- México sigue mostrando fortalezas en estabilidad de precios y bajo desempleo, sin embargo, el crecimiento económico y el sector financiero son nuestras debilidades.
- La economía china logra robarle el primer lugar a Suiza tras años de tasas de crecimiento por arriba del 6%.
- El crecimiento económico promedio de los países ha disminuido en los últimos años.
El subíndice Economía mide las principales características económicas de los países. Dentro de este subíndice se incluyen indicadores sobre el crecimiento de la economía, la volatilidad de los precios, la situación de la deuda, la riqueza del país en activos financieros y las reservas internacionales. Los países con economías estables y mercados competidos atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, más propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.
Tabla VII.1 Indicadores que conforman el subíndice Economía
RESULTADOS GENERALES
MAPA DE POSICIONES
LOS TRES MEJORES DEL MUNDO
1° China
China se mantuvo dentro de las primeras cinco posiciones en los indicadores de crecimiento económico, deuda externa, activos depositantes y reservas. Su crecimiento en 2017 fue del 6.9%, cifra por encima del promedio general de 3.1%. Mientras que la deuda externa emitida por el país es de 13% del PIB, menor al promedio general de 131% y solo por arriba del 11% de Nigeria. Los indicadores en los que el país muestra debilidades son los relacionados con la estabilidad en las tasas de crecimiento y estabilidad en precios. Mientras que, el indicador de desempleo permaneció aproximadamente en la misma situación que en 2015 pasando de 4.6 a 4.7%.
2° Suiza
Suiza obtuvo el segundo lugar debido a que en ocho de los 12 indicadores que componen este subíndice, se encontró entre los primeros 10 lugares. El país obtuvo la primera posición en calificación de la deuda con la calificación máxima y en reservas con 2 mil 196 dólares por cada mil dólares de importación. Además, los indicadores de activos financieros, activos de los depositantes e inflación promedio se posicionan entre los tres primeros lugares del ranking. Sin embargo, en el indicador de crecimiento económico mostró un desempeño menor al promedio general.
3° Canadá
Al igual que Suiza y Alemania, Canadá obtuvo el máximo puntaje en el índice de calificación de la deuda. Asimismo, sigue manteniéndose en la posición número uno en los indicadores de variabilidad de inflación y activos de los depositantes. Adicionalmente, subió 21 posiciones en el indicador de crecimiento económico. Mientras que una de las debilidades observadas se relaciona con las reservas, las cuáles se ubican por debajo del promedio.
DESEMPEÑO DE MÉXICO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Variabilidad de la Inflación (Desviación estándar de 0.8 en los últimos 10 años)
México, obtuvo la tercera posición en este indicador. La estabilidad de largo plazo que exhiben los precios en México coloca a nuestro país únicamente por debajo de Canadá y Países Bajos.
Desempleo (3.4% de la PEA)
La tasa de desempleo ubicó a nuestro país como el sexto con el mejor resultado.
Deuda externa (39% del PIB)
México se encuentra en la posición 13 con una deuda externa equivalente a 39% del PIB. La deuda se sitúo por debajo del promedio de 131%.
DEBILIDADES
Inflación (6% anual)
México ocupó la posición 40 de 43 en el indicador de inflación. El 6% de inflación registrado en 2017 fue casi el doble del promedio de los demás países analizados.
Activos de los depositantes (41% del PIB)
De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, los activos de los depositantes en México se mantuvieron en niveles muy bajos. En 2017, el país presentó activos por solo 41% del PIB, este porcentaje tuvo un incremento equivalente a 0.8 puntos porcentuales respecto a 2015 y se ubicó por debajo del promedio general de 99.7%.
Activos del sector financiero (48% del PIB)
El país se ubicó entre los cinco peores en este indicador, únicamente por arriba de Nigeria, Argentina, Indonesia y Guatemala. Respecto a 2015, los activos subieron casi tres puntos porcentuales respecto al PIB, este aumento fue suficiente para que México subiera de la posición 40 a la 39. Sin embargo, el porcentaje de activos del sector financiero se sigue ubicando por debajo de promedio de 181%.
RESULTADOS POR INDICADOR DEL SUBÍNDICE ECONOMÍA
IMCO PROPONE
1. Crear certidumbre alrededor de los proyectos de infraestructura para atraer inversión.
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un proyecto con aproximadamente el 90% de inversión privada, tuvo un impacto importante sobre diversas variables económicas. El peso registró una pérdida de más del 3% contra el dólar, así como una pérdida del 4.2% en el valor de los títulos intercambiados en la Bolsa Mexicana de Valores (la mayor baja desde noviembre de 2016)[1]. Además, el diferencial de tasas de interés entre el bono de 10 años americano y el mexicano, que refleja la prima de riesgo país, incrementó 28% pasando de 4.85 puntos porcentuales con el anuncio de la cancelación (1 de octubre) a 6.21 días después (5 de octubre).[2] A esto se suma el freno impuesto por la Administración a las licitaciones para exploración y perforación petrolera, en particular, el caso mediático de un proceso de arbitraje internacional iniciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para anular ciertas cláusulas del contrato de un oleoducto entre Texas y Veracruz con la empresa TransCanada[3][4]. Tras la disputa, la infraestructura logró entrar en operación en septiembre de 2019[5], pero contribuyó a la incertidumbre. También, la cancelación de programas públicos como las Zonas Económicas Especiales representa un costo de oportunidad en el corto y mediano plazo que equivale a 8 mil millones de dólares y 31 mil empleos[6].
La revocación de contratos públicos en infraestructura genera desconfianza en inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales retiran la inversión actual y futura buscando proyectos más seguros. La razón por la cual no ha habido un deterioro más grave de la cuenta de capital, es el amplio diferencial de tasas que hay entre México y el resto del mundo, que permite a capitales especulativos hacer ganancias de corto plazo. La señal que se envía al público inversionista al cancelar proyectos de inversión rentables, y perseguir aquellos que no lo son, es que el país perderá viabilidad en el mediano plazo para solventar sus obligaciones públicas y privadas.
El momento adecuado para cancelar inversiones es antes de iniciar las obras para ejecutarlas. Cancelarlas cuando las obras ya están en marcha, y más por razones políticas, es costoso y retrasa el desarrollo del país. Por ello, es indispensable la continuidad en los proyectos públicos de inversión. Las decisiones de en qué activos invertir y cómo hacer las inversiones tiene que ser una decisión técnica, no política, y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todo el ciclo de las inversiones públicas deben asegurar que se cumpla con los costos y tiempos presupuestados en la obra pública, de manera que los costos de su ejecución no sean mayores al beneficio obtenido.
2. Replantear las políticas de austeridad para no poner en riesgo servicios públicos básicos y generar desaceleración en el crecimiento económico.
Desde el inicio de esta Administración se anunció una política de austeridad a través del recorte al gasto público en todas las dependencias, la salida de 11 mil 820 servidores públicos y el recorte de los sueldos públicos a través de la aprobación de una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En el primer trimestre de 2019 el gasto público total mostró un decremento real del 6.1% respecto a 2018.[7] Los recortes han sido tales que el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció la falta de recursos para el pago de médicos, 0% de avance en obras y pagos a proveedores y el abasto de medicamentos comenzaba a pender de un hilo por lo que el servicio a los derechohabientes estaba en peligro.[8] Además, otras instituciones constitucionalmente autónomas han expresado la necesidad de recortar estudios, servicios e incluso dejar de operar por los recortes públicos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).[9] Lo anterior contribuyó a una disminución de 0.2% en términos reales del producto interno bruto durante el primer trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior.[10] Esta reducción podría empeorar en 2020 dado que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación prevé una reducción de la inversión física pública de 36 mil millones de pesos, que equivale a una reducción real del 5.4% respecto a 2018, así como recortes agudos de más del 20% en funciones como agricultura, comunicaciones y transportes, economía, desarrollo urbano y turismo[11].
Por otro lado, la Ley de Austeridad que hasta el momento se encuentra de regreso en la Cámara de Diputados por las modificaciones llevadas a cabo por el Senado, contiene aspectos positivos que contribuyen a un verdadero ahorro. Por ejemplo, el reglamentar que las asignaciones presupuestarias de los entes públicos destinadas a la difusión de propaganda y publicidad oficial no pueden ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente. A pesar de ello, existen puntos preocupantes cuyos efectos podrían afectar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. El caso más relevante es la posibilidad de un uso discrecional de los ahorros generados en el ejercicio. Con esto, se elimina toda certeza sobre el destino de estos recursos. Antes de esta modificación la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establecía que los ahorros se tenían que destinar en programas sociales acorde con el Plan de Nación. Ahora, no solo podrán ser programas sociales previamente establecidos, sino por decreto podría ser cualquier rubro sin fundamento ni motivación. Esto dificulta el monitoreo de los recursos públicos y mina el balance de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo respecto al presupuesto de egresos de cada ejercicio. Los diputados deberían contemplar este riesgo cuando revisen esta iniciativa de Ley.
El Gobierno debe replantear la implementación del recorte agresivo y parejo del gasto público y modificarla por una política de austeridad construida con base en una mejor planeación, así como la utilización de los recursos públicos ahorrados en actividades económicas que promuevan crecimiento y no solo en el saneamiento de las finanzas de Pemex. La apertura de espacios de discrecionalidad para el uso de recursos públicos, como los ahorros, dificulta el monitoreo y fiscalización de los recursos públicos, y puede generar un uso ineficiente e inadecuado de estos. Por lo anterior, es necesario replantear las modificaciones llevadas a cabo por el Senado de la República en la Ley de Austeridad por ser aprobada en la Cámara de Diputados.
3. Mantener los objetivos de inflación para proteger el consumo y los ingresos de las familias.
La confianza del consumidor se posicionó en su punto más alto en enero de 2019 con 42.1%. Esto sumado al aumento del 16% a nivel nacional del salario mínimo y del 100% en las fronteras es un incentivo para incrementar el consumo privado a nivel nacional, y con ello generar crecimiento económico. Sin embargo, se requiere de una política monetaria adecuada para que estos cambios no se traduzcan en mayor inflación, deteriorando el poder adquisitivo de las familias.
Además, la presión del tipo de cambio, el aumento en precios de los productos agropecuarios y energéticos, y el aumento en aranceles alrededor del mundo son amenazas al objetivo del Banco de México del 3% de inflación. El respeto a la autonomía del Banco, así como la cooperación y coordinación con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía es fundamental para garantizar que las amenazas a los objetivos de inflación no se traduzcan en menor poder adquisitivo de los mexicanos, ni tampoco en un menor crecimiento económico.
4. Aumentar la inclusión de mujeres en la economía para incrementar la productividad nacional.
En México, sólo el 44.9% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas[12], que en 2018 representó el 39% de la fuerza laboral[13]. De las mujeres empleadas, el 61% no cuenta con acceso a instituciones de salud. Estas brechas, no sólo preocupan en términos de desigualdad sino además generan un impacto económico considerable. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que si la brecha de género en la fuerza laboral de México se redujera a la mitad el PIB per cápita para el periodo 2013-2040 podría crecer a una tasa promedio anual del 2.46%. Esto implica que, en 2040, el PIB per cápita sería mil 100 dólares mayor, solo por evitar que el capital humano que concentran las mujeres se pierda.
Hasta ahora, a pesar de que en educación básica y media superior hay más mujeres graduadas que hombres, no se ha logrado retenerlas en el mercado laboral o permitir su acceso a empleos formales mejor pagados. En parte esto se debe a que México es uno de los países en donde más horas se trabaja y donde la mayoría de las responsabilidades familiares recaen en la mujer.
Por ello, más allá de las cuotas de género en los congresos, es importante identificar y reducir las barreras de entrada y permanencia que enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Esto se puede lograr a través de añadir cierto grado de flexibilidad a los empleos, cambiar los concursos para ciertas vacantes como lo está haciendo la Suprema Corte de Justicia[14] y respetar e incentivar el uso de los días de paternidad. El Gobierno puede poner ejemplo con políticas que beneficien a los funcionarios públicos, así como generar incentivos para que más empresas se sumen a este tipo de esfuerzos.
Asimismo, los trabajos actuales de una economía globalizada y construida con base en el avance tecnológico requieren capital humano capacitado para estos empleos, por lo que, la incorporación de mujeres en el mercado laboral va más allá de su inclusión en la formalidad: es necesario cerrar las brechas entre el capital humano masculino y femenino. A partir de esto, se sugiere priorizar la entrada de más mujeres a carreras profesionales en ciencias, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a través del fomento a estas profesiones desde la educación secundaria, los padres a convertirse en defensores en el sistema escolar de sus hijas jóvenes que muestran interés en la educación STEM. La capacitación de los maestros para reconocer el interés y abogar por la inclusión de mujeres jóvenes que muestren interés en estos campos. Mientras que la industria debe asociarse con escuelas, colegios y universidades para proporcionar becas, pasantías y otros programas que ayuden a las mujeres jóvenes a seguir la educación y carreras STEM. El gobierno también tiene un papel que desempeñar al brindar incentivos a las escuelas que desarrollan programas para promover la educación STEM para las mujeres jóvenes. Iniciativas como iniciativas como Girls Who Code y Black Girls Code han sido exitosas en crear puentes entre mujeres, sus preocupaciones sociales y campos científicos.
5. Incrementar la recaudación fiscal con una reforma sobre el ISR y un diagnóstico sobre las condonaciones fiscales.
La recaudación tributaria ha aumentado en los últimos años. En 2007 era apenas 12.01% del PIB, y en 2017 fue equivalente al 16.17% del PIB[15]. Sin embargo, este nivel se encuentra muy por debajo del 34.2% promedio de los países de la OCDE y del 22.8% promedio de América Latina.[16] El funcionamiento de un Estado de bienestar que brinde servicios de salud y educación, programas sociales e infraestructura productiva de largo plazo no es viable si el Gobierno no recauda más y de forma más eficiente.
La Administración tiene una posición favorable en el Congreso de la Unión y en congresos locales para impulsar una reforma tributaria progresiva. Una reforma al ISR de asalariados como la que sugirió IMCO en 2017, que imponga una tasa cero a las personas físicas formales empleadas que ganen hasta 10 mil 298 pesos, ayudaría a mejorar la distribución del ingreso en el país. Además, deben mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir las exenciones existentes y gastos tributarios.
Por el lado del impuesto al valor agregado (IVA), también existen espacios de mejora. Una de los principales problemas para mejorar la recaudación son las condonaciones de impuestos que se otorgan a los contribuyentes. Éstas se refieren a los impuestos que el Estado decidió anticipadamente no cobrar. Se denominan gastos ya que técnicamente deberían ser recursos cobrados por el Gobierno pero que se dejan de cobrar con el propósito que los contribuyentes lo destinen a gastos corrientes, inversión o incentiven algún sector económico. De 2013 a 2018 el monto que el Gobierno dejó de recaudar en este rubro asciende a 4 billones de pesos, el equivalente al 70% del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2019. Es necesario que el Estado diagnostique la eficiencia de estas condonaciones y, en su caso, cierre las brechas fiscales que éstas abren en la recaudación tributaria.
El problema de recaudación no corresponde únicamente a nivel federal, de hecho y, en contraste con los países de la OCDE, México tiene la menor recaudación a nivel subnacional: la Federación recauda casi el 94% de los impuestos del país, mientras que los estados recaudan menos del 5% y los municipios menos del 2%. Una política fiscal más equitativa pasa por una revisión al marco de coordinación fiscal y redistribución de los ingresos federalizados. El propósito de implementar esquemas más equitativos a través de una correcta planeación de la política fiscal no es únicamente una mayor recaudación tributaria, sino tiene como objetivo repercutir en una mejor distribución del ingreso, en la creación de empleos y el crecimiento de la economía
6. Reducir la informalidad.
La alta informalidad en México sigue siendo un obstáculo para la productividad. Los trabajadores en el sector informal están atrapados en círculos viciosos de baja productividad, baja remuneración, bajos salarios, dificultades para la inversión y economía de subsistencia. La informalidad y su baja retribución hacen que las desigualdades y la pobreza persistan. El Gobierno debe mejorar los incentivos a la formalización a través de reducir el costo de las contribuciones de seguridad social para los trabajadores menos calificados. Además, se deben de simplificar los sistemas fiscales y regulatorios para facilitar los costos de cumplimiento de las empresas. También, es importante cambiar las reglas de afiliación para que un número mayor de personas en cada familia tenga incentivos a participar en el sector formal, permitir el trabajo de las mujeres y reducir la dependencia de los negocios familiares y de la seguridad social asistencial.
7. Eliminar los precios de garantía a alimentos básicos.
A través del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno federal estableció precios de garantía en el campo mexicano.
De acuerdo con los lineamientos de este programa, el Gobierno federal otorga un subsidio (equivalente a la diferencia entre el valor comercial de su producto y el precio de garantía –fijado por Segalmex–) a pequeños y medianos productores de cuatro granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo panificable) y leche con el objetivo de incrementar sus ingresos, aumentar su productividad y alcanzar la seguridad alimentaria en el país al reducir las importaciones de estos productos; en particular de arroz y trigo.
No obstante, se trata de un programa que, aunque pretende beneficiar a los productores de los cultivos antes mencionados y, en consecuencia, a los consumidores, tiene implicaciones negativas sobre ambos agentes económicos y sobre la economía en su conjunto, en detrimento de todos los mexicanos.
Al garantizar un precio mínimo a los productores por encima del precio de mercado, el Estado mexicano crea distorsiones en las decisiones de oferta y demanda de productores y consumidores, generando excesos de oferta (excedentes) o demanda (escasez) de productos agrícolas y con ello espacios para la corrupción (mercados negros), así como pérdidas en eficiencia.
El programa de precios de garantía del gobierno actual en realidad no es para todos los productores; lo es solamente para los que están en un padrón. Esto abre posibilidades a manejo discrecional de los recursos y corrupción. De expandirse el padrón a todos (o la mayoría) de los productores, las distorsiones en los precios acabarían por perjudicar a los productores y consumidores más pobres. Los resultados de un estudio realizado por el IMCO[17] a inicios de 2018 con el propósito de analizar las implicaciones de una política de precios agrícolas generalizada[18] son concluyentes. Al modelar un par de escenarios con precios de garantía superiores en 20% y 50% al precio de mercado de los cultivos antes mencionados (equivalente al precio internacional de los mismos más sus costos de transporte), se encontró que:
- La producción de arroz y leche se incrementaría (se produciría el doble de arroz y entre tres y cinco veces más leche).
- La producción de maíz se reduciría entre 69% y 78%, y la de trigo entre 33% y 50%.
- Se dejarían de producir cultivos más rentables (aguacate, mango, jitomate, entre otros). La producción de vegetales y frutas disminuiría a niveles entre una tercera y una quinta parte de los niveles actuales.
- Contrario al objetivo de los precios de garantía de alcanzar la suficiencia alimentaria en el país, las importaciones de maíz aumentarían entre 78% y 180%, las de trigo entre 38% y 85%, y entre 2 y 4 veces más las de vegetales y frutas.
- Habría un incremento promedio de entre 9% y 26% en todos los precios de la economía.
- Bajo el escenario más conservador la economía crecería 0.1%. En el escenario más agresivo se contraería un 1%.
Es por ello que, ante las numerosas distorsiones y pérdidas de eficiencia ocasionadas por los precios de garantía, aunado a los costos fiscales asociados a la instrumentación de programas de esta naturaleza, se propone eliminar el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y reorientar los recursos asignados[19] a dicho programa hacia acciones que verdaderamente beneficien al campo mexicano (diseñar instrumentos de mercado específicamente para pequeños productores, como herramientas para elevar la productividad de los pequeños productores, así como futuros y coberturas para resolver los altibajos estacionales de los precios en productos de alto valor agregado pero elevado riesgo, entre otras).
8. Explorar la implementación de políticas contracíclicas para fomentar el crecimiento económico.
Diversos indicadores económicos muestran que la economía mexicana se está frenando[20], lo cual puede tener efectos adversos sobre los ingresos de las familias y el gasto del Gobierno. Por ello, es importante considerar la creación de un programa contracíclico, para incrementar la inversión pública y privada en programas y proyectos de infraestructura económica definidos y que prueben su rentabilidad. Dichos proyectos se deberían concentrar en áreas de desarrollo como ciencia y tecnología, medio ambiente, desarrollo urbano, salud y educación.
A su vez, se puede evaluar la creación de un fondo contracíclico[21]. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
-organismo dependiente de la Organización Mundial de las Naciones Unidas-
utilizar una red de seguridad social bien diseñada que proteja a los grupos
vulnerables durante la desaceleración es mejor alternativa a utilizar el gasto
público como medida contracíclica. De hecho, una ventaja esencial de las redes
de seguridad social es que el gasto asociado es intrínsecamente contracíclico,
se recauda cuando la económica aún no se encuentra en crisis. Además, una
dependencia en las políticas contracíclicas basadas en el gasto público —más
que una combinación entre ingresos fiscales y fondos de estabilización— puede
generar desequilibrios entre los suministros de bienes públicos y privados con
efectos distributivos sustanciales, ya que los que reciben los bienes y
servicios públicos no son los mismos agentes que los que se benefician del
gasto privado[22]. Por estas razones, es recomendable la construcción de un fondo
contracíclico con base en criterios a largo plazo.
[1] Luz Elena Marcos y Cristóbal M. Riojas, “El peso, la Bolsa mexicana y los bonos del NAIM caen con fuerza”, Expansión, (2018), https://expansion.mx/economia/2018/10/25/la-bolsa-y-peso-mexicanos-la-consulta-sobre-el-naim (Consultado el 18/07/2019); Forbes Staff, “AMLO confirma cancelación del NAIM en Texcoco; ofrece legalidad a contratistas”, Forbes, (2018), https://www.forbes.com.mx/live-amlo-habla-sobre-la-consulta-y-el-futuro-del-naim/ (Consultado el 26/06/2019).
[2] Ana Thaís Martínez y Jorge Andrés Castañeda, “La importancia de los bonos del nuevo aeropuerto”, Nexos, (2018), https://www.nexos.com.mx/?p=40378 (Consultado el 25/06/2019).
[3] El Financiero Redacción, México da señal de no querer respetar contratos: embajador de Canadá, 2019.
[4] Zaga et al, Mexico Economic Growth to remain slow for rest of the year, 2019.
[5] TC Energía, El Ducto Marino Sur de Texas-Tuxpan Entra en Operación Comercial, 2019, https://www.tcenergia.com/noticias/el-ducto-marino-sur-de-texas-tuxpan-entra-en-operacion-comercial/
[6] SHCP, Zonas Económicas Especiales El Gran Proyecto de Nación, 2017, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287342/Libro_ZEE_2017_web.pdf
[7] Blanco, Government to make more spending cuts as it seeks to avoid deficit, 2019.
[8] Mejía et al, Germán Martínez renuncia al IMSS; denuncia política de recortes y despidos, 2019.
[9] Inegi, Inegi en 2019, 2019. Arena Pública, ¿Cuánto afectará el recorte al poder de investigación de Cofece?, 2019. Hernández, Por una austeridad mejor implementada: CONEVAL, 2019.
[10] Inegi, Producto Interno Bruto de México Durante el Primer Trimestre de 2019 (Cifras desestacionalizadas), 2019.
[11] Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, Ante el programa económico de 2020, 2019.
[12] OCDE, The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, 2017.
[13] Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cuarto trimestre 2018 (población ocupada).
[14] Arturo Zaldívar. “Corregir un pasado de discriminación”. Milenio. 9 de julio, 2019. https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/corregir-un-pasado-de-discriminacion
[15] OCDE, Tax Revenue total, % of GDP, 2017.
[16] OCDE et al, Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, 2019.
[17] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “Las malas ideas no deben convertirse en políticas: Precios de garantía para el campo”, https://imco.org.mx/temas/las-malas-ideas-no-deben-convertirse-en-politicas-precios-de-garantia-para-el-campo/
[18] Análisis realizado a partir de un modelo de equilibrio general GTAP (Global Trade Analysis Project).
[19] De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se estima asignar 19 mil 455 millones de pesos a este programa durante el ejercicio fiscal 2020.
[20] Heraldo de México. “Poco alentador pronóstico de crecimiento económico para cierre de 2019: Moody’s Analytics”. 24 septiembre, 2019. https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/pronostico-crecimiento-economico-para-2019-moodys-analytics/
[21] Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, Ante el programa económico de 2020, 2019
[22] CEPAL, Developing countries’ anti-cyclical policies in a globalized world, 2002.