El próximo año el gobierno del presidente López Obrador dejará a su sucesora finanzas públicas presionadas en un entorno de tasas de interés históricamente elevadas y un precio del crudo incierto. Por ello, es momento de tener una conversación sobre el uso que se le da a la renta petrolera.
México transitó con éxito de ser una economía petrolizada a una diversificada, anclada en la apertura comercial y la integración regional. Durante dos décadas, el sector energético se mantuvo como una excepción a la tendencia liberalizadora. No obstante, el pecado original de la reforma del sector energético fue abrir nuevos mercados tanto en hidrocarburos como en electricidad sin replantear a profundidad la relación del petróleo con las finanzas públicas. México no logró salir por completo de la maldición de los recursos. En otras palabras, hace 10 años se permitió la entrada de los privados, pero se mantuvo tanto la preeminencia del ejecutivo en el sector energético como la dependencia de los recursos petroleros para las finanzas públicas.
Desde tiempos del auge de Cantarell en la década de los setenta, México ha fracasado en la administración de los recursos provenientes de la renta petrolera. La entrada en operación el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP) en 2015 pretendió corregir esta falla histórica. La creación del Fondo tuvo tres objetivos centrales: transparentar el origen y destino de los ingresos petroleros, fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas y beneficiar a las generaciones futuras con un ahorro de largo plazo.
El primer objetivo se cumplió a cabalidad, empero en aras de la estabilidad de las finanzas públicas (segundo objetivo), y el diseño del FMP sacrificó la creación de una reserva suficiente de largo plazo (tercer objetivo).
Las reglas del Fondo establecen que la reserva de largo plazo obtiene recursos únicamente cuando los ingresos petroleros son mayores al 4.7 % del PIB o los ingresos recibidos son considerablemente mayores a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación, de tal forma que existan excedentes petroleros netos. La consecuencia de este diseño es que de los 3.56 billones de pesos que ingresaron al Fondo entre 2015 y octubre de 2023, 99.5 % se transfirió el mismo año en el que ingresó para financiar distintos rubros de gasto. Es decir, únicamente 0.5 % del total de los ingresos se fue a la reserva de largo plazo (que actualmente asciende a 18.9 mil millones de pesos).
El IMCO plantea una salida posible a esta problemática que al mismo tiempo aborde con seriedad las necesidades de mitigación del cambio climático: una reforma a la Constitución y su legislación secundaria para reducir el umbral para la reserva de largo plazo a 1.5 % del PIB. De esta forma se asegura que una proporción de los ingresos se ahorre en el Fondo y otra se invierta para que los intereses generados se destinen al financiamiento de inversiones productivas vinculadas con la transición energética.
La propuesta puede ser considerada demasiado ambiciosa en el contexto político, económico y de finanzas públicas. Esto no sería, sin embargo, justificación para evitar la discusión sobre el futuro del Fondo Mexicano del Petróleo propiamente como fondo soberano.
Es posible implementar un cambio en el mismo espíritu de la propuesta original de forma más asequible al etiquetar los recursos que el Fondo transfiere a la Tesorería de la Federación con la condición de que sean empleados en proyectos de inversión productiva que priorice la transición energética. De tal suerte que se garantizaría que los ingresos de los hidrocarburos se empleen en la generación de activos en beneficio de los mexicanos de hoy y los del futuro. La entrada de una nueva administración es el momento más propicio para esta conversación.
Publicado en Animal Político.
14-12-2023
