Por: Ana Bertha Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior, y Oscar Ocampo, coordinador de Energía.
Un capítulo de media página, un artículo, dos párrafos con 167 palabras. Esta es la extensión de la justificación para implementar políticas encaminadas a cerrar un mercado energético abierto previamente, sin enfrentarse a reclamos o repercusiones. Repercusiones como la implementación de aranceles a nuestras exportaciones más competitivas y la restricción del pleno acceso a los beneficios de un tratado comercial que proporciona un impulso nada insignificante a la economía del país. Esta es la defensa que el gobierno federal ha elegido construir ante las peticiones de consultas por parte de Estados Unidos y Canadá respecto de las violaciones que la política energética mexicana implica a las disciplinas del T-MEC.
Ante los reclamos por medidas implementadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener), entre otras agencias, la respuesta ha sido la misma: la apertura del sector energético no forma parte del tratado y su capítulo 8 da libertad total, carte blanche, para ajustar la política energética y restringir la participación privada en el sector con el afán de proteger los intereses del pueblo. Aunque este capítulo reconoce la propiedad inalienable de la nación sobre sus hidrocarburos en el subsuelo y el derecho del país de reformar su Constitución en la materia, su segundo párrafo precisa que esto no podrá ir en detrimento de los derechos de los inversionistas de la región.
Olvidemos por un momento que la ratchet clause del capítulo 14 señala explícitamente que, una vez abierto, un sector no se puede volver a cerrar a la participación privada ni a la competencia (la palabra ratchet se traduce a trinquete, el mecanismo que permite el giro en un sentido pero lo impide en el sentido contrario). Aun si tomáramos el capítulo 8 como un permiso sin restricciones para hacer cambios en el sector de hidrocarburos, persiste un pequeño detalle, una palabra: hidrocarburos.
El problema es que las quejas de nuestros socios no radican en el tema de hidrocarburos en el subsuelo. De hecho, las medidas mencionadas como violatorias abarcan prácticamente la totalidad de la política energética de la actual administración, incluyendo el beneficio artificial a la CFE en la generación eléctrica, el no otorgamiento y cancelación de permisos de operación de plantas de energías renovables y de importación, transporte, almacenamiento y expendio de petrolíferos, la aplicación de estándares ambientales para la producción de combustibles (diésel) y las barreras de acceso al mercado de gas natural. En conjunto, incumplen los capítulos de acceso a mercados y trato nacional, inversión, empresas propiedad del Estado y publicación y administración.
Si bien los petrolíferos y el gas natural son hidrocarburos, la realidad es que no forman parte del capítulo 8, que únicamente aborda —a la letra— los hidrocarburos en el subsuelo, y no su cadena de valor completa. Más allá, las energías renovables y la generación eléctrica son procesos tecnológicos, totalmente fuera del alcance del capítulo en cuestión. Fuera o dentro del capítulo, las inconformidades van más allá de estas acciones concretas; tienen que ver con la política energética global del Estado mexicano, cuya visión va en contra de la piedra angular del tratado que firmamos: un espíritu de apertura de mercados y eliminación de barreras al comercio en América del Norte.
