El año 2020 marcará la historia de la humanidad por la llegada del COVID-19. Es una enfermedad altamente contagiosa y desconocida, para la que al momento de escribir estas líneas no había vacuna ni cura. Por ello, la respuesta de los países se ha centrado en implementar fuertes medidas de distanciamiento social y ampliar los recursos en hospitales para tratar los casos más graves y críticos.
El distanciamiento social, aunque necesario para frenar la transmisión del virus, impone una carga fuerte sobre toda la sociedad. En México y en la mayoría de los países, se ha solicitado el cese de actividades no esenciales. Las implicaciones de este requisito son enormes, más en un país como el nuestro en donde no hay seguridad social para todos ni mercados accesibles de crédito, entre otros elementos, que permitan aminorar los efectos de la situación.
A raíz de ese escenario, las consecuencias económicas de esta pandemia serán mayúsculas y la mayoría de los sectores se verán perjudicados. Si, por ejemplo, la construcción de un edificio se detiene, las personas que les vendían comida a los obreros perderán a sus clientes habituales; los dueños de la construcción deberán retrasar la entrega y no podrán cobrar. Si tienen ahorros podrán pagar el sueldo de su personal pero dejarán de comprar material. Esto a su vez impactará a empresas que venden cemento o acero, las cuales enfrentarán decisiones similares. Y así la cadena de efectos podría seguir y seguir.
Esta historia representa la de millones de mexicanos. Todos ellos con gran incertidumbre sobre los ingresos que recibirán, por lo que comprarán menos y pagarán menos impuestos sobre el consumo, nómina y utilidades. Esto afectará directamente a los gobiernos pues, aunado a la caída en los precios del petróleo, disminuirá la recaudación, con lo que se verá limitado el presupuesto para responder.
El escenario es catastrófico e impone costos muy altos para todos. Los ciudadanos cumplimos con las medidas que requieren las autoridades, pero queremos tener certeza de que cada Gobierno hace todo lo que está en su poder para minimizar los efectos de la crisis sanitaria y acelerar la recuperación económica.
Más allá de las acciones que se toman a nivel federal, los gobiernos estatales pueden jugar un rol fundamental. Cada estado tiene cualidades propias por su geografía, su gente, recursos y la forma en la que operan sus instituciones. Por ello, son clave para trazar caminos e implementar programas que atiendan directamente las necesidades de sus territorios.
Los gobiernos más competitivos se adaptarán mejor ante esta crisis. El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) define la competitividad como la capacidad que tienen las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión. Es un concepto complejo que combina 10 dimensiones que impactan tanto la calidad de vida de las personas como la economía. Nuestros índices son mediciones integrales, capaces de captar varios temas centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ver Cuadro 1). En ese sentido, aquellos estados con más fortalezas en estas áreas, tendrán mayor capacidad de respuesta ante esta situación.
El Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2020 mide a través de 97 indicadores el desempeño de las 32 entidades durante el periodo 2001-2018. Si bien nuestra base de datos no capta las reacciones locales frente al COVID-19, arroja luz sobre las fortalezas y debilidades estructurales que tiene cada entidad para sortear esta crisis. Y esto a su vez, pretende servir como una hoja de ruta para que todos los estados avancen en sus respectivas áreas de oportunidad y estén preparados para fenómenos como este.
Por eso, en el Índice de Competitividad Estatal 2020. Que no vuelva a pasar: estados prevenidos valen por dos, el IMCO busca reconocer a las entidades que obtuvieron los primeros tres lugares en cada subíndice, en vez de dar una calificación general como en años anteriores. Con esta nueva metodología, las mejores entidades son aquellas que acumulan un mayor número de primeros, segundos y terceros lugares (en ese orden) en los 10 subíndices. Esto tiene el objetivo de identificar a los mejores estados para cada dimensión de la competitividad. Sin embargo, todos los gobiernos estatales tendrán una radiografía completa de su desempeño en cada subíndice para identificar en qué áreas deben mejorar.
Además, se incluyen cinco ensayos sobre las buenas prácticas que han implementado las entidades en los últimos años. Los primeros cuatro describen a fondo los siguientes casos: 1) las políticas que ha implementado Oaxaca desde 2017 para atraer turistas, 2) las herramientas tecnológicas de la Ciudad de México (CDMX) para el registro, la regularización y la mejora integral del transporte colectivo y los taxis, 3) el Consejo Consultivodel Presupuesto y Ejercicio del Gasto que constituyó Yucatán desde 2008 y 4) las políticas anticorrupción que Chihuahua ha puesto en marcha desde 2016. Asimismo, hay un quinto ensayo que presenta brevemente cuatro políticas estatales alentadoras en Guanajuato, Jalisco, CDMX y Veracruz las cuales podrían tener un impacto considerable para la edición del ICE en 2022.
Sin duda, el COVID-19 es de las pruebas más complicadas de la historia moderna, pues ha llevado al límite las capacidades que tienen los gobiernos. Esperamos que este evento no solo quede en la memoria, sino también que se plasme en las acciones locales para contar con entidades más competitivas que permitan agilizar la respuesta y la planeación ante situaciones imprevisibles que pueden afectar a la ciudadanía.
En ese sentido, confiamos en que este índice es una herramienta poderosa para que las entidades definan un plan de acción para mejorar, así como un detonante para construir sinergias con otros estados para compartir las lecciones aprendidas sobre diferentes esfuerzos.
Cuadro 1. Competitividad y desarrollo sostenible en los estados
Los ICE, que elabora el IMCO de forma bienal desde 2006[1], han medido a través de diversos indicadores a lo largo de los últimos 14 años la competitividad de las 32 entidades federativas del país. De acuerdo con nuestra metodología, se define como un estado competitivo a aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en una mayor productividad, pero sobre todo, en un mayor bienestar para sus habitantes. Así pues, la competitividad, de acuerdo con nuestra definición, no es ajena a mejorar la calidad de vida de la población. Por el contrario, la capacidad de una entidad para forjar, atraer y retener talento e inversiones depende enteramente de su habilidad para brindar a sus habitantes educación, salud, seguridad, acceso a servicios básicos, entre otros bienes y servicios. Todo ello un marco de sostenibilidad e inclusión.
En este sentido, el IMCO, mediante el ICE, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, persiguen objetivos que, aunque a primera vista pueden parecer distintos, son análogos. La relación entre nuestros indicadores y aquellos vinculados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) da cuenta del objetivo en común que comparten ambas métricas: de los 97 indicadores analizados en el ICE 2020, el 27% (26) tiene una relación directa con alguno de los 125 indicadores globales y nacionales asociados a los ODS que se analizan actualmente en México.[2] Desde un punto de vista temático, la relación es aún mayor: el 79% de los indicadores del ICE atiende temas relacionados con el cumplimiento de la mayoría de las metas de los ODS (se cubren metas de 12 de los 17 objetivos). Esto significa que, en la medida en la que los gobiernos estatales contribuyan, en el ámbito de sus atribuciones, al cumplimiento de los ODS, la competitividad de estos aumentará, y viceversa.
Gráfica 1. Proporción de los indicadores del ICE 2020 que se relaciona con los indicadores de los ODS por objetivo[3]
Fuente: Elaborado por el IMCO.
Nota: los ODS son los siguientes: 1) Fin de la pobreza, 2) Hambre cero, 3) Salud y bienestar, 4) Educación de calidad, 5) Igualdad de género, 6) Agua limpia y saneamiento, 7) Energía asequible y no contaminante, 8) Trabajo decente y crecimiento económico, 9) Industria, innovación e infraestructura, 10) Reducción de las desigualdades, 11) Ciudades y comunidades sostenibles, 13) Acción por el clima, 14) Vida submarina, 15) Vida de ecosistemas terrestres, 16) Paz, justicia e instituciones sólidas, y 17) Alianzas para lograr los objetivos. No se presenta el ODS 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) pues el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no da seguimiento a sus indicadores.
[1] Disponibles en: Índices del IMCO
[2] De los 232 indicadores globales de la Agenda 2030, solo a 125 se les da seguimiento a través del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (http://agenda2030.mx/ODSopc.html?lang=es#/about) al ser aplicables al ámbito nacional y al contar con una metodología para su medición.
[3] Este análisis busca destacar las similitudes entre los indicadores y temas que forman parte de la metodología para el cálculo del Índice de Competitividad Estatal 2020 y las metas e indicadores de los ODS de la ONU. El ICE 2020 no constituye un reporte oficial de la ONU, aunque algunos de sus indicadores están vinculados a los objetivos, metas e indicadores definidos por dicho organismo en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
