Buscando culpables.
En estas épocas electorales y de buscar culpables de los problemas que nos atañen como mexicanos, muchos políticos se han dado a la tarea de convencer a toda costa a la sociedad de que el problema en los altos índices delictivos deriva del funcionamiento del sistema de Justicia Penal de corte acusatorio. Unos ligeros ajustes legislativos son necesarios para mejorar y acabar con este fenómeno delincuencial en el país.
¿Qué pasa en realidad?
La evidencia muestra que 9 de cada 10 delitos que se comenten en nuestro país no son denunciados, que somos el país con el peor índice de impunidad a nivel Latinoamérica -inclusive por encima de Nicaragua, Honduras o El Salvador-, en donde se puede evidenciar que casi la mitad de la población detenida no ha recibido sentencia, que hay un alto índice de homicidios denunciados y pocas personas encarceladas por este. O simplemente porque la autoridad se empeña en continuar con ese trato diferenciado hacia las víctimas.
Ahora bien, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017 del INEGI arrojó los siguientes resultados con respecto a los asuntos determinados por el Ministerio Público dentro del nuevo esquema de Justicia Penal a nivel nacional.
De acuerdo a estos números, más de 70% de asuntos determinados por el Ministerio Público se encuentran resueltos bajo el denominado “Archivo temporal”, el “No inicio de investigación”, “No ejercicio de la acción penal” y bajo los denominados “criterios de oportunidad”, determinaciones que se encuentran dentro del ámbito del representante social, por lo que si sumamos ese número de expedientes a nivel nacional, un poco menos del 30% son los que cuentan con algún tipo de actividad post-procuraduría/fiscalía. Es decir, en donde un Juez u órgano impartidor de justicia tiene conocimiento del asunto para poder sancionarlo.
¿En dónde se encuentra el problema principalmente?
Las procuradurías juegan un papel fundamental en investigar los delitos y que no queden impunes. Las cifras antes descritas no serían preocupantes si realmente pudiéramos constatar que todas las actuaciones realizadas por el órgano investigador al determinar miles de asuntos estuvieran debidamente justificadas. Además de verificar si realmente sus controles internos son los adecuados o si efectivamente están realizando su labor como unidades de prevención y revisión de conductas negligentes o indebidas al interior de esas Fiscalías.
¿Qué tenemos que hacer?
Antes de hacer propuestas sin sentido y sin el mayor rigor técnico-jurídico. Deberíamos de pensar en las personas que operan el sistema de procuración de justicia y que conforman el núcleo de la investigación (Policía, Ministerio Público y Perito). Los bajos salarios, exámenes de control de confianza que ponen en riesgo su estabilidad laboral, la poca infraestructura, altas cargas de trabajo, la exigencia perversa de resultados basados en el número de expedientes concluidos y no basados en su calidad, la falta de conexión interinstitucional y la ineficiente capacitación, son la constante que podemos observar en estas agencias de investigación.
Obstáculos que algunas autoridades no quieren ver, simplemente porque no es redituable mediática y políticamente. En donde es preferible hacer circo, maroma y teatro para persuadir a los ciudadanos de que ellos no son el problema, sino que este nuevo esquema de hacer justicia lo está provocando, pero sin la evidencia que lo sustente de manera objetiva y bajo las herramientas que este sistema plantea en su máxima expresión: respetar los principios, garantías y derechos de los involucrados, con el objeto de esclarecer los hechos, castigar al infractor y reparar integralmente a la víctima.
Si no podemos de dotar de lo más mínimo a una encomienda tan delicada para el Estado, cómo podemos lograr que nuestras exigencias sean legitimadas por quienes además de ser ciudadanos juegan un papel toral en perseguir a los delincuentes. Dignificar su posición es imperante y necesaria.
[1] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. En: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= Fecha de consulta: 30 de enero de 2018
[2] Índice Global de Impunidad 2017 (UDLAP). En: http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf Fecha de consulta: 30 de enero de 2018
[3] ídem
[4] Censo Nacional de Procuración de Justicia 2017. En: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= Fecha de consulta 30 de enero de 2018
Publicado por Comap
09-02-2018
