Por: Oscar Ocampo, coordinador de Energía, y Sandra López, investigadora de Economía Sostenible.
México tiene un problema de agua. Modernizar la gestión de sus recursos hídricos ya no solo es necesario, sino urgente para abordar las barreras que representan el crecimiento poblacional -y por ende, el aumento en la demanda del recurso natural-, el cambio climático, así como las necesidades de la economía de hoy y -especialmente- del futuro. Se trata de un problema ambiental, de desarrollo social, de seguridad nacional y de competitividad.
Para lograr una mejor gestión del agua no hay que descubrir el hilo negro; se requiere, en primer lugar, generar mediciones precisas sobre el consumo. Al día de hoy esto no sucede, por ejemplo, en el sector agropecuario -responsable de 76 % del agua concesionada en México (es decir, excluyendo la que se utiliza para la generación hidroeléctrica)-.
Al mismo tiempo, el diseño deficiente de los acuíferos es un obstáculo para lograr una mejor gestión de los recursos hídricos, puesto que no obedecen a las formas naturales donde se almacena el agua, sino que históricamente han sido delimitadas con motivaciones geopolíticas.
En las últimas dos décadas, el país ha experimentado episodios de sequía con impactos severos. El cambio climático ha provocado un aumento tanto en el número de tormentas, como de inundaciones y sequías, lo que afecta la disponibilidad y calidad del agua. En particular, en 2011 y 2021 se registraron las peores sequías desde 1941, y casi todo el territorio nacional padeció ese fenómeno en algún grado.
Las regiones del norte del país suman el 40 % de las sequías en México. En el centro del país la zona que más se ha visto impactada es Lerma Santiago Pacífico con 30 % de las sequías. Estos estados concentran el grueso de la actividad industrial de México; es donde se producen desde las autopartes hasta insumos clave para la industria aeroespacial, cuya exportación enlaza al país a las cadenas de producción de América del Norte. Garantizar el abasto de agua es esencial para mantener la competitividad del corazón exportador de México y capitalizar la tendencia hacia la regionalización de las cadenas de valor.
Ante este panorama se abre una ventana de oportunidad para modernizar la gestión de los recursos hídricos en México en el periodo ordinario de sesiones que inició en el Congreso de la Unión este 1 de febrero. Desde 2012 se realizó una reforma constitucional promulgada el 8 de febrero de ese año que garantizó el derecho al acceso al agua de los mexicanos, en la cual se concedió un plazo de 360 días para la expedición de la Ley General de Aguas, que reemplazaría a la Ley de Aguas Nacionales para hacer efectivo este derecho. Once años y catorce iniciativas después, esta omisión legislativa persiste.
En 2023 el tema ha resurgido como prioridad para distintos grupos parlamentarios. Una agenda mínima para una eventual Ley General de Aguas debe incluir esquemas para medir el consumo agropecuario real, y así contar con proyecciones más exactas de la demanda. También se deben reevaluar las regiones hídricas para garantizar que su delimitación responda a criterios geofísicos, y esto resulte en una mejor asignación de derechos de agua.
Abordar con seriedad la problemática del agua definirá en gran medida las posibilidades de México para ser atractivo para la economía del futuro. Los países que entiendan esto e inviertan en modernizar la gestión de sus sistemas de aguas estarán en un posición de ventaja para atraer y retener inversiones y talento en un mundo que demanda acelerar el tránsito hacia economías más sostenibles y con una gestión de recursos más eficiente.
Publicado en Animal Político.
10-02-2023
