El municipio es el orden de gobierno más relevante para la calidad de vida diaria de los ciudadanos. Es quien brinda servicios básicos como el drenaje y alcantarillado, el alumbrado público en las calles, el cuidado de parques y jardines, la recolección de basura, el mobiliario urbano, el bacheo y la seguridad pública, entre otros. Al mismo tiempo, es el eslabón más débil en el andamiaje institucional del federalismo mexicano.
Pocos municipios a nivel nacional cuentan con los recursos financieros y humanos suficientes para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos de forma adecuada. La razón de fondo –con contadas, aunque notorias excepciones (principalmente de seguridad)– es la falta de recursos. El federalismo mexicano es disfuncional desde múltiples ángulos, pero el más relevante es probablemente el financiero. El arreglo fiscal entre municipios, entidades y la federación desincentiva la generación de ingresos propios por parte de los primeros. En promedio, únicamente 11% de los ingresos de los municipios son propios.
Al depender en lo esencial de las transferencias de la federación y de los estados, se rompe una conexión fundamental entre el municipio y el ciudadano, entre gobierno y gobernados. En la medida que los ingresos del municipio no dependan de los servicios que brinde al ciudadano, no existen incentivos para mejorar la calidad de estos. Por su parte, el ciudadano al no recibir servicios de calidad, difícilmente se sentirá parte de una comunidad a la que tenga que retribuir en forma de impuestos o derechos.
De igual manera, la desconexión entre las prioridades municipales y los recursos disponibles impacta negativamente las posibilidades de planeación de largo plazo. A esto hay que sumar la reciente eliminación de la reelección de presidentes municipales. En el fondo, los municipios mexicanos no cuentan con incentivos para planear con un horizonte mayor a un trienio.
Romper este círculo vicioso implica reformar el federalismo mexicano desde lo local, que los municipios cuenten con recursos propios que les permitan plantear sus prioridades con visión de largo plazo.
El vehículo más eficiente para transitar hacia municipios funcionales que estén en condiciones de brindar servicios públicos de calidad es el impuesto predial. Aunque es la principal fuente de ingresos propios de los municipios, en México se recauda poco predial. En 2023, los municipios mexicanos recaudaron un total de 67 mil millones de pesos por este concepto. Esta cifra es equivalente a 0.2% del PIB nacional, mientras que la media de los países de la OCDE es 2.0% del PIB de los países. Países en condiciones similares recaudan significativamente más que México, tal es el caso de Chile y Brasil, con 0.6% y 0.8% respectivamente.
El predial es progresivo, es decir se recauda de acuerdo con el nivel socioeconómico de los contribuyentes y tiene un potencial recaudatorio alto, al tener una base gravable inmóvil (es decir, la propiedad inmobiliaria), visible y fiscalizable.
Asimismo, el adecuado cobro del predial incentiva la protección de los derechos de la propiedad pública y privada. En este sentido, refuerza la capacidad del gobierno municipal sobre su jurisdicción.
Modernizar las direcciones de catastro de los municipios es una condición indispensable para elevar la recaudación del predial. Una gestión catastral eficiente puede detonar un círculo virtuoso en la vida municipal. Al buscar incrementar sus ingresos por la vía del impuesto predial, el municipio tiene un incentivo en que los ciudadanos paguen en tiempo y forma. Para ello, el municipio debe proveer servicios públicos de calidad que eleven el bienestar de la ciudadanía. Esto se refleja en incrementos en el valor de las propiedades y, por consiguiente, en una mayor base gravable.
Los catastros municipales deben apostar por un servicio civil de carrera con experiencia técnica en áreas clave como cartografía y peritos. Segundo, deben contar con una estructura donde cada funcionario tenga claras sus funciones. Tercero, es necesario colocar la experiencia del usuario en el centro, facilitar el acceso a trámites, por ejemplo, por la vía digital. Cuarto, contar con una plataforma digital accesible al ciudadano que concentre toda la información relevante como la ubicación y georreferenciación de los predios y su tipo de construcción.
Quinto, los vuelos fotogramétricos deben llevarse a cabo con periodicidad, cada tres o cuatro años, para mantener el catastro actualizado con los cambios en la estructura urbana del municipio. Sexto, cuando existen omisiones en la información catastral, la oficina debe aplicar un valor genérico mayor al que tendría el inmueble de haber sido reportado para incentivar el reporte en tiempo y forma de los cambios en las propiedades. Finalmente, es necesario que las direcciones de catastro cuenten con una oficina que dé seguimiento permanente a indicadores de desempeño para verificar que los servicios se completen en tiempo y forma.
Recaudar el impuesto predial de forma eficiente es un pilar en el pacto social entre ciudadanos y municipios. Al contar con ingresos directamente relacionados con el desempeño operativo del gobierno municipal –en lugar de depender de transferencias estatales y federales– se alinean los incentivos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este sería el mayor cambio al federalismo mexicano en medio siglo con implicaciones de largo aliento en el bienestar de las personas y en la vida democrática del país.
