Las fotografías de un operativo policial en Brasil son muy similares a los retratos de una acción de la Policía Federal en México: un grupo de hombres con uniforme obscuro, armados con rifles de alto poder y protegidos por chalecos antibalas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los dos comandos de fuerza pública. Hay un accesorio del vestuario que lo cambia todo. Los policías brasileños combaten al crimen organizado con el rostro descubierto. En cambio, sus colegas mexicanos llevan pasamontañas para proteger su identidad y su vida. La tela sobre el rostro es una señal de miedo. Los policías mexicanos saben que el Estado al que defienden no les puede garantizar su propia seguridad.
Los policías y soldados no son los únicos servidores públicos que viven amenazados. Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), se ha convertido en una súbita celebridad de los noticieros de televisión. ¿Cuál es el motivo de su repentina popularidad? La semana entrante, los comisionados de la CFC votarán si se aprueba o rechaza que Televisa compre el 50% de las acciones de la empresa de telefonía celular Iusacell. El voto de los comisionados de la CFC podría frenar esta operación de mil 600 millones de dólares.
Hay mucho dinero sobre la mesa y las presiones ocurren en horario AAA. La semana pasada el noticiero principal de Televisa le dedicó cerca de 5 minutos a una legisladora del PRD que solicitaba la renuncia Eduardo Pérez Motta por no fomentar mayor competencia en el mercado de la tortilla. Más vale que este fin de semana Pérez Motta no se pase la luz amarilla de un semáforo, porque su infracción vial se convertirá en la noticia más importante de la televisión mexicana.
El sector de telecomunicaciones en México, en especial la telefonía celular, está urgido de dos cosas: inversión y competencia. El hecho de que Televisa quiera participar en el negocio de la telefonía es una señal positiva para el sector y los consumidores. Sin embargo, Iusacell forma parte de Grupo Salinas, que son los dueños de la televisora del Ajusco. La sociedad de Televisa y TV Azteca en el negocio de telefonía generaría una comunión de intereses empresariales incompatibles con el libre mercado. Si Televisa comprara el 100% de Iusacell, no habría problema. Si invirtiera sus recursos en otra empresa de celular, tampoco habría una afectación potencial a la competencia económica. El riesgo inminente es que la asociación se transforme en el eje Ajusco-San Ángel-Chapultepec. Ambas empresas podrían tomar decisiones coordinadas de negocios. Esto transformaría al duopolio en un virtual monopolio que dominaría más del 90% de las concesiones de televisión abierta.
Este control casi absoluto tendría un impacto enorme en la economía. Bancos, firmas automotrices, aerolíneas, empresas de alimentos y otros anunciantes tradicionales de televisión tendrían una oferta reducida para comprar publicidad. Esto podría implicar precios más altos para promocionar sus productos y servicios. Imaginemos que, en el año 2015, el consorcio Televizteca compra acciones de una cadena de supermercados. Tres meses después un reportaje en horario de máxima audiencia advierte que las tiendas de la competencia están infestadas de ratas. Las noticias sobre el alza de precios siempre se ilustran con el logotipo de los autoservicios que compiten con ellos. En seis meses, las acciones de sus competidores valen la mitad.
Es natural que una empresa defienda sus intereses por la vía de los tribunales. Lo que sólo ocurre en un país bananero es que una televisora utilice el contenido editorial de sus noticieros para buscar doblegar la voluntad de las personas que representan a la autoridad reguladora. En México, los policías usan pasamontañas y los funcionarios no se pueden defender de linchamientos con alto rating. Los dos problemas tienen una causa común: vivimos en un país con un Estado débil. Para combatir el crimen y fomentar la competencia, México necesita de instituciones fuertes.
