Que un país o estado sea competitivo implica que cuenta con mejores condiciones para generar, atraer y retener talento e inversión. Con la promesa del nearshoring, México parecía estar a punto de entrar a una era dorada: cientos de empresas decidiendo relocalizar sus cadenas productivas en territorio mexicano, con las positivas consecuencias para el crecimiento económico y el bienestar social.
Sin embargo, el inicio del nuevo sexenio situará al país ante una paradoja que vale la pena reflexionar: al tiempo que se pone sobre la mesa la oportunidad de atraer más y más inversión, y fomentar los Polos del Bienestar, el gobierno entrante afrontará las consecuencias derivadas de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
¿De qué consecuencias hablamos? Una que ha generado la inquietud de varios actores -y con razón- es la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque parece que algunos lo olvidan, permanecer en un tratado implica cumplir -todos los involucrados- ciertas reglas y acuerdos. En el caso del T-MEC, se exige que los estados garanticen un ambiente de certeza jurídica para las empresas que invierten, es decir, que existan reglas de juego parejas y estables para el funcionamiento del mercado.
Esto no quiere decir que estar en el Tratado implique “pedir permiso” a los socios comerciales para hacer reformas constitucionales, pero sí considerar implicaciones para el acuerdo comercial más importante para preservar la apertura de la economía mexicana y con ello una de sus fuentes más importantes de financiamiento externo. Por dar un dato, más del 80 % de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos.
¿Qué aspectos de la reforma judicial ponen en duda la certeza jurídica y podrían implicar puntos álgidos en la revisión del T-MEC? En primer lugar, cabe resaltar que el capítulo 14, que se refiere a la inversión, establece que los países deben dar un trato justo y equitativo a los inversionistas en procesos penales, civiles y de lo contencioso administrativo. Asimismo, el capítulo 29, Publicación y Administración, menciona el compromiso de establecer tribunales o procesos judiciales que sean imparciales de las autoridades encargadas de los procesos administrativos en el país.
Los cambios propuestos en la reforma que modifican los requisitos para postulación a ser juez, magistrado o ministro, así como los riesgos asociados a la elección por voto popular -la falta de participación ciudadana, la imposibilidad logística de la elección, la influencia de intereses ilegales en la decisión de los votantes, por ejemplo- podrían implicar escenarios de incumplimiento del T-MEC. También, la figura del Tribunal de Disciplina Judicial -cuyos miembros serán elegidos también por voto y cuyas decisiones serían inapelables- ha sido cuestionada por las amplias atribuciones que se le otorgan, incluyendo remover a las personas juzgadoras, con lo cual tendría un poder de enormes proporciones sobre la estructura de la judicatura en general, lo que pondría en riesgo la independencia judicial.
Con esto no queremos decir que con la aprobación de la reforma México está transitando de un Estado de derecho ideal a un lugar de pesadilla para la inversión (la inseguridad en el país no empezó ayer), pero sí vale la pena poner sobre la mesa la incoherencia de promover la inversión de forma simultánea con una reforma constitucional criticada en su forma y en su fondo por diversas razones. La cuestión es si aún con las consecuencias de la reforma el futuro de la inversión en México sigue siendo prometedor… Solo el tiempo dirá.
Publicado en Animal Político
19-09-2024
