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RESULTADOS GENERALES

¿Qué mide el Índice de Competitividad Urbana 2020?

El Índice de Competitividad Urbana 2020 (ICU) mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e inversiones. Una ciudad competitiva es una ciudad que maximiza la productividad y el bienestar de sus habitantes. Esto significa que este Índice, a diferencia de otros, evalúa las capacidades estructurales y no solo las coyunturales de las ciudades que permiten alcanzar dichos objetivos.

El Índice evalúa las 48 zonas metropolitanas del país más 25 zonas urbanas relevantes por el tamaño de su población o economía, de forma que la muestra se compone de un total de 73 ciudades. Éstas se componen de 392 municipios que concentran 64% de la población nacional, 87% del Producto Interno Bruto (PIB) y 89% de la inversión fija bruta.

Es importante resaltar que el ICU publicado en 2018 no es comparable con el ICU 2020 debido a modificaciones metodológicas realizadas en esta edición. Sin embargo, sí se pueden realizar comparaciones en el tiempo debido a que la base de datos de la versión 2020 se construyó para el período 2008-2018.

Gráfica 1. Resultados en el Índice general por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el Índice general.

Resultados generales por subíndice

Tabla 1. Resultados promedio por subíndice

Fuente: Elaborado por el IMCO

Casos interesantes por subíndice[1]

Sistema de derecho confiable y objetivo

  • Las ciudades con las tasas de homicidio más altas fueron: Tecomán (169.6), Salamanca (130.5) y Chilpancingo (123.7).
  • Las ciudades con las tasas de homicidio más bajas fueron: Orizaba (2.3), Saltillo (3.0) y Mérida (3.2).
  • Mérida presentó el mayor porcentaje de encuestados que reportan sentirse seguros en la calle (71%), mientras que Villahermosa solo el 7%.
  • Solo 2 de las 73 ciudades, presentaron a más de la mitad de encuestados sintiéndose seguros en la calle (Mérida y Saltillo).

Manejo sustentable del medio ambiente

  • En promedio las ciudades generaron 0.9 kilogramos de residuos sólidos por persona, pero 5 de las 73 ciudades, produjeron más de 1.5 kilogramos per cápita.
  • En promedio las ciudades consumieron 109.2 metros cúbicos de agua por habitante (109,200 litros) no obstante, existieron casos como Campeche donde el consumo fue casi el triple.

Sociedad incluyente, preparada y sana

  • El grado de escolaridad promedio de las ciudades es de 8 años. Sin embargo, en La Piedad-Pénjamo, San Francisco del Rincón y Tecomán el promedio es menor a 6 años.
  • La brecha entre los ingresos promedio de hombres y mujeres fue de 47% en Tula, mientras que en Delicias la diferencia es de 4%.
  • El número promedio de camas de hospital por cada 10 mil habitantes, pasó de 8.8 en 2014 a 8.4 en 2018.

Sistema político, estable y funcional

  • El 16% de los ataques a la prensa en zona urbana se presentó en el Valle de México.
  • La ciudad con la mayor participación ciudadana fue Toluca con el 72% de su lista nominal, mientras que en Nogales solo fue el 44%.

Gobiernos eficientes y eficaces

  • Únicamente 3 ciudades (Monclova-Frontera, Saltillo y Piedras Negras) obtuvieron 100 puntos en el Índice de Información Presupuestal Municipal 2018.
  • En promedio, solo 15% de los ingresos de las ciudades provino de fuentes propias. Sin embargo, es posible observar grandes diferencias entre las ciudades, como Querétaro, cuya cifra ascendió a 43%, y Cárdenas que estuvo en 2%.

Mercado de factores

  • Los Cabos (0.50), La Piedad Pénjamo (0.49) y Saltillo (0.49) fueron las tres ciudades que presentaron el coeficiente de desigualdad salarial más alto.
  • El salario promedio de los trabajadores de tiempo completo fue de 7 mil 327 pesos mensuales, sin embargo, los trabajadores de Los Cabos, ganaron el doble que los trabajadores de Cuautla.

Economía estable

  • En promedio, las ciudades generaron 27% de su PIB en sectores de alto crecimiento.
  • La ciudad con más sectores presentes en su economía fue Valle de México (931), mientras que Rioverde presentó el menor número (372).

Sectores precursores

  • En promedio, las ciudades contaron con 1.8 tarjetas débito y crédito por cada adulto.
  • Sobre el porcentaje de los fondos federales para movilidad, solo La laguna (25%), Valle de México (37%) y Monterrey (38%) ejercieron más del 10% en dicho fondo para transporte público.

Aprovechamiento de las relaciones internacionales

  • En promedio, las ciudades fronterizas recibieron un 35% más de inversión extranjera directa neta con respecto al resto de ciudades.
  • En Cuernavaca, Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún más de la mitad de sus pasajeros vuelan o vienen del extranjero.

Innovación de los sectores económicos

  • En promedio, el crecimiento anual de la productividad total de los factores (usando parámetros del modelo KLEMS), disminuyó en 2018.
  • Mientras que en el Valle de México había 265.9 matrices del Top 500 CNN por cada 10 mil empresas, en 45 ciudades de la muestra no se encuentra ninguna.

[1] Los últimos datos utilizados para el Índice corresponden a 2018.

 

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I. SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Derecho tiene el objetivo de medir el entorno de seguridad pública y jurídica en las ciudades del país. La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo las libertades, el orden y la paz pública, salvaguardando la integridad física y los derechos de las personas. Un Estado de derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento en las ciudades. Además, la seguridad jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. Ambas dimensiones de este subíndice inciden directamente en la competitividad de las ciudades.

Resultados más relevantes

Gráfica I.1 Resultados del subíndice Derecho por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla I.1 Indicadores que conforman el subíndice Derecho

Tabla I.2 Mejor ciudad en Derecho por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Para lograr que las ciudades del país cuenten con las condiciones idóneas de competitividad y de certeza jurídica para sus habitantes, se necesita proteger y garantizar el respeto a los principios de: primacía e igualdad ante la ley, separación de poderes, participación social en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y claridad procesal y legal. Es decir, un gobierno efectivo y progresista, debe proporcionar a sus habitantes servicios públicos apropiados, incita la inclusión social y el acceso a la justicia sin discriminación, impulsa su desarrollo y demuestra sustentabilidad política por conducto de instituciones, democráticas, sólidas y transparentes.

Este subíndice tiene como fin, examinar las condiciones en las que se desempeña la seguridad pública y el régimen de propiedad en los centros urbanos. A continuación, se presentan algunas propuestas específicas que contribuyen al reforzamiento de las condiciones del Estado de derecho, en las ciudades.

Policías

  • Adopción de un modelo policial flexible y adecuado a sus condiciones socioeconómicas, culturales, demográficas e incidencia delictiva. Tomando como ejemplo el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica como una política integral de seguridad ciudadana y un modelo de solución de conflictos sociales.
  • Contar con policías con un óptimo enfoque de proximidad social (facilitador social), susceptible de medición, que ayude a entender, mejorar y reconstruir la interrelación y confianza entre autoridades y ciudadanía. Lo anterior será un parteaguas para aumentar la baja incidencia de denuncias de delitos y en donde se pueda aprovechar la información que la ciudadanía proporcione, para prevenirlos y combatirlos.
  • Implementar o fortalecer las unidades de investigación de delitos y de análisis e inteligencia delictiva, dentro de las instituciones de seguridad ciudadana que apoyen en coordinación con otras fuerzas policiales o instituciones de procuración de justicia en prevenir e investigar delitos. Con estas áreas se podrá combatir a la criminalidad, disminuir la incidencia delictiva, reducir la impunidad, en donde se logre litigar de manera eficiente los casos ante los tribunales.
  • Evaluar la efectividad del Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos encargados de brindar seguridad ciudadana que asegure que su ingreso, capacitación, promoción y permanencia, estén debidamente reglamentados y que sean claros y que no sean un obstáculo normativo o político que evite su desarrollo profesional a corto, mediano y largo plazo.
  • Contar con protocolos de actuación basados en las mejores prácticas nacionales o internacionales con enfoque y énfasis en Derechos Humanos tomando en consideración la opinión de los propios miembros de las fuerzas de seguridad ciudadana, que les ayuden de manera clara, sencilla y práctica, en su actuar cotidiano, con mecanismos de supervisión y de medición de calidad. Lo anterior les permitirá contar con herramientas focalizadas que les auxilien y no obstaculicen su trabajo.
  • Establecer acuerdos de coordinación entre los distintos cuerpos encargados de la seguridad ciudadana del país. La interacción e intercambio de datos e información, son un elemento indispensable para mejorar la prevención, persecución y sanción de los delitos.
  • Promover que los órganos internos de control, supervisión y sancionadores, cuenten con la independencia jerárquica dentro de las instituciones de seguridad ciudadana. Esto contribuirá a que estas áreas, puedan ejercer su labor sin ningún tipo de favoritismos o de algún tipo de intrusión burocrática en sus decisiones y se logre no solamente sancionar a los elementos policiales infractores, sino, evaluar y recomendar la mejora y desarrollo continuo de los mismos.
  • Evaluar la efectividad del Servicio Civil de Carrera de los servidores públicos encargados de brindar seguridad ciudadana. Lo anterior permitirá evaluar si los mecanismos de ingreso, capacitación, promoción y permanencia, a los que están sujetos los agentes policiales, no están siendo afectados por alguna normatividad u obstáculo político.
  • Impulsar la continuidad de los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, sin estar sujetos al periodo o mandato del titular del poder ejecutivo municipal. Con esto se pretende incidir en la continuidad de las políticas públicas que están siendo efectivas y que por medio de un consejo gubernamental y ciudadano puedan medir su desempeño, continuidad o la necesidad de su cambio. La confianza que se genera entre policías y a quienes sirven, no debe estar condicionada a un cambio de administración cada tres años.

Prevención del delito

  • Adoptar modelos de contención del fenómeno delincuencial. Contar con una policía cercana a la ciudadanía, ayudará a mejorar la confianza de la población en sus instituciones de seguridad, a su vez, funcionará como un puente de intercambio de información para conocer y prevenir las dinámicas delincuenciales dentro de las zonas o colonias con altos índices de percepción de inseguridad.
  • Invertir en la utilización recursos tecnológicos para el registro de los delitos cometidos. La utilización de plataformas electrónicas de denuncia o cámaras de video, son elementos esenciales para el análisis de patrones de criminalidad y soluciones operativas. Esto permitirá, identificar y evidenciar la comisión de delitos por colonias, zonas o regiones específicas, que auxilien a las autoridades a brindar soluciones a los índices delictivos sin menoscabar o derrochar recursos materiales o humanos en combatir a la delincuencia. Algunos ejemplos de estos recursos son los Centros de Comando C5, o los C2 móviles que cuentan con vehículos terrestres y aéreos no tripulados que monitorean lugares de difícil acceso, el número de emergencias 911 o el 089 para denuncias anónimas.
  • Evaluar el impacto de las medidas de prevención del delito en zonas con altos indicies delincuenciales, por medio de indicadores basados en visitas de acercamiento y sensibilización social, implementación de programas sociales de disminución de la criminalidad, denuncias ciudadanas y sus mecanismos de recepción, tiempos de respuesta, tasa delictiva, percepción de seguridad, así como respeto a los derechos humanos. Esta información servirá como insumo para mejorar la calidad de las políticas de prevención que hoy se basan solamente en resultados y no en su impacto.
  • Promover la cultura colaborativa de la ciudadanía, por conducto de mecanismos de inclusión social, en donde la población, sea corresponsable en la búsqueda de soluciones a su entorno socioambiental y se involucre con la medición del éxito en la aplicación de dichas medidas.
  • Implementar y consolidar la Justicia Cívica, que mejore la convivencia entre los habitantes de una comunidad y evitar que los conflictos sociales escalen a conductas de carácter delictivo. Lo anterior, con una visión sistémica, en donde una serie de actores como juzgadores, policías y especialistas en diversas materias ayuden a entender, intervenir y solucionar las causas que originan los conflictos sociales en una zona, colonia o demarcación territorial.

Propiedad de la tierra

  • Implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones trámites y servicios, de conformidad a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria publicada el 30 de agosto del 2019 en el Diario Oficial de la Federación. La mejora regulatoria resulta fundamental para generar las condiciones que permitan el buen desempeño de la actividad económica, al promover una mayor competencia, definir los derechos de propiedad, brindar certidumbre jurídica, y en el establecimiento de reglas claras para todos, que generen crecimiento económico y bienestar social.
  • Fomentar la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado la modernización de los sistemas catastrales y registrales de propiedad inmobiliaria en los Centros de Población, de conformidad a los Lineamientos del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, publicado el 17 abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
  • Instaurar junto con la Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una plataforma nacional moderna y con los elementos normativos y tecnológicos equiparados entre las instituciones catastrales y los registros públicos del país. Todavía existen lugares en donde se trabaja con un sistema registral de libros o se continúa operando en los catastros con planos y cartografía de papel no actualizados, lo que, puede provocar actos de corrupción e incertidumbre jurídica patrimonial.
  • Valorar los beneficios de la utilización de tecnologías de la información en los catastros del país. Lo anterior permitirá, evitar demoras o errores por parte de las autoridades, en la identificación, ubicación y uso del inmueble y se lleve un seguimiento más ágil y confiable en la inscripción ante los registros públicos. Hay países como Japón, que están utilizando la tecnología denominada blockchain, para poder identificar y unificar datos sobre predios o propiedades vacías, sin dueño o desconocido o casos de tierras consideradas improductivas. Con esto, se busca impulsar la reutilización de las tierras, promover la compra-venta, controlar la reurbanización, mejorar el cobro de impuestos y diseñar planes ante desastres naturales.

Fe pública

  • Eliminar obstáculos para acceder a una patente notarial. Todavía en algunas entidades del país, esta decisión, es potestativa del titular del poder ejecutivo o a petición del Colegio de Notarios, que pueden influir en limitar el ingreso a nuevos competidores para el ejercicio de la profesión que tengan la posibilidad de brindar ventajas económicas y de calidad a quien solicite o necesite sus servicios.
  • Brindar la oportunidad a los notarios de ofrecer sus servicios a un costo menor del máximo establecido en el arancel notarial o sin atarlos a este. Esto generará que los fedatarios públicos puedan competir entre ellos, ofrecer condiciones más favorables a los solicitantes de sus servicios y promovería la regularización de la propiedad privada y de los negocios.

 

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II. MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Medio ambiente mide la capacidad de las ciudades para relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos naturales y su entorno. Este subíndice provee información sobre agua y residuos sólidos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en las ciudades en el mediano y largo plazo.

Resultados más relevantes

Gráfica II.1 Resultados del subíndice Medio ambiente por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla II.1 Indicadores que conforman el subíndice Medio ambiente.

Tabla II.2 Mejor ciudad en Medio ambiente por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Los gobiernos municipales tienen atribuciones que podrían tener un impacto directo sobre la agenda ambiental. Esto es una gran oportunidad para municipios y entidades en un entorno donde el Gobierno federal no considera esta materia prioritaria. La agenda ambiental es amplia, por ello esta sección se enfoca en los temas donde pueden incidir los municipios: agua potable y saneamiento, calidad del aire, manejo de residuos, prevención de desastres y energía. A continuación, se enlistan propuestas específicas para cada tema.

Agua potable y saneamiento

  • Incrementar las capacidades financieras y operativas de los organismos operadores de agua. El agua es un insumo vital y su gestión debe ser técnica para lograr que ésta sea eficiente y financieramente sostenible. Sin embargo, la mayoría de los organismos operadores de agua carecen de las capacidades para ello. Algunas acciones específicas para revertir esta situación:
  • Aprovechar los registros administrativos para construir indicadores de desempeño y calidad de la gestión. Los municipios podrían acercarse a Conagua para identificar los indicadores más importantes. A partir de esto, podrían diseñar una estrategia para recolectar datos y medir su impacto, así como su progreso.
  • Saber cuánto, cuándo, dónde y quién consume el agua con detalle es básico para determinar el costo del recurso hídrico de manera más precisa, información vital para la toma de decisiones, desde la construcción de infraestructura hasta la fijación de tarifas. Para generar esta información es necesario aumentar la micromedición en las ciudades mexicanas, concepto que se refiere a medir los volúmenes de agua de manera individual por toma.
  • Establecer incentivos a usuarios responsables que consuman de manera eficiente los recursos hídricos. Para generar incentivos para aumentar o mantener un consumo eficiente se propone la creación de un fondo, a partir de los ahorros generados al Gobierno de las ciudades por el consumo eficiente de los recursos hídricos, que sea gastado en beneficio de las zonas con alta eficiencia hídrica y que muestren una disminución en el consumo.
  • Incentivar la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia permitiría disminuir la presión sobre el sistema de drenaje de las ciudades, así como el riesgo de inundación. La instalación de estos sistemas requiere de un análisis histórico de las lluvias registradas, no solo para cada ciudad con alto riesgo y vulnerabilidad ante inundaciones, sino a un nivel de desagregación al interior de cada ciudad, esto para maximizar el aprovechamiento de los sistemas instalados.
  • Disminuir las pérdidas mediante el oportuno mantenimiento de la red de tuberías. Así como su pronta atención una vez reportadas.
  • Aumentar la eficiencia en el cobro de los recibos y cuentas vencidas. Punto necesario para el financiamiento de las medidas propuestas.
  • Presionar a los gobiernos estatales y el federal para transferir a los organismos operadores la facultad para determinar las tarifas de agua. Actualmente definir las tarifas recae en los congresos locales. Este cambio despolitizaría las tarifas e impulsaría una mejor planeación basada en criterios técnicos, acorde a las características propias de cada ciudad.
  • Profesionalizar a los organismos operadores de agua a través de una estructura interna de Gobierno corporativo con autonomía de gestión, autosuficiencia financiera y orientación a resultados. Estos organismos pueden ser públicos o privados y deben prestar el servicio de manera coordinada a todos los municipios que componen una zona metropolitana. Para más información sobre cómo transitar a este esquema se puede consultar nuestra Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua y saneamiento, publicada en marzo de 2014[1].
  • Colaborar con los gobiernos estatales para crear reguladores sectoriales fuertes que definan estándares mínimos de calidad en el servicio y exijan redición de cuentas a los organismos operadores a través de informes de gestión auditados y públicos. Estos reportes deben incluir un sistema de indicadores (de proceso y resultado) que sean comparables con otros organismos operadores y que se actualicen de manera periódica.

Calidad del aire

  • Monitorear los contaminantes criterio (partículas suspendidas, ozono, dióxidos de azufre y nitrógeno y monóxido de carbono) en aquellas ciudades con más de 500 mil habitantes o en aquellas que cuenten con industrias contaminantes establecidas cerca de la zona urbana. El monitoreo se debe hacer con base en la NOM-156-SEMARNAT-2012.
  • Modificar las regulaciones de construcción y de establecimientos mercantiles para construir política de control de estacionamientos y del automóvil para las ciudades. Urge revertir la tendencia a nivel nacional donde varios municipios han aumentado los requerimientos del número de cajones de estacionamiento que las nuevas construcciones deben tener y, en algunas ocasiones, han obligado a establecimientos mercantiles y a centros comerciales a otorgarlo de manera gratuita. Estas políticas representan un subsidio directo al automóvil e incentiva su mayor uso. Los municipios pueden seguir el ejemplo de la Ciudad de México[2] y Guadalajara[3] que han modificado su regulación para limitar (y eventualmente prohibir) la construcción de estacionamientos en zonas de alta movilidad con suficiente transporte público u otros medios de transporte.
  • Cobrar el uso de la vía pública para desincentivar el uso del automóvil privado. Algunas medidas son los parquímetros o cobros por el uso del automóvil en las zonas más congestionadas de las ciudades (congestion charge[4]), las cuales se deben complementar con un sistema eficiente de transporte público local como se ha hecho exitosamente en otras ciudades del mundo como Londres, Singapur, Milán, Nueva York y Buenos Aires en Latinoamérica[5].
  • Incluir el costo por afectaciones indirectas (externalidades) de proyectos turísticos y obras de infraestructura que estén a cargo de los municipios. Estas deberían ser estimadas a partir de metodologías avaladas internacionalmente a través de una institución como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para determinar el costo que los proveedores del bien o servicio deberán considerar pagar a la sociedad para compensar el daño.

Manejo de residuos

  • Reducir la generación de residuos, lo que podría representar un ahorro para los Gobiernos locales, al simplificar la gestión de residuos sólidos. Este objetivo se podría lograr a través de campañas de concientización, promoción de la cultura del reciclaje, incentivos económicos y normas que promuevan la disminución del uso de empaques y desechables.
  • Implementar un programa de recuperación y reciclaje dirigido a las personas morales que coloquen un determinado volumen de residuos estén obligados a recolectar y entregar en centros de reciclaje el mismo volumen de los materiales que colocaron en el mercado, ya sea directamente o mediante empresas intermediarias[6].
  • Aprovechar la energía que se genera en rellenos sanitarios, tanto de captura de biogás como plantas incineradoras de los residuos urbanos, en las ciudades de mayor tamaño, a través de esquemas de asociación público-privado. Es necesario monitorear la operación de los rellenos sanitarios para asegurar su correcta disposición final y en caso de no cumplir con la normatividad establecer sanciones para los operadores.
  • Dar certeza a los prestadores de servicio sobre la temporalidad de los contratos, así como el análisis de costo-beneficio de los proyectos. Con esto se vuelve una opción económicamente viable y atractiva tanto para el municipio como los inversionistas. Además, se debe transparentar el costo de cada una de las fases de manejo de los residuos para dar certidumbre de precios y detonar así inversiones en la administración de los residuos sólidos.

Prevención de desastres

  • Otorgar créditos hipotecarios de instituciones financieras públicas y privadas, así como permisos de construcción solo a los proyectos que se apegan a los programas de desarrollo urbano y mapas de riesgo. La vulnerabilidad de las ciudades ante desastres naturales está sujeta a las características sociales y calidad de la infraestructura. Por ello, considerar estos documentos como base para la construcción es fundamental para prevenir daños potenciales, así como pérdidas humanas derivadas de fenómenos climáticos. Los mapas de riesgo deben estar basado en experiencias de sismos e inundaciones de las últimas décadas.
  • Fortalecer a los Implanes de los municipios urbanos y transitar hacia institutos de planeación metropolitanos para que sean capaces de fomentar el crecimiento compacto de las ciudades y su resiliencia ante desastres naturales. Para ello, deben contar con gobiernos corporativos de calidad, es decir, transparentes, profesionales y sin conflictos potenciales de interés por parte de sus miembros. También requieren más herramientas para aprobar cualquier cambio de uso de suelo que rebase cierto tamaño y la posibilidad establecer sanciones más estrictas. Además, la vida institucional de los Implanes debe rebasar los ciclos políticos en los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades, para que sus motivaciones sean técnicas, no políticas.
  • Establecer una política de cero tolerancia a los nuevos asentamientos irregulares y trabajar en la formalización de la vivienda irregular que no está en zonas de riesgo o de alto valor ecológico, así como incorporar predios baldíos intraurbanos y subutilizados al mercado inmobiliario a través de instrumentos fiscales. Para implementarlo se requiere una unidad de gobierno con recursos humanos, materiales y facultades jurídicas para empujar esta tarea en un país donde la mayor parte de la vivienda está asentada en la informalidad.

Energía

  • Ofrecer descuentos en el pago del impuesto predial y/o recibo de agua y/o para incentivar la implementación de ecotecnologías tales como sistemas de captación pluvial, jardines verticales y azoteas verdes.
  • Colaborar con el Gobierno estatal para diseñar e implementar un programa para sustituir electrodomésticos y/o focos ahorradores.
  • Promover la generación distribuida de energía eléctrica en hogares, comercios e industrias a partir de campañas y plataformas de difusión de sus beneficios fiscales (depreciación acelerada, impuesto sobre la nómina, impuesto predial), ambientales y ahorros potenciales. También se pueden dar a conocer las principales especificaciones técnicas a considerar al momento de elegir un integrador de paneles solares para su instalación. El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) puede ser el vehículo para un programa de este tipo.
  • Facilitar el proceso de interconexión de la generación distribuida a la red de la CFE.
  • Instalar tecnología LED en el alumbrado público[7] con el fin de disminuir el consumo de electricidad del municipio.
  • Reestablecer el impuesto estatal vehicular (tenencia) en los estados que lo eliminaron y eliminar los subsidios en los estados que lo mantienen para disminuir la externalidad negativa por el uso del automóvil y promover el uso del transporte público, así como para que las entidades cuenten con una fuente adicional de recursos. Autos eficientes y/o eléctricos quedarían exentos del impuesto, así como de verificación, pago de placas o derechos por servicios de control vehicular.

[1] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua y saneamiento (México: IMCO, 2014) https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/AguaPotable.pdf  (Consultado el 10/09/20).

[2] ITDP. 2017. Ciudad de México: líder regional en política de estacionamiento. http://mexico.itdp.org/noticias/ciudad-de-mexico-lider-regional-en-politica-de-estacionamiento/ (Consultado del 11/09/2020)

[3] ITDP. 2016. Modelo de implementación de DOT en la zona metropolitana de Guadalajara. http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Modelo-de-implementaci%C3%B3n-de-DOT-en-la-Zona-Metropolitana-de-Guadalajara.pdf (Consultado el 11/09/2020)

[4] Mulholland, Patrick. “Congestion charging gains ground as cities run out of road”. Financial Times 28/01/2020. https://www.ft.com/content/77e5139a-1c3d-11ea-81f0-0c253907d3e0 (Consultado el 10/09/20)

[5] LA Network, “Buenos Aires ya tiene cobro por congestión en Latinoamérica”, LA Network, (2018), http://la.network/buenos-aires-ya-cobro-congestion-latinoamerica/ (Consultado el 02/10/18).

[6] El sistema dual de reciclaje inició en Alemania en 1990 con la Ley Federal de Reciclaje, que compromete a las empresas a recuperar los residuos sólidos de sus productos, los cuáles son recolectados por empresas intermediarias, independientes del servicio público de recolección de basura. Esta iniciativa fue el precursor del esquema europeo de reciclaje. Debido a la complejidad y altos costos de que las empresas recolecten los residuos de sus productos, se propone que recolecten un volumen equivalente de los materiales de los productos (por ejemplo, aluminio).

[7] En 2019 únicamente 3% del alumbrado público contaba con tecnología LED.

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III. SOCIEDAD INCLUYENTE, PREPARADA Y SANA

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Sociedad mide la calidad de vida de los habitantes a través de tres áreas: educación, salud e inclusión. Éstas dan un indicio de las oportunidades que existen para formar, atraer y aprovechar el capital humano de una ciudad. Incluye indicadores de rendimiento académico, oferta médica y servicios de salud, condiciones socio-económicas, pobreza y desigualdad. Una ciudad que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es mucho más atractiva para el talento y las inversiones.

Resultados más relevantes

Gráfica III.1 Resultados del subíndice Sociedad por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla III.1 Indicadores que conforman el subíndice Sociedad.

 

Tabla III.2 Mejor ciudad en Sociedad por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Aumentar los años de educación promedio, así como reducir los problemas de salud pública, pobreza y desigualdad, son tareas que recaen principalmente en los gobiernos federal y estatales. A continuación, se delinean algunas acciones que podrían llevar a cabo los municipios para complementar el esfuerzo que permita acercarse a dichos objetivos.

Educación

Participación social

  • Asegurar los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento anual del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE). Los municipios pueden brindar recursos financieros y logísticos para el funcionamiento adecuado de los CMPSE cada ciclo escolar. Estos consejos deben cumplir su potencial como espacio de participación y las autoridades municipales pueden contribuir con ello a identificar a actores relevantes e invitarlos a ser parte del CMPSE.
  • Apoyar a los órganos escolares de participación social en el ejercicio eficiente y eficaz de los recursos que reciben. Los programas federales que brindan recursos directamente a las comunidades escolares pueden ser complementados con asesoría técnica y administrativa para su ejercicio adecuado. En colaboración con el CMPSE, los ayuntamientos pueden realizar un seguimiento a las reuniones regulares de los Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) y a los Comités Escolares de Administración Participativa, con el fin de orientar su uso.

Infraestructura y equipamiento escolar

  • Gestionar recursos para el mantenimiento y la provisión de equipamiento básico a las escuelas estatales y municipales. Al gestionar recursos complementarios, los ayuntamientos pueden a disminuir la necesidad de las cuotas monetarios y en especie que se solicitan a padres de familia, las cuales dificultan e incluso condicionan el acceso a los servicios educativos.

Vinculación laboral

  • Aportar información que permita identificar las necesidades locales de formación para el trabajo y educación técnica. La planeación que las autoridades responsables realizan de la oferta de estos niveles educativos será más pertinente con las necesidades locales en la medida en que incorpore datos que reflejen el mercado laboral existente. Una oferta educativa pertinente con las actividades económicas locales contribuye a mejores prospectos laborales para los egresados y a un mayor desarrollo regional.
  • Servir de intermediario para impulsar las asociaciones entre instituciones de educación y empresas locales. Los ayuntamientos se encuentran en una posición privilegiada para fungir como vinculación entre el sector productivo local y las instituciones estatales de educación media superior y superior. Existen casos de éxito como Querétaro y la industria aeronáutica o Monterrey y el clúster automotriz, que ejemplifican el papel facilitador que las autoridades locales pueden tener. Es necesario que los ayuntamientos faciliten espacios donde las instituciones de educación y el sector productivo confluyan para generar estos vínculos.

Las principales tareas de salud, educación y combate a la pobreza recaen en el Gobierno federal y los gobiernos estatales. Sin embargo, ante el contexto tan complicado que ha generado la pandemia de covid-19, es fundamental que los municipios implementen acciones locales que complementen otras estatales y federales para construir una sociedad más equitativa, educada y sana.

Salud

La pandemia de covid-19 ha evidenciado la necesidad de fomentar una cultura de prevención entre los mexicanos, tanto para enfermedades contagiosas como para padecimientos crónicos. Los gobiernos municipales, al estar más cercanos a la gente y conocer mejor su territorio, pueden jugar un papel preponderante en este sentido. A continuación, se enlistan algunas acciones en cada uno de estos frentes para lograrlo.

Acciones locales para controlar los contagios de covid-19 e influenza:

  • Promover el uso del cubrebocas. Un grupo de economistas de Goldman Sachs encontró que el uso obligatorio del cubrebocas podría salvar casi 5% del PIB norteamericano que se perdería con confinamiento.[1] Esta es una muestra que el cubrebocas es una medida sencilla y costo-efectiva para evitar contagios. Los municipios tienen la facultad de ordenar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos, como lo hizo Toluca[2]. También podrían distribuir cubrebocas en zonas con alta afluencia de personas y hacer campañas respecto a su importancia para continuar con un proceso seguro de reapertura económica.
  • Aprovechar la tecnología para detectar y mapear colonias de riesgo -por alta densidad poblacional o carencia de servicios básicos-, así como colonias con altos niveles de contagios. Los estados y municipios pueden seguir el ejemplo de la Ciudad de México[3], que aprovecha este tipo de datos para informar a los habitantes de las colonias más afectadas e identificar casos sospechosos y sus contactos. Entre estas acciones, se debe invertir en la aplicación de pruebas aleatorias de Covid para conocer con mayor precisión cuáles son las colonias más afectadas.
  • Transparentar y concentrar las medidas de higiene que deben seguir las unidades económicas en el proceso de reapertura. Tanto instancias federales (como la Secretaría del Trabajo, el IMSS y la Secretaría de Salud) como locales (gobiernos estatales y municipales) han sacado lineamientos que deben seguir las unidades económicas para retomar sus actividades. Los municipios podrían apoyar a este proceso con un portal actualizado, al que se le dé difusión, en el que se concentren todos los lineamientos que deben cumplir los negocios en su territorio, así como un punto de contacto para resolver dudas.
  • Colaborar con autoridades estatales y federales para controlar los contagios de influenza. La temporada de influenza podría presionar aún más a las instituciones de salud al elevar el número de casos sintomáticos que se pudieran confundir con covid-19 o que requieran cuidados hospitalarios[4]. En ese sentido, los municipios pueden emprender acciones para reforzar las medidas de higiene y sana distancia que pudieran prevenir los contagios de influenza, además del covid-19, como sucedió en el hemisferio sur[5]. También podrían sumarse a las campañas para aplicar la vacuna contra la influenza, sobre todo a grupos de riesgo como adultos mayores, niños menores de 2 años, mujeres embarazadas, población con padecimientos crónicos y personal de salud[6].
  • Implementar proyectos para fomentar la movilidad saludable y segura. A finales de julio 2020, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó una estrategia denominada “Movilidad 4S para México”, la cual ofrece un plan de movilidad para la nueva normalidad.[7] En ella se alinean protocolos y acciones bajo cuatro ejes: salud, seguridad, sustentabilidad y solidaridad. Los municipios pueden aprovechar la guía de la estrategia[8] para planear, diseñar e implementar acciones de bajo costo con el fin de incrementar la sana distancia durante los trayectos de los ciudadanos. Algunos ejemplos de este tipo de proyectos son reducción de velocidad, ampliación de banquetas, instalación de ciclovías temporales, cierre de calles para peatones y apoyo en la planeación del transporte público para agilizar las rutas más concurridas, entre otras.

Acciones locales para prevenir, detectar y controlar enfermedades crónicas:

  • Instalar módulos de detección temprana, en los cuales se midan características antropométricas, niveles de glucosa y se realicen mamografías y papanicolaus, entre otros. Aprovechar a los ciudadanos que se acerquen para ofrecer información valiosa respecto a la importancia de llevar un estilo de vida saludable.
  • Promover la lactancia materna, a través de campañas informativas e incentivos para la creación de espacios que faciliten a las mujeres amamantar en lugares públicos.
  • Invertir en infraestructura pública para estilos de vida más activos. Esto incluye mejorar banquetas, para que sean uniformes y estén libres de obstáculos, lograr cruces peatonales más amigables, crear gimnasios al aire libre, e instalar bebederos en escuelas, edificios de Gobierno y espacios públicos.

Pobreza y desigualdad

La pandemia de covid-19, aunada a la drástica contracción económica inducida para reducir los contagios, podrían incrementar la pobreza y la desigualdad en nuestro país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó en mayo 2020 que la pandemia podría derivar en 10.7 millones de personas adicionales en pobreza extrema[9]. A su vez, México es el segundo país más desigual de la OCDE después de Chile[10], y las brechas entre las diferentes poblaciones se podrían abrir aún más ante el contexto actual. Por ejemplo, poco a poco empieza a surgir evidencia de que las mujeres son las más afectadas en esta crisis debido a que en su mayoría están ocupadas en sectores con alto contacto entre personas y a que tienen una carga desproporcionada dentro del hogar.[11] En este contexto, los municipios pueden implementar acciones locales para aminorar estos efectos y generar mayores oportunidades para sus ciudadanos. Algunas propuestas para ello:

  • Analizar a las poblaciones más afectadas por el covid-19 y sus necesidades. Los municipios son los gobiernos más cercanos a la gente, por lo que pueden aprovechar esta cercanía y sus registros administrativos para analizar cuáles y dónde están las poblaciones más afectadas por la pandemia. Podrían contrastar esta información con los apoyos disponibles (a nivel federal, estatal y municipal), para identificar qué hace falta y crear programas de apoyo, ya sea monetarios o en especie, mucho más precisos para quienes viven en sus territorios.
  • Innovar en los mecanismos de registro de beneficiarios y entrega de apoyos. La política social en nuestro país se ha caracterizado por la falta de transparencia en el padrón de sus beneficiarios.[12] Los municipios y las entidades podrían poner el ejemplo para conformar un padrón único de beneficiarios de los apoyos que están a su cargo. Idealmente, este padrón debería considerar la identificación biométrica lo que eventualmente podría evolucionar a una base de identificación biométrica universal que facilitaría una serie de trámites, entre otros beneficios. También, los municipios que ofrezcan transferencias monetarias deberían bancarizar su entrega y aprovechar tecnologías de bajo costo (como plataformas de pago electrónico en 2G), de manera que contribuyan a los esfuerzos anticorrupción y de inclusión financiera.[13]
  • Incentivar la incorporación de mujeres al mercado laboral. México es el quinto país de Latinoamérica con menor tasa de participación económica de mujeres después de Puerto Rico, Guatemala, Cuba y Guyana.[14] Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, IV Trimestre 2019), las mujeres representan el 52% de la población total, pero solo el 39% de la fuerza laboral. Esta desproporción podría aumentar con el efecto de la pandemia. Los datos de la ENOE y su versión telefónica muestran que entre abril y julio los hombres estaban recuperando sus empleos más rápido que las mujeres. Por ello, es importante que los gobiernos implementen acciones que eviten la pérdida de talento femenino e incentive su regreso a empleos de calidad. Los municipios podrían implementar apoyos monetarios o en especie focalizados para las mujeres ocupadas y reducir barreras para la contratación de mujeres en la administración local. También podrían apoyar en fortalecer el sistema de cuidados con centros de día que apoyen a hombres y mujeres con el cuidado de hijos y adultos mayores, así como directorios transparentes de la oferta de guarderías públicas y privadas.
  • Generar incentivos para que las mujeres de secundaria y preparatoria continúen estudiando. Ante la crisis de cuidados que se ha generado con la suspensión de clases presenciales, existe el riesgo de que las alumnas de más de 15 años abandonen sus estudios para encargarse de las laborales del hogar. Los municipios pueden contribuir a reducir este riesgo a través de alguna compensación de las becas que se ofrecen a nivel federal para que las niñas, jóvenes y mujeres reciban un monto mayor que sus contrapartes varones. Esto aunado a medidas para elevar la calidad académica podría mejorar las expectativas laborales de la próxima generación de trabajadoras.
  • Crear un directorio local de unidades económicas que incorporan prácticas de integración vida-trabajo. Este tipo de prácticas son trajes a la medida que cada organización puede implementar para flexibilizar, en la medida de lo posible, las condiciones laborales con el fin de que sus colaboradores puedan compaginar sus necesidades personales con las exigencias del trabajo. Algunos ejemplos son el teletrabajo, días personales con goce de sueldo y horarios flexibles, entre muchos otros.[15] Ante el contexto actual, estas prácticas podrían contribuir a fomentar la sana distancia dentro de los centros de trabajo y los trayectos para llegar a ellos, así como incrementar la participación de las mujeres. Para incentivarlas, los gobiernos municipales podrían crear un directorio voluntario que reconozca aquellas unidades que han adoptado este tipo de prácticas. Este esfuerzo se puede completar con difusión del directorio, así como apoyo técnico como se hizo en Portugal.

[1] Goldman Sachs. 2020. “Face Masks and GDP”. https://www.goldmansachs.com/insights/pages/face-masks-and-gdp.html (Consultado el 09/09/2020)

[2] “Desde hoy ya es obligatorio usar cubrebocas en Toluca”. Milenio 13/07/2020.  https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/toluca-entra-en-vigor-uso-obligatorio-de-cubrebocas (Consultado el 09/09/2020)

[3] “CDMX presenta mapa con casos de Covid-19 por colonia”. Forbes, 19/06/2020. https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-mapa-colonias-coronavirus-covid19/ (Consultado el 09/09/2020)

[4]  Rodríguez, Adriana. 21/08/2020. “It’s crucial to get a flu shot this year amid the coronavirus pandemic, doctors say”. USA Today. https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/08/21/flu-shot-during-covid-what-know-2020-2021-season/3392376001/ (Consultado el 09/09/2020)

[5] Servick, Kelly. 14/08/2020. “How will COVID-19 affect the coming flu season? Scientists struggle for clues”. Science  https://www.sciencemag.org/news/2020/08/how-will-covid-19-affect-coming-flu-season-scientists-struggle-clues (Consultado el 09/09/2020)

[6] WHO. 2018. Influenza (seasonal). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) (Consultado el 09/09/2020)

[7] Sedatu. 2020. Movilidad 4s para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria. Plan de Movilidad para una Nueva Normalidad. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558043/ESTRATEGIA_M4S.pdf (Consultado el 09/09/2020)

[8] Sedatu. 2020. Guía de Implementación Movilidad Emergente 4S. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566607/GUIA_1_M4S_29-07-2020.pdf (Consultado el 09/09/2020)

[9] Coneval. 2020. Comunicado No.06. “La crisis sanitaria generada por la covid-19 y sus consecuencias

Económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en mayor medida a grupos vulnerables.” https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_06_POLIITICA_SOCIAL_EN_CONTEXTO_COVID_19.pdf?platform=hootsuite (Consultado el 10/09/2020)

[10] OECD. 2017. Income distribution and poverty. https://www1.compareyourcountry.org/inequality/en/0//ranking/ (Consultado el 10/09/2020)

[11] IMCO. 2020. Diagnóstico IMCO: Mujer en la economía pos-covid. (Consultado el 14/09/2020)

[12] IMCO. 2019. Diagnóstico IMCO: La política social, sin rumbo ni destino cierto. https://imco.org.mx/diagnostico-imco-la-politica-social-mexico-sin-rumbo-destino-cierto/ (Consultado el 10/09/2020)

[13] Torres, Luis Mauricio y Fátima Masse. “Más chips, menos tabiques”. Reforma 21/01/2020. https://imco.org.mx/mas-chips-menos-tabiques/ (Consultado el 10/09/2020)

[14] Con base en datos de Banco Mundial 2019.

[15] IMCO, “Trabajar sin dejar de vivir, mejores prácticas de integración vida trabajo en México”, 2019.  https://imco.org.mx/practicas-vida-y-trabajo/ (Consultado el 20/08/2020)

 

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IV. SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Sistema político mide el potencial de los sistemas políticos locales para ser estables y funcionales. La buena calidad del sistema político puede incentivar la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia que conduzca a una mayor rendición de cuentas. Se incorporan indicadores sobre la participación ciudadana en la vida política de la ciudad y de ataques contra la prensa. Estos indicadores podrían relacionarse con una ciudad cuyo sistema político enfrenta un mayor escrutinio público y, por tanto, existen incentivos para que sea más funcional en beneficio de sus habitantes. Por último, incluimos un indicador sobre las barreras a las candidaturas independientes bajo la premisa de que a mayor competencia, el sistema político-electoral buscará representar mejor los intereses de la ciudadanía.

Resultados más relevantes

Gráfica IV.1 Resultados del subíndice Sistema político por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla IV.1 Indicadores que conforman el subíndice Sistema político.

Tabla IV.2 Mejor ciudad en Sistema político por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

En 2014 se promulgó la reforma política que permite la reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos.[1] En principio, esta reforma tiene el potencial de mejorar el desempeño de los Gobiernos locales ya que, de alguna manera, la gestión del Ayuntamiento estará en manos de funcionarios más experimentados. Además, se generarán mejores condiciones para tener Gobiernos más profesionales, pues deberán mostrar mejores resultados ante el electorado, se diseñarán y ejecutarán programas y proyectos municipales a mayores plazos, y se estrechará el vínculo entre servidores públicos y ciudadanos. En teoría, todo esto podría aumentar la rendición de cuentas.

A pesar de ello, la reforma está limitada a una administración de máximo seis años y la existencia del candado de postularse por el mismo partido… Para que estas modificaciones sean suficientes para cambiar los incentivos al interior de los ayuntamientos, sería necesario que la reelección permita una administración de al menos nueve años y que los candidatos tuvieran la libertad de elegir el partido político por el cual se postularían en cada proceso electoral, incluso pudiendo elegir una candidatura independiente.

No obstante, existen múltiples acciones que podrían emprender las autoridades estatales y municipales para aprovechar los cambios recientes de esta reforma. Estas acciones están orientadas, en teoría, a generar una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana. A continuación, se enlistan las principales recomendaciones:

Sistema electoral

  • Establecer la representación proporcional como único principio en la asignación de los regidores de los ayuntamientos. La legislación de varios estados puede otorgar una sobrerrepresentación en la integración de los cabildos a la lista ganadora; en algunos municipios una planilla que obtiene el triunfo con menos del 30% de los votos puede tener una representación superior al 60% en el cabildo. En este sentido, debe mantenerse el principio de mayoría relativa para la elección del presidente municipal (es decir, la alcaldía será gobernada por la candidatura con más votos) y la asignación del resto de integrantes del cabildo debe ser proporcional al número de votos obtenidos por cada lista postulada. Este mecanismo ya se observa en las legislaciones de Guanajuato y Durango.
  • Reducir las barreras para las postulaciones a candidaturas independientes en los municipios. Las leyes electorales de cada entidad federativa garantizan que cualquier ciudadana o ciudadano puede solicitar el registro para una candidatura independiente, no obstante, cada congreso local reguló las condiciones y requisitos para otorgar esta solicitud por parte del instituto electoral local, observando auténticas barreras en varias de las leyes electorales. En este sentido, es necesario que a nivel municipal se eliminen o modifiquen aquellas disposiciones que complican el derecho a ser votado a través de esta figura. Un mal ejemplo es la legislación electoral de estados como Chihuahua, Nuevo León o Yucatán, que para algunos municipios se puede solicitar el 10% de las firmas de la lista nominal.
  • Promover mecanismos que garanticen la organización y desarrollo de la participación ciudadana en el municipio. Los ayuntamientos constituyen la unidad de gobierno más cercana a la ciudadanía y la interacción que puede generarse en este nivel es la que mejores resultados podría conllevar derivado de esta participación. En los municipios deben existir observatorios o consejos, en donde estén involucrados miembros de organizaciones civiles y el Gobierno, para tomar vigilar y participar en las decisiones que impacten en proyectos de inversión y políticas públicas en el ámbito municipal. De esta manera, vecinos organizados tendrían la oportunidad de influir en el planteamiento de soluciones a problemas que los afectan en su vida diaria.

Gasto público y rendición de cuentas

  • Limitar el gasto público en comunicación social a nivel municipal. Un alcalde o alcaldesa que considere reelegirse dispondrá del presupuesto municipal para promocionar acciones y resultados de su gobierno municipal. Es decir, no solo implica ejercer recursos en un concepto cuyos beneficios a la población del municipio pueden resultar invisibles, también convertir la competencia electoral en inequitativa ya que el resto de las planillas arrancaría con una clara desventaja. La normatividad municipal debe restringir el gasto público en comunicación social para materias específicas (protección civil, salud y educación) y hasta ciertos montos.
  • Máxima publicidad a evaluaciones de transparencia y rendición de cuentas. Las evaluaciones que hacen los institutos de transparencia deben seguir el principio de máxima publicidad para que faciliten a los ciudadanos calificar el compromiso de las municipalidades en el combate a la opacidad y contar con información para valorar su gestión. Por otro lado, los ayuntamientos deben publicar en tiempo y forma los informes trimestrales del ejercicio del gasto, para dar seguimiento a las acciones en conceptos como salud, educación o seguridad. Lo anterior permitirá a los electores tener herramientas para evaluar objetivamente la administración de los presidentes municipales y premiarlos o castigarlos cuando decidan reelegirse.

[1] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 febrero de 2014.

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V. GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Gobiernos mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus ciudades. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores sobre su capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas, así como el impacto del gasto público para apoyar un desarrollo urbano ordenado.

Resultados más relevantes

Gráfica V.1 Resultados del subíndice Gobiernos por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla V.1 Indicadores que conforman el subíndice Gobiernos

Tabla V.2 Mejor ciudad en Gobiernos por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Existe un gran número de acciones que los gobiernos estatales y municipales pueden emprender para mejorar la gestión de las ciudades. A continuación, se presenta una lista de propuestas concretas, enfocadas a incrementar la gobernanza en las ciudades mexicanas. Para ello se requiere una amplia gama de condiciones institucionales como aumentar la formalidad en los mercados, mejorar las finanzas públicas, cumplir con la transparencia e incentivar el crecimiento compacto.

Finanzas públicas

  • Crear sistemas estatales y municipales de recaudación, en donde en una cuenta para cada ciudadano se desglosen las obligaciones fiscales a nivel estatal y municipal, así como el saldo de todas las contribuciones, operado por las agencias recaudatorias estatales, en coordinación las tesorerías municipales. La consolidación de las obligaciones de pago en una sola plataforma facilitará al contribuyente el cumplimiento de las mismas, fortalecer el control de los ingresos locales, reducir la interacción entre funcionarios y contribuyentes en el pago de obligaciones fiscales, y en última instancia, mejorar sus finanzas públicas.
  • Diversificar la recaudación municipal a través de políticas tendientes a reducir prácticas que producen externalidades negativas. El predial representa más del 30% de los ingresos propios de los municipios, por ello es necesario implementar políticas que, además de reducir el ejercicio de prácticas con efectos negativos, puedan generar ingresos adicionales a las haciendas municipales. Tal es el caso de los parquímetros o las tarifas para ingresar a ciertas zonas en horas pico.
  • Establecer convenios entre municipios para la recaudación y administración de contribuciones encaminados a potenciar economías de escala en la provisión de servicios públicos y en la generación de ingresos propios. Actualmente, el marco legal permite la celebración de este tipo de instrumentos jurídicos indispensables para las zonas metropolitanas y conurbadas.
  • Utilizar instrumentos financieros como fuentes de financiamiento, siempre y cuando observen para su contratación los criterios y principios establecidos en la Constitución y en la Ley de Disciplina Financiera. La deuda es una herramienta que, bien utilizada, puede fungir como palanca de desarrollo y para aminorar el impacto ocasionado por menores transferencias federales para los municipios. No obstante, para evitar el endeudamiento irresponsable de años anteriores, los municipios deberán ajustarse a los candados establecidos en la ley, como son: destinar solo a inversión pública-productiva, sobre los límites que fije el resultado del sistema de alertas y que se contraten bajo un sistema de competencia.
  • Constituir fondos contingentes, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los ingresos y gastos de los municipios. Actualmente, la Ley de Disciplina Financiera contempla que las entidades federativas cuenten con un fondo para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales. Esta figura también puede ser replicada por los municipios y reducir su dependencia a los fondos federales.

Rendición de cuentas

  • Publicar la información de las finanzas públicas municipales, tanto de sus ingresos y egresos como la situación de su deuda, a través de los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), de tal forma que se desglose de manera armonizada y comparable la información financiera. Los municipios omiten el cumplimiento de sus obligaciones de contabilidad gubernamental, lo que impide tener información de calidad sobre el manejo de recursos públicos y deja a los ciudadanos sin insumos para dar seguimiento al ejercicio de su gasto. Al día de hoy no existe ninguna base de datos a nivel municipal sobre la situación detallada del ejercicio del gasto. Los consejos estatales de armonización contable y/o las auditorías superiores de los estados deben publicar la información de las finanzas públicas que reciben de los municipios, a falta de la publicación de los municipios en sus propias páginas.
  • Fortalecer a las contralorías municipales. Al ser las unidades encargadas de observar en primera instancia las materias de responsabilidades administrativas, de fiscalización y control de los ingresos y gastos de los ayuntamientos, es necesarios que los órganos de control interno municipales garanticen la independencia de su trabajo del poder político del presidente municipal y resto del cabildo, y que los encargados de estas unidades cumplan requisitos técnicos y éticos.
  • Establecer en la legislación estatal la estructura e información mínima que los municipios deben incluir en sus presupuestos de egresos. Los municipios deben plasmar su información de ingresos y egresos bajo formatos estandarizados que permita compararse en el tiempo y frente a otros municipios; por ello es necesario que la legislación estatal garantice estos criterios. Además, para la implementación de estas medidas, los órganos de fiscalización locales deben asistir técnicamente a los municipios en materia de transparencia presupuestal.

Gobierno electrónico

  • Transitar hacia gobiernos digitales. La digitalización de la actividad gubernamental permitirá cambiar de forma sustancial cómo la ciudadanía, las empresas y la sociedad civil se relacionan con el Gobierno. Los municipios deben generar herramientas que faciliten la comunicación directa entre ciudadanos y autoridades municipales con el fin de responder oportunamente a denuncias, trámite administrativas municipales o atención de servicios públicos municipales. Los ayuntamientos deben crear una unidad especializada en esta materia para implementar una política digital que beneficie a la ciudadanía.

Compras y obras públicas

  • Construir un Registro Público Único de Compras Públicas, así como el que actualmente existe para deuda pública. A través del registro de compras públicas, las autoridades subnacionales deberán inscribir y transparentar la totalidad de las compras públicas, desglosando elementos como: proveedores, contratistas, plazos de contratación, unidad responsable, costos, etc.; y mantenerlo actualizado trimestralmente. Este mecanismo será necesario para hacer efectivo las compras públicas en los tres niveles de gobierno.
  • Alinear el gasto público que realizan los gobiernos con los planes de desarrollo y a los resultados obtenidos. El gasto público es clave para aumentar la productividad de las economías locales, por lo tanto, es necesario que dicho gasto, y sobre todo el ejercido en obra pública y servicios relacionados con la misma, esté alineado con los objetivos que los gobiernos locales plantean al inicio de su mandato y además a los resultados generados en la implementación de programas en ejercicios anteriores. Es decir, un gobierno local no debe apostar permanentemente a un programa o proyecto que no genera los resultados previstos de política pública; para ello es necesario que las leyes locales de presupuesto prevean esta disposición.
  • Adoptar un modelo de contrataciones abiertas, como lo hizo la Ciudad de México, a través de tecnologías de la información, que permitió la disponibilidad de las contrataciones del Gobierno de la Ciudad en Internet a partir de características y elementos mínimos. Este ejercicio hizo posible que cualquier ciudadano pudiera explorar las condiciones de los contratos de la Ciudad de México, una práctica replicable para el resto de los gobiernos locales, para identificar los contratos, proveedores, contratistas y el gasto.
  • Aprobar una Ley General de Adquisiciones, aplicable a los tres niveles de gobierno, que fije las bases y principios de contratación para todos los entes públicos con el fin de eliminar los elementos que afectan a la competencia; como las restricciones a licitaciones nacionales e internacionales o las excepciones a las licitaciones. Si bien, cada entidad federativa podrá seguir legislando en esta materia, lo tendrá que hacer con los fundamentos de la Ley General de Adquisiciones.
  • Evitar que los posibles contratistas incurran en el costo de adquirir las bases de la contratación haciendo uso de la plataforma digital nacional de compras públicas. Usar la plataforma digital nacional de compras públicas permitiría una mayor y gratuita difusión de las convocatorias por parte de los gobiernos locales, con lo cual se fomentaría una mayor participación de empresas o contratistas en los procesos de compra pública, lo que proporcionaría mejores condiciones de contratación para dichos gobiernos.
  • Reducir y limitar los motivos por los cuales es posible exceptuar una licitación pública. Las causales actuales son laxas, subjetivas y ambiguas, por lo que es necesario revisarlas y limitarlas. De otra forma, la adjudicación directa continuará siendo el tipo de procedimiento más utilizado.
  • Generar y publicar los documentos correspondientes al proceso de adjudicación directa. En caso de que se determine que la adjudicación directa sea el tipo de procedimiento adecuado, la generación y publicación de las cotizaciones a proveedores, las investigaciones de mercado, los dictámenes de excepción, los contratos y anexos suscritos deben ser obligatorias.
  • Priorizar los criterios de calidad en la evaluación de las propuestas. Es importante que las dependencias de gobierno prioricen los criterios de calidad y precio en la evaluación de las propuestas sobre los errores de presentación para evitar concursos que limiten la competencia.

 

 

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VI. MERCADO DE FACTORES EFICIENTE

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Mercado de factores mide la eficiencia de los mercados de factores de producción, principalmente el laboral y de energía. Incluye indicadores que evalúan y comparan los costos y la productividad del trabajo, así como los costos de producción de la energía eléctrica. Aquellas ciudades donde los trabajadores son más productivos, que se reconoce a través de salarios más altos y donde los costos de energía son menores, son más atractivas para el talento y la inversión.

Resultados más relevantes

Gráfica VI.1 Resultados del subíndice Mercado de factores por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla VI.1 Indicadores que conforman el subíndice Mercado de factores

Tabla VI.2 Mejor ciudad en Mercado de factores por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

A pesar de que la mayoría de las recomendaciones para hacer más eficientes a los mercados de factores recae en los ámbitos federal y estatal, existen varias medidas que las autoridades municipales pueden instrumentar. A continuación, se presentan las propuestas más relevantes para los gobiernos locales:

Redes de mercados

  • Impulsar políticas de atracción de inversión para fomentar un crecimiento balanceado de actividades laborales. Es importante diversificar las áreas productivas de la localidad para evitar volatilidad en el empleo local.
  • Mejorar la conectividad a redes de electricidad, gas natural y telecomunicaciones. Un trabajo activo en mejorar estas redes es determinante para atraer empresas, mismas que generan nuevos empleos.
  • Evitar establecer impuestos municipales a las conexiones de gas o tratar de extraer rentas de la colocación de antenas de celular o la instalación de cables de fibra óptica.
  • Impulsar el conocimiento local de las bolsas de trabajo digitales, y favorecer el trabajo a distancia y desde el hogar como una opción que reduce la demanda por servicios municipales de todo tipo.

Seguridad Social

  • Regularizar al personal que preste sus servicios al sector público municipal. Es necesario que la administración pública municipal sea un ejemplo en la creación de empleos formales.
  • Hacer corridas actuariales de todos los sistemas de pensiones que se encuentran bajo la responsabilidad legal de los gobiernos municipales, y hacer las reformas correspondientes a los regímenes de pensiones insostenibles.
  • Transparentar la recaudación de cuotas de seguro social, ahorro para el retiro e impuestos específicos a la nómina de los servidores en la administración pública local.

Justicia laboral y empresarial

  • Erradicar la extorsión en la regulación de negocios, uso de piso, trámites y servicios. El gobierno electrónico es una herramienta altamente efectiva para este fin, ya que impide aduanas de extorsión burocrática o de intermediarios en la relación de las personas con el gobierno local.
  • Entablar comunicación con el estado, los municipios cercanos y la Federación, para delinear políticas públicas adecuadas para mejorar la justicia laboral. Bajo la estrategia de la cooperación mutua se debe buscar que todas las instancias mencionadas trabajen simultáneamente para asegurar el cumplimiento.

Conexión entre academia y empresas

  • Crear bolsas de trabajo locales que permitan agilizar la búsqueda de empleo. Así, las empresas locales podrán nutrirse de mano de obra local focalizada a sus necesidades.

Productividad laboral

  • Promover cursos especializados en el desarrollo educativo de los estudiantes enfocados en los sectores más productivos de la localidad. Existen distintas opciones para asegurar el cumplimiento de esta medida, se pueden ofrecer cursos abiertos a todo público que otorguen un certificado al final o buscar la cooperación de las universidades locales para incorporar estos cursos en los planes de estudio.
  • Revisar la duración de las jornadas laborales en las administraciones públicas. Se debe evitar a toda costa tener servidores públicos ociosos. Mientras más largas son las jornadas, menor la productividad.
  • Penalizar el alquiler y uso de espacio público por parte de funcionarios y líderes locales para fines particulares.
  • Crear manuales de procedimiento para otorgar licencias y permisos de operación. Estos manuales deben instrumentarse como herramientas de gobierno electrónico que no estén sujetas a la discrecionalidad de nadie. En los casos en donde no hay consecuencias graves derivadas de los permisos, los gobiernos deben instrumentar políticas de positiva ficta para la respuesta tardía o ausente.
  • Cooperar con los empresarios locales para reducir los tiempos y los costos de traslado de los trabajadores. Se pueden instrumentar políticas de apoyo que fomenten que los trabajadores vivan cerca de las empresas o promover el uso de transporte compartido.
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VII. ECONOMÍA ESTABLE

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Economía mide las principales características de las economías urbanas, así como la situación del crédito para empresas y familias. Dentro del subíndice se incluyen indicadores que describen la distribución del PIB, el dinamismo de la economía (tanto local como estatal), el nivel de deuda y el tamaño del mercado hipotecario. Las ciudades que presentan una economía estable, así como mercados crediticios e hipotecarios grandes, atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensas a una mayor generación de empleo y riqueza.

Resultados más relevantes

Gráfica VII.1 Resultados del subíndice Economía por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla VII.1 Indicadores que conforman el subíndice Economía

Tabla VII.2 Mejor ciudad en Economía por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

A continuación, presentamos una serie de propuestas de alto impacto para mejorar el dinamismo y la salud de las economías urbanas, que los gobiernos municipales y estatales deberían implementar en conjunto con el sector privado.

Entorno productivo

  • Medir el PIB de las ciudades con datos de alta frecuencia. Las administraciones municipales y de las ciudades deben medir y publicar el tamaño de sus economías y su tasa de crecimiento, a través de datos de alta frecuencia, como MAGDA (Medición de la Actividad Económica con Grandes Datos), del IMCO. Esta información le permite a la ciudadanía saber a qué tasa está creciendo la ciudad, sus zonas y sus sectores económicos. Las administraciones municipales deben realizar los convenios necesarios con el INEGI y otras instituciones para que estas mediciones se hagan profesionalmente.
  • Abandonar la supuesta «vocación» productiva. La administración local debe proveer bienes y servicios que puedan ser utilizados en cualquier actividad económica o social sin beneficiar a un sector o empresa particular, a costa de los demás y con cargo al erario público. Las ciudades tienen que moverse a los sectores que les permitan mayor productividad y agregación de valor, no concentrarse en los sectores tradicionales de la economía.
  • Invertir en bienes públicos que fomenten la productividad. Es importante ampliar la infraestructura de redes básicas que permitan atraer inversión y hacer crecer la localidad. Por ejemplo, ampliar la cobertura de servicios básicos eleva la calidad de vida de los ciudadanos y al mismo tiempo permite una mayor instalación de empresas en las áreas con servicios.
  • Atraer población dispersa para generar nuevos sectores urbanos. Gran parte de la desigualdad de ingresos y oportunidades en México está relacionada con la fuerte dependencia a los activos rurales de la población y la carencia de servicios en estas localidades. Un esquema público que intercambie activos de las márgenes exteriores de las ciudades por activos en las zonas centrales, y que cree cinturones de contención del crecimiento de la marcha urbana, son indispensables para este fin. La invasión violenta de predios, y el manejo político de estas invasiones, no debe tolerarse, pero deben crearse opciones para vivienda centralizada en compra y en renta para las personas que viven en estas zonas.
  • Formalizar el sector de renta de vivienda, ayudando a arrendadores y arrendatarios a simplificar los esquemas de arrendamiento, ejercicio de las deducciones ciegas y pago de los impuestos correspondientes. La autoridad federal puede incentivar a los municipios a cobrar estos impuestos otorgándoles lo recaudado.
  • Instrumentar una reforma fiscal que le entregue lo recaudado por IVA a estados y municipios, como en España. La recaudación local no ocurre en el éter. Un gobierno municipal cuyos ingresos dependan de que el comercio pague el IVA, tiene más incentivos a regular el comercio y las actividades de la economía informal.
  • Generar un ambiente libre de extorsión regulatoria a empresarios por parte de funcionarios públicos. Esto facilita la atracción de inversión y talento que permitan generar empleos. El sector público debe tener políticas de cero tolerancia a la extorsión en algunos sectores cruciales para la competitividad y el crecimiento, como la construcción.
  • Implementar incubadoras o aceleradores de negocios con el objetivo de fortalecer a las pymes. La falta de capital humano en las pequeñas y medianas empresas (pymes) lleva a administraciones improvisadas y poco profesionales que no permiten la sustentabilidad en largo plazo. Se recomienda seguir los modelos de Endeavor y Venture Institute, que utilizan un enfoque basado en el capital humano.
  • Eliminar programas de subsidios que otorguen capital a fondo perdido o tasas subsidiadas. El motivo principal de esta medida es eliminar las distorsiones que se presentan en los mercados crediticios, lo que desincentiva la entrada de nuevos oferentes al alterar el equilibrio de la tasa de interés o las condiciones de préstamos.
  • Permitir la libre competencia y la libre concurrencia de agentes económicos en la localidad. Al evitar la competencia en la localidad se está apoyando a la producción ineficiente que inunda el mercado local con productos de menor calidad y más caros. Al permitir la libre concurrencia y el libre mercado se abren las puertas a nuevas inversiones y a mayor mano de obra que elevan la calidad de vida de los habitantes, al mismo tiempo que se consigue una mayor recaudación fiscal[1].
  • Establecer reglamentos claros de construcción. Un reglamento claro de construcción eleva la calidad de vida de los habitantes al garantizar el respeto a sus derechos y evita que se pierdan vidas por intoxicaciones de gas, derrumbes de edificios, etcétera. La administración tiene que ser estricta en su cumplimiento. Todos los reglamentos de construcción deben ser públicos y accesibles vía la página de internet del gobierno municipal.
  • Transparentar el uso de suelo. Los cambios sorpresivos en el uso de suelo se usan políticamente y además incentivan la corrupción. El uso de suelo de todos los predios urbanos debe poder consultarse en plataformas de tecnología de información. El procedimiento para el cambio de uso de suelo debe ser transparente y accesible.
  • Aplicar castigos severos por malas prácticas de construcción. Para desincentivar el incumplimiento del reglamento de construcción se deben aplicar fuertes multas al desarrollador y obligarlo a reparar el daño causado. Ejemplos de medidas relacionadas son el establecer fianza de cumplimiento de reglamento y la creación de listas negras de desarrolladores a los que se les prohíba la operación en la localidad o que les afecte en el mercado crediticio.
  • Eliminar el requerimiento obligatorio de lugares de estacionamiento en construcciones nuevas. De esta forma se puede incentivar el uso de transporte público, y se aprovechan grandes extensiones de suelo y capital en la construcción de viviendas y fuentes de empleo. Esto reduce los costos de desarrollo de vivienda popular, así como de establecer un negocio formal.
  • Disminuir o eliminar impuestos locales a las actividades productivas. Aplicar impuestos adicionales en la producción fomenta el trabajo informal y aleja inversiones de la localidad. Se recomienda sustituir estos ingresos con impuestos menos distorsionantes a las actividades productivas, como el impuesto predial y tarifas de servicios públicos.
  • Tarifas de predial de acuerdo al potencial de desarrollo de un predio. El predial no puede estar en función del uso que se le da a la tierra urbana hoy, sino del uso que puede tener en el futuro. El principal incentivo para que haya un mercado de tierra dinámico es un impuesto predial que incentive a los dueños a encontrar el capital para desarrollar sus predios, o vender el negocio.

Deuda Pública

  • Transparentar el mecanismo de contratación de deuda. Se recomienda un sistema de subasta pública que permita a los bancos competir por ofrecer mejores tasas y condiciones de contratación. Asimismo, se debe informar a la ciudadanía sobre las condiciones, el plazo y motivo del crédito, además de quién lo financia.
  • Evitar el uso de la deuda pública para pagar gastos corrientes. Un presupuesto no puede balancearse a largo plazo si se tiene que recurrir a la deuda para pagar gastos corrientes.
  • Usar la deuda pública en actividades de inversión que mejoren la productividad y calidad de vida de los habitantes de la localidad. Ejemplos de este tipo de inversión son la construcción de infraestructura de redes básica (agua, electricidad, telecomunicaciones, transporte público).
  • Evitar contratar deuda pública si no existe una fuente de pago a largo plazo que pueda sustentarla. Antes de contratar deuda, la fuente de financiamiento debe estar correctamente identificada e instrumentada, así se evita que la deuda crezca más que el presupuesto de la localidad.   

[1] Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia. Análisis de la normatividad estatal (México: COFECE, 2016), https://www.cofece.mx/cofece/images/Promocion/Miscelanea_Estatal_210916.pdf (Consultado el 17/10/2018).

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VIII. SECTORES PRECURSORES DE CLASE MUNDIAL

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Precursores mide a los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte. Estos sectores son de gran importancia, pues se les considera como condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, al incidir en muchos otros sectores de la economía. Por ello, su desarrollo es fundamental para mejorar la competitividad de las ciudades. Este subíndice considera indicadores relacionados con el acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las vías físicas de comunicación, ya sea aéreas o terrestres, así como el uso y acceso a los servicios financieros.

Resultados más relevantes

Gráfica VIII.1 Resultados del subíndice Precursores por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla VIII.1 Indicadores que conforman el subíndice Precursores

Tabla VIII.2 Mejor ciudad en Precursores por indicador y categoría de población, 2018 

 Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

Los sectores económicos mejor conectados son los que mejor funcionan en una economía moderna. Ciudades donde se impulsa la conectividad y las economías de red pueden acceder a mayores niveles de desarrollo económico.

Los servicios financieros, las telecomunicaciones, el transporte público y la red carretera son economías de red, sin embargo, constitucionalmente, los gobiernos municipales solo se encargan de proveer el servicio de transporte intramunicipal. A pesar de esto, hay algunas otras acciones que podrían llevar a cabo para que las ciudades cuenten con mejores precursores, lo cual permitiría el desarrollo adecuado de los demás sectores económicos.

En esta sección también incluimos las propuestas orientadas a mejorar la infraestructura en las ciudades del país.

Uso y acceso a servicios financieros

  • Realizar un diagnóstico y un seguimiento continuo sobre el avance de la bancarización y acceso a servicios financieros de una ciudad. Esto con el fin de contar con información más desagregada y de mayor calidad del sector, que permita adaptar las estrategias federales en la materia a las necesidades de cada localidad.
  • Eliminar las regulaciones municipales que dificultan hacer negocios (ej. restricciones sobre el uso del espacio público). En la medida en que el entorno económico se agilice, se espera que la inclusión financiera aumente.

Financiamiento de pymes

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas (pymes) es la falta de acceso a fuentes diversificadas de financiamiento. En México, las políticas públicas se han enfocado principalmente hacia programas de asistencia y financiamiento vía crédito. Sin embargo, es posible que el crédito no sea el vehículo ideal para financiar a las pymes, debido a que estas presentan retos particulares en temas como riesgo, gobierno corporativo y productividad. Tanto en el mundo desarrollado como en países en desarrollo existen ejemplos de mercados bursátiles alternativos y mecanismos innovadores de financiamiento para pymes por medio del mercado de capitales, donde se cultiva el apetito por ciertos niveles de riesgo a cambio de mejores rendimientos financieros. Para trabajar en este sentido sugerimos:

  • Generar esquemas que aceleren la formalización de las micro y pequeñas empresas, que por ahora (junto con la falta de colateral), parecen ser los principales causantes del problema de acceso a mercados financieros.
  • Crear programas para la capacitación de empresarios. Un problema usual al que se enfrentan las pymes es la falta de información y preparación al momento de querer acceder al mercado de capitales. Por un lado, los inversionistas no cuentan con certeza sobre la confiabilidad de la inversión y por el otro, los empresarios no tienen información sobre las debilidades en su estructura de negocios, contable o legal.

Tecnologías de información y comunicación (TIC)

La mayoría de las políticas públicas que promueven el uso de las TIC dependen de la regulación federal y gran parte de esta agenda se atiende actualmente dentro de la reforma de telecomunicaciones. Por ello, se proponen algunas acciones en donde los gobiernos municipales pueden contribuir al mayor uso y aprovechamiento de las TIC.

  • Facilitar la instalación de internet inalámbrico gratuito en espacios públicos. Aprovechar la infraestructura existente en edificios públicos para crear Centros Digitales en los que se promueva el uso de las TIC. Esto ha probado elevar el PIB local en distintas ciudades del mundo. El programa de WiFi gratuito de la Ciudad de México es un ejemplo exitoso de esto.
  • Ofrecer la posibilidad de que diversos servicios de gobierno como el pago de predial, derechos, multas, entre otros trámites, sean realizados por medio de plataformas electrónicas en línea (e-government).
  • Generar datos sobre la operación de servicios públicos y temas relevantes y hacerlos accesibles a terceros (ciudadanía, Organizaciones de la Sociedad Civil o emprendedores) para que ellos, de manera proactiva, generen soluciones en materia de transporte, salud, educación, entre otras problemáticas locales (Datos abiertos). Esta información debe estar en formatos accesibles y abiertos. Los gobiernos pueden incentivar el desarrollo de aplicaciones al premiar a aquellas que mejor respondan a las necesidades de la población.
  • Promover el uso de las TIC en las comunidades e invitar a expertos del sector a compartir casos de aprendizaje, de éxito e incluso de fracaso en la utilización de estas tecnologías a nivel local. Estas experiencias deben de incluir casos de colaboración con las autoridades en la creación de herramientas que busquen mejorar la calidad de vida de la población. Un ejemplo es el caso de Brasil, en donde se desarrollaron alertas por medio de mensajes de texto en celulares con fines diversos como combatir la violencia familiar o para reducir fugas de agua.

Transporte

  • Impulsar el uso del transporte público y transporte no motorizado con mejoras en la articulación entre dependencias gubernamentales y con mayor inversión para la mejora de este tipo de infraestructura. En las ciudades del país, los diversos sistemas de transporte público -tanto gubernamental como concesionado- están desarticulados, lo que limita la calidad en el servicio. Se requiere una reforma institucional que integre todos los modos de transporte de un municipio o zona urbana. En el caso de zonas metropolitanas, la integración debe de incluir a todos los municipios conurbados. Una opción es integrar un organismo de transporte municipal (o, en su caso, metropolitano) con facultades de planeación y gestión, como el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara). Además, es necesario aumentar el financiamiento para el transporte público masivo. Una manera de hacerlo es aprovechar y escalar esquemas de financiamiento que han probado ser exitosos, como el modelo de asociaciones público-privadas para el Metrobús, en la Ciudad de México.
  • Adoptar modelos de financiamiento que combinen transporte y desarrollo inmobiliario. Una buena práctica internacional es el sistema Rail+ Property (R+P) en Hong Kong, una de las pocas ciudades del mundo donde el transporte público opera con ganancias, además de tener tarifas más bajas que muchas ciudades similares. El Gobierno mantiene una alianza con la compañía de trenes MTR Corporation (MTRC) para impulsar el desarrollo inmobiliario de las zonas aledañas a las estaciones de tren. Cuando se va a construir una nueva línea, el Gobierno le cede al MTRC los derechos de desarrollo en los terrenos de las estaciones o a lo largo de predios cercanos a la ruta. Por su parte, MTRC le paga al Gobierno una prima basada en la valuación de mercado de los terrenos antes de la construcción del tren y se alía con empresas privadas (a cambio de un porcentaje de sus utilidades) para desarrollar los terrenos a la par de que se construye la línea del tren. De esta manera, MTRC genera recursos tanto para los nuevos proyectos como para la operación diaria y el mantenimiento.[1] Este esquema puede funcionar solo en ciudades donde el Gobierno tenga reservas territoriales.
  • Diseñar y reconvertir las vialidades con base en principios sustentables y enfocados a reducir muertes ocasionadas por hechos de tránsito. La red vial de una ciudad debe de promover y facilitar la movilidad eficiente y sustentable, la interacción social y las actividades económicas. Algunos de los principios que se deberían seguir para la construcción, operación y mantenimiento de las vialidades son: crear una red que fortalezca las interacciones y compromiso social del barrio, que ayude a desarrollar las actividades económicas y que optimice la ocupación del espacio al priorizar la movilidad peatonal y los modos de transporte más eficientes, además de proteger los elementos naturales que atraviesan la ciudad. Actualmente hay algunas guías y manuales para ayudar a los gobiernos locales a profundizar sobre esto, como los Sustainable Street Network Principles, que elaboró el Congreso para el Nuevo Urbanismo[2], o el Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas[3]. Este Manual es el referente oficial que la administración pública federal ofrece a aquellos interesados en el diseño y la gestión de proyectos viales en zonas urbanas.
  • Acelerar la construcción de una red de ciclovías de calidad, seguras y conectadas. Para lograrlo será necesario empezar por crear un programa específico, con presupuesto propio y suficiente, que dependa de las dependencias estatales y municipales encargadas de la obra pública y la movilidad, y no de las dependencias ambientales como ocurre en la actualidad. La movilidad no motorizada debe verse como una verdadera opción para una ciudad y no solamente como una medida de mitigación ambiental.
  • Aumentar la eficiencia de la distribución de bienes y productos a través de incentivos para que las empresas de transporte de carga coordinen sus operaciones. En ciudades como Barcelona, Kuala Lumpur y Ámsterdam se ha logrado mejorar la eficiencia operativa del transporte de carga a través del sistema conocido como cross-docking[4], el cual consiste en crear parques logísticos en las afueras de las ciudades, donde las mercancías puedan ser transferidas de camiones foráneos a vehículos locales para realizar entregas en un solo punto o en varios puntos cercanos. Esto optimiza el uso de los vehículos de carga y reduce el número de este tipo de vehículos en circulación. Para implementar dicho sistema es necesario que los gobiernos locales generen una alianza con las empresas de logística y con las de comercio al menudeo, a fin de financiar el desarrollo de parques logísticos en los accesos de las ciudades. De acuerdo con estimaciones de McKinsey, en ciudades de menos de 2 millones de habitantes la inversión inicial para implementar el cross-docking es de 5 millones de dólares. Dicho sistema debe ir de la mano de una regulación inteligente del transporte de carga, que incluya aspectos como restricciones de horarios y de vialidades para este tipo de tránsito.
  • En situaciones como la que se vive con la enfermedad Covid-19, es crucial aumentar el espacio destinado a infraestructura peatonal y ciclista para cumplir con las indicaciones de sana distancia, esto incluye el cierre y peatonalización de calles para aumentar el espacio entre personas. Aunque inicialmente esto puede hacerse de manera temporal, es necesario definir planes para construir infraestructura permanente. De igual manera es importante reducir el espacio destinado al uso de automóviles, lo que desincentiva su uso y le da prioridad al flujo de transporte público.

Infraestructura urbana

  • Condicionar los apoyos federales, como los del Fondo Metropolitano, a aquellas ciudades que cuenten con un programa de desarrollo urbano que promueva el crecimiento compacto[5], que privilegie los activos naturales y culturales de la ciudad y que cuente con mecanismos que blinden a las instituciones municipales de planeación (Implan) de las presiones políticas. Esto se podría lograr a través del uso de mecanismos como el contar con el visto bueno del Implan para otorgar permisos de construcción, así como de mecanismos de financiamiento protegidos por las leyes en la materia, y disponer de un consejo integrado por el sector privado y la sociedad civil.
  • Entregar los fondos federales solo para el primer año del proyecto (tomando en cuenta que muchos proyectos son multianuales). Los recursos para el segundo año y posteriores, se otorgarán con base en la ejecución correcta del primer año del programa. Los proyectos de infraestructura deben estar inscritos dentro de un plan (por ejemplo, el plan de desarrollo municipal), en donde se justifique su pertinencia.
  • Para detonar más y mejores proyectos de regeneración urbana se podrían seguir los siguientes tres pasos a nivel local:
    • Priorizar los proyectos que se generen a partir de una visión de ciudad, mismos que deben emanar de una cartera de intervenciones para la ciudad[6] al seguir principios específicos que se busca promover (ej. crecimiento compacto). Esto para evitar el uso de recursos en proyectos de infraestructura, resultantes de ocurrencias y que pueden fomentar la extensión desordenada del territorio urbano.
    • Aplicar mecanismos de competencia de ideas y alternativas para definir el mejor proyecto, al privilegiar los procesos incluyentes y transparentes. Lo que usualmente se observa en la experiencia internacional es un proceso de toma de decisiones a partir de un diálogo entre Gobierno, expertos, sector privado y grupos afectados, que busca balancear todas las posturas. Frecuentemente se aplican distintos mecanismos para moldear el proyecto: consultas públicas abiertas, concursos arquitectónicos, etcétera.
    • Definir las estrategias de financiamiento que garanticen que los proyectos se sostengan en el largo plazo. No se debe perder de vista que la estrategia de financiamiento debe estar al servicio del mejor proyecto viable para una ciudad. Las opciones de financiamiento pueden ser desde las tradicionales –recursos públicos o el cobro a los usuarios del bien o servicio creado (ej. cuotas de acceso)– hasta las más innovadoras, como el cobro a los beneficiarios directos del proyecto (ej. recuperación de plusvalías), las colaboraciones público-privadas (ej. coinversiones, concesiones) y un esquema conocido como el Tax Increment Financing (TIF).[7]
    • Promover esquemas de participación público-privado[8] para recuperar los principales activos de la ciudad (parques, monumentos, lagos, ríos, vistas) para el disfrute público. Por naturaleza, este tipo de colaboraciones enfrentan el reto de alinear dos incentivos independientes: la empresa busca maximizar su utilidad y el Gobierno proveer un servicio de calidad y utilidad pública. Por lo tanto, para asegurar que estos esquemas cumplan con el fin último para el que son creados es fundamental contar con un contrato diseñado de tal manera que permita transparencia de la rentabilidad financiera sin sacrificar el beneficio social.

 

[1]Lincoln Leong, The ‘Rail plus Property’ model: Hong Kong’s successful self-financing formula McKinsey & Co., 2016, http://www.mckinsey.com/industries/infrastructure/our-insights/the-rail-plus-property-model (Consultado el 07/09/2020).

[2]Congress for the New Urbanism, Sustainable Street Network Principles (Chicago: Congress for the New Urbanism, 2012), https://www.cnu.org/sites/default/files/sustainable_street_network_principles_op.pdf  (Consultado el 07/09/2020).

[3]ITDP, Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas, 2018, http://mexico.itdp.org/noticias/manual-de-calles/ (Consultado el 07/09/2020).

[4]McKinsey & Co. Building Globally Competitive Cities: The Key to Latin American Growth (McKinsey Global Institute, 2011), 43, https://www.mckinsey.com/featured-insights/urbanization/building-competitive-cities-key-to-latin-american-growth (Consultado el 17/10/2018).

[5] Las ciudades compactas están centradas en la figura de barrio, y buscan densificar la zona urbana a través de usos mixtos de tierra, vivienda vertical, barrios conectados entre sí a través de corredores de transporte público. El Estudio de implicaciones de los modelos de crecimiento en el costo de infraestructura: caso de estudio Los Cabos publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2012 muestra que la ciudad de Los Cabos podría ahorrar hasta un 60% del mantenimiento de su infraestructura y el 38% de inversión en la misma al 2040, a través de criterios de crecimiento compacto. Para más información consulte: http://implanloscabos.mx/descargas/ESTUDIO%20DE%20IMPLICACIONES%20DE%20LOS%20MODELOS%20DE%20CRECIMIENTO/Libro%20 Estudio%20de%20Implicaciones.pdf

[6]A su vez, dicha cartera de intervenciones debió de haberse definido a partir de diagnósticos de los principales problemas, basados en evidencia objetiva.

[7] Este esquema es ampliamente utilizado en países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Brasil o Colombia. El TIF consiste en delimitar una zona y el tiempo de duración de la intervención de desarrollo urbano. Se define la línea base de la recaudación predial y después el Gobierno aporta recursos o emite deuda para financiar las mejoras. Todo el excedente en predial que se genera se utiliza para cubrir el costo del proyecto.

[8] La principal diferencia entre estos dos esquemas está en que en las asociaciones público-privadas el Gobierno contribuye con fondos públicos y el riesgo se comparte entre la empresa y el Gobierno, mientras que en las coinversiones el Gobierno contribuye con la aportación de un bien de dominio público para su aprovechamiento y explotación en el desarrollo de un proyecto.

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IX. APROVECHAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

¿Qué mide el subíndice?

El subíndice de Relaciones internacionales mide el grado con el cual las ciudades capitalizan sus lazos con el exterior para elevar su competitividad. Por ello, el subíndice considera indicadores relacionados con el flujo internacional de personas y capitales, la calidad de la oferta para el turismo y las ventajas competitivas en términos comerciales y logísticos, que representa el que una ciudad se ubique en una zona fronteriza o bien tenga acceso a un puerto marítimo.

Resultados más relevantes

Gráfica IX.1 Resultados del subíndice Relaciones internacionales por tamaño de ciudad y grupo de competitividad

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado.

Tabla IX.1 Indicadores que conforman el subíndice Relaciones internacionales

Tabla IX.2 Mejor ciudad en Relaciones internacionales por indicador y categoría de población, 2018

Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: Las ciudades y cifras remarcadas en negritas muestran el mejor resultado de las ciudades de la muestra.

IMCO Propone

El desarrollo y competitividad de las ciudades exige que los gobiernos locales implementen estrategias para promover la expansión del comercio internacional, así como la atracción inversión extranjera y de turistas. A continuación, se presentan las propuestas más importantes para detonar el aprovechamiento de las relaciones internacionales desde el ámbito metropolitano.

Comercio exterior

  • Diseñar e implementar agendas municipales, metropolitanas y estatales de mejora regulatoria. Contar con un marco regulatorio claro y transparente ofrece certidumbre jurídica para reducir riesgos por incumplimiento normativo y corrupción. Se debe reducir el número y costo de trámites y servicios locales para la apertura de una empresa, así como los permisos de zonificación, de protección civil para construcciones, la evaluación de impacto ambiental, el dictamen de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, y otros trámites, especialmente los de mayor impacto para empresas con operaciones internacionales.
  • Crear y fortalecer agencias de promoción económica locales. Ante la desaparición de ProMéxico, las ciudades en coordinación con gobiernos estatales tienen la oportunidad de incrementar las capacidades presupuestales y operativas de estas agencias de promoción económica a nivel local. Algunos de los objetivos que deben buscar estas oficinas son:
    • Identificar y promover el desarrollo de sectores relevantes a nivel metropolitano, especialmente aquellos relacionados con actividades de comercio exterior y servicios turísticos.
    • Ejecutar y evaluar las estrategias regionales de atracción de inversionistas utilizando servicios de asesoría para la apertura de empresas y cumplimiento con normas de comercio internacional, programas de estímulo, diseño de campañas de promoción regional o local, así como el impulso de cadenas de proveeduría y clústeres en los sectores de manufactura de exportación y comercialización de servicios.
    • Coordinar la adopción de estándares internacionales para productores artesanales, manufactureros y de servicios (como turismo y salud) con el objetivo de mejorar los niveles de calidad de productos para la exportación y atracción de clientes internacionales de servicios.
  • Diseñar e instrumentar programas de impulso para el desarrollo de sectores estratégicos. Es posible articular programas de incentivos fiscales, programas de homologación de estándares de capital humano y condiciones laborales respecto de nuestros socios comerciales, asesoría en el cumplimiento de tratados internacionales y normas técnicas sectoriales, así como inversión en infraestructura física y digital para la producción y comercialización de bienes y servicios.

Turismo

  • Incorporar una agenda de promoción turística metropolitana y regional. Un plan de atracción turística debe acelerar el crecimiento de los servicios turísticos mediante la certificación de prácticas sustentables, de responsabilidad social, y calidad en servicios de salud que fomenten el turismo médico. Además, se deben aplicar estrategias de gestión para la ampliación de infraestructura aérea y portuaria para la recepción de turistas extranjeros, incremento de la conectividad (vuelos y líneas aéreas) de las ciudades, así como diversificación de la oferta turística (ecoturismo, turismo de experiencia y festivales).