La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México regresará a atormentarnos durante años. Ha sido un dolor de cabeza desde aquel octubre de 2018, cuando el entonces presidente electo tomó la decisión de eliminar el NAIM. Los costos de esa decisión han sido enormes, tanto los tangibles, los que podemos evaluar con certeza, como los de la inversión que no llegó, de las oportunidades que se cancelaron al mismo tiempo que el aeropuerto de Texcoco. No lo veo con nostalgia, no creo que de haber tenido ese aeropuerto todo sería miel sobre hojuelas. Tampoco creo que su construcción hubiera estado libre de corrupción o de conflictos. Considero que esos costos eran corregibles, mientras que los asociados a su cancelación serán más duraderos. Ese aeropuerto nos podría haber dado la posibilidad de convertir a México en un hub internacional para aprovechar por fin las ventajas geográficas del país. Pero el hubiera no existe.
Lo que sí existen son los costos asociados a esa decisión. La Auditoría Superior de la Federación concluyó que la cancelación del NAICM costará 331 mil 996 millones de pesos, monto 232% mayor a la estimación presentada por el Gobierno Federal en abril de 2019. De esa cantidad, prácticamente la mitad se erogó en 2019 y la otra mitad son gastos en curso que se derivan de obligaciones pendientes, incluyendo litigios y compromisos financieros.
Con cifras tan grandes es fácil perder la perspectiva, así que sirve hacer comparaciones. Esos 331 mil millones de pesos equivalen a:
El presupuesto total de la Secretaría de Educación Pública para este año.
El doble de lo presupuestado para estos programas sociales: pensiones para adultos mayores, becas Benito Juárez para educación media y superior, pensiones para personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Programa para el Mejoramiento Urbano y de Vivienda, Programa Nacional de Reconstrucción, Sembrando Vida y las Tandas para el Bienestar.
Prácticamente el presupuesto para el sistema de salud del ISSSTE.
136% del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud.
5.8 veces el presupuesto de los organismos autónomos, incluyendo al INE (en año electoral), FGR, INEGI, CNDH, IFT, INAI, Cofece, Coneval, CRE y CNH. Si solo tomamos los cinco organismos reguladores y de transparencia, el costo de la cancelación cubriría 95 veces su presupuesto.
3 veces lo correspondiente a Defensa Nacional.
Casi 6 veces el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
8.6 veces los recursos asignados a la Secretaría de Turismo.
Más de 12 veces de los fondos del Conacyt.
29 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura.
50 veces lo asignado a la Secretaría de Economía, en un año de enorme complejidad comercial.
Prácticamente 10 veces los recursos que se han utilizado para comprar vacunas contra el covid-19 de acuerdo con fuentes periodísticas a falta de datos disponibles.
El costo de 331 mil 996 millones de pesos no se da en el vacío. Se da en una época de profunda complejidad sanitaria y económica, en un momento en el que cualquier desperdicio de recursos implica desaprovechar la oportunidad de salvar vidas o recuperar empleos. Las decisiones cuestan. Las malas decisiones cuestan más. Y deberían obligar a reflexionar a quienes las toman y a quienes las padeceremos por mucho tiempo.
Publicado por El Universal.
23-02-2021
