El decreto de la ley general de cambio climático, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, ha levantado un debate entre sectores productivos, organizaciones ambientalistas y legisladores. En esta discusión, el Imco desarrolló un análisis costo–beneficio de los artículos contenidos en la ley, cambiar a una economía más limpia (como sugiere la ley) implica costos para algunos sectores y beneficios para otros, pero este enfoque brilla por su ausencia.
Una de las principales resistencias a la ley proviene del sector minero, en especial de la explotación de carbón de Coahuila. La razón es que la ley, en su artículo 37, contempla una compensación de aquellas nuevas plantas de generación eléctrica que emitan más dióxido de carbono que una planta de ciclo combinado. Lo anterior afectaría a una carboeléctrica en construcción en el estado. Aunque no se especifica la forma de compensar dichas emisiones, Imco hizo una simulación para entender su impacto; así, estimamos el diferencial de emisiones de la carboeléctrica contra la de una planta de la misma capacidad de ciclo combinado, el diferencial se multiplicó por el precio de mercado de 1 tonelada de dióxido de carbono (aproximadamente 9 dólares), lo que arrojó una compensación máxima de 208 millones de pesos al año.
Las otras dos plantas que se verían afectadas en el sector privado por este artículo pagarían cerca de 87 millones de pesos al año.
La resistencia del sector minero tiene sentido hasta analizar los mecanismos de compensación que propone la ley a través de incentivos e inversiones de transferencia tecnológica para los sectores más afectados. Por ejemplo, el gobierno podría obtener la totalidad de los montos a compensar de las tres plantas mencionadas a través de la reducción de subsidios energéticos (contemplados en dos artículos transitorios) en dos semanas. Esos fondos los podría invertir en proyectos de eficiencia energética en esos sectores.
Analizar cada artículo ayuda a medir impactos y plantear ajustes en los reglamentos, en caso de ser aprobada la ley. El análisis muestra que los recursos para compensar a los sectores afectados serán menores entre más tiempo pase, pues aprobar la ley hoy posicionaría a México como el país en desarrollo líder en la materia y porque la ley prioriza medidas de adaptación que se encarecen con el tiempo. Estos factores deberían también considerarse por quienes se oponen a la ley.
