• El debilitamiento institucional del Conapred pone en riesgo la defensa, prevención y erradicación de la discriminación en el país.
• El traspaso de sus funciones a una secretaría bajo el argumento de ahorro presupuestal, volvería inviable su operación.

Desde su creación en 2003, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha representado la lucha en México por garantizar espacios libres de discriminación. Durante más de 17 años, este organismo ha realizado acciones concretas para defender los derechos laborales de las y los trabajadores, cerrar las brechas de educación en el país, proteger a los grupos más vulnerados como las mujeres, la población indígena y la comunidad LGBTTTIQ+, así como asegurar la construcción de espacios para personas con discapacidad, entre múltiples labores más.

En los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho comentarios públicos que restan credibilidad y reconocimiento al Conapred. En consecuencia, Mónica Maccise, titular de la Conapred, así como Katia D’Artigues, Regina Tamés y Mauricio Merino, miembros de la asamblea consultiva de este organismo, presentaron su renuncia. Esta situación revela una injerencia indebida desde el poder político que debilita a una institución pública autónoma y que, en su caso, debería fortalecerse para enfrentar los enormes desafíos que llevaron a su creación. 

Cabe señalar que como antecedente, un caso similar ocurrió con el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que ha sido desmantelado hasta volverlo inoperante a pesar de ser parte de un compromiso internacional de México.

Como parte de su labor en la participación y creación de políticas públicas para asegurar el derecho a la igualdad, el Conapred participó en el proceso de co-creación del Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Específicamente, tuvo un importante papel en la definición del compromiso “Transparencia para fomentar la inclusión laboral” en el cual actualmente participa como dependencia responsable para la implementación de sus objetivos.

Las organizaciones civiles que participamos en el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto y que firmamos este posicionamiento, expresamos nuestro desacuerdo y rechazo a las críticas hacia el Conapred, en virtud de que es uno de los pocos organismos públicos que existen en el país que encara seriamente el problema de la discriminación.

Deseamos ver acciones concretas que, lejos de menospreciar, fortalezcan a las instituciones que han sido vitales en el proceso de consolidación democrática de México en los últimos años. Asimismo, reiteramos la importancia de la descentralización e independencia de los organismos promotores y protectores de derechos humanos, que fungen como contrapeso en la toma de decisiones de instituciones estatales. 

Por lo anterior, advertimos que sería contrario a su misión y pondría en peligro su operación el que se le resten facultades y autonomía, bajo el argumento de la austeridad y, a su vez, se trasladen sus funciones a una secretaría de gobierno. El presupuesto aprobado para 2020 del Conapred es de 161.9 millones de pesos, lo cual representa apenas el 0.0027% del presupuesto federal para este año. Por su parte, al Conadis le fue aprobado un presupuesto de 33.5 millones de pesos, equivalente al 0.0005% del PEF. La concentración de funciones no tendría un impacto  verdadero en el presupuesto. 

Es necesario optar por hacer un análisis profundo sobre las áreas de mejora de la institución para, posteriormente, implementar estrategias de fortalecimiento en aras de generar mejores resultados en torno a la prevención de la discriminación.

Las organizaciones civiles que formamos parte del núcleo de la Alianza para el Gobierno Abierto, así como otras instancias importantes, nos sumamos a esta exigencia.