Por: Andrea Villegas y Manuel Sobral, investigadores de Gobierno Efectivo.
La transparencia es indispensable para conocer la estabilidad financiera de los estados y tomar decisiones informadas. A un año de las elecciones de 2024 es importante tener en mente que la transparencia presupuestaria de las entidades federativas está en riesgo. El foco de atención no solo se debe centrar en las elecciones federales: en ocho estados habrá cambio de gobernadores y Jefe de Gobierno en la Ciudad de México. De cara a las siguientes elecciones, todas las entidades federativas tienen una decisión: ser o no ser transparentes.
Los presupuestos permiten que los gobiernos planeen el gasto y que la ciudadanía conozca en qué se gastarán sus impuestos. Los presupuestos estatales son importantes porque establecen los programas sociales prioritarios, el gasto en salud y educación, se limita la contratación de deuda, se priorizan los proyectos de inversión y se garantizan servicios públicos, entre muchas otras cosas. Para 2023, las 32 entidades federativas estiman gastar 2.7 billones de pesos, lo cual equivale a 30% de los recursos públicos del país.
La transparencia presupuestaria es necesaria para que la ciudadanía conozca las prioridades de su gobierno y exista una efectiva rendición de cuentas. No obstante, la realidad demuestra que la transparencia presupuestaria de varios gobiernos estatales es volátil, especialmente en el desglose y homologación de la información. Ejemplo de ello es que siete estados que tuvieron elecciones en 2021 tuvieron un retroceso en su calificación de transparencia presupuestaria en el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2023 del IMCO.
El retroceso en la transparencia de esos siete estados es, en buena medida, producto de los cambios en las prioridades partidistas y de las administraciones en turno. Además, la interrupción de las curvas de aprendizaje de los funcionarios dificultan, aún más, la continuidad de la transparencia presupuestaria y buenas prácticas. En 2023 los estados que cambiaron de administración presentaron un retroceso promedio de 6 % en la calidad de la información presupuestaria. La opacidad se concentra en el desglose de información sobre deuda pública, remuneraciones de servidores públicos, fideicomisos y financiamiento de partidos políticos.
Particularmente, resaltan dos estados que cambiaron de gobierno y tuvieron el retroceso más alto en la transparencia: Zacatecas (-11%) y Sonora (-19%). El primero obtuvo un menor puntaje al incurrir en malas prácticas sobre el desglose de información de sus fideicomisos y subsidios y publicar tabuladores de salarios ilegibles. Por su parte, el retroceso de Sonora se relaciona con la falta de transparencia en los recursos otorgados a municipios, el desglose de la deuda pública y los fideicomisos públicos.
Los cambios de gobierno y la alternancia política son indispensables para una democracia saludable. Sin embargo, la alternancia no debe ser sinónimo de falta de continuidad y opacidad. Lamentablemente Zacatecas y Sonora ejemplifican los riesgos asociados con el cambio de gobierno en las entidades federativas. Estos cambios que se dan cada seis años, suelen alterar las prioridades del gasto, dificultan la continuidad de los programas sociales y entorpecen la transparencia presupuestaria. Rumbo a las elecciones federales y estatales de 2024 es esencial abordar estos desafíos para garantizar una gestión transparente de los recursos públicos y asegurar el desarrollo y bienestar de toda la ciudadanía.
Publicado en Animal Político.
27-07-2023
