- México es percibido como uno de los países más corruptos según su población.
- Más de la mitad de la población global registrada para votar (66%) participó en las elecciones.
- Turquía y Nigeria son los gobiernos con mayor probabilidad de ser desestabilizados o derrocados.
El subíndice Sistema político califica la calidad del sistema político a partir de su legitimidad democrática, representatividad, estabilidad y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Se incluyen indicadores sobre participación en los procesos electorales, acceso a información pública, libertades de religión o expresión, interferencia militar y corrupción.
Tabla IV.1 Indicadores que conforman el subíndice Sistema político
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL MUNDO
1° Dinamarca
Dinamarca se encuentra en el primer lugar debido a que en cinco de los ocho indicadores fue el país con mejor desempeño. Es uno de los países con mayor respeto a los derechos políticos y a las libertades civiles de sus ciudadanos. También fue el país donde sus expertos, sector empresarial y población lo percibieron como menos corrupto (88 puntos de cien como máximo). Por último, de acuerdo con Open Data Watch, Dinamarca fue el país con la mayor cobertura y apertura de las estadísticas oficiales.
2° Suecia
Suecia, al igual que Dinamarca, obtuvo el primer lugar en derechos políticos y libertades civiles, índices que registran las elecciones libres y justas del país, así como las libertades de expresión o de religión de sus ciudadanos. Ocupó el tercer lugar en participación electoral (87.2% de su población registrada participó en elecciones pasadas) y en la disponibilidad de información pública (77 puntos de cien como máximo).
3° Noruega
Noruega se encuentra en tercer lugar debido a que ocupa la primera posición en la mitad de los indicadores. Comparte el primer lugar con Suecia y Dinamarca en el respeto de los derechos políticos y de las libertades civiles. Es el país que menos presión ejerce a sus periodistas y se encuentra dentro de la lista de países con menor intervención militar en el Estado de derecho. Adicionalmente, ocupa la segunda posición en la estabilidad de su gobierno.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Disponibilidad de información pública* (71 puntos de cien)
México se encuentra dentro de los 10 países con mayor cobertura y apertura de estadísticas oficiales. Dinamarca, Países Bajos y Suecia son los tres primeros lugares en este indicador, con un promedio de 78 puntos. Nuestro país se encuentra únicamente 7 puntos por debajo. Por otro lado, el promedio de los 43 países evaluados es de 56 puntos, es decir, una diferencia positiva para México de 15 puntos.
*Es su única fortaleza.
DEBILIDADES
Índice de Percepción de Corrupción (29 puntos de cien)
De acuerdo con Transparency International, México es el cuarto país con la mayor percepción de corrupción por parte de su población. Se encuentra por debajo de países como Nigeria (27), Guatemala (28) y Rusia (29). Por el lado contrario, Dinamarca, Suiza y Noruega tienen en promedio 86 puntos en este índice, siendo considerados como los países menos corruptos.
Libertad de prensa (66 puntos de cien)
México es considerado como uno de los países donde mayor presión se ejerce en la emisión de información por los medios de comunicación, así como a los periodistas para operar libremente y sin temor a las repercusiones. Países como China, Rusia, Tailandia, Turquía y Malasia acompañan a México en esta lista. Mientras que los medios de comunicación en Noruega, Países Bajos y Suecia son considerados con mayor libertad.
Interferencia militar en el Estado de derecho o en el proceso político (5 puntos de 10)
Los 43 países evaluados tienen un promedio de 8 puntos. Los países con un menor grado de intervención de las fuerzas armadas en asuntos políticos alcanzan los 10 puntos (18 países de los evaluados). Dentro de este indicador, México ocupa la posición 37. Se encuentra por arriba de Colombia (4.2), Indonesia (4.2), Israel (4.1), Nigeria (3.3), Turquía (3.2) y Tailandia (3.2).
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE SISTEMA POLÍTICO
IMCO PROPONE
1. Modificar las reglas para el financiamiento público de los partidos políticos
Disminuir los recursos públicos a partidos políticos es una exigencia ciudadana. La confianza en los partidos políticos es baja y existe un costo excesivo de las campañas electorales. De igual forma hay una percepción de enriquecimiento, corrupción y derroche por parte de los partidos políticos.
Para el sostenimiento de actividades ordinarias, los partidos políticos reciben financiamiento público anualmente de conformidad con la siguiente fórmula: se multiplica el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Adicionalmente, reciben recursos públicos para las actividades de gastos de campaña (entre el 30 y el 50% del financiamiento público que les corresponde para sus actividades ordinarias permanentes).
Existen diversas propuestas para modificar las reglas a través de las cuales los partidos obtienen recursos públicos. Por ejemplo, se promovió[1]la reducción del porcentaje del valor diario de la UMA, mientras que en otros países la fórmula para el financiamiento público toma en cuenta el voto emitido en lugar del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Con propuestas como estas, los recursos públicos destinados a los partidos se reducirían en más de la mitad.
En 2020 el financiamiento público federal para actividades ordinarias de los partidos políticos será de 4.9 mmdp[2], reducir el porcentaje de valor diario de la UMA, a partir de iniciativas ya presentadas, equivaldría un ahorro de más de 2.5 mmdp, un monto superior al presupuesto aprobado a la Auditoría Superior de la Federación en 2019.
Modificar las reglas para la obtención de financiamiento público podría mejorar la eficiencia del gasto por parte de los partidos políticos. En este sentido, es recomendable contemplar la posibilidad de replantear los porcentajes de recursos públicos que se les asignan.
Con la finalidad de garantizar la independencia de los partidos políticos de los intereses privados, el porcentaje del financiamiento público debe ser mayor y fortalecer el sistema de control de los recursos[3]; es decir, diseñar e implementar mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos privados, estableciendo límites a las aportaciones privadas, e imponiendo obligaciones de publicidad de las aportaciones, topes máximos a los gastos de partidos políticos, redición de informes financieros y establecimiento de sanciones a los partidos infractores.
2. Centralizar la organización de elecciones
En México la organización de las elecciones se encuentra dividida en el Instituto Nacional Electoral (INE) para elecciones federales y en los Organismos Públicos Locales Electorales para las elecciones a nivel subnacional; sin embargo, estos últimos siguen demostrando fragilidad y captura por parte de los gobiernos estatales. Ante ello, el INE debe ser la institución encargada de organizar todas las elecciones del país.
Generar mayor confianza y certeza en las elecciones, son la razón principal para adoptar esta propuesta en nuestro sistema electoral, misma que debería acompañarse de un incremento en el presupuesto del INE por la asunción de más responsabilidades.
3. Establecer la segunda vuelta en las elecciones
En México, el sistema de elección para presidente tiene un modelo de mayoría relativa (el ganador es el que tiene más votos). En contraste, en países de América Latina y de Europa han establecido la segunda vuelta para la elección de su Jefe de Estado con la finalidad de incrementar la gobernabilidad y garantizar la certidumbre jurídica en los procesos político-electorales. En este sentido, establecer la segunda vuelta electoral permitiría brindar a la ciudadanía la confianza de que su voto se vea reflejado en la representación política.
De acuerdo con prácticas internacionales, en países que implementan la segunda vuelta[4], el proceso generalmente se aplica cuando un candidato presidencial no alcanza el 50% de los votos. De esta forma, se lleva a cabo una segunda elección entre los candidatos punteros. Este sistema, creado en Francia y adoptado en países como Argentina, Brasil o Colombia, permite legitimar la elección, incentivar la participación ciudadana e incrementar la gobernabilidad del poder público.
4. Facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar iniciativas relativas a su organización y funcionamiento
La Constitución reserva la facultad de presentar iniciativas de ley al presidente, a los legisladores del Congreso de la Unión, a las legislaturas locales y a los ciudadanos. Asimismo, consagra el principio de separación de poderes necesario en cualquier democracia y Estado constitucional.
En este sentido, excluir al Poder Judicial de la facultad de iniciar leyes sobre su organización y funcionamiento afecta el sistema de pesos y contrapesos. La SCJN debería estar facultada para presentar proyectos de ley tendientes a modificar su organización y funcionamiento de la misma manera que el Poder Legislativo y Ejecutivo lo hacen.
Establecer esta prerrogativa para la SCJN, además de equilibrar el principio de división de poderes, tiene como finalidad incrementar la calidad de la legislación en materia judicial, ya que el Poder Judicial estaría en posibilidad de aportar su experiencia para el eficiente desempeño de sus funciones, al mismo tiempo que se procura su eficiencia para la impartición de justicia pronta y expedita.
5. Implementación del voto obligatorio con sanción
Actualmente, nuestra Constitución Política establece el voto como un derecho y una obligación de los mexicanos; sin embargo, aunque ya se contempla el voto como obligatorio, no se especifican sanciones[5] por su incumplimiento.
En países de América Latina[6] en donde se establecen sanciones a los ciudadanos por no cumplir con la obligación de sufragar en comicios, la participación ciudadana es más elevada que en México. Es necesario atender el abstencionismo que surge, en buena medida, como consecuencia de la desconfianza en las instituciones públicas y en los partidos políticos, pues ocasiona que exista una falta de representatividad lo cual se puede traducir en falta de legitimidad.
Al implementar el voto obligatorio con sanción se empodera políticamente a los electores, al mismo tiempo que se crea una cultura cívica que fortalece la democracia. Asimismo, esta práctica se puede fortalecer con incentivos para la participación ciudadana, mecanismos de votación electrónica y la segunda vuelta electoral.
6. Facilitar la constitución de partidos políticos
La democracia requiere que existan los medios para que las personas puedan acceder del poder político. México tiene un sistema pluripartidista, en el que los partidos políticos son un espacio que permite la pluralidad de la representación política.
La competencia electoral es un factor importante en la formación de nuevos partidos, la cual a su vez depende de las “barreras de entrada” tales como la dificultad para registrar un nuevo partido y la probabilidad de que dicho partido mantenga el registro.
Facilitar la constitución de partidos políticos permite la existencia de mayores ofertas[7] y una sana competencia política, así como la pluralidad de vías de acceso para que las personas formen parte del proceso de toma de decisiones. En México existen importantes barreras para la creación de partidos políticos, como el hecho de que solo puede iniciarse este proceso cada seis años.
Los partidos políticos, además de incrementar la participación política, son alternativas para los electores, y permiten la pluralidad de intereses, valores, doctrinas y principios. Además, impulsan el cambio en las relaciones de poder al crear un sistema de partidos competitivo en el que los partidos políticos, idealmente, deberían ofrecer opciones de representación y participación atractivas para la ciudadanía.
7. Voto electrónico en México
El uso de la votación electrónica presenta una serie de ventajas para contribuir el desarrollo democrático de los países, por lo que en varios ya utilizan este sistema de votación o tienen previsto hacerlo en breve.
Entre las principales ventajas de implementar la votación electrónica se encuentra:[8]
- Mayor rapidez en la votación, conteo y tabulación, lo que permite al ciudadano verificar el voto.
- Mayor precisión en los resultados, ya que se reduce la posibilidad del error humano.
- Mayor comodidad para el votante, al permitir una votación ágil, rápida y, en algunos casos a distancia.
- Mayor accesibilidad al voto a grupos vulnerables de personas con discapacidad visual, auditiva y de movilidad.
- Reducción del abstencionismo, en particular con el uso de voto por internet, ya que el voto puede ser registrado a distancia y favorece el voto de las personas en países extranjeros.
- Ahorro de gastos de operación en la elección por la reducción de las horas trabajadas del personal en las mesas de votación; la disminución de costos de producción y distribución de boletas; gastos por conceptos de logística y papelería.
A nivel internacional, se ha implementado la votación exitosamente en países como la India y Brasil, en donde la votación electrónica vinculante se ha llevado al 100 por ciento de la votación de manera gradual.[9]
Brasil es un caso de éxito porque ha logrado garantizar la seguridad y transparencia, a través de la participación de partidos políticos y ciudadanos en la observación y evaluación de las etapas para la preparación del voto electrónico. Por su parte, en la India se ha logrado implementar un sistema de votación con el costo por máquina más bajo en el mundo (300 dólares por máquina)[10].
La implementación del sistema de votación electrónica es factible en México y puede contribuir a garantizar la certeza en las elecciones al fortalecer los principios de legalidad y transparencia en el ejercicio del voto y, con ello, la calidad de las elecciones.
8. Reducción de los periodos de campaña
México tiene de los periodos de campaña más largos de América Latina. En países europeos como España y Francia la duración es aún menor (15 días), esto facilita la reducción de costos por campañas más cortas, permite tener un mayor control sobre los gastos de los partidos, e incentiva a que los candidatos se concentren en las propuestas.
Asimismo, existe la percepción de que la larga duración de las campañas no favorece el debate ni tiene un impacto en los niveles de participación ciudadana. Por el contrario, puede ocasionar fastidio electoral. En este sentido, se identifican las siguientes ventajas de reducir los costos de campaña:[11]
- Impacto positivo en el costo y uso efectivo de medios de comunicación.
- Ahorro sustancial de recursos.
- Distribución del ahorro del gasto a rubros de desarrollo social.
- Mayor facilidad para fiscalizar el gasto.
- Reducción del costo de la democracia.
9. Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
El combate a la corrupción ha sido uno de los principales ejes de acción durante el primer año de gobierno de la nueva administración federal y se mantiene como una de las principales preocupaciones de los mexicanos. No obstante, la política anticorrupción del gobierno federal ha sido implementada sin utilizar los espacios de coordinación y recursos técnicos ofrecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. El cual, además de haber sido desaprovechado, ha sido debilitado con fuertes recortes presupuestales.
Una política anticorrupción exitosa debe de incluir necesariamente la participación del Poder Ejecutivo, pero también de los Órganos Autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la academia y sociedad civil. Además, debe de ser acompañada por un diagnóstico claro, un plan y estrategia concreta, y mecanismos de evaluación y seguimiento. El Sistema Nacional Anticorrupción ofrece un espacio de coordinación donde las distintas instituciones encargadas de combatir la corrupción pueden diseñar acciones conjuntas que tengan un mayor impacto y efectividad en combatir la corrupción. Dentro del marco de responsabilidades del SNA es necesario:
- Fortalecer a las fiscalías especializadas anticorrupción. La voluntad política, por sí sola, no es suficiente para terminar con la impunidad imperante en los casos de corrupción. Ésta debe de ir acompañada de fiscalías capaces de, primero, encontrar la evidencia necesaria para probar la existencia y operación de redes de corrupción, y segundo, presentarla a un juez de manera convincente. Lo anterior requiere de personal especializado y con capacitación constante, acceso oportuno y sin barreras a sistemas de información y un diseño institucional que garantice la autonomía de estos órganos de decisiones política.
- Implementar el Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés. A pesar de haber sido una de las principales demandas ciudadanas de los últimos años la implementación de un sistema claro y eficiente de evolución patrimonial y detección de conflictos de interés ha sido pospuesto en más de una ocasión. Además de la aprobación de los formatos de las declaraciones, es necesario establecer un sistema interconectado que facilite la revisión en tiempo real de las declaraciones de los servidores públicos.
- Robustecer la Plataforma Digital Nacional del SNA. Uno de los principales componentes del SNA es la creación de una Plataforma Digital Nacional que permita utilizar herramientas de análisis de datos para detectar riesgos de corrupción, automatizar procesos y generar indicadores confiables y proveer al gobierno de los datos y estadísticas necesarias para dar seguimiento a las políticas anticorrupción implementadas. Si bien esta plataforma podría ser una de las principales herramientas de inteligencia para diseñar mejores intervenciones de política pública, los recortes sufridos en el último año han limitado su funcionalidad y alcance.
10. Crear una Ley General de Contrataciones Públicas
La mayoría de los escándalos de corrupción de los últimos años han estado vinculados a esquemas de desvío de recursos al momento de ejecutar compras públicas. En gran medida, las redes de corrupción aprovechan la disparidad e inconsistencia en las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales, así como lagunas importantes en las leyes federales, para extraer recursos del erario. La creación de una Ley General de Contrataciones Públicas permitiría establecer un mismo proceso y estándar para los procesos de compra de todos los niveles de gobierno que favorezcan la libre competencia económica y corrijan las deficiencias que han propiciado el funcionamiento de esquemas de corrupción como el de la Estafa Maestra.
11. Crear una nueva plataforma electrónica de contrataciones públicas.
La plataforma electrónica de compras públicas actual, COMPRANET, es deficiente y mal utilizada. Si bien ésta debería de ser utilizada como una plataforma transaccional donde todo el proceso de contratación sea realizado de manera electrónica, la realidad es que ha sido utilizada simplemente como un repositorio de información incompleta y de baja calidad. El diseño y uso deficiente de la plataforma imposibilita el uso adecuado de los datos registrados. A pesar de que el gobierno federal anunció un rediseño de la plataforma, ahora en manos de la Secretaría de Hacienda, éste no ha sido implementado. La nueva plataforma de contrataciones deberá incorporar el ciclo completo de contratación: planeación, licitación y ejecución. Además, deberá ser completamente transaccional, estandarizada, confiable, transparente y amigable al usuario. Los campos registrados de cada proceso de compra deberán de ser utilizados para implementar una política de datos para la revisión y auditoría de procesos de contratación.
12. Establecer y/o fortalecer los programas de integridad corporativa
El combate a la corrupción debe atender de igual forma los
riesgos y malas prácticas del sector privado. Los programas de ética e
integridad empresarial son un instrumento útil para guiar y proteger las
actividades de las empresas. Es necesario implementar un catálogo de estándares
mínimos de cumplimiento en las empresas, mediante normas o reglas de actuación
en concordancia con los ordenamientos internacionales y nacionales, donde las
empresas puedan acreditar que su programa de cumplimiento está sustentado en un
diagnóstico preliminar, que el personal conoce el programa y que éste es
supervisado por un oficial responsable de su cumplimiento.
[1] Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, “Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política”, http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/03/asun_3824336_20190305_1551816544.pdf
[2] Instituto Nacional Electoral, “Reporte de Financiamiento Anual Ordinario”, Actores políticos, https://militantes-pp.ine.mx/sifp/app/reportesPublicos/financiamiento/reporteFinanciamientoOrdinario?execution=e1s1 (Consultado el 14/07/2019).
[3] Jorge Kristian Bernal Moreno, El financiamiento de los partidos políticos en el derecho comparado. Alternativas para México (México: Universidad Autónoma de México, S/F), https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1968/6.pdf (Consultado el 14/07/2019).
[4] Claudia Gamboa Montejano, Segunda Vuelta Electoral: Estudio Teórico Conceptual, de Derecho Comparado y de Iniciativas presentadas en la materia (México: Cámara de Diputados, 2017) http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15_17.pdf (Consultado el 14/07/2019).
[5] Mario Fernández y José Thompson, El voto obligatorio en Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina (Suecia: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2007), https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-13.pdf (Consultado el 14/07/2019).
[6] Armando Soto Flores, El voto obligatorio con sanción: una alternativa para lograr la democracia en México (México: Universidad Autónoma de México, 2013), http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60717/53593 (Consultado el 14/07/2019).
[7] Ludwig Van Bedolla Tapia, Formación de partidos políticos en perspectiva comparada (México: Universidad Autónoma de México, 2014) https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5099/7.pdf (Consultado el 14/07/2019).
[8] IDEA Internacional, Una introducción al voto electrónico: consideraciones esenciales (Costa Rica: IDEA Internacional, 2011), https://www.idea.int/sites/default/files/publications/una-introduccion-al-voto-electronico.pdf (Consultado el 14/07/2019).
[9] Agustín Castilla Marroquín, “Análisis Jurídico, Económico y Social para la Implementación del Voto Electrónico en los Procesos Electorales Federales en México “, (Tesis de maestría, EGAP-ITESM, 2012).
[10] Ibíd.
[11] Margarita Sánchez Escobar, “Democracia y sistema electoral: Duración de Campañas Electorales”, Revista Pluralidad y Consenso, (2016), http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/download/278/280 (Consultado el 14/07/2019).