V. POLÍTICAS EN LA MIRA: RUMBO AL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2022
* El presente caso de estudio se elaboró a partir de las entrevistas realizadas a Katia D’Artigues, cofundadora de Yo También, Larisa Cruz Ornelas, directora de Propiedad Intelectual en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México y José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Agradecemos su tiempo, conocimientos y disposición para colaborar en la construcción de este texto.
Construir estados competitivos no se logra de la noche a la mañana. Las políticas públicas requeridas para concretar beneficios en las diferentes dimensiones de la competitividad no dan resultados inmediatos y lo ideal es que trasciendan los seis años que dura cada Gobierno. A diferencia de las soluciones de parche que se ven en México todos los días, y que podrían sumar popularidad, se necesitan acciones de mediano y largo plazo que puedan cambiar el rumbo de las entidades.
En este capítulo se describen brevemente los esfuerzos que han emprendido cuatro entidades: Guanajuato, Jalisco, CDMX y Veracruz. Los indicadores del ICE 2020 no captan todos los avances que podrían detonar estas políticas, sin embargo, es importante reconocerlas ya que inciden en el bienestar de sus habitantes y, si continúan a través del tiempo, podrían impulsar un avance profundo en diferentes áreas de la competitividad.
En el IMCO existe la convicción de que documentar estas valiosas prácticas puede inspirar a otras entidades a seguir pasos similares. Además, la lista puede ser más amplia, por lo que se invita a que más entidades hagan llegar las historias de aquellas políticas transformadoras que hayan implementado en años recientes y que prometan resultados alentadores.
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (Ingudis)
Guanajuato
Este instituto nació en 2012 bajo un enfoque de atención transversal y con una estructura conformada por miembros del gabinete del estado (titulares de desarrollo social, salud, DIF, derechos humanos, educación y transparencia) y organizaciones de personas con discapacidad. Para 2020, el presupuesto del instituto es de 90 millones de pesos (mdp), casi tres veces más que el presupuesto de su contraparte federal, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
El instituto centra sus acciones en tres ejes: rehabilitación, habilitación e inclusión. Estas incluyen esfuerzos de inclusión laboral, al vincular oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad y adultos mayores, además de unidades de rehabilitación municipales y transporte público adaptado.
Duración: ocho años.
Políticas de registro de propiedad intelectual en tecnología
Jalisco
Al fundarse la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del estado en 2013, una de las acciones principales que se planearon fue el impulso a patentes. La estrategia planteó un trabajo tripartita entre la academia, la industria y el Gobierno en el arranque de tres programas: el Programa Jalisciense de Fomento a la Protección Intelectual (Propin), el Programa para el Fortalecimiento de Capital Intelectual a Empresas Jaliscienses (Capital Intelectual) y el Programa de Fortalecimiento a Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.
Esta secretaría estableció talleres complementarios a los que imparte el Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial (IMPI), para que los sectores productivos del estado adopten la propiedad intelectual dentro de sus procesos de innovación. Los talleres incluyen actividades específicas para apoyar las necesidades y desafíos de cada sector. Además, el estado estableció una ventanilla de atención al público a través de la cual se ofrecen asesorías desde el arranque de un proyecto para incorporar patentes a lo largo del proceso. Esto contrasta con lo que hace el IMPI, que solo ayuda con el trámite para registrar alguna idea.
A pesar del cluster tecnológico que ya existía en Jalisco, no fue hasta que se tuvo una estrategia dedicada al registro de propiedad intelectual que el estado subió al segundo lugar en patentes a nivel nacional. Una parte importante del éxito de la política ha sido la continuidad transexenal.
Duración: siete años.
Agencia Digital y de Innovación Pública
CDMX
La actual Administración de la CDMX inauguró la ADIP a nivel de secretaría de estado en el gabinete. La agencia nace con dos objetivos principales. El primero es generar y procesar datos de la capital para mejorar la toma de decisiones. Es decir, que la evidencia funcione como motor de acciones efectivas para solucionar los problemas de la ciudad. El segundo es el fortalecimiento tecnológico y la digitalización de trámites y servicios públicos.
A diferencia del Laboratorio para la Ciudad, su antecesor, esta agencia cuenta con mayores responsabilidades, alcance y presupuesto. Más aún, gran parte del éxito inicial de la ADIP ha sido resultado del capital humano de primer nivel que se reclutó, su capacidad de gestión intersecretarial y su cercanía con la jefa de gobierno.
Al día de hoy, la ADIP, en colaboración con el gabinete de seguridad y la Fiscalía, ha transformado el sistema informático con el que se registran y procesan datos de incidencia delictiva; trabaja en una firma electrónica para facilitar trámites ciudadanos en la ciudad; y ha generado ahorros importantes en la contratación de tecnología para el Gobierno de la CDMX. A la par, hay avances sustanciales para colocar a la ciudad entre las listas de metrópolis del mundo con mayor cobertura de internet público para los ciudadanos. En unos meses pasaron de 96 a 14 mil 500 puntos instalados con wifi gratuito.
Duración: un año.
Políticas para saldar deuda
Veracruz
En administraciones pasadas, el Estado de Veracruz tuvo malos manejos de su hacienda pública. En materia de gasto público, presentó poca credibilidad de la información financiera y un aumento de su deuda que puso en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, en los primeros días de la nueva administración 2018-2024, la Secretaría de Finanzas puso en marcha un programa de reestructuración. Esto se tradujo en una disminución del 44% del gasto en pasivo circulante, un menor saldo en cuentas por pagar (mil 880 mdp) y en documentos por pagar (2 mil 400 mdp), ambos a corto plazo. Además, la entidad ha reducido costos en su gasto de funcionamiento por 205.3 mdp.
La liquidación de esos créditos permite que Veracruz: 1) tenga una estructura financiera más flexible y eficiente, 2) pueda racionalizar el uso de las fuentes de pago, 3) reduzca el costo de la deuda, 4) mejore los plazos de contratación y 5) fortalezca su capacidad de pago. Estas medidas generan un margen para que el Estado de Veracruz pueda enfocar recursos para la atención de la población y reactivación económica para mitigar los efectos de las crisis.
Duración: un año.
X. INNOVACIÓN Y SOFISTICACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS
- México destinó solo un tercio del promedio que destinan los países a investigación y desarrollo.
- Corea del Sur sigue siendo líder indiscutido por cuarto año consecutivo en innovación.
- La diferencia de patentes entre Corea del Sur y Japón es suficiente para darle a Corea del Sur la primera posición en el ranking.
El subíndice Innovación mide la capacidad de los países para competir con éxito en la economía global, particularmente en sectores de alto valor agregado intensivos en conocimiento y tecnología de punta. El subíndice considera la complejidad económica de los países, así como la habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo vía investigación y patentes. Un país que cuenta con sectores económicos innovadores es capaz de atraer y retener más inversión y talento.
Tabla X.1 Indicadores que conforman el subíndice Innovación
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL MUNDO
1° Corea del Sur
Corea del Sur mantuvo la primera posición por cuarta vez de forma consecutiva desde 2014. Se sitúa dentro de las primeras cinco posiciones en 5 de los 10 indicadores, en particular, obtiene la primera posición en gasto en investigación y desarrollo, así como en coeficiente de invención. Corea del Sur produce 2 mil 553 más de aplicaciones de patentes por cada millón de personas económicamente activa que la segunda posición en el ranking, Japón.
2° Japón
Japón se posicionó dentro de los primeros cinco lugares en 5 de los 10 indicadores. El país obtuvo la primera posición en el Índice de Complejidad Económica que evalúa la diversidad de exportaciones que produce un país y el número de países que pueden producirlas. Asimismo, presentó 51 empresas dentro de las 500 empresas más grandes del mundo y el 67.3% de su población vive en ciudades grandes con más de 500 mil habitantes. Por el otro lado, el número de artículos de investigación equivalente a 1 mil 444 por cada millón de habitantes se encuentra por debajo del promedio.
3° EUA
El país se ubicó en 3 de 10 indicadores dentro de las primeras tres posiciones. En particular, ocupó la posición uno en número de empresas dentro de las 500 más grandes con 132 y el porcentaje de servicios respecto al PIB con 77.2%. La mayor debilidad identificada se relaciona con el número de empresas certificadas en sus procesos y estándares de calidad según el estándar ISO 9001.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Población en grandes ciudades (51% de la población)
México, obtuvo la posición número ocho con el 51% de su población viviendo en ciudades catalogadas como grandes por su número de habitantes. Este porcentaje es mayor al promedio general de 34.8%., y se sitúa por debajo de Argentina (52.3%) y por encima de Colombia (48.4).
Exportaciones de alta tecnología (14.9% de las exportaciones manufactureras)
Con 14.9%, México, ocupó la posición 18 por encima del promedio general de 14%. Se sitúa por encima de Australia (14.7%) y por debajo de Dinamarca (15.4%). Este porcentaje subió en 0.2 puntos porcentuales respecto a 2015.
Índice de Complejidad Económica (1.1 puntos)
Según el Atlas de Complejidad Económica, México se posicionó en el lugar 18 en el índice que evalúa el conocimiento de una sociedad a través de la sofisticación y replicabilidad de los productos que exporta. Por encima de la media general de los países evaluados.
DEBILIDADES
Empresas ISO 9001 (124 empresas certificadas por millón de PEA)
En México, solo 124 empresas por cada millón de PEA cuentan con la certificación ISO 9001 en capacitación el procesos y estándares de calidad. Este número se encuentra por debajo del promedio general de 770 y posición a México en el lugar 36. Se observó un decremento de 2015, año en el que 132 empresas por cada millón de la PEA contaban con dicha certificación.
Gasto en Investigación y Desarrollo (0.59% del PIB)
0.59% del PIB fue lo que México gastó en investigación y desarrollo (I+D). Este porcentaje ubicó a México en la posición número 36, y por debajo del promedio general de 1.68% del PIB.
Artículos científicos y técnicos (255 artículos publicados por cada millón de PEA)
El promedio general de artículos científicos y técnicos por cada millón de personas económicamente activas equivale a 1 mil 855, para México esta cifra equivale a 255. El país obtuvo la posición 34 dentro de los 10 países con menor número de artículos. México se ubicó por encima de Tailandia (255) y por debajo de Argentina (439).
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE INNOVACIÓN
IMCO PROPONE
1. Enfocar un porcentaje de la inversión pública de investigación y desarrollo hacia la demanda
En México los recursos para fomentar la innovación vienen en su mayor parte del sector público (60%), y están enfocados principalmente en la investigación académica (se estima que más del 90%). Para democratizar los esfuerzos por fomentar la innovación y llevarlos a todos los sectores sugerimos:
- Fortalecer a las agencias de promoción económica para dirigir esfuerzos, establecer prioridades y coordinarse con otras agencias gubernamentales para dirigir recursos y fomentar la innovación. El Consejo de Desarrollo Económico de Singapur (EDB, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor de Inversión Extranjera de Seúl e Invest in Bogotá, son ejemplos de esto. México necesita un Proméxico. Las representaciones diplomáticas no pueden hacer esta labor, ya que tiene costos de oportunidad. La prioridad de los embajadores debe ser la relación política con otros países.
- Complementar los incentivos salariales del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a través de un fondo de incentivos y de bonos otorgados en función del número de patentes registradas o el número de empresas creadas con sus estudiantes que generan ventas. Aunque, para el ingreso, reingreso o prórroga al SNI, se consideran patentes, desarrollos tecnológicos, entre otros criterios, los incentivos económicos otorgados no son tomados en cuenta explícitamente. Se debe premiar directamente la investigación aplicada y potencialmente productiva.
- Flexibilizar los fondos de inversión pública en innovación. Esto significa asignar un porcentaje de estos fondos (entre el 15% y el 20%) por medio de un concurso internacional para encontrar e implementar soluciones a problemas nacionales, como el aprovechamiento de energía solar en los hogares. Actualmente la inversión pública se asigna a centros de investigación públicos y universidades públicas con montos inerciales.
2. Cambiar el modelo de educación terciaria
- Implementar un modelo de educación superior más flexible que incorpore un tronco común en la primera mitad de los años de la carrera e integre módulos de especialización en la segunda mitad. Este modelo reduciría los costos asumidos y el estrés generado en jóvenes de 18 años, que deben decidir sobre su futuro a esa edad, motivándolos además a continuar su especialización. De acuerdo con la OCDE, hay una fuerte tendencia a buscar este tipo de modelo educativo entre los jóvenes que deciden buscar mejores opciones educativas fuera de su país.
- Cambiar el modelo educativo. Incentivar en los estudiantes la búsqueda activa de fuentes de información, soluciones a problemas prácticos y trabajo en equipo, a través de un nuevo enfoque de los programas de estudio. De esta forma el profesor no es la fuente última de la verdad, sino una guía para los proyectos.
- Desarrollar nuevas capacidades. Además de ampliar las materias e infraestructura que permitan a los estudiantes estar al día en el uso de nuevas tecnologías y herramientas, es necesario incluir materias técnicas, sociales, ambientales y financieras dentro del tronco común de los programas educativos.
- Obligar a las Universidades a llevar un seguimiento puntual y a transparentar el posicionamiento de sus egresados en el mercado laboral.
3. Mejorar esquemas de financiamiento público para innovación
De acuerdo con los fondos de inversión especializados en alta tecnología e innovación, sí hay dinero público para proyectos, sin embargo, hace falta que estos proyectos sean orientados al mercado. Éste es, ante los ojos de los emprendedores, uno de los problemas más importantes. Atender la falta de información en el mercado y acercar buenas ideas con potenciales inversionistas podría lograrse con algunas medidas como:
- Incorporar fondos para la recuperación de la inversión inicial para empresas pequeñas y medianas dependiendo de su impacto por sector. El Centro Nacional para la Producción de Tecnologías Limpias y Ambientales es uno de los programas más exitosos de inversión en tecnologías en Colombia. Esta agenda incentiva la recuperación de hasta un 25% de la inversión inicial en tecnologías limpias, dependiendo de su impacto ambiental. El éxito del programa ha atraído la inversión del gobierno suizo.[1]
- Verificar que los solicitantes de financiamiento público no se encuentren en el buró de crédito.
4. Mejorar el flujo de información entre el sector académico y el sector productivo
- Fomentar el acercamiento de la academia y las empresas privadas a través de una plataforma digital. En otros países han funcionado programas de internships o prácticas profesionales que no solo forman parte de la calificación de los estudiantes, sino que permiten que las empresas incorporen estudiantes que les ayuden a encontrar mejores soluciones a problemas reales. Otra buena práctica es que estos problemas se propongan como proyectos prácticos para estudiantes durante las clases y se otorguen premios económicos a las soluciones.
- Crear más programas de estancias para estudiantes universitarios y de incubación con multinacionales. Ampliar los programas doctorales de vinculación práctica (académica-industrial, similar al modelo inglés de doctorados prácticos) enfocados en el desarrollo de profesionales especializados en industria.
- Ofrecer programas de mentorías a emprendedores que incluyan capacitación financiera, administrativa y fiscal.
5. Promover mayor protección a los derechos de autor
- Reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para fomentar asociaciones entre trabajadores innovadores y empresas. De acuerdo a lo establecido en la LFT reformada en 2019, las innovaciones en el centro de trabajo son propiedad de la empresa. Un esquema que permita hacer spin-offs de innovación y que haga socios a los trabajadores innovadores puede propiciar un mayor crecimiento de la innovación en el trabajo.
[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), OECD Investment Policy Reviews: Colombia 2012 (París: OECD Publishing, 2012), http://dx.doi.org/10.1787/9789264167742-en (Consultado el 31/07/2019).
SIN OPORTUNIDADES PARA TODOS NO HAY COMPETITIVIDAD
Un país competitivo que no resuelve sus desbalances sociales no tiene futuro. Un ejemplo de esto es Chile, el país latinoamericano con mejor desempeño en el Índice de Competitividad Internacional 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO).
Chile es una de las economías de la región con mayor crecimiento en las últimas décadas, con lo que se ha reducido de forma considerable los niveles de pobreza[1]. A pesar de ello, hoy Chile vive la crisis social y política más severa desde el retorno de la democracia en 1990, que en gran medida responde a una discordancia entre los logros económicos y el sentimiento de abuso por parte de la mayoría de sus ciudadanos.
Esto se asocia con un modelo incapaz de entregar pensiones dignas, un sistema de salud pública con falta de infraestructura y largas listas de espera, crecimiento acelerado de los precios de los medicamentos, un sistema de transporte que impone una carga desproporcionada sobre las familias más pobres, corrupción, y escasa movilidad social ligada a educación universitaria de calidad a la que acceden quienes pueden pagar la mejor educación básica[2].
Desde la visión del IMCO, a largo plazo la competitividad no solo requiere políticas económicas óptimas para atraer inversión, sino también condiciones sociales más parejas que permitan generar, atraer y retener talento. En ese sentido, la desigualdad juega un rol fundamental.
La desigualdad es un concepto complejo que va más allá de las diferencias en ingresos. Existen muchas dimensiones de este problema, por ejemplo disparidades en el acceso al sistema de justicia, a los servicios de salud, educativos, financieros y al mercado laboral, entre otros.
Generalmente, cuando los niveles de ingreso son bajos también hay barreras para cubrir el resto de necesidades básicas. Sin embargo, estas diferencias no se corrigen de forma automática con un ingreso mayor.
Por ello, un país con agenda social sin estrategia de competitividad tampoco tiene futuro. El crecimiento económico no está peleado con la desigualdad, ambos conceptos se pueden retroalimentar. Según el Fondo Monetario Internacional, un aumento del 5% en el ingreso de la población más pobre se asocia con un crecimiento del PIB de 2 puntos porcentuales en los siguientes cinco años.
No obstante, para que estos beneficios se materialicen y sean sostenibles, es importante priorizar las inversiones en el desarrollo de infraestructura social como salud, educación y servicios básicos para la población rural. Asimismo, es necesario analizar y encontrar soluciones eficientes en aquellos temas donde hay mayores brechas.
México es el segundo país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y permanece en ese lugar después del cobro de impuestos, que es una vía para redistribuir el ingreso[3]. Nuestro país podría aprender mucho de lo que ocurre en Chile.
Además, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, siete de cada 10 mexicanos que nacen en pobreza no lograrán superar esa condición a lo largo de su vida. Según la OCDE, factores como los altos niveles de pobreza, la informalidad, la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, la pobre calidad escolar y la exclusión financiera, influyen en la baja movilidad social de nuestro país, la cual afecta principalmente a los habitantes del sur.
Para tener un país más próspero y equitativo es necesario cerrar brechas, sobre todo en las áreas que inciden directamente en el bienestar de los mexicanos. Por esto, esta novena edición del Índice de Competitividad Internacional presenta 10 ensayos en los que se analizan las principales fuentes de desigualdad en México y se ofrecen recomendaciones de política pública. Confiamos en que este esfuerzo detonará conversaciones clave para que en México los sueños estén acompañados de oportunidades.
Manuel Molano
Director General del IMCO
[1] Banco Mundial, “Chile, Panorama General”, Dónde trabajamos, https://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview#2
[2] Fernanda Paul, “Protestas en Chile: las 6 grandes deudas sociales por las que muchos chilenos dicen sentirse abusados», https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50124583
[3] OCDE, Estudios Económicos de la OCDE (México: OCDE, 2017),22, https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf (Consultado el 18/06/2019).
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GENERACIÓN ELÉCTRICA LIMPIA: LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS
- En los últimos años, México ha perdido competitividad en materia de eficiencia energética, a pesar de que durante algunas décadas nuestro país mantuvo una ventaja frente a otras naciones en este ámbito.
- La baja diversificación de la matriz eléctrica y la creciente dependencia a la importación de combustibles conllevan a cuestionar el riesgo actual en términos de seguridad energética.
- Es necesario enfocarse en el trabajo de implementación y ejecución de proyectos energéticos que se realizan en cada estado y municipio. Deben llevarse a cabo acciones gubernamentales para mejorar la seguridad energética, promover la generación eléctrica limpia y fomentar la eficiencia energética a nivel subnacional.
MÉXICO: ¿UNA NACIÓN CON (IN)SEGURIDAD ENERGÉTICA?
De acuerdo con el Índice Internacional de Riesgos para la Seguridad Energética 20181 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos,2 de 25 países analizados por su alto consumo de energía, México es la cuarta nación con menor riesgo energético, solo por debajo de Noruega, Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, nuestro país ocupaba la segunda posición en la edición 2016 del Índice.
México se ha caracterizado por tener un alto grado de seguridad energética, es decir, tiene una capacidad ininterrumpida para disponer de fuentes de energía a un precio asequible. No obstante, con el paso del tiempo, ha perdido competitividad en esta materia. En 1980 se ubicaba casi un 30% por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que en 2016 la cifra fue de sólo un 7%. Durante algunas décadas, nuestro país mantuvo una ventaja comparativa frente a otros: importación de combustibles relativamente reducida (especialmente respecto a los países europeos), una baja intensidad de gasto energético3 y un consumo energético per cápita moderado. No obstante, al desagregar la información por componentes, existen dos factores alarmantes:
- La matriz eléctrica está poco diversificada, debido a que un 50%4 de la electricidad se genera con plantas de ciclo combinado, cuyos principales fluidos de trabajo son gas y vapor de agua.
- En los últimos años, se ha incrementado significativamente la importación de combustibles fósiles y sus derivados. Por ejemplo, entre 2000 y 2014, las importaciones de gasolina y gas natural aumentaron en un 143%5 y un 880%,6 respectivamente.
En lo particular, cada factor podría no representar un mayor riesgo para la seguridad energética de México, sin embargo, su coexistencia podría significar una vulnerabilidad potencial en el sector eléctrico. En 2017, la mitad de la electricidad se generó con gas natural, pero nuestro país no es autosustentable en la producción de esta fuente fósil, por lo que importó un 40%7 del gas que consumió. Al respecto, un 82%8 de las importaciones provienen de Estados Unidos.
Hasta ahora, esta situación no ha representado un riesgo, por el contrario, México se ha beneficiado de costos altamente competitivos. Al analizar los valores de importación de gas natural entre 2003 y 2017, se observa que el precio es un 500% más bajo cuando Estados Unidos es el proveedor. En el mismo periodo, el precio promedio de importación de gas natural de Estados Unidos fue de 0.18 dólares/m3, mientras que cuando se importaba de cualquier otro país el precio promedio fue de 1.1 dólares/m3 (ver Gráficas 1 y 2).
Gráfica 1. Evolución del precio anual de importación del gas natural de Estados Unidos
Gráfica 2. Evolución del precio anual de importación del gas natural de países distintos a Estados Unidos
En los últimos años, México se ha favorecido de su ubicación geográfica al ser vecino del mayor productor de gas natural en el mundo. Como resultado, el 16%9 de la electricidad que se genera en nuestro país está sujeta a la importación estadounidense de esta fuente fósil.
Por otro lado, la importación de productos derivados del petróleo también ha ido en aumento, lo que implica repercusiones en algunos sectores clave para la economía nacional, pues si bien se observan beneficios por el efecto precio, esto aumenta, a su vez, la dependencia a la importación de energéticos. Un ejemplo del argumento anterior es el transporte,10 el cual representó un 6%11 del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 y que se caracteriza por: 1) consumir el 60%12 de los combustibles fósiles13 en México y 2) aumentar en 21.6%14 el consumo de combustible respecto a 2007.
En general, la baja diversificación de la matriz eléctrica y la creciente dependencia a la importación de combustibles conlleva a cuestionar qué tan bajo es el riesgo actual en la seguridad energética del país, así como las acciones que deben realizar los tres órdenes de gobierno para impulsar las acciones propuestas en el marco actual de transición energética.
ACCIONES PUNTUALES PARA DIVERSIFICAR LA MATRIZ ENERGÉTICA DE MÉXICO
Hoy en día, el consumo energético de México depende de la apertura comercial de Estados Unidos en materia de hidrocarburos. La reforma energética de 2013 sentó positivamente las bases para generar condiciones de competencia y estabilidad energética para el país, lo que permitirá diversificar la matriz eléctrica e incentivar la inversión pública y privada en el sector, reduciendo la dependencia actual a la importación de combustibles. No obstante, estos resultados serán visibles en el mediano plazo:, mientras que, en el corto plazo, México debe lidiar con el riesgo de requerir cubrir la demanda energética con fuentes de generación más caras y contaminantes.
La reforma energética de 2013 abrió paso a la participación privada y a la libre competencia en la generación y comercialización de la electricidad, mientras que la transmisión y distribución pueden realizarse en colaboración con el Estado. Además, México cuenta con un marco normativo robusto15 en materia de energías limpias como instrumento de diversificación, el cual genera confianza en el sector energético. Sin embargo, los trámites y regulaciones que deben cumplir los particulares (productores privados) son largos y complejos, por lo que requieren de asistencia técnica especializada.
En la práctica, la implementación de la reforma y la ejecución de proyectos se lleva a cabo a nivel subnacional, en donde los estados regulan aspectos relevantes como: cambio de uso de suelo, la protección civil para construcciones, la evaluación de impacto ambiental y la autorización sanitaria de inicio de construcción, entre otros. Por su parte, los municipios están a cargo de trámites como: licencia de uso de suelo, dictamen de protección civil, licencia de inicio de construcción de obra, permiso de movimiento de tierras, solicitud y renovación de licencia de funcionamiento, dictamen de dotación de agua y dictamen de medio ambiente.
Asimismo, la normatividad energética promueve la participación y corresponsabilidad a nivel subnacional, ya que la Ley de Transición Energética contempla que la Sener (Secretaría de Energía) debe suscribir convenios con estados y municipios con el fin de apoyar el desarrollo de cadenas de valor, facilitar el acceso a zonas con alto potencial de fuentes de energía limpia y simplificar la obtención de permisos y licencias. Por su parte, la Ley General de Cambio Climático establece que para el 2020, la Federación, los estados y los municipios deberán contar con un sistema de subsidios que promueva y haga rentable la generación de electricidad a través de energías renovables. En tanto que, la Sener, la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y la CRE (Comisión Reguladora de Energía) deberán alcanzar por lo menos un 35% de generación eléctrica proveniente de fuentes limpias de energía para 2024.
A continuación, se enlistan seis acciones gubernamentales a nivel estatal para promover la generación eléctrica limpia, fomentar la eficiencia energética a nivel subnacional y mejorar la seguridad energética en el país.
1) Incentivar la oferta y demanda de energía limpia
Desde una perspectiva económica, cada vez hay mayores incentivos para invertir en plantas de generación limpia, debido a que los costos nivelados16 de esas tecnologías se han reducido significativamente en los últimos años. Hoy, comprar un panel fotovoltaico cuesta un 80% menos que en 2007.17 Además, se espera que esta tendencia continúe al menos hasta 2025, año en el que adquirir un panel fotovoltaico costará menos de un 10% que en 2007.18
No obstante, más allá del costo de generación, uno de los principales retos en el sector es el costo de almacenamiento de la energía renovable, la cual se caracteriza por una generación eléctrica de forma discontinua. Aquí es donde la política pública estatal puede incentivar la adopción de tecnologías limpias como una estrategia para disminuir el riesgo de desabastecimiento y de desaceleración económica, al depender intensivamente en las fuentes fósiles. Entre las principales acciones que se pueden desarrollar en materia estatal para incentivar la oferta y demanda de energías limpias están:
2) Promover una concientización social sobre la eficiencia energética en la ciudadanía
La eficiencia energética son todas las acciones que conllevan una reducción en la cantidad energética demandada, asegurando un nivel de calidad energética igual o superior.19 Su práctica consiste en incrementar el rendimiento de vehículos, aparatos y equipos eléctricos para reducir su consumo energético. Por ejemplo, en el sector doméstico, solo por cambiar el tipo de electrodomésticos que se utilizan, se puede reducir el consumo eléctrico hasta un 34%,20 lo que implica un ahorro potencial por hogar de entre 1,938 y 19,378 pesos al año en función de los patrones de consumo (ver Gráfica 3).
Gráfica 3. Costo anual promedio de la electricidad por tipo de tarifa21 en el sector residencial y ahorro potencial mediante acciones de eficiencia energética
Nota: el cálculo muestra el ahorro potencial de la eficiencia energética de acuerdo con la tendencia observada entre 2001 y 2014. Sin embargo, los resultados varían por hogar de acuerdo con el número de electrodomésticos, su antigüedad y los hábitos de consumo eléctrico.
Si bien, es cierto que los ahorros en la tarifa eléctrica derivan de la sustitución de equipos y electrodomésticos, las acciones de eficiencia energética no necesariamente requieren de una gran inversión. Por ejemplo, sustituir un foco incandescente de 60w por una lámpara fluorescente compacta (LFC)22 permite reducir hasta el 75% del consumo de electricidad, lo que equivale a un ahorro anual de 220 pesos (dado que una LFC tiene una vida útil de ocho mil horas, cifra tres veces superior a los focos incandescentes) y una mitigación de 30 kg de CO2e.23 Estas medidas son importantes considerando que las viviendas demandan el 27% de la electricidad que genera la CFE. Sin embargo, el sector industrial es el de mayor consumo energético con un 57% de la electricidad generada.24 Esta situación se explica por el uso intensivo de motores eléctricos industriales, los cuales utilizan un 70% de los 124 mil gigawatt-hora (GWh) que requieren esos sectores al año. En otras palabras, estos motores requieren el 40% de la electricidad que se genera a nivel nacional.25 Bajo esta consideración, la política federal de eficiencia energética ha logrado aumentar el rendimiento de los motores entre un 10% y un 20% en los últimos años,26 lo que representa un ahorro potencial de entre 11.7 y 23.5 mil millones de pesos al año.27
3) Robustecer el marco regulatorio a nivel estatal
A la fecha, únicamente 17 entidades cuentan con un Programa de Acción ante el Cambio Climático, y ninguna de ellas cuenta aún con un programa especial en materia de transición energética o de energías limpias. Los programas estatales de cambio climático existentes, si bien, abogan por la promoción de las energías renovables, no incorporan al elemento de innovación como factor de impacto en los mercados. En el agregado, el crecimiento del sector de energías limpias a nivel nacional depende en gran medida de los esfuerzos emprendidos desde la Federación. México no tiene una autoridad estatal o local que se pueda definir como campeón de la eficiencia energética y las energías limpias.
La creación de organismos públicos especializados en energías limpias también es un fenómeno reciente a nivel subnacional. Muestra de esto son los casos de Yucatán (Consejo de Energía Renovable), Tamaulipas (Comisión Estatal de Energía) y Puebla (Agencia Estatal de Energía), los cuales han creado este tipo de instituciones públicas entre 2014 y 2017. Si bien, dichas instituciones prevén la participación de diversas secretarías, de la Federación, del sector privado y de la comunidad científica para la realización de sus actividades, la normatividad que los regula no exige que sus sesiones de trabajo y acuerdos logrados se divulguen, lo que dificulta el seguimiento y análisis de su impacto.
Aunado a lo anterior, las leyes ambientales a nivel estatal carecen de mecanismos esenciales para promover el uso eficiente de la energía (iluminación, aislamiento térmico) y el aprovechamiento de las energías renovables (requerimiento de generación mínima de energía a partir de fuentes renovables) en sus jurisdicciones. Lo que indica que faltan cambios sustanciales para armonizar la agenda legislativa de energías limpias en los estados.
4) Impulsar la aplicación de la normatividad federal en materia de eficiencia energética
Una de las principales herramientas regulatorias con las que el gobierno federal impulsa la eficiencia energética son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Este tipo de regulaciones son obligatorias y establecen, entre otras cosas, las características técnicas, especificaciones y parámetros de rendimiento para los equipos eléctricos que se comercializan en México. Actualmente, existen 30 NOMs28 que disponen criterios de eficiencia energética para motores industriales, electrodomésticos, sistemas de alumbrado, edificaciones y vehículos, por mencionar algunos productos. En ocasiones, los ámbitos de competencia de estas normas se restringen a un sector en particular, mientras que algunas regulaciones abarcan diversos sectores. Las 30 normas mencionadas se distribuyen en los siguientes sectores: residencial (17), servicios (13), comercial (19), agrícola (9) e industrial (24).
Cabe mencionar que cerca del 75% de las NOM fueron publicadas y/o actualizadas en los últimos cinco años, por lo que sus estándares de eficiencia están acorde a las tendencias mundiales y a las necesidades energéticas del país. Sin embargo, estas regulaciones sólo aplican para la venta de nuevos productos, por lo que sus beneficios recaen en la capacidad e interés del consumidor por sustituir sus aparatos eléctricos. En este sentido, los gobiernos estatales pueden contribuir a difundir los beneficios económicos y ambientales que generan estas normas en materia de eficiencia energética. Asimismo, pueden impulsar la creación de Normas Mexicanas (NMX)29 en materia de eficiencia energética, protección ambiental, turismo sustentable o alumbrado público para su región y/o sus municipios. Un ejemplo que muestra un caso práctico es la NMX-AA-SCFI-2012, la cual establece requisitos y especificaciones de sustentabilidad para el desarrollo de edificaciones inmobiliarias turísticas en la zona costera de Yucatán.
5) Promocionar un turismo sustentable
El turismo es uno de los principales motores de la economía mexicana, pues aporta el 8.4% del PIB a nivel nacional.30 Sin embargo, es importante considerar que la transformación que genera el turismo, desde el proceso de construcción y desarrollo de centros turísticos, hasta la provisión de servicios públicos, produce impactos negativos en el medio ambiente.
Si bien, es cierto que las actividades turísticas son intensivas en el uso de activos naturales, la generación eléctrica limpia y las acciones de eficiencia energética contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector y a mejorar su rentabilidad. Por ejemplo, la industria del hospedaje ofrece importantes oportunidades para disminuir su consumo de electricidad en refrigeración, lavandería, aire acondicionado y calefacción. De acuerdo con la experiencia de algunas cadenas hoteleras, la sustitución de equipos, por otros más eficientes, genera tasas de recuperación de la inversión de entre un 117% y un 174%31 vía ahorro en las tarifas eléctricas. Por ello, el gasto energético de un hotel convencional es hasta tres veces superior al de uno sustentable.32 Además de los beneficios económicos, estas medidas promueven la atracción de turistas, ya que el 34% de los viajeros en el mundo está dispuesto a pagar más por una opción de turismo sustentable.33
6) Fomentar la innovación y emprendimiento en el sector energético
En los últimos años, México ha desarrollado una estrategia para impulsar la innovación y el desarrollo científico/tecnológico (I+D) como pilares para mejorar la competitividad del país. Con ello, la inversión gubernamental en I+D pasó de un 0.43% del PIB en 2012 a un 0.57% en 2015. Sin embargo, solo el 2% del presupuesto federal invertido en investigación y desarrollo tiene como objetivo el desarrollo de tecnologías limpias, lo que denota que no existe financiamiento para escalar, probar y/o comercializar dichas fuentes de generación eléctrica.34
Por su parte, un área de oportunidad es la capacidad científica de alto nivel, pues actualmente se tienen 2.2 investigadores35 por cada 10 mil habitantes en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de Conacyt, es decir, un tercio de la media de los países de la OCDE.36 En este sentido, es necesario modificar los incentivos del SNI para promover la investigación comercial y la generación de patentes sobre la publicación de estudios académicos vinculados a las energías renovables y la eficiencia de insumos energéticos en general. Por otro lado, la media nacional de estudiantes de posgrado con beca de Conacyt es de 155 por cada mil estudiantes.37 Estas cifras son conservadoras considerando que, de acuerdo a un análisis de impacto realizado por Conacyt en 2014, la transferencia de conocimiento al sector productivo es muy escasa, por lo que el desarrollo en ciencia y tecnología tiene poca influencia en el bienestar social y económico.38
México lleva décadas posicionado entre los países con mayor capacidad para acceder a energía a buen precio. Sin embargo, aunque los costos hoy sean rentables para el país y su principal proveedor esté en inmejorable ubicación geográfica, actualmente enfrenta grandes retos que debe atender para garantizar la seguridad energética.
Si bien, es cierto que la rectoría energética de nuestro país es competencia del gobierno federal, y que la siguiente administración deberá formular la estrategia sectorial para los próximos seis años, es corresponsabilidad de las entidades federativas impulsar la agenda nacional de transición energética.
Lo anterior es importante si se considera que, en la actualidad, la generación eléctrica limpia y las acciones de eficiencia energética representan un punto de inflexión para la inversión y generación de empleos a nivel mundial. Es decir, la sustentabilidad energética no tan sólo promueve la protección del medio ambiente, sino que representa un mercado en crecimiento que cada año es más rentable, accesible y que genera beneficios económicos para la población y el Estado.
A continuación, se muestran algunas recomendaciones del IMCO para promover la generación eléctrica limpia y medidas de eficiencia energética a nivel estatal.
Recomendaciones para promover la oferta de energías limpias:
- Crear un programa de asesorías gratuitas y capacitaciones para los nuevos productores, facilitando su incursión en el proceso de acreditación y participación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).39
- Informar y hacer del conocimiento público los beneficios del nuevo mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL)40 por medio de guías, talleres y conferencias, áreas de especialización en las instituciones de educación media y superior, entre otros medios. Esto permitirá reducir la incertidumbre asociada a este tipo de esquemas.
- Colaborar con las autoridades federales, en particular con la CRE, para elaborar un esquema de pagos anticipados para los CEL. Por ejemplo, en la etapa de implementación, el gobierno estatal de Queensland, Australia, analizaba el flujo de certificados que se generarían en un periodo de tiempo determinado y estimaba su valor presente, con el fin de gestionar y adelantar el pago de esos recursos para que el productor los utilizara como parte de la inversión inicial del proyecto.
- Aprovechar la infraestructura de los bienes inmuebles del estado para la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos de oficinas, hospitales, escuelas, etc. Esto permitiría suministrar energía a estas instalaciones, como podrían ser los 266 mil planteles escolares de todos los niveles educativos que existen actualmente en el país.41
- Garantizar la continuidad de las acciones o programas estatales en materia energética, desglosando el gasto anual esperado en el presupuesto de egresos. Asimismo, es importante fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos estatales que se destinen al impulso y desarrollo del sector eléctrico.
Recomendaciones para incentivar la demanda de electricidad limpia a nivel estatal:
- Incluir criterios de eficiencia energética, sustentabilidad y generación eléctrica limpia en construcciones, tal como sucede en Alemania, en donde existen requisitos regulatorios de rendimiento energético para los edificios nuevos y los ya existentes que se someten a renovaciones importantes.42
- Promover que las obras públicas incluyan prácticas sustentables y su abasto eléctrico provenga de fuentes limpias. Se prevé que el mercado de los CEL facilitará esta medida a través de la participación del sector privado para la generación eléctrica local.
- Establecer que al menos un 30% del abastecimiento eléctrico de los bienes inmuebles del estado provenga de tecnologías limpias en un periodo de cinco años.
- Ofrecer estímulos fiscales a través del impuesto sobre la nómina a comercios e industrias que consuman electricidad generada con fuentes limpias, así como trabajar con autoridades municipales para promover el incentivo a través de impuestos como el predial.
- Promover en las empresas, talleres y guías para sensibilizar el aprovechamiento de energías limpias.
Recomendaciones para contribuir a difundir los beneficios de la eficiencia energética:
- Llevar a cabo campañas de información y orientación a la población.
- Analizar las posibles ventajas comparativas en los patrones de consumo energético de cada entidad federativa, de acuerdo con sus características y necesidades.
- Elaborar informes sobre el aprovechamiento sustentable de la electricidad, así como su impacto económico, social y ambiental.
- Fomentar el interés académico, comercial, industrial y de la población en general, por estudiar los alcances de la eficiencia energética.
- Establecer acuerdos de colaboración con organizaciones privadas y de la sociedad civil respecto al uso sustentable de los recursos energéticos.
- Crear programas que expandan y/o complementen las acciones federales para la sustitución de electrodomésticos y/o focos ahorradores.
- Promover y brindar asistencia a industrias para que implementen un sistema de gestión de energía, permitiéndoles conocer los costos reales de la cantidad que consumen y vincular ese valor a los productos o servicios que ofrecen.
- Asesorar al sector industrial para renovar su maquinaria y equipo con financiamiento del gobierno federal, en especial por medio del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM, conocido como Eco-crédito empresarial).
Recomendaciones para promover medidas de eficiencia en el sector turístico:
- Hacer un plan de mediano plazo para que los principales destinos turísticos del estado sean neutros en carbono, es decir, que sus emisiones sean iguales a su captura en cuanto a la generación de GEI.
- Organizar programas de reciclaje y sustitución de aparatos eléctricos.
- Crear foros enfocados al sector turístico, en donde se promuevan y difundan los beneficios de la eficiencia energética.
- Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de la productividad energética en las principales zonas hoteleras de la región.
- Fomentar el autoconsumo eléctrico, además de dar incentivos y/o acceso a financiamiento para la adquisición de tecnologías limpias.
- Favorecer el calentamiento de agua a través de sistemas solares.
- Ofrecer estímulos fiscales a hoteles que consuman electricidad generada con fuentes limpias, por ejemplo, a través del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje.
Recomendaciones en materia de innovación y emprendimiento:
- Promover el estudio en ciencia y tecnología que genere conocimiento enfocado en mejorar las condiciones del sector energético a nivel estatal.
- Difundir y promover el uso de fondos sectoriales relacionados a la eficiencia energética, como son los Fondos Mixtos, las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), el Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE), el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) y el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease), así como las convocatorias de organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Facilitar el acceso a capital y financiamiento para el desarrollo de tecnologías renovables, además de explorar la posibilidad de emitir un bono “verde” para la instalación de equipos que mejoren la eficiencia energética.
- Gestionar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con la CFE, un acuerdo para lograr que los ahorros de este esquema, ya sea por subsidio evitado (no otorgado) o pérdidas en el sistema, puedan compensarse en los cobros de energía o de otro tipo que resulte útil para el estado y para las autoridades federales.
- Asesorar a emprendedores para incrementar el registro de patentes, ya que de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México tiene considerablemente menos solicitudes de patentes que el resto de los países de la OCDE. Esto puede atribuirse a información limitada de los creadores de la tecnología, así como a la falta de vínculos entre la academia y el sector empresarial y al bajo nivel de incentivos para aprovechar la legislación en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), México ha presentado el 5% del total de solicitudes de patentes ambientales a nivel mundial en la primera década del siglo XXI, lo que muestra potencial de innovación en el sector.43
- Apoyar los acuerdos de colaboración entre instituciones públicas y educativas con organismos nacionales e internacionales que fomenten la innovación y emprendimiento.