VI. MERCADO DE FACTORES EFICIENTE

  • En 2017, el valor agregado de la industria en México decreció 7.8% respecto a su valor en 2015.
  • El promedio de la productividad media del trabajo de los países aumentó de 2015 a 2017 pasando de 57 mil 419 dólares por persona económicamente activa a 59 mil 319 dólares.
  • China aumentó de manera destacable la eficiencia de su mercado de factores, escalando 8 posiciones respecto a 2015, esto debido a que en 3 de los 8 indicadores subió de lugar.

El subíndice Mercado de factores mide la eficiencia de los mercados de factores de producción, principalmente el laboral y de energía. Se incluyen indicadores sobre la productividad del trabajo, el valor agregado de la industria y la agricultura, la flexibilidad de las leyes laborales y la eficiencia energética. Aquellos países donde los trabajadores son más productivos y donde se utiliza la energía de manera más eficiente, son más atractivos para el talento y la inversión.

Tabla VI.1 Indicadores que conforman el subíndice Mercado de factores.

RESULTADOS GENERALES

MAPA DE POSICIONES

LOS TRES MEJORES DEL MUNDO

1° Irlanda

Irlanda se coloca en el primer lugar debido a que en la mitad de los indicadores se ubicó dentro de los 10 mejores países. Su industria fue la que generó mayor valor agregado con 308 mil 401 dólares por trabajador industrial y es también el país que presentó la mayor eficiencia energética. Además, su productividad laboral fue la segunda más alta con 158 mil 334 dólares por persona económicamente activa. En términos de transparencia se colocó como el séptimo con mejor calificación en el índice de transparencia y regulación de la propiedad privada.

2° Suiza

Suiza ocupa el segundo lugar en el subíndice ya que en cuatro de los indicadores se encontró dentro de las tres mejores posiciones. Destaca el segundo lugar en cambio de inventarios. Además del tercer lugar en eficiencia energética, valor agregado de la industria con 172 mil 743 dólares de 2010 por trabajador y una productividad media del trabajo de 131 mil 634 dólares de 2010 por persona económicamente activa.

3° Noruega

Tres indicadores explican la posición de Noruega. Al ocupar el primer lugar en la métrica de productividad media del trabajo con 172 mil 706 dólares por persona económicamente activa y un segundo lugar tanto en valor agregado de la industria (298 mil 352 dólares de 2010 por trabajador) como en el valor agregado de la agricultura (130 mil 085 dólares de 2010 por trabajador).

DESEMPEÑO DE MÉXICO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Edad de retiro (69 años) *

México se coloca en la cuarta posición del indicador con una edad para el retiro 6 años por arriba del promedio de los 43 países evaluados.

*única fortaleza

DEBILIDADES

Valor agregado de la agricultura (5 mil 505 dólares por trabajador agrícola)

México se posicionó en el lugar 37 en este, mientras que el promedio de los países seleccionados es de aproximadamente 40 mil dólares.

Productividad media del trabajador (22 mil 122 dólares por PEA)

La productividad media de los trabajadores en México es una de las 12 más bajas. La productividad del país es menos de la mitad que el promedio de los 43 países.

Valor agregado de la industria (25 mil 874 dólares por trabajador industrial)

El país se ubica en la posición 31 de este indicador ya que el valor agregado generado por el sector industrial es casi 50 mil dólares menos que el promedio de los países evaluados.

RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE MERCADO DE FACTORES

IMCO PROPONE

PRODUCTIVIDAD Y FORMALIDAD LABORAL

1. Reformar el sistema de seguridad social para trabajadores.

El esquema actual de seguridad social para trabajadores no incentiva correctamente la generación de empleos formales y productivos. Durante años, el IMCO ha planteado que la implementación de un sistema de seguridad social universal desvinculado del estatus ocupacional de las personas reduciría las disparidades en el costo para contratar personal formal o informal. Esta propuesta impulsada por Santiago Levy[1] permitiría corregir las distorsiones del sistema actual, que puede desincentivar en el largo plazo la creación de nuevas plazas de trabajo formales. La propuesta debe ir acompañada de un esquema de protección ante el despido, como un seguro de desempleo. En este sentido, el seguro de desempleo financiado con aportaciones de empresas y trabajadores es un mecanismo de flexibilización del mercado laboral, ya que es un precursor de la eliminación del mecanismo de liquidación laboral.

Según Santiago Levy, destrabar la regulación de despidos y unificar al sistema social contribuye a generar mejores oportunidades labores en el sector formal para los trabajadores, así como la posibilidad de ganar salarios más altos a lo largo de su vida[2]. Quitar la asociación entre estabilidad laboral y seguridad social a través de implementar una política de seguros de desempleo, en vez del actual mecanismo de liquidación laboral, lograría dar mayor flexibilidad al mercado laboral.

2. Reducir la tasa efectiva de ISR para los trabajadores de ingresos más bajos.

La política fiscal que regula las relaciones de trabajo asalariado en México también contribuye a la falta de generación de empleos formales. Recientes análisis del IMCO apuntan que la estructura de cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) de asalariados comienza a imponer tasas nominales y efectivas muy altas a los trabajadores con salarios bajos, en comparación con otros países de América Latina.

Una propuesta para mejorar la equidad del cobro de este impuesto implicaría la reducción de tasas de ISR y cuotas fijas contenidas en la Ley de ISR, de manera que los trabajadores de los primeros siete deciles pagarán una tasa sustantivamente menor a la actual.

INVERSIONES DE CAPITAL

1. Desarrollar capacidades de la fuerza laboral frente a los procesos de automatización del trabajo.

Un análisis del IMCO, con base en el trabajo de Frey y Osborne[3], revela que cerca del 35% de la Población Económicamente Activa Ocupada en México labora en ocupaciones que tienen una probabilidad muy alta de ser automatizadas en los próximos 10 o 20 años. La automatización de procesos, tanto en industrias como en servicios, tiene el potencial de elevar la productividad. Sin embargo, también puede hacer obsoletas las habilidades de sectores enteros de trabajadores. Las personas con ocupaciones intensivas en trabajo mecánico o repetitivo son las más vulnerables a estos cambios tecnológicos. En principio, la política pública debe enfocarse en hacer que las inversiones en máquinas, robots y programas computacionales sean un complemento del trabajo y no un sustituto perfecto. Esto se logrará únicamente con capacitación laboral que permita a los trabajadores adquirir habilidades para operar nuevas tecnologías. De lo contrario, los mercados laborales podrían experimentar un desequilibrio importante en las siguientes décadas.

2. Identificar y corregir disparidades tributarias entre tipos de activos y fuentes de financiamiento.

De acuerdo con un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional[4], eliminar las distorsiones de disparidades tributarias que discriminan entre tipos de bienes capital, fuentes de financiamiento, formalidad de empresas y tamaño de empresas, puede contribuir un cuarto de punto porcentual al crecimiento económico de los países en desarrollo.

Estas disparidades se ven reflejadas, por ejemplo, en la diferencia que existe entre la tasa marginal efectiva impuesta a la compra de maquinaria y la que corresponde a estructuras y edificios. Esta diferencia puede orillar a los inversionistas a hacer compras de capital a bienes de capital menos rentables, pero con ventajas tributarias. De igual manera, las disparidades se observan entre fuentes de financiamiento. Si las tasas impositivas sobre la inversión financiada con capital son más altas, en comparación a la impuesta sobre el financiamiento de deuda, se corre el riesgo de reducir el incentivo a reducir gasto en inversiones que necesitan de recursos patrimoniales, como el de Investigación y Desarrollo.

3. Reducir el ritmo y la magnitud del endeudamiento público para liberar recursos prestables a la inversión privada.

Con datos del Banco de México, es posible observar que los Requerimientos Financieros del Sector Público como porcentaje del PIB han pasado de menos del 30%, en 2007, a mantenerse cerca del 45%, desde 2016 a la fecha. La razón de deuda pública sobre el PIB se ha incrementado en últimos 10 años, con efectos directos y poco visibles sobre la economía o el bienestar de las familias. El endeudamiento público puede actuar en detrimento de la inversión privada, ya que absorbe recursos prestables de los mercados de crédito que podrían ser usados por empresas. Es necesario disminuir el riesgo de desplazamiento de recursos, reduciendo las distorsiones que pueda imponer el endeudamiento público en los mercados crediticios.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GENERACIÓN ELÉCTRICA LIMPIA

1. Promover la concientización social sobre la eficiencia energética.

Actualmente existen 30 NOMs que disponen de criterios de eficiencia energética para motores industriales, electrodomésticos, sistemas de alumbrado, edificaciones y vehículos, entre otros. Sin embargo, los beneficios económicos de estas normas solo se verán reflejados con la sustitución de equipos y aparatos por parte de los consumidores. Por ejemplo, en el sector doméstico, las acciones de eficiencia energética permiten reducir el consumo eléctrico hasta en un 34%, lo que representa un ahorro por hogar entre $mil938 y $19 mil378 pesos al año (según el tipo de tarifa).

2. Crear normas técnicas obligatorias (NOM) para la construcción, operación y mantenimiento de equipo para generación distribuida y redes inteligentes.

La generación distribuida de producción de electricidad utiliza tecnologías (usualmente renovables) a pequeña escala y cercana a los usuarios finales. Es importante contar con estándares, no solo para el equipo, sino para su instalación tecnológica. Esto se vuelve aún más importante para el mercado de energía a pequeña escala.

3. Dar incentivos a inversiones en generación distribuida a través de diferenciar los Certificados de Energía Limpia (CELs) por escala de producción.

Los CELs son títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que acredita la producción de energía eléctrica a partir de energías limpias. La norma debe permitir a los pequeños productores, menores a 10kW de capacidad instalada (usuarios residenciales y comerciales), obtener más certificados por la misma unidad de energía que un gran productor. También se les puede permitir amortizar los pagos de cada certificado en el futuro desde el primer año para facilitar su financiamiento.

4. Transitar del subsidio generalizado en el precio de la electricidad a un subsidio a la inversión.

En 2017, el 99% de los hogares mexicanos recibió un subsidio eléctrico. Este subsidio provoca que el verdadero costo de la electricidad no se refleje en el precio pagado por quien recibe el servicio. Tan solo entre 2004 y 2014, el monto del subsidio ascendió a poco más de 1 billón 350 mil millones de pesos a precios de 2019. Según un reciente estudio del IMCO, elaborado en colaboración con el consultor Javier Gala Palacios, este monto agregado de subsidio es suficiente para instalar paneles solares en todos los hogares de México.[5] La propuesta para diseñar e implementar un esquema gradual de transición de un subsidio generalizado, a través del precio, a un subsidio a la inversión en paneles solares conlleva muchos beneficios. Para los hogares, se genera una protección contra cualquier aumento en el precio de la electricidad, el subsidio se convierte en inversión en el patrimonio de las familias con menos recursos. Para la sociedad, se transita al uso de energías renovables y limpias, se reduce la emisión de los gases de efecto invernadero, y el gobierno, eventualmente, podría quitar el subsidio generalizado en la electricidad liberando recursos para otros proyectos o programas.

5. Inversión en energía eólica en el Istmo de Tehuantepec.

Hay una necesidad urgente de generación de energía eléctrica en la zona del sur-sureste del país. La perspectiva energética de 2017 de la Secretaría de Energía, estimó que para 2030 será necesario ampliar la capacidad instalada de generación en 13,273.5 MWh, aproximadamente, el doble de la capacidad actual. Una inversión de 34 mil millones de dólares aseguraría las necesidades energéticas de la región hasta 2030. El esquema de inversión prevé que el 63% de la energía sea de fuentes renovables y el 37% de fuentes convencionales. De esta forma, se aprovechan los bajos costos de la energía renovable, sin dejar de garantizar la continuidad del suministro. En términos de energía renovable, el Istmo de Tehuantepec es la mejor zona de América para este tipo de generación. Chiapas tiene capacidad para generar el 37% de la demanda nacional de electricidad. Mientras que Campeche y Yucatán tienen el potencial para generar el 50% de la demanda nacional de electricidad.

6. Dar certidumbre a los compromisos gubernamentales en las inversiones en infraestructura y generación de energía.

La reciente cancelación de los proyectos de líneas de transmisión, así como de las subastas eléctricas, tiene efectos adversos en el mercado eléctrico. Primero, cancelar la inversión en infraestructura provoca que la distribución de electricidad sea ineficiente, ya que no permite la transmisión de energía de manera ininterrumpida y confiable de los centros de producción a las zonas con mayores necesidades energéticas. La cancelación de más subastas eléctricas podría retrasar el desarrollo de capacidad adicional para producir energía renovable, poniendo presión en los precios para satisfacer la creciente demanda y generando incertidumbre en el mercado. El capital privado de riesgo ofrece una fuente alternativa de financiamiento para un Gobierno federal que impone un esquema de austeridad en el gasto público. Dar certidumbre y cumplir con las obligaciones derivadas de inversiones en infraestructura, licitaciones y subastas de electricidad y energías renovables, es la mejor forma de lograr una transición nacional al abastecimiento de energía a precios estables y con fuentes renovables.  

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

1. Autorizar y regular la producción comercial de productos agrícolas genéticamente modificados.

De acuerdo con datos de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), entre 1994 y 2016 la productividad agrícola de México ha crecido cerca de un 2.5% anualmente. México debe instrumentar políticas que permitan la investigación, siembra, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados, incluso en cultivos sensibles como el maíz, con el fin de elevar la productividad por hectárea e incentivar innovaciones útiles para las necesidades específicas del país (por ejemplo, resistencia a sequía, o investigación en maíz blanco). La introducción de estos productos debe estar acompañada de una restricción de su venta y siembra en zonas donde pueda verse afectada la biodiversidad. México debe invertir en que los agricultores conozcan y usen paquetes tecnológicos de mayor productividad. Una política pública inteligente en el tema de organismos genéticamente modificados (OGM) buscaría un equilibrio entre los intereses de los grupos conservacionistas, que tienen por objetivo preservar la información genética del maíz y otros granos, y el aumento de la productividad del sector. 

​En general, los paquetes tecnológicos deberían intensificar la productividad por hectárea, para que el país pueda dedicar una mayor superficie a otros fines, como agroproductos con mayor valor agregado, o la conservación ambiental. Una política pro-OGM podría ser útil para preservar el capital natural, siempre y cuando los incentivos, zonas y temporadas de veda, así como usos específicos, estén claramente regulados y sea fácil para la autoridad hacer cumplir la regulación. El control biológico de plagas es una tecnología superior al control químico, y el reto de la regulación es administrar los nuevos riesgos y complicaciones que pueden resultar de su uso. 

Las prohibiciones al uso de OGMs pueden propiciar el uso indebido y la introducción de variedades que no fueron desarrolladas para México. Los subsidios al agricultor deberían estar en función del uso ​de tierra, agua e insumos, premiando a quien adopte tecnologías que faciliten un uso más racional de estos recursos escasos. 

2. Subsidiar a consumidores, no a productores de alimentos: instrumentar programas similares a los cupones de comida de Estados Unidos, a través de tarjeta electrónica, que permitan a los beneficiarios adquirir alimentos en cualquier establecimiento al mayoreo o menudeo.

De esta forma se estimula el crecimiento de las redes de distribución privadas, lo cual ayuda a crear infraestructura en zonas de bajo desarrollo. Esto implica que el papel del Estado se limite a ser un mecanismo financiero y de supervisión, y desmantelar la red pública de distribución de alimentos en el mediano y largo plazo, incluyendo Diconsa, Liconsa y otros. En esta línea, se deben eliminar subsidios a productos de bajo valor agregado, como el maíz, y aumentar apoyos para administrar riesgos climáticos, de precio y de mercado en productos de alto valor agregado.

3. Organizar el sistema de propiedad de la tierra.

Ante las dificultades para que los ejidos cambien su régimen de propiedad a uno de propiedad privada, México debería unificar las bases de datos de Registro Público de la Propiedad y catastros con el Registro Agrario Nacional (RAN), con el fin de dar transparencia al mercado de tierra y evitar conflictos de régimen jurídico y de propiedad. Por otra parte, es necesario profesionalizar el derecho ejidal mediante la asesoría del poder judicial. En este sentido, se debe hacer pública la información de las decisiones de las asambleas ejidales, así como los procesos de decisión colectiva para evitar esquemas clientelares como votaciones a mano alzada y coerción al interior de los ejidos.

Por otra parte, la prescripción de los asuntos agrarios debería limitarse a un plazo razonable, por ejemplo de 15 años, con el fin de evitar litigios interminables en materia agraria. De igual manera, se deben hacer cumplir los contratos en el sector ejidal, dando las garantías a la inversión en ese sector, que se establecen en los tratados comerciales internacionales. 


[1] Santiago Levy, «Seguridad social universal: Un camino para México», Nexos, (2012),  http://www.nexos.com.mx/?p=15047 (Consultado el 01/10/2019).

[2] Santiago Levy, Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México (Washington D.C.: BID, 2018).

[3] Carl Benedikt Frey y Michael Osborne, The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? (Oxford: Universidad de Oxford, 2013), http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf

[4] Fondo Monetario Internacional (FMI). Fiscal Monitor: Achieving More with Less (Washington D.C.: FMI, 2017), https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/04/06/fiscal-monitor-april-2017

[5] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Energía solar para los hogares de México”, 2019, https://imco.org.mx/temas/energia-solar-los-hogares-mexico/#_ftn1

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