La seguridad pública y la procuración de justicia son de los eslabones más frágiles de la cadena del sistema de justicia. El aumento de asesinatos y de delitos cometidos con violencia, y su poco esclarecimiento, son la cruda realidad que enfrentamos como sociedad.
La inseguridad y el miedo alteran el comportamiento de las personas dentro de la economía al cambiar sus formas de consumo e inversión, lo que genera costos. Así ha quedado establecido en el Índice de Paz México 2020 (IPM). El destinar parte del ingreso para contar con medidas de protección (cámaras de video o personal de seguridad) provoca pérdidas en términos de bienestar y escasez de productividad, lo cual afecta el precio de bienes y servicios. Este índice determinó que en nuestro país el costo de la violencia fue de 4.57 billones de pesos en 2019 (238 mil millones de dólares). Esto equivale al 21.3% del PIB nacional.
De acuerdo al IPM, durante 2019 se cometieron 35 mil asesinatos en México. El homicidio (48%) y los delitos cometidos con violencia (robo, asalto, violencia sexual, violencia intrafamiliar) representaron el 79% del impacto económico total de la violencia. El estudio estima que si el homicidio disminuyera en un 10%, su impacto económico sería de 219 mil millones de pesos. Esto equivaldría a cerca de cuatro veces el presupuesto destinado para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el 2020.
De igual forma, el IPM revela que reducir la violencia en nuestro país al nivel de sus cinco estados más pacíficos (Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit) generaría un dividendo de paz (pérdidas económicas evitadas) promedio de 3.1 billones de pesos al año. Esto incluye los costos directos (gasto en las fuerzas policiales o encarcelamiento, por ejemplo), costos indirectos (los gastos acumulados después de cometido el delito, como algún trauma físico o psicológico) y el efecto multiplicador (la opción de reorientar el gasto en áreas que generen bienestar social, como en salud o educación).
Este dividendo de paz, por ejemplo, equivale a 124 veces el presupuesto proyectado para el 2020 del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o más de 750 veces la aportación federal para el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública. (Fortaseg).
Como vemos, la violencia impacta directamente sobre el crecimiento económico y social del país. En el contexto actual de alta delincuencia en México y de las estrategias que buscan aminorar este fenómeno, el dinero siempre será un recurso insuficiente, más aún cuando tus bases o fórmulas de contención son antiguas y poco efectivas.
Disminuir la pobreza para terminar con la violencia es relevante, pero sigue siendo importante combatir la violencia en sí misma, ya que la exposición a la violencia es uno de los principales mecanismos para mantener a los más necesitados atrapados en ese espacio. La huella violenta que experimenta una persona repercute en su desarrollo e interacción social con sus pares y autoridades.
Publicado por Animal Político
02-06-2020
