Por poner un ejemplo, imagine que usted es un elector que radica en el estado de Veracruz. En la jornada electoral del próximo junio recibirá nueve boletas electorales, cada una con un diseño y estructura particular según el cargo a elegir. Calcule el tiempo que tomará analizar cómo votar en cada boleta, elegir el candidato de su preferencia y, posteriormente, depositar cada una en la urna correspondiente.
Piense que este ejercicio tendrá que replicarse para el cuarto padrón electoral más grande del país: 6.1 millones de electores veracruzanos están llamados a votar. Considere además, que en el mundo ideal, a esta jornada electoral deberá antecederse un ejercicio de análisis de los candidatos para definir quién es la persona ideal para ocupar cada cargo.
Si el objetivo de esta elección -según se mencionó desde el gobierno- es garantizar la legitimidad del Poder Judicial a través de voto democrático, ¿no era fundamental pensar en los aspectos básicos de la elección como el tiempo que le tomará a cada persona ejercer su derecho al voto? Algunos análisis han considerado que el tiempo que toma analizar las candidaturas es mucho mayor al que tiene disponible la ciudadanía.
En Veracruz se elegirán 1,192 cargos muy diferentes entre sí: por un lado, las autoridades municipales, es decir, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas. Por otro lado, los cargos del Poder Judicial Federal: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados y jueces con jurisdicción en Veracruz y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de jueces y magistrados del Poder Judicial Estatal.
En el contexto de la Elección Extraordinaria 2025, cobran especial relevancia los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que tienen ya experiencia consolidada en la organización de elecciones y en la coordinación con el INE. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre la encrucijada en la que se ha puesto a estos organismos: una rápida aprobación de la reforma judicial a nivel federal y local les ha impuesto la necesidad de acelerar estrategias para organizar una jornada histórica, con todo lo que esto implica.
Los OPLE han enfrentado en las últimas elecciones desafíos significativos: algunos han tenido presupuesto insuficiente, lo que ha llevado a una erosión de su autonomía; otros han enfrentado dificultades para la contratación del personal; y en otros ha sido difícil realizar la adquisición del material electoral en tiempo y forma, por nombrar algunos fenómenos. ¿Alguien consideró estos retos al aprobar en tiempo récord la reforma al poder judicial en los congresos estatales?
Tanto el Instituto Nacional Electoral como los OPLE se encuentran ante un riesgo reputacional porque les ha sido asignada de repente una tarea inédita y compleja, con tiempos y recursos ajustados y con el riesgo de un muy bajo nivel de participación. Y cuando llegue el momento de repartir las responsabilidades -algo en lo que los políticos son expertos-, la responsabilidad de una elección costosa, ilegítima y fracasada va a ser del INE y de los OPLE, o incluso de la ciudadanía o de la oposición, de todos menos de quienes con todo entusiasmo aprobaron a todo vapor una reforma constitucional para elegir al Poder Judicial, pero quizás no tengan el mismo ímpetu para reconocer su error llegado el momento.
Publicado en Animal Político
16-01-2025
