A los que estudiamos economía se nos enseña que el gasto del Gobierno suele ser ineficiente por no tener los incentivos alineados para maximizar la utilidad de los recursos. Pero también, bajo una lógica keynesiana, sabemos que el gasto público tiene un efecto multiplicador que puede reactivar la economía, y ser efectivo para aminorar los impactos de las recesiones frenando las caídas del producto y, por ende, del empleo. De ahí la importancia que tiene la política fiscal —por el lado del gasto— en momentos como el que está viviendo el mundo, y México desde luego.
Han pasado 18 meses y el presidente de México sigue creyendo que administrar un país es parecido a manejar una tienda de abarrotes. No hay que fiar, no hay que pedir prestado, solo hay que comprar lo que se necesita para surtir la semana, financiarse en lo posible con los proveedores y cuidar los inventarios. En tiempo de vacas gordas se venderá mucho y cuando lleguen las vacas flacas habrá que apretarse el cinturón. El presidente se equivoca. Un país no es una miscelánea gigante y evidentemente no es solo cuestión de tamaño. La complejidad económica de un país como México rebasa al presidente, y lo demuestra con el manejo que se le está dando a la crisis más severa que el país está enfrentando en prácticamente un siglo. Aunque los errores en la política económica de esta administración empezaron antes de que esta iniciara formalmente, la mala gestión se ha recrudecido en las respuestas frente a la crisis del COVID-19.
El presidente tuvo durante su campaña una propuesta de austeridad que fue bien recibida por los abusos vistos a lo largo de muchas administraciones. Suena atractivo. Si con medidas de austeridad disminuyen los excesos y se le cierran ventanas a la corrupción, bienvenidas sean. Pero la práctica no se parece al discurso. Ha cortado con machete recursos a proyectos importantes —incluso para sus propios objetivos de disminución de pobreza y de desigualdad— y ha asignado “los ahorros” a sus caprichos. El nuevo coronavirus le abrió otra oportunidad para recortar. El 23 de abril se emitió un decreto con nuevas medidas de austeridad en las que vuelve a bajar el salario de funcionarios públicos —más destrucción de capital humano— y prohíbe el ejercicio del 75% del gasto presupuestado para partidas de servicios generales, materiales y suministros.
Gracias a esa medida hay áreas clave del Gobierno federal que no pueden operar: los oficios no se reciben ni se les da curso oportuno, no hay servicio de internet, no se pagan las licencias de software que permiten la operación diaria, llegando al punto de no tener ni papelería. Ya en el extremo, la Secretaría de Economía, ese lugar que tendría que estar gestionando la reacción interna a las nuevas reglas comerciales o buscando oportunidades en un mundo cada vez más competido, se quedará sin computadoras. López Obrador ve estas herramientas innecesarias para la lucha, para transformar; contar con un aparato de esos es un exceso inadmisible en estos tiempos austeros. El presidente no entiende los signos de los tiempos. Esa incomprensión de la realidad llevará a México al siglo pasado. La austeridad absurda nos va a salir carísima.
Publicado por Milenio
07-07-2020
