Un buen gobierno le brinda a su población los servicios públicos adecuados, le inspira confianza, es inclusivo y cuenta con instituciones sólidas y democráticas; pero también garantiza que todos las personas tengamos el mismo acceso a la justicia para resolver cualquier conflicto.

Este no es el caso de México, así lo analiza Arturo Piñeiro en el capítulo “Acceso desigual a la justicia: un freno para la economía y el bienestar” del Índice de Competitividad Internacional (ICI) 2019. 

La inseguridad es uno de los problemas que más nos preocupan como población. La difusión de ciertos delitos en los medios de comunicación es apenas una fracción de lo que sucede a diario: en 2018 se cometieron 33 millones de delitos en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019.

A ese clima de incertidumbre y miedo constante hace falta agregarle el costo de la violencia en México, la cual en 2018 fue de 5.16 billones de pesos, según el Instituto para la Economía y la Paz.

Dadas las altas cifras de criminalidad, es importante contar con instituciones eficientes, encargadas de ofrecer un pleno acceso a la justicia; sin embargo, en la actualidad estos organismos funcionan, en mayor medida, como un freno, ya que a nivel nacional nueve de cada 10 delitos no se denuncian, y en más de la mitad en los que sí hubo un expediente criminal no sucedió nada.

En México se denuncia poco, se investiga menos y casi nada se sanciona. Por ello, únicamente el 54.8% de los mexicanos confía en el Ministerio Público y en las procuradurías estatales.

¿Cuál debe ser el propósito del Estado en esta materia? Eliminar todos los obstáculos para que los ciudadanos podamos acceder a la justicia de manera efectiva, sin ser víctimas de la discriminación, y exigir la rendición de cuentas de nuestros gobernantes.

No obstante, acceder a la justicia en México es un proceso complicado y no es igual para todos. Los grupos vulnerados deben superar muchas más barreras al ser discriminados por género, edad, condición económica, preferencia sexual, discapacidad, color de piel, lengua y país de origen.

Aspectos como el no poder pagar un abogado o el transporte para llegar una oficina gubernamental, no hablar la misma lengua para comunicar una acusación o no ser atendidos por su apariencia o preferencia sexual son ejemplos claros de la marginación que se puede llegar a sufrir: la desigualdad en México es innegable.

Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado que las personas en grupos vulnerables han sido víctimas del Gobierno mexicano, al evidenciarse la omisión y negligencia al momento de prevenir, perseguir y sancionar delitos. El Estado viola los derechos humanos de sus habitantes en materia de justicia y estos sectores de la población son los principales afectados.

El Gobierno tiene un compromiso con la sociedad mexicana: debe garantizar a su población las condiciones idóneas para su desarrollo pleno y armónico en un ambiente de paz, un eficiente acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos. Solo así se podrán cerrar las brechas de desigualdad y desarrollar políticas que le permitan a la gente mejorar la interacción con sus pares y con la autoridad.