La semana pasada, el Inegi anunció que debido a los recortes presupuestales no se realizarán una serie de estudios que se tenían planeados para este año. Son 14 estudios, algunos financiados totalmente por el Inegi y otros con financiamiento externo, que ya no se podrán realizar por falta de recursos. Es bien sabido que lo que no se mide no se puede mejorar, esto se ha vuelto una premisa básica del enfoque de políticas públicas basado en evidencia. Si bien es cierto que las políticas de austeridad y reducción del gasto se están implementando en todos los órganos del gobierno es preocupante que el Estado mexicano pierda la capacidad de conocer lo que pasa en el territorio nacional.

Uno de los estudios que ya no se realizará durante este año es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) que se levantó por primera vez en 2016. A pesar de ser un estudio poco conocido, esta encuesta resulta particularmente relevante dada la crisis de inseguridad que atraviesa el país y los “cambios” a la estrategia de seguridad propuestos por el nuevo gobierno. Cito dos casos para resaltar la importancia de esta encuesta.

En noviembre del año pasado, el World Justice Project capítulo México, resultó uno de los nueve proyectos seleccionados en el mundo en el Foro de París sobre la Paz por su trabajo para prevenir la tortura en México. Entre los datos más relevantes que arrojó el análisis de esta encuesta es que 85% de la población privada de la libertad en México sufrió tortura o malos tratos en algún momento entre su arresto y bajo custodia del ministerio público antes de presentarlos ante un juez de lo penal. Sin esta encuesta será imposible que el WJP pueda continuar con el trabajo que le mereció el reconocimiento en uno de los foros de gobernanza global más relevantes del mundo.

Por otro lado, los datos de esta encuesta fueron cruciales en las discusiones sobre la Guardia Nacional. En una de las presentaciones más relevantes en la Cámara de Diputados, la especialista en seguridad Lilian Chapa Koloffon utilizó los datos de la Enpol para evidenciar la baja calidad de la investigación criminal en el sistema de justicia.
De acuerdo con el análisis que presentó, sólo en 15% de los juicios por homicidio se presentó algún tipo de evidencia física.
Sin la continuidad de estos datos, será imposible medir en unos años el éxito, fracaso o consecuencias de los cambios al sistema de justicia.
Éste es sólo un ejemplo de lo que se perderá como resultado de estos recortes, existen argumentos similares para varios de estos estudios como la Encuesta Nacional Agropecuaria. Cabe mencionar que el presupuesto del Inegi para este año es significativamente mayor al del año anterior ya que este año se llevarán a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda y Censos Económicos, ambos instrumentos fundamentales de las estadísticas nacionales.

A pesar de la necesitad de optimizar el gasto del Estado no es lo mismo “recortar con machete que con bisturí”.

Publicado por El Heraldo de México
01-02-2019