monitorear toda la información pública es fundamental para identificar las etapas, las fallas y las posibles soluciones. Estos medios pueden ser plataformas electrónicas que incluyan la planeación, conducción y monitoreo de las compras públicas de forma abierta y en tiempo real.
- Transparentar y actualizar los documentos de una compra pública. Para facilitar la detección de riesgos en un proceso de compra pública, es necesario que las dependencias del Gobierno transparenten, al menos, los siguientes documentos:
- Dictamen de excepción
- Análisis o investigación de mercado
- Convocatoria y/o invitación para participar en el proceso
- Bases y catálogo de conceptos
- Anexo técnico
- Acta de apertura de propuestas
- Dictamen del fallo de adjudicación
- Contrato
- Oficio de suficiencia presupuestal
- Finiquito
Facilidad para invertir y hacer negocios en el entorno estatal
- Promover el desarrollo y uso de herramientas electrónicas para la simplificación, monitoreo y gestión de procesos estatales y municipales. Esto debe basarse en los principios de Gobierno Abierto: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnología e innovación. Específicamente se propone:
- Generar y utilizar herramientas electrónicas para reducir espacios de discrecionalidad entre el Gobierno y la ciudadanía. Incorporar el uso de nuevas tecnologías e impulsar el uso de datos y herramientas electrónicas elimina los espacios de interacción entre la ciudadanía y las autoridades, lo que permite minimizar las oportunidades para realizar actos de corrupción como la extorsión o el soborno.
- Fomentar la apertura y uso de los datos públicos. El uso de la información pública debe ser accionable y útil. Por lo tanto, es fundamental promover el desarrollo de portales de datos abiertos para la ciudadanía. De igual forma, crear los incentivos adecuados para que las dependencias del gobierno incorporen la información generada en sus estrategias y rutas de acción.
- Promover la transparencia y simplificación de trámites. Reducir la carga regulatoria que impide el crecimiento económico, la apertura de empresas y la productividad. Para esto, es necesario eliminar los trámites y requisitos excesivos, simplificar el proceso para realizarlos y garantizar que los beneficios de las regulaciones propuestas sean mayores que sus costos.
- Generar políticas de creación de empleos formales. La simplificación regulatoria a través del pago de impuestos en línea y los incentivos al primer empleo formal son pasos importantes para el desarrollo económico y el impulso a la productividad de las empresas mexicanas.
- Publicar información sobre las ventajas competitivas del estado para brindar mayor información y certidumbre a potenciales inversionistas. El entorno geográfico, político, económico, regulatorio, social y de seguridad, influye en el costo y flexibilidad para hacer negocios. Por lo tanto, es importante que los gobiernos estatales generen información sobre estos temas, la compilen y publiquen de manera que sea accesible a las personas y socios comerciales.
Interacción con el Gobierno por medios electrónicos
- Implementar herramientas tecnológicas que promuevan la participación e inclusión ciudadana. Es importante reconocer los esfuerzos de la sociedad civil y los gobiernos estatales que han invertido en tecnologías para el monitoreo de los recursos, compras públicas y proyectos de infraestructura. Sin embargo, estas plataformas electrónicas deben contar con información accionable, útil y de valor público, así como un seguimiento por parte de las autoridades.
- Eliminar la hoja de papel y generar bases de datos estructuradas. El uso y análisis de los datos estructurados puede ser un gran insumo para el diseño y elaboración de propuestas de política pública, especialmente para aquellas acciones con un enfoque de prevención, detección y sanción de prácticas de corrupción.
- Promover la transparencia presupuestaria. Es esencial contar con información suficiente que permita conocer los planes y acciones del Gobierno en materia presupuestaria. De esta forma, es posible identificar cómo se elabora el presupuesto, a dónde va el dinero y cómo fue ejercido.
Gobiernos inclusivos
- Incluir en las administraciones estatales una instancia dedicada a incorporar la perspectiva de discapacidad de forma transversal en la toma de decisiones. A pesar de que a nivel federal se otorga una pensión para las PCD, esto no genera oportunidades (en el mercado laboral, en la planeación de ciudades o en educación, entre otros) para quienes tienen esta condición. Por ello, las entidades deben poseer instancias especializadas para diseñar políticas públicas destinadas a esta población y ofrecer recomendaciones a todas las áreas del Gobierno para que incorporen las necesidades de estos grupos de manera transversal. Además, esta instancia debe contar con el presupuesto suficiente para lograr un impacto y tener continuidad entre administraciones. Un ejemplo a nivel local es el Ingudis, que en 2020 tuvo un presupuesto 168% mayor[1] al del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
[1] En 2020, el presupuesto del Conadis fue de 33,559,804 pesos, mientras que el del Ingudis ascendió a 89,856,744 pesos.